el concurso de acreedores y la exigibilidad de los créditos laborales i- las disputas de competencia; ii- la distinción entre créditos pr

EL CONCURSO DE ACREEDORES Y LA EXIGIBILIDAD
DE LOS CRÉDITOS LABORALES
I- Las disputas de competencia; II- La distinción entre créditos pre y
post concursales; III- El fuero de atracción y el rol del síndico
controlador; IV- El pronto pago; V- El art. 135 de la ley 18345.
I- Las disputas de competencia
Históricamente ha existido una persistente disputa entre
comercialistas y laboralistas en torno al fuero competente para
entender en el proceso de conocimiento de las causas que tienen como
demandados a fallidos o concursados.
Ha estribado tal disputa en la preeminencia que cada uno de esos
sectores asigna al mantenimiento de la puridad de la universalidad del
proceso, o a la especialidad en cuanto a las normas aplicables.
Los doctrinarios del Derecho Comercial han entendido que debe
prevalecer la concentración de todos los procesos dirigidos contra el
fallido o el concursado, mientras que los publicistas del Derecho del
Trabajo siempre han considerado esencial que el proceso de
conocimiento de causas iniciadas por trabajadores contra empleadores
sea llevado adelante por especialistas en esa rama del Derecho, que
son quienes se encuentran imbuidos de la impronta protectoria que
informa todo ese ordenamiento.
La exclusión de los procesos laborales del fuero de atracción,
dispuesta por la ley 19551, rigió hasta agosto de 1995.
A partir de la variación normativa entonces producida, el numeral 1
del art. 21 de la ley 24522, en su redacción anterior a la reforma
introducida por la ley 26.086, estableció que la apertura del concurso
preventivo produce “la radicación ante el juez del concurso de todos
los juicios de contenido patrimonial contra el concursado. El actor
podrá optar por pretender verificar su crédito conforme a lo dispuesto
en los artículos 32 y concordantes, o por continuar el trámite de los
procesos de conocimiento hasta el dictado de la sentencia, lo que
estará a cargo del juez del concurso, valiendo la misma, en su caso
como pronunciamiento verificatorio”.
Esta reforma, si bien satisfizo el constante reclamo de los
comercialistas de dar preeminencia a la universalidad de los procesos
concursales y falenciales, no resultó favorable –en los hechos- para
los trabajadores que se vieron excluidos de la posibilidad de litigar
ante los tribunales especializados en materia laboral, ni para estos
últimos o para los comerciales, que debieron recibir una inusitada
cantidad de causas que no hizo sino perjudicar su funcionalidad.
Los tribunales del trabajo sufrieron una importante baja en la
litigiosidad, no solo por la quita de causas que significó la
eliminación de la exclusión respecto del fuero de atracción, sino por
la contemporánea sustracción –respecto de su competencia- de las
causas relativas a enfermedades profesionales y accidentes laborales,
merced a las disposiciones de la entonces nueva regulación emergente
de la ley 24557.
Este vaciamiento del fuero laboral obedeció a un proyecto de país, que
fue el que caracterizó a la década del ’90, tendiente a desbaratar
progresivamente el andamiaje protectorio que el plexo normativo
laboral confiere a los trabajadores, con el propósito de colocar a la
negociación contractual entre aquéllos y sus empleadores en el plano
de la relación paritaria contemplada por la normativa común.
La debacle generada en el fuero comercial y los vientos de cambio
socio-políticos trajeron, con la reforma introducida por la ley 26086
(B.O. 11/4/06), el regreso de la exclusión del fuero de atracción de
los procesos laborales, ya que la nueva redacción del art. 21
estableció que “la apertura del concurso produce, a partir de la
publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de
contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior
a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No
podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o
títulos. Quedan excluidos de los efectos antes mencionados: …2- los
procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que
el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito
conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes”.
II- La distinción entre créditos pre y post concursales
Es común que al hacerse referencia al tema, al tener que distinguir
los créditos que concurren a formar lo que se denomina la masa del
concurso de los que se devengan con posterioridad a la apertura de ese
proceso, en lugar de hablarse de créditos concursales y créditos post
concursales, se mantenga esta denominación pero se aluda a los
primeros como pre concursales.
Si bien esto aparece como una pura cuestión semántica, sin real
relevancia, es posible rastrear la causa de esta curiosidad
denominativa en que los aludidos como pre concursales son aquellos
cuya fecha de devengamiento (causa o título) resulta anterior –previa-
a la apertura del concurso, en oposición a los otros cuyo título o
causa resulta posterior.
Lo concreto es que la diferenciación debe ser realizada, porque
resulta esencial para poder determinar el régimen aplicable a cada uno
de ellos
La doctrina especializada ha sido clara al establecer qué créditos
podían ser objeto de verificación en el concurso, ya desde la vigencia
de la ley 11719, expresando que "nos referimos a los acreedores
anteriores al auto que admite la solicitud de convocación o al que
declara el estado de quiebra, no a los acreedores sucesivos, es decir,
a los posteriores a la apertura de uno u otro juicio, ni a los
acreedores de la masa, porque estos últimos no entran en el pasivo y,
por lo tanto, no participan del concurso porque no son acreedores
concurrentes" (Francisco García Martínez, "El concordato y la
quiebra", t. 1, 1962, Ed. Depalma, p. 397).
