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CÓDIGO DE COMERCIO
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis
Última Reforma DOF 09-01-2012
CÓDIGO DE COMERCIO
Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de
octubre al 13 de diciembre de 1889
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 09-01-2012
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que
sigue:
"PORFIRIO DIAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, á sus habitantes, sabed:
Que en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión
por decreto de 4 de Junio de 1887, he tenido á bien expedir el
siguiente
CODIGO DE COMERCIO
LIBRO PRIMERO
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1o.- Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto
en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables.
Artículo 2o.- A falta de disposiciones de este ordenamiento y las
demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las
del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia
federal.
TITULO PRIMERO
De los Comerciantes
Artículo 3o.- Se reputan en derecho comerciantes:
I.- Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el
comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;
II.- Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;
III.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas,
que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.
Artículo 4o.- Las personas que accidentalmente, con o sin
establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no
son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a
las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en
general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna
población para el expendio de los frutos de su finca, o de los
productos ya elaborados de su industria, o trabajo, sin hacerles
alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto
concierne a sus almacenes o tiendas.
Artículo 5o.- Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para
contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben
expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para
ejercerlo.
Artículo 6o.- (Se deroga).
Artículo 6 bis. Los comerciantes deberán realizar su actividad de
acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo
que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:
I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial,
de otro comerciante;
II.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro
comerciante;
III.- Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos, o
IV.- Se encuentren previstos en otras leyes.
Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sólo
podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en
la vía administrativa, si ésta es aplicable.
Artículo 7o.- (Se deroga).
Artículo 8o.- (Se deroga).
Artículo 9o.- Tanto el hombre como la mujer casados comerciantes,
pueden hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones
mercantiles y comparecer en juicio sin necesidad de licencia del otro
cónyuge, cuando el matrimonio se rija por el régimen de separación de
bienes.
En el régimen Social Conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes,
podrán hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad, ni los suyos
propios cuyos frutos o productos correspondan a la sociedad, sin
licencia del otro cónyuge.
Artículo 10.- (Se deroga).
Artículo 11.- (Se deroga).
Artículo 12.- No pueden ejercer el comercio:
I.- Los corredores;
II.- Los quebrados que no hayan sido rehabilitados;
III.- Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por
delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el
peculado, el cohecho y la concusión.
La limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a
surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la Sentencia
respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena.
Artículo 13.- Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio,
según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas
naciones, y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y
obligaciones de los extranjeros.
Artículo 14.- Los extranjeros comerciantes, en todos los actos de
comercio en que intervengan, se sujetarán a este Código y demás leyes
del país.
Artículo 15.- Las Sociedades legalmente constituidas en el extranjero
que se establezcan en la República, o tengan en ella alguna agencia ó
sucursal, podrán ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones
especiales de este Código en todo cuanto concierna a la creación de
sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus operaciones
mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la Nación.
En lo que se refiera a su capacidad para contratar, se sujetarán a las
disposiciones del artículo correspondiente del título de Sociedades
extranjeras.
TITULO SEGUNDO
De las Obligaciones Comunes a todos los que Profesan el Comercio
Artículo 16.- Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están
obligados.
I.- A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil;
con sus circunstancias esenciales, y en su oportunidad, de las
modificaciones que se adopten;
II.- A la inscripción en el Registro público de comercio, de los
documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios;
III.- A mantener un sistema de Contabilidad conforme al artículo 33.
IV.- A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el
giro del comerciante.
CAPITULO I
Del Anuncio de la Calidad Mercantil
Artículo 17.- Los comerciantes tienen el deber.
I.- De participar la apertura del establecimiento o despacho de su
propiedad, por los medios de comunicación que sean idóneos, en las
plazas en que tengan domicilio, sucursales, relaciones o
corresponsables mercantiles; esta información dará a conocer el nombre
del establecimiento o despacho su ubicación y objeto; si hay persona
encargada de su administración, su nombre y firma; si hay compañía, su
naturaleza, la indicación del gerente o gerentes, la razón social ó
denominación y la persona ó personas autorizadas para usar una ú otra,
y la designación de las casas, sucursales o agencias, si las hubiere;
II.- De dar parte, en igual forma, de las modificaciones que sufra
cualquiera de las circunstancias antes referidas.
III.- (Se deroga).
CAPITULO II
Del registro de comercio
Artículo 18.- En el Registro Público de Comercio se inscriben los
actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los
comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran.
La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en adelante la
Secretaría, y de las autoridades responsables del registro público de
la propiedad en los estados y en el Distrito Federal, en términos de
este Código y de los convenios de coordinación que se suscriban
conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos existirán
las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad
federativa que demande el tráfico mercantil.
La Secretaría emitirá los lineamientos necesarios para la adecuada
operación del Registro Público de Comercio, que deberán publicarse en
el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 19. La inscripción o matrícula en el registro mercantil será
potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y
obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se
refiere a su constitución, transformación, fusión, escisión,
disolución y liquidación y para los buques. Los primeros quedarán
matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro
sea necesario.
Artículo 20.- El Registro Público de Comercio operará con un programa
informático y con una base de datos central interconectada con las
bases de datos de sus oficinas ubicadas en las entidades federativas.
Las bases de datos contarán con al menos un respaldo electrónico.
Mediante el programa informático se realizará la captura,
almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción,
verificación, administración y transmisión de la información
registral.
Las bases de datos del Registro Público de Comercio en las entidades
federativas se integrarán con el conjunto de la información
incorporada por medio del programa informático de cada inscripción o
anotación de los actos mercantiles inscribibles, y la base de datos
central con la información que los responsables del Registro
incorporen en las bases de datos ubicadas en las entidades
federativas.
El programa informático será establecido por la Secretaría. Dicho
programa y las bases de datos del Registro Público de Comercio, serán
propiedad del Gobierno Federal.
En caso de existir discrepancia o presunción de alteración de la
información del Registro Público de Comercio contenida en la base de
datos de alguna entidad federativa, o sobre cualquier otro respaldo
que hubiere, prevalecerá la información registrada en la base de datos
central, salvo prueba en contrario.
La Secretaría establecerá los formatos, que serán de libre
reproducción, así como los datos, requisitos y demás información
necesaria para llevar a cabo las inscripciones, anotaciones y avisos a
que se refiere el presente Capítulo. Lo anterior deberá publicarse en
el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 20 bis.- Los responsables de las oficinas del Registro
Público de Comercio tendrán las atribuciones siguientes:
I.- Aplicar las disposiciones del presente Capítulo en el ámbito de la
entidad federativa correspondiente;
II.- Ser depositario de la fe pública registral mercantil, para cuyo
ejercicio se auxiliará de los registradores de la oficina a su cargo;
III.- Dirigir y coordinar las funciones y actividades de las unidades
administrativas a su cargo para que cumplan con lo previsto en este
Código, el reglamento respectivo y los lineamientos que emita la
Secretaría;
IV.- Permitir la consulta de los asientos registrales que obren en el
Registro, así como expedir las certificaciones que le soliciten;
V.- Operar el programa informático del sistema registral automatizado
en la oficina a su cargo, conforme a lo previsto en este Capítulo, el
reglamento respectivo y en los lineamientos que emita la Secretaría;
VI.- Proporcionar facilidades a la Secretaría para vigilar la adecuada
operación del Registro Público de Comercio, y
VII.- Las demás que se señalen en el presente Capítulo y su
reglamento.
Artículo 21.- Existirá un folio electrónico por cada comerciante o
sociedad, en el que se anotarán:
I.- Su nombre, razón social o título.
II.- La clase de comercio u operaciones á que se dedique;
III.- La fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones;
IV.- El domicilio con especificación de las sucursales que hubiere
establecido;
V. Los instrumentos públicos en los que se haga constar la
constitución de las sociedades mercantiles, así como los que contengan
su transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación;
VI.- El acta de la primera junta general y documentos anexos á ella,
en las sociedades anónimas que se constituyan por suscripción pública;
VII. Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente,
los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o
revocaciones;
VIII.- (Se deroga).
