Las Aulas Se Quedaban Pequeñas Para Esta Leonesa Catedrática

las aulas se quedaban pequeñas para esta leonesa catedrática de geografía e historia -del bierzo, por más señas- que un buen día decidió apar

Las aulas se quedaban pequeñas para esta leonesa catedrática de
Geografía e Historia -del Bierzo, por más señas- que un buen día
decidió aparcar los libros y los mapas para meterse de lleno en
política en las filas del PSOE y la UGT. Como miembro del Comité
Federal del Partido Socialista y de otras asociaciones profesionales,
de discapacidad y de mujeres, María Amparo Valcarce García ha estado
al tanto de los temas sociales que más preocupan a los españoles.
Ahora, ya como Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, asegura que viene a cumplir su desempeño con una gran
responsabilidad social y alejada de sectarismos.
Han pasado seis meses desde el cambio de Gobierno. ¿Qué cambios ha
introducido en su Secretaría y cuáles planea incorporar?
Por decisión del Gobierno, mi departamento ha pasado de Secretaría
General a De Estado, lo que muestra que las políticas dirigidas a
servicios sociales, familias y discapacidad van a ser una prioridad.
He querido que mi equipo fuese plural, riguroso y representativo de la
sociedad española, además, he incorporado a personas con discapacidad,
porque es muy importante que quienes toman decisiones políticas sean
profundos conocedores del sector.
¿Cuáles han sido sus primeras actuaciones?
Incrementar en un 7% el Plan Concertado, poner en marcha el Consejo
Nacional de la Discapacidad, donde todas las políticas se están
haciendo con las personas discapacitadas, y ya hemos firmado el
Convenio de Accesibilidad con el IMSERSO, que supone una inversión de
54 millones de euros en 3 años. Asimismo, hemos comenzado a elaborar
el Libro Blanco de Atención a las Personas Dependientes, porque
nuestro compromiso con los mayores no tiene marcha atrás. Igualmente,
hemos tenido ya los primeros contactos con las ONG, porque el reparto
de las subvenciones del 0,52% del IRPF vamos a hacerlo junto a ellas y
siguiendo criterios de equidad.
¿Y para cuándo esa Ley de la Dependencia que tanto reclaman los
mayores y el sector residencial?
También lo hace el conjunto de la sociedad española, pues es una
petición de primer orden. Pues bien, el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a que en el primer
semestre de 2005 presentará el Proyecto de Ley de Atención a las
Personas Dependientes.
¿Existe consenso entre las instituciones prestadoras de servicios y
organismos administrativos en este contexto?
Sí, tenemos puntos de vista absolutamente coincidentes, aunque nos
falta acordar el modo de financiación para dotar suficientemente al
Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes. Actualmente
estamos inmersos en un proceso de diálogo social con los agentes
sociales, empresarios y sindicatos. El acuerdo será indispensable para
alcanzar el consenso parlamentario y político suficiente para
abordarlo en la Comisión del Pacto de Toledo, que es el ámbito en el
que queremos ubicarlo.
¿Qué diagnóstico haría del Sistema Público de Servicios Sociales que
ha encontrado al llegar al cargo? ¿Qué diferencias existen en esta
materia entre las distintas CC.AA.?
Es un sistema muy débil y no homologable con nuestro entorno europeo.
Sólo hay un mecanismo, el Plan Concertado, que en los últimos años ha
sufrido un abandono importante. Además, se basa en la desigualdad,
pues hay enormes diferencias entre comunidades autónomas, e incluso
dentro de una misma comunidad, entre ayuntamientos. Algunos
consistorios prestan teleasistencia o ayuda a domicilio, y una gran
mayoría no. Del mismo modo, la red de centros de día y residencias es
muy escasa y los centros privados tienen un elevadísimo coste.
¿Se plantea su Gobierno una "Ley de Mínimos" que homologue el Sistema
Público de Servicios Sociales para todas las CC.AA.?
Nos proponemos desarrollar el cuarto pilar del estado de bienestar y
hacer de los servicios sociales un derecho de ciudadanía, es decir,
fijar unas prestaciones mínimas para todos los ciudadanos.
Lógicamente, este pilar se basará en una norma básica para todo el
Estado, pero tendrá un desarrollo en cada una de las comunidades
autónomas, que decidirán completarla o mejorarla en función de sus
propios compromisos.
Pero, entonces, seguiría habiendo desigualdades...
No. Los españoles nos hemos dado una determinada organización
política, donde el Gobierno central garantiza la equiparación de
derechos y cada comunidad autónoma tiene la libertad de ampliar esos
servicios. Eso no es una discriminación, sino una opción del Gobierno
que, por otra parte, refrendan los ciudadanos con su voto.