Así, con relación al plexo normativo aplicable con posterioridad al
dictado de la reforma contenida en la ley 26086, se expresó que "el
nuevo art. 21 LCQ. expresamente admite la promoción postconcursal,
ante el juez competente, de acciones laborales nuevas, se entiende de
causa o título anterior a la apertura del concurso, porque las de
causa o título posterior no interesan a la convocatoria" (Heredia,
Pablo D., "Ley 26086: nuevo modelo en el régimen de suspensión y
prohibición de acciones y en el diseño del fuero de atracción del
concurso preventivo", JA 2006‑II, fasc. 5, p. 41).
Son ajenos al sistema diseñado por la ley de concursos y quiebra los
créditos cuya fecha de devengamiento resulta ser posterior a la de
presentación en concurso. El trámite de estas causas se debe realizar
en sede laboral, y en igual sede perseguirse la ejecución de los
créditos resultantes.
No hay, en tal caso, potencialidad de incorporación de créditos al
pasivo concursal, de modo tal que no cabe asignar intervención alguna
al síndico, ya que –en caso de consagrarse créditos en contra del
concursado- su ejecución no demandaría verificación alguna.
III- El fuero de atracción y el rol del síndico controlador
Variada la redacción dada por la normativa anteriormente vigente, el
fuero de atracción –en los términos en que ha sido fijado el texto del
art. 21 de la ley 24522 por la reforma introducida por la ley 26086-
ha quedado limitado a los juicios ejecutivos, ya que los otros
procesos han sido expresamente excluidos (en los numerales 1, 2 y 3 se
excluye expresamente a , los de expropiación, los relativos a
relaciones de familia, los de ejecución de garantías reales, los de
conocimiento en trámite y los juicios laborales, y aquellos en los
cuales el concursado forme parte de un litisconsorcio pasivo
necesario).
El “nuevo” art. 21 vuelve al esquema de la ley 19551, y excluye del
fuero de atracción a los juicios laborales, tanto en los casos de
concurso como en los de quiebra, dejando que el trámite del proceso de
conocimiento se lleve adelante por ante la justicia laboral. Ello así,
salvo que el accionante optare por la posibilidad prevista en el
numeral 2) de suspender el procedimiento y acudir a sede comercial a
verificar su crédito, en los términos regulados en los arts. 32 y
siguientes.
La reforma ha introducido la problemática alocución “parte necesaria”
al hacer referencia al síndico, que carece de precisión y ha sido
objeto de críticas diversas por parte de la doctrina.
El concursado no es desapoderado de sus bienes; la administración de
los mismos queda bajo la vigilancia del síndico, quien debe custodiar
los actos procesales cumplidos por el deudor en los juicios, con el
propósito de controlar la inalterabilidad de la pars condicio
creditorum.
Esta función es de orden procesal –de control- y obligatoria; tal es
la extensión que cabe asignar al vocablo “necesaria”. Si se omitiera
dar esa intervención, podrían generarse la remoción del síndico (art.
255 pár. 3º ley 24522) e incluso la sanción de multa en perjuicio del
juez interviniente, generador de la omisión (pár. 4º).
Calificada doctrina ha entendido que "el rol de la sindicatura no
puede parangonarse con el carácter de `parte necesaria' pues su
función está limitada a la tarea de contralor que le impone el art. 16
LC. Expresado de otro modo: este profesional, al no ser contradictor,
no puede realizar acto alguno atinente al objeto de la causa, es
decir, no puede contestar la demanda, ni ofrecer prueba, ni alegar,
etc. y sólo intervendrá cuando el juicio concluya con un `negocio
dispositivo' que imponga el trámite de autorización del art. 16
LC..."; también que "la manda es objetable, toda vez que el acreedor
debe concurrir a verificar el crédito, una vez obtenida sentencia,
art. 56 ley 26086, por lo que imponer su actuación en cada uno de los
juicios excluidos, constituye una demasía carente de sentido" (Junyent
Bas, Francisco, "Glosa sobre la ley 26086 . ¿Una nueva visión de la
concursalidad o la saga de la `maldición de la momia'?", ED del
5/5/06, p. 3).
IV- El pronto pago
Lo que al dictarse la ley 24522 pareció un avance notorio con relación
al sistema de la ley 19551, se desdibujó en la práctica.
Más allá de los recaudos de admisibilidad del instituto –habida cuenta
la frecuente litigiosidad de los créditos laborales-, se requería la
espera del trabajador hasta tanto hubiese fondos disponibles del
resultado de la explotación, lo que no ocurría con frecuencia.