IX.- La licencia que un cónyuge haya dado al otro en los términos del
segundo párrafo del artículo 9o.;
X.- Las capitulaciones matrimoniales y los documentos que acrediten
alguna modificación a las mismas;
XI.- Los documentos justificativos de los haberes ó patrimonio que
tenga el hijo ó el pupilo que estén bajo la patria potestad, ó bajo la
tutela del padre ó tutor comerciantes;
XII. El cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto
social, duración y el aumento o disminución del capital mínimo fijo;
XIII.- (Se deroga).
XIV.- Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de
ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras públicas,
compañías de crédito ú otras, expresando la serie y número de los
títulos de cada emisión, su interés y amortización, la cantidad total
de la emisión, y los bienes, obras, derechos ó hipotecas, cuando los
hubiere, que se afecten á su pago. También se inscribirán con arreglo
á estos preceptos, las emisiones que hicieren los particulares;
XV.- (Se deroga).
XVI.- (Se deroga).
XVII.- (Se deroga).
XVIII.- (Se deroga).
XIX.- Las autorizaciones de los corredores públicos para registrar
información;
XX.- Las garantías mobiliarias que hubiere otorgado, así como los
actos jurídicos por los que constituya un privilegio especial o
derecho de retención sobre bienes muebles a favor de terceros, en los
términos de lo dispuesto por los artículos 32 bis 1 a 32 bis 9 del
presente Capítulo.
Artículo 21 bis.- El procedimiento para la inscripción de actos
mercantiles en el Registro Público de Comercio se sujetará a las bases
siguientes:
I.- Será automatizado y estará sujeto a plazos máximos de respuesta;
II.- Constará de las fases de:
a) Recepción, física o electrónica de una forma precodificada,
acompañada del instrumento en el que conste el acto a inscribir, pago
de los derechos, generación de una boleta de ingreso y del número de
control progresivo e invariable para cada acto;
b) Análisis de la forma precodificada y la verificación de la
existencia o inexistencia de antecedentes registrales y, en su caso,
preinscripción de dicha información a la base de datos ubicada en la
entidad federativa;
c) Calificación, en la que se autorizará en definitiva la inscripción
en la base de datos mediante la firma electrónica del servidor público
competente, con lo cual se generará o adicionará el folio mercantil
electrónico correspondiente, y
d) Emisión de una boleta de inscripción que será entregada física o
electrónicamente.
III. La inscripción de actos que sean enviados por medios electrónicos
de acuerdo al artículo 30 bis 1 de este Código, con el pago de
derechos en línea, será inmediata, definitiva y no será susceptible de
calificación por parte del responsable de oficina o registrador.
El reglamento del presente Capítulo desarrollará el procedimiento
registral de acuerdo con las bases anteriores.
Artículo 21 bis 1.- La prelación entre derechos sobre dos o más actos
que se refieran a un mismo folio mercantil electrónico, se determinará
por el número de control o en su caso por el sello digital de tiempo
que otorgue el registro, cualquiera que sea la fecha de su
constitución o celebración.
Artículo 22.- Cuando, conforme a la ley, algún acto o contrato deba
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad o en registros
especiales, su inscripción en dichos registros será bastante para que
surtan los efectos correspondientes del derecho mercantil, siempre y
cuando en el Registro Público de Comercio se tome razón de dicha
inscripción y de las modificaciones a la misma.
El registro de las garantías mobiliarias deberá sujetarse a lo
establecido en la Sección Única del presente Capítulo.
Artículo 23.- Las inscripciones deberán hacerse en la oficina del
Registro Público de Comercio del domicilio del comerciante, pero si se
trata de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos, la
inscripción se hará, además, en la oficina correspondiente a la
ubicación de los bienes, salvo disposición legal que establezca otro
procedimiento.
Artículo 24.- Las sociedades extranjeras deberán acreditar, para su
inscripción en el Registro Público de Comercio, estar constituidas
conforme a las leyes de su país de origen y autorizadas para ejercer
el comercio por la Secretaría, sin perjuicio de lo establecido en los
tratados o convenios internacionales.
Artículo 25.- Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban
inscribirse en el Registro Público de Comercio deberán constar en:
I.- Instrumentos públicos otorgados ante notario o corredor público;
II.- Resoluciones y providencias judiciales o administrativas
certificadas;
III.- Documentos privados ratificados ante notario o corredor público,
o autoridad judicial competente, según corresponda, o
IV.- Los demás documentos que de conformidad con otras leyes así lo
prevean.
Artículo 26.- Los documentos de procedencia extranjera que se refieran
a actos inscribibles podrán constar previamente en instrumento público
otorgado ante notario o corredor público, para su inscripción en el
Registro Público de Comercio.
Las sentencias dictadas en el extranjero sólo se registrarán cuando
medie orden de autoridad judicial mexicana competente, y de
conformidad con las disposiciones internacionales aplicables.
Artículo 27.- La falta de registro de los actos cuya inscripción sea
obligatoria, hará que éstos sólo produzcan efectos jurídicos entre los
que lo celebren, y no podrán producir perjuicio a tercero, el cual sí
podrá aprovecharse de ellos en lo que le fueren favorables.
Artículo 28.- Si el comerciante omitiere hacer la anotación o
inscripción de los documentos que expresa la fracción X del artículo
21, podrá pedirla el otro cónyuge o cualquiera que tenga derecho de
alimentos respecto de aquél.
Artículo 29.- Los documentos inscritos producirán su efecto legal
desde la fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos otros
anteriores o posteriores no registrados.
Artículo 30.- Los particulares podrán consultar las bases de datos y,
en su caso, solicitar las certificaciones respectivas, previo pago de
los derechos correspondientes.
Las certificaciones se expedirán previa solicitud por escrito que
deberá contener los datos que sean necesarios para la localización de
los asientos sobre los que deba versar la certificación y, en su caso,
la mención del folio mercantil electrónico correspondiente.
Cuando la solicitud respectiva haga referencia a actos aún no
inscritos, pero ingresados a la oficina del Registro Público de
Comercio, las certificaciones se referirán a los asientos de
presentación y trámite.
La Secretaría podrá establecer, mediante lineamientos, mecanismos para
el trámite y la expedición de certificaciones por medios electrónicos.
Artículo 30 bis.- La Secretaría podrá autorizar el acceso a la base de
datos del Registro Público de Comercio a personas que así lo soliciten
y cumplan con los requisitos para ello, en los términos de este
Capítulo, el reglamento respectivo y los lineamientos que emita la
Secretaría, sin que dicha autorización implique en ningún caso
inscribir o modificar los asientos registrales.
La Secretaría expedirá los certificados digitales que utilicen las
personas autorizadas para firmar electrónicamente la información
relacionada con el Registro Público de Comercio y demás usuarios;
asimismo, podrá reconocer para el mismo fin certificados digitales
expedidos por otras autoridades certificadoras siempre y cuando, a su
juicio, presenten el mismo grado de confiabilidad y cumplan con las
medidas de seguridad que al efecto establezca la Secretaría.
Artículo 30 bis 1.- Cuando la autorización a que se refiere el
artículo anterior se otorgue a notarios o corredores públicos, dicha
autorización permitirá, además, el envío de información por medios
digitales al Registro y la remisión que éste efectúe al fedatario
público correspondiente del acuse que contenga el número de control o
sello digital de tiempo a que se refiere el artículo 21 bis 1 de este
Código.
Los notarios y corredores públicos que soliciten dicha autorización
deberán otorgar una fianza o garantía a favor de la Tesorería de la
Federación y registrarla ante la Secretaría, para garantizar los daños
que pudieran ocasionar a los particulares y a la Secretaría con motivo
de la operación del programa informático y el uso de la información
del registro, incluida la que corresponde a la Sección Única del
presente Capítulo, por un monto mínimo equivalente a 10 000 veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.
En caso de que los notarios o corredores públicos estén obligados por
la ley de la materia a garantizar el ejercicio de sus funciones, sólo
otorgarán la fianza o garantía a que se refiere el párrafo anterior
por un monto equivalente a la diferencia entre ésta y la otorgada.
Esta garantía podrá otorgarse de manera solidaria por parte de los
colegios o agrupaciones de notarios o corredores públicos.