Durante los últimos años, la aportación del Gobierno central al Plan
Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales ha ido disminuyendo. El nuevo Gobierno ha aumentado en un
7,12% esta dotación presupuestaria. ¿A qué destinarán esta cuantía?
El objetivo principal es mantener la red pública de servicios
sociales: los centros de acción social, las plazas de centros de día y
residencias, y la teleasistencia. En el futuro planeamos contribuir de
forma decisiva al incremento de plazas públicas en centros de día y
residencias pero, sobre todo, ampliar la red de teleasistencia y ayuda
a domicilio.
Parece, a tenor de la nueva denominación, que su Gobierno quiere dotar
al IMSERSO de un "nuevo aire"... ¿qué cambios significativos va a
tener esta institución?
El IMSERSO se ha convertido en el principal gestor de los servicios
sociales para mayores, de ahí su nueva denominación Instituto de
Mayores y Servicios Sociales. La imagen tradicional del IMSERSO
siempre ha estado unida a los mayores y nosotros la queremos reforzar,
incrementando los recursos de los que actualmente dispone y mejorando
los programas que desarrolla, desde los tradicionales, como las
pensiones no contributivas, la LISMI, las vacaciones de la tercera
edad o el termalismo social, hasta otros, como los vinculados a la
dependencia. Es decir, no apoyaremos únicamente los convenios de
teleasistencia, ayuda a domicilio, o concertación de plazas, sino que
también emprenderemos una ambiciosa política de inversiones directas
en el desarrollo de una red de centros de referencia nacional. Ya
hemos anunciado el inicio de algunos de ellos, como es el caso del
Centro de Referencia Nacional de Síndromes Minoritarios en Burgos, o
el Centro de Referencia Nacional para el Tratamiento de Alzheimer, en
Salamanca. Otros todavía tendrán que esperar, pero mantenemos nuestros
compromisos para el desarrollo del Centro de Enfermedades Mentales en
Valencia o el del Parkinson en Cartagena.
La institución familiar ha evolucionado de forma vertiginosa en los
últimos años. ¿Qué concepción tiene su Gobierno de las familias y, en
consecuencia, qué políticas van a aplicar para apoyar a cada una de
ellas?
El Gobierno ha querido reconocer los diferentes modelos de familias y,
precisamente, mi cargo es el de Secretaria de Estado no de familia,
sino de familias. De hecho, las primeras medidas que se han adoptado
pretenden reforzar esta idea. Vamos a reforzar el Plan Integral de
Atención a las Familias, un proyecto interministerial donde se van a
recoger no sólo las ayudas directas que queremos mejorar y que hemos
prometido para las próximas dos legislaturas, sino aquéllas que forman
sus prioridades, que suelen ser la vivienda, el trabajo y la
conciliación de la vida familiar y laboral. Se dará prioridad a las
que atienden a dependientes, porque con ello se las descargaría de esa
responsabilidad, y a las que tienen bebés de 0 a 3 años, mediante el
desarrollo de una red pública de escuelas infantiles. El presidente ha
anunciado que en estos presupuestos generales se recoge un incremento
muy importante para aquellas familias que tengan una persona
discapacitada en su seno y por otro lado, el Ejecutivo ha presentado
ya un proyecto de ley en el Congreso, la modificación de la ley del
divorcio, con una importante novedad, la custodia compartida de los
hijos, que pretende eliminar una de las causas que provocan más
disputas tras la ruptura matrimonial.
Precisamente, a raíz del abultado número de divorcios que se están
produciendo en nuestra sociedad, está emergiendo una nueva clase
social, los padres separados, que bordean la pobreza, ya que pasan de
compartir recursos y gastos con su pareja a tener que vivir, a veces,
con la mitad del presupuesto... ¿Se plantea el Gobierno ayudas para
estas personas?
Efectivamente, es una realidad cambiante que tiene mucho que ver con
que antes sólo trabajaba uno de los miembros del matrimonio,
generalmente el hombre, y con las dificultades de inserción laboral de
las mujeres. En este momento, el Gobierno se encuentra inmerso en la
elaboración del Plan de Empleo, y ésta es una de sus líneas
prioritarias. El desempleo afecta 1,5 veces más a las mujeres que a
los hombres, y en algunas provincias esta cifra es 3 veces superior.
Sin embargo, el desarrollo de las políticas sociales hará que muchas
mujeres liberadas de las cargas familiares, de la atención a los más
pequeños y a las personas dependientes, puedan incorporarse al mercado
laboral y, del mismo modo, los Servicios Sociales generarán muchos
empleos que podrán ser ocupados por ellas.
Y luego está la otra parte, la masculina...