Con la reforma introducida por la ley 26086, al sistema de pronto pago
ya establecido –a pedido de parte interesada- se le agrega la
posibilidad de que dicho pronto pago sea resuelto de oficio por el
juez interviniente en el concurso; el magistrado, para ello, se basa
en un informe realizado por el síndico que debe ser presentado dentro
de los diez días siguientes a asumir el cargo conferido; este informe
debe, asimismo, ser mensualmente actualizado, con pronunciamiento
expreso acerca de la evolución de la empresa y la existencia de
"fondos líquidos disponibles" (arts. 14 y 16 ley 24522).
En caso de no haber fondos disponibles, corresponde afectar el
equivalente al 1% mensual del ingreso bruto de la concursada,
formulándose un plan de pagos proporcional a los créditos y sus
privilegios.
Cuando la cuestión es introducida por la parte interesada, debe darse
vista de la petición al deudor concursado y al síndico. La resolución
que se adopte en tal caso es siempre apelable.
Al resolverse favorablemente la pretensión, los efectos de la
resolución son los de cosa juzgada, equivaliendo el decisorio a la
verificación del crédito.
Si, por contrario, la resolución fuese desestimatoria, queda el
pretensor habilitado a iniciar el correspondiente proceso de
conocimiento ante la justicia del trabajo, o a continuar con su
trámite si ya se hubiere iniciado.
V- El art. 135 de la ley 18345
Esta norma, sin brindar precisión o distinción alguna tomando en
consideración la calidad concursal o posconcursal del crédito,
establece que “la ejecución contra el deudor fallido o concursado se
deberá llevar al respectivo juicio universal”.
Un sector de la doctrina y de la jurisprudencia ha entendido que la
ejecución de cualquier crédito contra un deudor sometido a proceso
concursal, derivado de una sentencia laboral o reconocido en un
acuerdo conciliatorio debidamente homologado en igual sede, tiene que
realizarse el marco de ese proceso en sede comercial.
Una de las opiniones más calificadas que se han expresado en tal
sentido ha sido la del Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo –Dr. Eduardo Álvarez- que reiteradamente ha
dictaminado que “la ejecución debe llevarse a cabo en el marco del
proceso universal independientemente del carácter pre o post concursal
del crédito” (dictamen nº 43.905 del 19/4/07, in re “Filocamo,
Alejandro Hugo c/ Mutual Médicos Municipales La Mutua s/ despido”,
expediente nº 12.746/01 de la Sala VII) .
Esta visión adopta criterios netamente comerciales –o comercialistas-
derivados de los principios básicos de toda ley concursal: la igualdad
en el tratamiento de los deudores (jus pars conditionis creditorum) y
la integralidad del patrimonio del deudor. Que, sin embargo, no
resultan determinantes en el contexto del plexo normativo vigente.
Héctor Cámara –reputado comercialista- ha sostenido que “en el
concurso preventivo resulta esencial la determinación precisa del
monto del pasivo. Esto se logra mediante el proceso de verificación de
créditos. Los titulares para reclamar dicha verificación son –en
principio- todos los acreedores por causa o título anterior a la
apertura del concurso preventivo deben demandar la verificación en el
pasivo, para adquirir la calidad de concurrente en el supuesto de
lograr éxito” (“El concurso preventivo y la quiebra”, T. I pág. 658,
LexisNexis).
El mismo autor ha afirmado que “no procede la inclusión en el pasivo
del concurso de créditos de naturaleza posconcursal”, y que “el
concurso preventivo no es un juicio universal; los derechos de origen
posconcursal (es decir, de causa posterior a la presentación en
concurso) son ajenos a las reglas de la concurrencia (arts. 16 y 32)”.
En igual sentido se ha expresado el Juez Nacional del Trabajo Dr.
Brignole (“La reforma a la Ley de Concursos y Quiebras por la ley
26086 frente a los acreedores y procesos laborales”, Lexis nº
0003/401212) sosteniendo que “en el caso de los créditos
postconcursales… al no estar involucrados en el concurso, no existe
óbice para su ejecución ante el tribunal laboral o eventualmente
solicitar la quiebra directa. Tampoco hay impedimento para dictar
medidas precautorias”.
El ya citado Cámara, en la obra mencionada, dice que “los acreedores
de causa o título posterior –posconcursales-, así se trate de
prontopaguistas, podrán ejercer las acciones judiciales en forma
individual contra el deudor e incluso peticionar la quiebra si no
satisface el concurso preventivo anterior sus acreencias. El beneficio
de pronto pago se acuerda sólo a los créditos que tengan causa o
título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, por
lo que debe revocarse la resolución que se lo reconoce a los
posconcursales”.
Así, resulta insoslayable que si al acreedor laboral posconcursal no
se le concede el pronto pago, ni se le permite verificar su crédito
para adquirir la calidad de concurrente, la única solución admisible
resulta permitir que continúe ejecutando en la sede laboral
(extra-comercial) en la cual le fue reconocido el crédito que debe
ejecutar.

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