Artículo 31.- Los registradores no podrán denegar o suspender la
inscripción de los actos que conforme al reglamento o lineamientos se
consideren de registro inmediato. En los demás casos, tampoco podrán
denegar o suspender la inscripción de los documentos mercantiles que
se les presenten, salvo cuando:
I. El acto o contrato que en ellos se contenga no sea de los que deben
inscribirse;
II. Esté en manifiesta contradicción con los contenidos de los
asientos registrales preexistentes, o
III. El documento de que se trate no exprese, o exprese sin claridad
suficiente, los datos que deba contener la inscripción.
Si la autoridad administrativa o judicial ordena que se registre un
instrumento rechazado, la inscripción surtirá sus efectos desde que
por primera vez se presentó.
El registrador suspenderá la inscripción de los actos a inscribir,
siempre que existan defectos u omisiones que sean subsanables. En todo
caso se requerirá al interesado para que en el plazo que determine el
reglamento de este Capítulo las subsane, en el entendido de que, de no
hacerlo, se le denegará la inscripción.
Artículo 32.- La rectificación de los asientos en la base de datos por
causa de error material o de concepto, sólo procede cuando exista
discrepancia entre el instrumento donde conste el acto y la
inscripción.
Se entenderá que se comete error material cuando se escriban unas
palabras por otras, se omita la expresión de alguna circunstancia o se
equivoquen los nombres propios o las cantidades al copiarlas del
instrumento donde conste el acto, sin cambiar por eso el sentido
general de la inscripción ni el de alguno de sus conceptos.
Se entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la
inscripción alguno de los contenidos del instrumento, se altere o
varíe su sentido porque el responsable de la inscripción se hubiere
formado un juicio equivocado del mismo, por una errónea calificación
del contrato o acto en él consignado o por cualquiera otra
circunstancia similar.
Artículo 32 bis.- Cuando se trate de errores de concepto, los asientos
practicados en los folios del Registro Público de Comercio sólo podrán
rectificarse con el consentimiento de todos los interesados en el
asiento.
A falta del consentimiento unánime de los interesados, la
rectificación sólo podrá efectuarse por resolución judicial.
El concepto rectificado surtirá efectos desde la fecha de su
rectificación.
El procedimiento para efectuar la rectificación en la base de datos lo
determinará la Secretaría en los lineamientos que al efecto emitan.
SECCIÓN ÚNICA
Del Registro Único de Garantías Mobiliarias
Artículo 32 bis 1.- Las garantías mobiliarias que se constituyan con
apego a éste u otros ordenamientos jurídicos del orden mercantil, su
modificación, transmisión o cancelación, así como cualquier acto
jurídico que se realice con o respecto de ellas, serán susceptibles de
inscripción en los términos de esta Sección.
En las garantías mobiliarias quedan comprendidos, sin perjuicio de
aquellos que por su naturaleza mantengan ese carácter, los actos
jurídicos mercantiles por medio de los cuales se constituya,
modifique, transmita o cancele un privilegio especial o derecho de
retención sobre bienes muebles en favor de terceros.
Se presumen mercantiles todas las garantías mobiliarias otorgadas en
favor de un comerciante, las cuales únicamente estarán sujetas a
inscripción en los términos de esta Sección.
Artículo 32 bis 2.- Se constituye el Registro Único de Garantías
Mobiliarias, en adelante el Registro, como una sección del Registro
Público de Comercio, en donde se inscribirán las garantías a que se
refiere el artículo anterior, con lo que se dará publicidad de las
mismas para los efectos que establezcan éste u otros ordenamientos
jurídicos. Esta sección se sujetará a las bases especiales de
operación a que se refieren los artículos siguientes.
Artículo 32 bis 3.- El Registro estará exclusivamente a cargo de la
Secretaría; su operación se llevará por medios digitales, mediante el
programa informático establecido por la Secretaría y en una base de
datos nacional.
Artículo 32 bis 4.- La inscripción de las garantías mobiliarias, su
modificación, transmisión o cancelación, así como la de cualquier acto
vinculado con ellas, se realizará de manera inmediata a su recepción,
previo pago de los derechos correspondientes, y en el folio de su
otorgante.
Salvo prueba en contrario, se presume que los otorgantes de garantías
mobiliarias autorizan la inscripción de las mismas en el Registro.
El procedimiento para la inscripción de garantías mobiliarias en el
Registro se llevará de acuerdo a las bases siguientes:
I.- Será automatizado;
II.- Las inscripciones, anotaciones o cualquier acto vinculado con
ellas deberá realizarse a través de medios digitales, utilizando para
ello la forma precodificada establecida al efecto;
III.- El Registro generará la boleta que corresponda, misma que se
entregará de manera digital a su solicitante, y
IV.- Serán inscribibles, en su caso y de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento, todos los documentos mercantiles a través de los cuales
se constituya, modifique, transmita o cancele una garantía mobiliaria.
Se encuentran facultados para llevar a cabo inscripciones o
anotaciones en el Registro los fedatarios públicos, los jueces y las
oficinas habilitadas de la Secretaría en las entidades federativas,
así como las entidades financieras, los servidores públicos y otras
personas que para tales fines autorice la Secretaría.
Los acreedores, instancias de autoridad o personas facultadas que
realicen inscripciones o anotaciones sobre garantías mobiliarias,
serán responsables para todos los efectos legales de la existencia y
veracidad de la información y documentación relativa a las
inscripciones y anotaciones que lleven a cabo. Si una institución
financiera o persona moral autorizada realiza la inscripción o
anotación y es parte del contrato como acreedor prendario,
fideicomisario o fiduciario, será responsable, independientemente del
empleado o funcionario que realiza la inscripción.
Será responsabilidad de quien realice una inscripción o anotación,
llevar a cabo la rectificación de los errores materiales o de concepto
que las mismas contengan. Se entiende que se comete un error de
concepto, cuando al expresar en la inscripción o anotación alguno de
los contenidos convencionales o formales de la garantía o acto objeto
a registro, se altere o varíe su sentido en virtud de un juicio
equivocado de quien la lleve a cabo. Todos los demás errores se
considerarán materiales.
Los acreedores, instancias de autoridad o personas facultadas para
llevar a cabo inscripciones o anotaciones en el Registro, responden
por los daños y perjuicios que se pudieren originar por tal motivo. El
afectado podrá optar por reclamar los daños y perjuicios que se le
ocasionen mediante su cálculo y acreditación o por sanción legal. La
sanción legal se calculará y exigirá en un monto equivalente a 1,000
veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas
a que hubiere lugar.
Salvo que la vigencia de la inscripción o anotación se establezca en
la forma precodificada, ésta tendrá una vigencia de un año, misma que
será susceptible de ser renovada.
Artículo 32 bis 5.- En los términos que establezca el Reglamento
respectivo, de igual forma serán susceptibles de anotarse en el
Registro, los avisos preventivos; las resoluciones judiciales o
administrativas, así como cualquier acto que por su naturaleza
constituya, modifique, transmita o cancele una garantía mobiliaria.
Artículo 32 bis 6.- Las garantías mobiliarias inscritas de conformidad
con la presente Sección, surtirán efectos frente a terceros de
conformidad con las leyes respectivas.
Artículo 32 bis 7.- Cualquier interesado estará facultado para
solicitar a la Secretaría la expedición de certificaciones respecto de
los actos inscritos en el Registro, previa presentación de la
solicitud correspondiente y pago de los derechos respectivos.
Artículo 32 bis 8.- Las normas reglamentarias del Registro
desarrollarán, entre otros:
I. Los procedimientos y requisitos técnicos y operativos con motivo de
inscripciones, anotaciones, certificaciones y consultas que se lleven
a cabo;
II. Las características de las formas precodificadas para la
inscripción y anotación en el Registro;
III. Los criterios de clasificación de las distintas garantías, así
como de los bienes afectos a las mismas;
IV. El procedimiento para la renovación de las inscripciones;
V. Los procedimientos y requisitos para la rectificación, modificación
o cancelación de la información del Registro, y
VI. Cualquier otro dato, requisito, procedimiento o condición
necesarios para la adecuada operación del Registro.