Que también tiene mucho que ver con la precariedad laboral y los
salarios, y asimismo verá mejorada su situación con la incorporación
femenina al trabajo. Ahora bien, nos preocupa el alto porcentaje de
hombres que incumplen el pago de las pensiones por alimentos; eso sí
empobrece a la parte más débil de la familia, los niños y las mujeres.
¿Tienen previsto endurecer las sanciones en este sentido?
La legislación ya existe, lo que hay que hacer es cumplirla.
¿Aumentará el tiempo de baja por maternidad?
Es una de las medidas que está en estudio y que goza de todas nuestras
simpatías. Pero también debe ser objeto de diálogo social entre
sindicatos y empresarios. Actualmente estamos en pleno debate; este
tema es objeto de una de las mesas de discusión para el desarrollo de
la Ley de Conciliación.
¿Para cuándo la red de guarderías gratuitas?
Las dificultades son grandes. Hasta enero de 2005 no hay previsión de
que el Gobierno modifique la LOCE. Por tanto, primero debemos tener la
norma reguladora; hasta que no haya una norma general que obligue a
las Comunidades a un número prefijado de plazas, seguiremos
transfiriendo los recursos a las comunidades autónomas y ellas tendrán
capacidad para invertirlo en lo que quieran. Es decir, el plazo
dependerá de cada comunidad y de cuándo se culmine la LOCE.
¿Qué prioridades plantea su Gobierno en el ámbito de la Discapacidad?
La prioridad actual es el empleo. Se ha avanzado notablemente en la
educación, la salud y los Servicios Sociales, pero el objetivo final
es la integración a través del trabajo. Queremos garantizar no sólo
que todas las empresas reserven el 3% de sus puestos para
discapacitados, sino que también el 5% de la oferta de empleo público
esté destinada a ellos. Además, si estas plazas no se cubren en una
convocatoria determinada, no se incorporarán a las plazas generales,
sino que se reservarán para la siguiente edición. Asimismo, vamos a
desarrollar un programa denominado OPTIMA que tiene como objetivo
lograr que las personas con discapacidad se incorporen a cargos de
alta dirección.
El Plan Nacional para la Inclusión Social aprobado por el anterior
Gobierno fue muy contestado por las organizaciones sociales, sobre
todo por la carencia de dotación presupuestaria. ¿Qué van a hacer
ustedes en este sentido?
Tenemos constituida una comisión interministerial dependiente de la
Presidencia del Gobierno de muy amplio espectro, donde están
prácticamente representados todos los ministerios y están en nuestro
poder los primeros documentos de evaluación del Plan de Inclusión
Social. Nuestro ánimo es conectar con lo que Naciones Unidas llama los
objetivos del milenio, actitud a la que el Presidente del Gobierno se
sumó recientemente durante su intervención en la sede de Naciones
Unidas en Nueva York, que es la erradicación de la pobreza extrema.
Dentro de este mismo ámbito, nos planteamos otros temas, como el Plan
de Acción para la Población Gitana. Después de años y años, todavía es
una minoría étnica desfavorecida.
¿Qué opina del PP como oposición? ¿Están encontrando su apoyo?
Compartimos puntos de vista y hasta ahora han votado a favor todas las
iniciativas que hemos presentado en el Parlamento. Por ello, espero y
deseo contar con el apoyo del primer partido de la oposición. El
Sistema de Dependencia es un objetivo de país, lo mismo que el sistema
de pensiones, de educación o de salud. No se entendería que en un
proyecto tan importante el primer partido de la oposición se quedara
fuera. Pero, por lo hablado hasta ahora, hemos encontrado sintonía de
criterios.
¿Ha habido cambios en los criterios de distribución o adjudicación de
las subvenciones del 0,52% del IRPF para los proyectos de las ONG? ¿En
qué sentido?
Sí, porque hemos querido priorizar las subvenciones para las ONG que
trabajan con los colectivos más desfavorecidos y, sobre todo, en dos
actuaciones, mayores y discapacidad. En ningún momento hemos tenido
otro criterio que no fuese el técnico, basado en la calidad de los
proyectos. Quiero dejar bien claro que nunca aceptaré sectarismos en
los criterios de adjudicación de las subvenciones del IRPF; tenemos
una gran responsabilidad social.
Algunos representantes de ONG se quejan de que los plazos para
presentar las justificaciones burocráticas son muy cortos y los
documentos exigidos demasiados...
Somos absolutamente conscientes de ello, y ya estamos trabajando para
que, de cara al próximo año, la burocracia sea estrictamente la
necesaria para garantizar la transparencia. Queremos también que la
financiación sea plurianual, para promover la continuidad y
estabilidad de los proyectos y de las propias ONG.