Artículo 32 bis 9.- No será aplicable a esta Sección, lo dispuesto por
los artículos 18, segundo párrafo, con excepción de las facultades
previstas para la Secretaría; 20; 20 bis; 21, salvo por lo señalado en
su fracción XX; 21 bis; 23; 25; 26; 31; 32 y 32 bis.
CAPITULO III
De la Contabilidad Mercantil
Artículo 33.- El comerciante está obligado a llevar y mantener un
sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante
los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que
mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero
en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos:
A) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus
características, así como conectar dichas operaciones individuales con
los documentos comprobatorios originales de las mismas.
B) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las
acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas
y viceversa;
C) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la
información financiera del negocio;
D) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos
estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones
individuales;
E) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios
para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la
corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las
cifras resultantes.
Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee,
se deberán llevar debidamente encuadernados, empastados y foliados el
libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los
libros de actas. La encuadernación de estos libros podrá hacerse a
posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del
ejercicio; sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan
las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que
tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante.
Artículo 35.- En el libro mayor se deberán anotar, como mínimo y por
lo menos una vez al mes, los nombres o designaciones de las cuentas de
la contabilidad, su saldo al final del período de registro inmediato
anterior, el total de movimientos de cargo o crédito a cada cuenta en
el período y su saldo final. Podrán llevarse mayores particulares por
oficinas, segmentos de actividad o cualquier otra clasificación, pero
en todos los casos deberá existir un mayor general en que se
concentren todas las operaciones de la entidad.
Artículo 36.- En el libro o los libros de actas se harán constar todos
los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tomen las asambleas
o juntas de socios, y en su caso, los consejos de administración.
Artículo 37.- Todos los registros a que se refiere este capítulo
deberán llevarse en castellano, aunque el comerciante sea extranjero.
En caso de no cumplirse este requisito el comerciante incurrirá en una
multa no menos de 25,000. 00 pesos, que no excederá del cinco por
ciento de su capital y las autoridades correspondientes podrán ordenar
que se haga la traducción al castellano por medio de perito traductor
debidamente reconocido, siendo por cuenta del comerciante todos los
costos originados por dicha traducción.
Artículo 38.- El comerciante deberá conservar, debidamente archivados,
los comprobantes originales de sus operaciones, de tal manera que
puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de
ellas se haga, y deberá conservarlos por un plazo mínimo de diez años.
Artículo 39.- (Se deroga).
Artículo 40.- (Se deroga).
Artículo 41.- En el libro de actas que llevará cada sociedad, cuando
se trate de juntas generales, se expresará: la fecha respectiva, los
asistentes a ellas, los números de acciones que cada uno represente,
el número de votos de que pueden hacer uso, los acuerdos que se tomen,
los que se consignarán a la letra; y cuando las votaciones no sean
económicas, los votos emitidos, cuidando además de consignar todo lo
que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado. Cuando el acta
se refiera a junta del consejo de administración, solo se expresará:
la fecha, nombre de los asistentes y relación de los acuerdos
aprobados. Estas actas serán autorizadas con las firmas de las
personas a quienes los estatutos confieran esta facultad.
Artículo 42.- No se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal ni
autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes llevan o no el
sistema de contabilidad a que se refiere este capítulo.
Artículo 43.- Tampoco podrá decretarse, a instancia de parte, la
comunicación, entrega o reconocimiento general de los libros,
registros, comprobantes, cartas, cuentas y documentos de los
comerciantes, sino en los casos de sucesión universal, liquidación de
compañía dirección o gestión comercial por cuenta de otro o de
quiebra.
Artículo 44.- Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior,
sólo podrá decretarse la exhibición de los libros, registros y
documentos de los comerciantes, a instancia de parte o de oficio,
cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad
en el asunto en que proceda la exhibición.
El reconocimiento se hará en el lugar en que habitualmente se guarden
o conserven los libros registros o documentos, o en el que de común
acuerdo fijen las partes, en presencia del comerciante o de la persona
que comisione y se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan
relación directa con la acción deducida comprendiendo en ellos aún los
que sean extraños a la cuenta especial del que ha solicitado el
reconocimiento.
Artículo 45.- Si los libros se hallaren fuera de la residencia del
tribunal que decrete su exhibición, se verificará ésta en el lugar
donde existan dichos libros, sin exigirse su traslación al del juicio.
Artículo 46.- Todo comerciante está obligado a conservar los libros,
registros y documentos de su negocio por un plazo mínimo de diez años.
Los herederos de un comerciante tienen la misma obligación.
CAPITULO IV
De la Correspondencia
Artículo 47.- Los comerciantes están obligados a conservar debidamente
archivadas las cartas, telegramas y otros documentos que reciban en
relación con sus negocios o giro, así como copias de las que expidan.
Artículo 48.- Tratándose de las copias de las cartas, telegramas y
otros documentos que los comerciantes expidan, así como de los que
reciban que no estén incluidos en el artículo siguiente, el archivo
podrá integrarse con copias obtenidas por cualquier medio: mecánico,
fotográfico o electrónico, que permita su reproducción posterior
íntegra y su consulta o compulsa en caso necesario.
Artículo 49.- Los comerciantes están obligados a conservar por un
plazo mínimo de diez años los originales de aquellas cartas,
telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otros documentos en que
se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a
derechos y obligaciones.
Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el
caso de mensajes de datos, se requerirá que la información se haya
mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó
por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su
ulterior consulta. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que
deberán observarse para la conservación de mensajes de datos.
Artículo 50.- Los tribunales pueden decretar de oficio, o a instancia
de parte legítima, que se presenten en juicio las cartas que tengan
relación con el asunto del litigio, así como que se compulsen de las
respectivas copias las que se hayan escrito por los litigantes,
fijándose de antemano, con precisión, por la parte que las solicite,
las que hayan de ser copiadas o reproducidas.
TITULO TERCERO
De los Corredores
(Se deroga).
Artículo 51.- (Se deroga).
Artículo 52.- (Se deroga).
Artículo 53.- (Se deroga).
Artículo 54.- (Se deroga).
Artículo 55.- (Se deroga).
Artículo 56.- (Se deroga).
Artículo 57.- (Se deroga).
Artículo 58.- (Se deroga).
Artículo 59.- (Se deroga).
Artículo 60.- (Se deroga).
Artículo 61.- (Se deroga).
Artículo 62.- (Se deroga).
Artículo 63.- (Se deroga).
Artículo 64.- (Se deroga).
Artículo 65.- (Se deroga).
Artículo 66.- (Se deroga).
Artículo 67.- (Se deroga).
Artículo 68.- (Se deroga).
Artículo 69.- (Se deroga).
Artículo 70.- (Se deroga).
Artículo 71.- (Se deroga).
Artículo 72.- (Se deroga).
Artículo 73.- (Se deroga).
Artículo 74.- (Se deroga).
LIBRO SEGUNDO
Del Comercio en General
TITULO PRIMERO
De los Actos de Comercio y de los Contratos Mercantiles en General
CAPITULO I
De los Actos de Comercio
Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio:
I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados
con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos,
muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de
trabajados o labrados;
II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con
dicho propósito de especulación comercial;
III.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de
las sociedades mercantiles;
IV.- Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros títulos
de crédito corrientes en el comercio;
V.- Las empresas de abastecimientos y suministros;
VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados;
VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas;
VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o
por agua; y las empresas de turismo;
IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas;
X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios
comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública
almoneda;
XI.- Las empresas de espectáculos públicos;
XII.- Las operaciones de comisión mercantil;
XIII.- Las operaciones de mediación de negocios mercantiles;
XIV.- Las operaciones de bancos;
XV.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la
navegación interior y exterior;
XVI.- Los contratos de seguros de toda especie;
XVII.- Los depósitos por causa de comercio;
XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales y todas las
operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de
prenda librados por los mismos;
XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a
otra, entre toda clase de personas;
XX.- Los vales ú otros títulos a la orden o al portador, y las
obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se
derivan de una causa extraña al comercio;
XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de
naturaleza esencialmente civil;
XXII.- Los contratos y obligaciones de los empleados de los
comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los
tiene a su servicio;
XXIII.- La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los
productos de su finca o de su cultivo;
XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito;
XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados
en este código.
En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por
arbitrio judicial.
Artículo 76.- No son actos de comercio la compra de artículos o
mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia, hagan los
comerciantes: ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren
consecuencia natural de la práctica de su oficio.
CAPITULO II
De los Contratos Mercantiles en General
Artículo 77.- Las convenciones ilícitas no producen obligación ni
acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio.
Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la
manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez
del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o
requisitos determinados.
Artículo 79.- Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que
precede:
I.- Los contratos que con arreglo a este Código ú otras leyes, deban
reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias
para su eficacia;
II.- Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige
escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque
no las exija la ley mexicana.
En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias
respectivamente requeridas, no producirán obligación ni acción en
juicio.
Artículo 80.- Los convenios y contratos mercantiles que se celebren
por correspondencia, telégrafo, o mediante el uso de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán
perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las
condiciones con que ésta fuere modificada.
Artículo 81.- Con las modificaciones y restricciones de este Código,
serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho
civil acerca de la capacidad de los contrayentes, y de las excepciones
y causas que rescinden o invalidan los contratos.
Artículo 82.- Los contratos en que intervengan corredores quedarán
perfeccionados cuando los contratantes firmaren la correspondiente
minuta, de la manera prescrita en el título respectivo.
Artículo 83.- Las obligaciones que no tuvieren término prefijado por
las partes ó por las disposiciones de este Código, serán exigibles a
los diez días después de contraídas, si sólo produjeren acción
ordinaria, y al día inmediato si llevaren aparejada ejecución.
Artículo 84.- En los contratos mercantiles no se reconocerán términos
de gracia ó cortesía, y en todos los cómputos de días, meses y años,
se entenderán: el día de veinticuatro horas; los meses, según están
designados en el calendario gregoriano; y el año, de trescientos
sesenta y cinco días.
Artículo 85.- Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las
obligaciones mercantiles comenzarán:
I.- En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento
por voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su
vencimiento;
II.- Y en los que lo tengan, desde el día en que el acreedor le
reclamare al deudor, judicial o extrajudicialmente ante escribano o
testigos.
Artículo 86.- Las obligaciones mercantiles habrán de cumplirse en el
lugar determinado en el contrato, o en caso contrario en aquel que,
según la naturaleza del negocio o la intención de las partes, deba
considerarse adecuado al efecto por consentimiento de aquellas o
arbitrio judicial.
Artículo 87.- Si en el contrato no se determinaren con toda precisión
la especie y calidad de las mercancías que han de entregarse, no podrá
exigirse al deudor otra cosa que la entrega de mercancías de especie y
calidad medias.
Artículo 88.- En el contrato mercantil en que se fijare pena de
indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada
podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena prescrita; pero
utilizando una de estas dos acciones, quedará extinguida la otra.
TITULO SEGUNDO
De Comercio Electrónico
CAPITULO I
De los Mensajes de Datos
Artículo 89.- Las disposiciones de este Título regirán en toda la
República Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Las actividades reguladas por este Título se someterán en su
interpretación y aplicación a los principios de neutralidad
tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y
equivalencia funcional del Mensaje de Datos en relación con la
información documentada en medios no electrónicos y de la Firma
Electrónica en relación con la firma autógrafa.
En los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán
emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra
tecnología. Para efecto del presente Código, se deberán tomar en
cuenta las siguientes definiciones:
Certificado: Todo Mensaje de Datos u otro registro que confirme el
vínculo entre un Firmante y los datos de creación de Firma
Electrónica.
Datos de Creación de Firma Electrónica: Son los datos únicos, como
códigos o claves criptográficas privadas, que el Firmante genera de
manera secreta y utiliza para crear su Firma Electrónica, a fin de
lograr el vínculo entre dicha Firma Electrónica y el Firmante.
Destinatario: La persona designada por el Emisor para recibir el
Mensaje de Datos, pero que no esté actuando a título de Intermediario
con respecto a dicho Mensaje.
Emisor: Toda persona que, al tenor del Mensaje de Datos, haya actuado
a nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese
mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya
actuado a título de Intermediario.
Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un
Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por
cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante
en relación con el Mensaje de Datos e indicar que el Firmante aprueba
la información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como
prueba en juicio.
Firma Electrónica Avanzada o Fiable: Aquella Firma Electrónica que
cumpla con los requisitos contemplados en las fracciones I a IV del
artículo 97.
En aquellas disposiciones que se refieran a Firma Digital, se
considerará a ésta como una especie de la Firma Electrónica.
Firmante: La persona que posee los datos de la creación de la firma y
que actúa en nombre propio o de la persona a la que representa.
Intermediario: En relación con un determinado Mensaje de Datos, se
entenderá toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba
o archive dicho Mensaje o preste algún otro servicio con respecto a
él.
Mensaje de Datos: La información generada, enviada, recibida o
archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra
tecnología.
Parte que Confía: La persona que, siendo o no el Destinatario, actúa
sobre la base de un Certificado o de una Firma Electrónica.
Prestador de Servicios de Certificación: La persona o institución
pública que preste servicios relacionados con Firmas Electrónicas y
que expide los Certificados, en su caso.
Secretaría: Se entenderá la Secretaría de Economía.
Sistema de Información: Se entenderá todo sistema utilizado para
generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma
Mensajes de Datos.
Titular del Certificado: Se entenderá a la persona a cuyo favor fue
expedido el Certificado.
Artículo 89 bis.- No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza
obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que
esté contenida en un Mensaje de Datos.
Artículo 90.- Se presumirá que un Mensaje de Datos proviene del Emisor
si ha sido enviado:
I. Por el propio Emisor;
II. Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas
del Emisor o por alguna persona facultada para actuar en nombre del
Emisor respecto a ese Mensaje de Datos, o
III. Por un Sistema de Información programado por el Emisor o en su
nombre para que opere automáticamente.
Artículo 90 bis.- Se presume que un Mensaje de Datos ha sido enviado
por el Emisor y, por lo tanto, el Destinatario o la Parte que Confía,
en su caso, podrá actuar en consecuencia, cuando:
I. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado
previamente con el Emisor, con el fin de establecer que el Mensaje de
Datos provenía efectivamente de éste, o
II. El Mensaje de Datos que reciba el Destinatario o la Parte que
Confía, resulte de los actos de un Intermediario que le haya dado
acceso a algún método utilizado por el Emisor para identificar un
Mensaje de Datos como propio.
Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará:
I. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía,
haya sido informado por el Emisor de que el Mensaje de Datos no
provenía de éste, y haya dispuesto de un plazo razonable para actuar
en consecuencia, o
II. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía,
tenga conocimiento, o debiere tenerlo, de haber actuado con la debida
diligencia o aplicado algún método convenido, que el Mensaje de Datos
no provenía del Emisor.
Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro
método de verificación de la identidad del Emisor, se presumirá que se
actuó con la debida diligencia si el método que usó el Destinatario o
la Parte que Confía cumple con los requisitos establecidos en este
Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas
Electrónicas.
Artículo 91.- Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el
Destinatario, el momento de recepción de un Mensaje de Datos se
determinará como sigue:
I. Si el Destinatario ha designado un Sistema de Información para la
recepción de Mensajes de Datos, ésta tendrá lugar en el momento en que
ingrese en dicho Sistema de Información;
II. De enviarse el Mensaje de Datos a un Sistema de Información del
Destinatario que no sea el Sistema de Información designado, o de no
haber un Sistema de Información designado, en el momento en que el
Destinatario recupere el Mensaje de Datos, o
III. Si el Destinatario no ha designado un Sistema de Información, la
recepción tendrá lugar cuando el Mensaje de Datos ingrese a un Sistema
de Información del Destinatario.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el Sistema de
Información esté ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por
recibido el Mensaje de Datos conforme al artículo 94.
Artículo 91 bis.- Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el
Destinatario, el Mensaje de Datos se tendrá por expedido cuando
ingrese en un Sistema de Información que no esté bajo el control del
Emisor o del Intermediario.
Artículo 92.- En lo referente a acuse de recibo de Mensajes de Datos,
se estará a lo siguiente:
I. Si al enviar o antes de enviar un Mensaje de Datos, el Emisor
solicita o acuerda con el Destinatario que se acuse recibo del Mensaje
de Datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método
determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante:
a) Toda comunicación del Destinatario, automatizada o no, o
b) Todo acto del Destinatario, que baste para indicar al Emisor que se
ha recibido el Mensaje de Datos.
II. Cuando el Emisor haya indicado que los efectos del Mensaje de
Datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se
considerará que el Mensaje de Datos no ha sido enviado en tanto que no
se haya recibido el acuse de recibo en el plazo fijado por el Emisor o
dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio, a
partir del momento del envío del Mensaje de Datos;
III. Cuando el Emisor haya solicitado o acordado con el Destinatario
que se acuse recibo del Mensaje de Datos, independientemente de la
forma o método determinado para efectuarlo, salvo que:
a) El Emisor no haya indicado expresamente que los efectos del Mensaje
de Datos estén condicionados a la recepción del acuse de recibo, y
b) No se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o
acordado o, en su defecto, dentro de un plazo razonable atendiendo a
la naturaleza del negocio.
El Emisor podrá dar aviso al Destinatario de que no ha recibido el
acuse de recibo solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo razonable
para su recepción, contado a partir del momento de este aviso. Cuando
el Emisor reciba acuse de recibo del Destinatario, se presumirá que
éste ha recibido el Mensaje de Datos correspondiente;
IV. Cuando en el acuse de recibo se indique que el Mensaje de Datos
recibido cumple con los requisitos técnicos convenidos o establecidos
en ley, se presumirá que ello es así.
Artículo 93.- Cuando la ley exija la forma escrita para los actos,
convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose
de Mensaje de Datos, siempre que la información en él contenida se
mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin
importar el formato en el que se encuentre o represente.
Cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho
requisito se tendrá por cumplido tratándose de Mensaje de Datos,
siempre que éste sea atribuible a dichas partes.
En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto
jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, éste y
las partes obligadas podrán, a través de Mensajes de Datos, expresar
los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo
caso el fedatario público deberá hacer constar en el propio
instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos
mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una versión
íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho
instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige.
Artículo 93 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de
este Código, cuando la ley requiera que la información sea presentada
y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho
respecto a un Mensaje de Datos:
I. Si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridad
de la información, a partir del momento en que se generó por primera
vez en su forma definitiva, como Mensaje de Datos o en alguna otra
forma, y
II. De requerirse que la información sea presentada, si dicha
información puede ser mostrada a la persona a la que se deba
presentar.
Para efectos de este artículo, se considerará que el contenido de un
Mensaje de Datos es íntegro, si éste ha permanecido completo e
inalterado independientemente de los cambios que hubiere podido sufrir
el medio que lo contiene, resultado del proceso de comunicación,
archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido será
determinado conforme a los fines para los que se generó la información
y de todas las circunstancias relevantes del caso.
Artículo 94.- Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el
Destinatario, el Mensaje de Datos se tendrá por expedido en el lugar
donde el Emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar
donde el Destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente
artículo:
I. Si el Emisor o el Destinatario tienen más de un establecimiento, su
establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la
operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, su
establecimiento principal, y
II. Si el Emisor o el Destinatario no tienen establecimiento, se
tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual.
Artículo 95.- Conforme al artículo 90, siempre que se entienda que el
Mensaje de Datos proviene del Emisor, o que el Destinatario tenga
derecho a actuar con arreglo a este supuesto, dicho Destinatario
tendrá derecho a considerar que el Mensaje de Datos recibido
corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en
consecuencia. El Destinatario no gozará de este derecho si sabía o
hubiera sabido, de haber actuado con la debida diligencia, o de haber
aplicado algún método previamente acordado, que la transmisión había
dado lugar a un error en el Mensaje de Datos recibido.
Se presume que cada Mensaje de Datos recibido es un Mensaje de Datos
diferente, salvo que el Destinatario sepa, o debiera saber, de haber
actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado algún método
previamente acordado, que el nuevo Mensaje de Datos era un duplicado.
CAPITULO II
De las Firmas
Artículo 96.- Las disposiciones del presente Código serán aplicadas de
modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier
método para crear una Firma Electrónica.
Artículo 97.- Cuando la ley requiera o las partes acuerden la
existencia de una Firma en relación con un Mensaje de Datos, se
entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una Firma
Electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se
generó o comunicó ese Mensaje de Datos.
La Firma Electrónica se considerará Avanzada o Fiable si cumple por lo
menos los siguientes requisitos:
I. Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que son
utilizados, corresponden exclusivamente al Firmante;
II. Los Datos de Creación de la Firma estaban, en el momento de la
firma, bajo el control exclusivo del Firmante;
III. Es posible detectar cualquier alteración de la Firma Electrónica
hecha después del momento de la firma, y
IV. Respecto a la integridad de la información de un Mensaje de Datos,
es posible detectar cualquier alteración de ésta hecha después del
momento de la firma.
Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra
manera la fiabilidad de una Firma Electrónica; o presente pruebas de
que una Firma Electrónica no es fiable.
Artículo 98.- Los Prestadores de Servicios de Certificación
determinarán y harán del conocimiento de los usuarios si las Firmas
Electrónicas Avanzadas o Fiables que les ofrecen cumplen o no los
requerimientos dispuestos en las fracciones I a IV del artículo 97.
La determinación que se haga, con arreglo al párrafo anterior, deberá
ser compatible con las normas y criterios internacionales reconocidos.
Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la
aplicación de las normas del derecho internacional privado.
Artículo 99.- El Firmante deberá:
I. Cumplir las obligaciones derivadas del uso de la Firma Electrónica;
II. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para
evitar la utilización no autorizada de los Datos de Creación de la
Firma;
III. Cuando se emplee un Certificado en relación con una Firma
Electrónica, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que
todas las declaraciones que haya hecho en relación con el Certificado,
con su vigencia, o que hayan sido consignadas en el mismo, son
exactas.
El Firmante será responsable de las consecuencias jurídicas que
deriven por no cumplir oportunamente las obligaciones previstas en el
presente artículo, y
IV. Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de
su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para
impedir su utilización, salvo que el Destinatario conociere de la
inseguridad de la Firma Electrónica o no hubiere actuado con la debida
diligencia.
CAPITULO III
De los Prestadores de Servicios de Certificación
Artículo 100.- Podrán ser Prestadores de Servicios de Certificación,
previa acreditación ante la Secretaría:
I. Los notarios públicos y corredores públicos;
II. Las personas morales de carácter privado, y
III. Las instituciones públicas, conforme a las leyes que les son
aplicables.
La facultad de expedir Certificados no conlleva fe pública por sí
misma, así los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo
certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en
papel, archivos electrónicos, o en cualquier otro medio o sustancia en
el que pueda incluirse información.
Artículo 101.- Los Prestadores de Servicios de Certificación a los que
se refiere la fracción II del artículo anterior, contendrán en su
objeto social las actividades siguientes:
I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los
medios de identificación electrónica;
II. Comprobar la integridad y suficiencia del Mensaje de Datos del
solicitante y verificar la Firma Electrónica de quien realiza la
verificación;
III. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los
Firmantes y de aquella información con la que haya verificado el
cumplimiento de fiabilidad de las Firmas Electrónicas Avanzadas y
emitir el Certificado, y
IV. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores.
Artículo 102.- Los Prestadores de Servicios de Certificación que hayan
obtenido la acreditación de la Secretaría deberán notificar a ésta la
iniciación de la prestación de servicios de certificación dentro de
los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad.
A) Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser
Prestadores de Servicios de Certificación, se requiere acreditación de
la Secretaría, la cual no podrá ser negada si el solicitante cumple
los siguientes requisitos, en el entendido de que la Secretaría podrá
requerir a los Prestadores de Servicios de Certificación que
comprueben la subsistencia del cumplimento de los mismos:
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como Prestador de
Servicios de Certificación;
II. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y
tecnológicos requeridos para prestar el servicio, a efecto de
garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad;
III. Contar con procedimientos definidos y específicos para la
tramitación del Certificado, y medidas que garanticen la seriedad de
los Certificados emitidos, la conservación y consulta de los
registros;
IV. Quienes operen o tengan acceso a los sistemas de certificación de
los Prestadores de Servicios de Certificación no podrán haber sido
condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que haya
merecido pena privativa de la libertad, ni que por cualquier motivo
hayan sido inhabilitados para el ejercicio de su profesión, para
desempeñar un puesto en el servicio público, en el sistema financiero
o para ejercer el comercio;
V. Contar con fianza vigente por el monto y condiciones que se
determinen en forma general en las reglas generales que al efecto se
expidan por la Secretaría;
VI. Establecer por escrito su conformidad para ser sujeto a Auditoría
por parte de la Secretaría, y
VII. Registrar su Certificado ante la Secretaría.
B) Si la Secretaría no ha resuelto respecto a la petición del
solicitante, para ser acreditado conforme al artículo 100 anterior,
dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud, se
tendrá por concedida la acreditación.
Artículo 103.- Las responsabilidades de las Entidades Prestadoras de
Servicios de Certificación deberán estipularse en el contrato con los
firmantes.
Artículo 104.- Los Prestadores de Servicios de Certificación deben
cumplir las siguientes obligaciones:
I. Comprobar por sí o por medio de una persona física o moral que
actúe en nombre y por cuenta suyos, la identidad de los solicitantes y
cualesquiera circunstancias pertinentes para la emisión de los
Certificados, utilizando cualquiera de los medios admitidos en
derecho, siempre y cuando sean previamente notificados al solicitante;
II. Poner a disposición del Firmante los dispositivos de generación de
los Datos de Creación y de verificación de la Firma Electrónica;
III. Informar, antes de la emisión de un Certificado, a la persona que
solicite sus servicios, de su precio, de las condiciones precisas para
la utilización del Certificado, de sus limitaciones de uso y, en su
caso, de la forma en que garantiza su posible responsabilidad;
IV. Mantener un registro de Certificados, en el que quedará constancia
de los emitidos y figurarán las circunstancias que afecten a la
suspensión, pérdida o terminación de vigencia de sus efectos. A dicho
registro podrá accederse por medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología y su contenido público estará a disposición
de las personas que lo soliciten, el contenido privado estará a
disposición del Destinatario y de las personas que lo soliciten cuando
así lo autorice el Firmante, así como en los casos a que se refieran
las reglas generales que al efecto establezca la Secretaría;
V. Guardar confidencialidad respecto a la información que haya
recibido para la prestación del servicio de certificación;
VI. En el caso de cesar en su actividad, los Prestadores de Servicios
de Certificación deberán comunicarlo a la Secretaría a fin de
determinar, conforme a lo establecido en las reglas generales
expedidas, el destino que se dará a sus registros y archivos;
VII. Asegurar las medidas para evitar la alteración de los
Certificados y mantener la confidencialidad de los datos en el proceso
de generación de los Datos de Creación de la Firma Electrónica;
VIII. Establecer declaraciones sobre sus normas y prácticas, las
cuales harán del conocimiento del usuario y el Destinatario, y
IX. Proporcionar medios de acceso que permitan a la Parte que Confía
en el Certificado determinar:
a) La identidad del Prestador de Servicios de Certificación;
b) Que el Firmante nombrado en el Certificado tenía bajo su control el
dispositivo y los Datos de Creación de la Firma en el momento en que
se expidió el Certificado;
c) Que los Datos de Creación de la Firma eran válidos en la fecha en
que se expidió el Certificado;
d) El método utilizado para identificar al Firmante;
e) Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales
puedan utilizarse los Datos de Creación de la Firma o el Certificado;
f) Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la
responsabilidad indicada por el Prestador de Servicios de
Certificación;
g) Si existe un medio para que el Firmante dé aviso al Prestador de
Servicios de Certificación de que los Datos de Creación de la Firma
han sido de alguna manera controvertidos, y
h) Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia del
Certificado.
Artículo 105.- La Secretaría coordinará y actuará como autoridad
Certificadora, y registradora, respecto de los Prestadores de
Servicios de Certificación, previstos en este Capítulo.
Artículo 106.- Para la prestación de servicios de certificación, las
instituciones financieras y las empresas que les prestan servicios
auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos
o valores, se sujetarán a las leyes que las regulan, así como a las
disposiciones y autorizaciones que emitan las autoridades financieras.
Artículo 107.- Serán responsabilidad del Destinatario y de la Parte
que Confía, en su caso, las consecuencias jurídicas que entrañe el
hecho de que no hayan tomado medidas razonables para:
I. Verificar la fiabilidad de la Firma Electrónica, o
II. Cuando la Firma Electrónica esté sustentada por un Certificado:
a) Verificar, incluso en forma inmediata, la validez, suspensión o
revocación del Certificado, y
b) Tener en cuenta cualquier limitación de uso contenida en el
Certificado.
Artículo 108.- Los Certificados, para ser considerados válidos,
deberán contener:
I. La indicación de que se expiden como tales;
II. El código de identificación único del Certificado;
III. La identificación del Prestador de Servicios de Certificación que
expide el Certificado, razón social, su domicilio, dirección de correo
electrónico, en su caso, y los datos de acreditación ante la
Secretaría;
IV. Nombre del titular del Certificado;
V. Periodo de vigencia del Certificado;
VI. La fecha y hora de la emisión, suspensión, y renovación del
Certificado;
VII. El alcance de las responsabilidades que asume el Prestador de
Servicios de Certificación, y
VIII. La referencia de la tecnología empleada para la creación de la
Firma Electrónica.
Artículo 109.- Un Certificado dejará de surtir efectos para el futuro,
en los siguientes casos:
I. Expiración del periodo de vigencia del Certificado, el cual no
podrá ser superior a dos años, contados a partir de la fecha en que se
hubieren expedido. Antes de que concluya el periodo de vigencia del
Certificado podrá el Firmante renovarlo ante el Prestador de Servicios
de Certificación;
II. Revocación por el Prestador de Servicios de Certificación, a
solicitud del Firmante, o por la persona física o moral representada
por éste o por un tercero autorizado;
III. Pérdida o inutilización por daños del dispositivo en el que se
contenga dicho Certificado;
IV. Por haberse comprobado que al momento de su expedición, el
Certificado no cumplió con los requisitos establecidos en la ley,
situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe, y
V. Resolución judicial o de autoridad competente que lo ordene.
Artículo 110.- El Prestador de Servicios de Certificación que incumpla
con las obligaciones que se le imponen en el presente Capítulo, previa
garantía de audiencia, y mediante resolución debidamente fundada y
motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y
reincidencia, podrá ser sancionado por la Secretaría con suspensión
temporal o definitiva de sus funciones. Este procedimiento tendrá
lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 111.- Las sanciones que se señalan en este Capítulo se
aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de las
penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los
infractores.
Artículo 112.- Las autoridades competentes harán uso de las medidas
legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para
lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que
procedan conforme a esta Ley. Incluso, en los procedimientos
instaurados se podrá solicitar a los órganos competentes la adopción
de las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar la
eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.
Artículo 113.- En el caso de que un Prestador de Servicios de
Certificación sea suspendido, inhabilitado o cancelado en su
ejercicio, el registro y los Certificados que haya expedido pasarán,
para su administración, a otro Prestador de Servicios de
Certificación, que para tal efecto señale la Secretaría mediante
reglas generales.
CAPITULO IV
Reconocimiento de Certificados y Firmas Electrónicas Extranjeros
Artículo 114.- Para determinar si un Certificado o una Firma
Electrónica extranjeros producen efectos jurídicos, o en qué medida
los producen, no se tomará en consideración cualquiera de los
siguientes supuestos:
I. El lugar en que se haya expedido el Certificado o en que se haya
creado o utilizado la Firma Electrónica, y
II. El lugar en que se encuentre el establecimiento del Prestador de
Servicios de Certificación o del Firmante.
Todo Certificado expedido fuera de la República Mexicana producirá los
mismos efectos jurídicos en la misma que un Certificado expedido en la
República Mexicana si presenta un grado de fiabilidad equivalente a
los contemplados por este Título.
Toda Firma Electrónica creada o utilizada fuera de la República
Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos en la misma que una
Firma Electrónica creada o utilizada en la República Mexicana si
presenta un grado de fiabilidad equivalente.
A efectos de determinar si un Certificado o una Firma Electrónica
presentan un grado de fiabilidad equivalente para los fines de los dos
párrafos anteriores, se tomarán en consideración las normas
internacionales reconocidas por México y cualquier otro medio de
convicción pertinente.
Cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las
partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de
Firmas Electrónicas y Certificados, se reconocerá que ese acuerdo es
suficiente a efectos del reconocimiento transfronterizo, salvo que ese
acuerdo no sea válido o eficaz conforme al derecho aplicable.
Artículo 115.- (Se deroga).
Artículo 116.- (Se deroga).
Artículo 117.- (Se deroga).
Artículo 118.- (Se deroga).
Artículo 119.- (Se deroga).
Artículo 120.- (Se deroga).
Artículo 121.- (Se deroga).
Artículo 122.- (Se deroga).
Artículo 123.- (Se deroga).
Artículo 124.- (Se deroga).
Artículo 125.- (Se deroga).
Artículo 126.- (Se deroga).
Artículo 127.- (Se deroga).
Artículo 128.- (Se deroga).
Artículo 129.- (Se deroga).
Artículo 130.- (Se deroga).
Artículo 131.- (Se deroga).
Artículo 132.- (Se deroga).
Artículo 133.- (Se deroga).
Artículo 134.- (Se deroga).
Artículo 135.- (Se deroga).
Artículo 136.- (Se deroga).
Artículo 137.- (Se deroga).
Artículo 138.- (Se deroga).
Artículo 139.- (Se deroga).
Artículo 140.- (Se deroga).
Artículo 141.- (Se deroga).
Artículo 142.- (Se deroga).
Artículo 143.- (Se deroga).
Artículo 144.- (Se deroga).
Artículo 145.- (Se deroga).
Artículo 146.- (Se deroga).
Artículo 147.- (Se deroga).
Artículo 148.- (Se deroga).
Artículo 149.- (Se deroga).
Artículo 150.- (Se deroga).
Artículo 151.- (Se deroga).
Artículo 152.- (Se deroga).
Artículo 153.- (Se deroga).
CAPITULO IV
De la Sociedad en Comandita Simple
(Se deroga).
Artículo 154.- (Se deroga).
Artículo 155.- (Se deroga).
Artículo 156.- (Se deroga).
Artículo 157.- (Se deroga).
Artículo 158.- (Se deroga).
Artículo 159.- (Se deroga).
Artículo 160.- (Se deroga).
Artículo 161.- (Se deroga).
Artículo 162.- (Se deroga).
CAPITULO V
De la Sociedad Anónima
(Se deroga).
Artículo 163.- (Se deroga).
Artículo 164.- (Se deroga).
Artículo 165.- (Se deroga).
Artículo 166.- (Se deroga).
Artículo 167.- (Se deroga).
Artículo 168.- (Se deroga).
Artículo 169.- (Se deroga).
Artículo 170.- (Se deroga).
Artículo 171.- (Se deroga).
Artículo 172.- (Se deroga).
Artículo 173.- (Se deroga).
Artículo 174.- (Se deroga).
Artículo 175.- (Se deroga).
Artículo 176.- (Se deroga).
Artículo 177.- (Se deroga).
Artículo 178.- (Se deroga).
Artículo 179.- (Se deroga).
Artículo 180.- (Se deroga).
Artículo 181.- (Se deroga).
Artículo 182.- (Se deroga).
Artículo 183.- (Se deroga).
Artículo 184.- (Se deroga).
Artículo 185.- (Se deroga).
Artículo 186.- (Se deroga).
Artículo 187.- (Se deroga).
Artículo 188.- (Se deroga).
Artículo 189.- (Se deroga).
Artículo 190.- (Se deroga).
Artículo 191.- (Se deroga).
Artículo 192.- (Se deroga).
Artículo 193.- (Se deroga).
Artículo 194.- (Se deroga).
Artículo 195.- (Se deroga).
Artículo 196.- (Se deroga).
Artículo 197.- (Se deroga).
Artículo 198.- (Se deroga).
Artículo 199.- (Se deroga).
Artículo 200.- (Se deroga).
Artículo 201.- (Se deroga).
Artículo 202.- (Se deroga).
Artículo 203.- (Se deroga).
Artículo 204.- (Se deroga).
Artículo 205.- (Se deroga).
Artículo 206.- (Se deroga).
Artículo 207.- (Se deroga).
Artículo 208.- (Se deroga).
Artículo 209.- (Se deroga).
Artículo 210.- (Se deroga).
Artículo 211.- (Se deroga).
Artículo 212.- (Se deroga).
Artículo 213.- (Se deroga).
Artículo 214.- (Se deroga).
Artículo 215.- (Se deroga).
Artículo 216.- (Se deroga).
Artículo 217.- (Se deroga).
Artículo 218.- (Se deroga).
Artículo 219.- (Se deroga).
Artículo 220.- (Se deroga).
Artículo 221.- (Se deroga).
Artículo 222.- (Se deroga).
Artículo 223.- (Se deroga).
Artículo 224.- (Se deroga).
Artículo 225.- (Se deroga).
CAPITULO VI
De las Sociedades en Comandita por Acciones
(Se deroga).
Artículo 226.- (Se deroga).
Artículo 227.- (Se deroga).
Artículo 228.- (Se deroga).
Artículo 229.- (Se deroga).
Artículo 230.- (Se deroga).
Artículo 231.- (Se deroga).
Artículo 232.- (Se deroga).
Artículo 233.- (Se deroga).
Artículo 234.- (Se deroga).
Artículo 235.- (Se deroga).
Artículo 236.- (Se deroga).
Artículo 237.- (Se deroga).
CAPITULO VII
De las Sociedades Cooperativas
(Se deroga).
Artículo 238.- (Se deroga).
Artículo 239.- (Se deroga).
Artículo 240.- (Se deroga).
Artículo 241.- (Se deroga).
Artículo 242.- (Se deroga).
Artículo 243.- (Se deroga).
Artículo 244.- (Se deroga).
Artículo 245.- (Se deroga).
Artículo 246.- (Se deroga).
Artículo 247.- (Se deroga).
Artículo 248.- (Se deroga).
Artículo 249.- (Se deroga).
Artículo 250.- (Se deroga).
Artículo 251.- (Se deroga).
Artículo 252.- (Se deroga).
Artículo 253.- (Se deroga).
Artículo 254.- (Se deroga).
Artículo 255.- (Se deroga).
Artículo 256.- (Se deroga).
Artículo 257.- (Se deroga).
Artículo 258.- (Se deroga).
Artículo 259.- (Se deroga).
CAPITULO VIII
De la Fusión de las Sociedades
(Se deroga).
Artículo 260.- (Se deroga).
Artículo 261.- (Se deroga).
Artículo 262.- (Se deroga).
Artículo 263.- (Se deroga).
Artículo 264.- (Se deroga).
CAPITULO IX
De las Sociedades Extranjeras
(Se deroga).
Artículo 265.- (Se deroga).
Artículo 266.- (Se deroga).
Artículo 267.- (Se deroga).
CAPITULO X
De las Asociaciones
(Se deroga).
Artículo 268.- (Se deroga).
Artículo 269.- (Se deroga).
Artículo 270.- (Se deroga).
Artículo 271.- (Se deroga).
CAPITULO XI
Disposiciones Penales
(Se deroga).
Artículo 272.- (Se deroga).
TITULO TERCERO
De la Comisión Mercantil
CAPITULO I
De los Comisionistas
Artículo 273.- El mandato aplicado a actos concretos de comercio, se
reputa comisión mercantil. Es comitente el que confiere comisión
mercantil y comisionista el que la desempeña.
Artículo 274.- El comisionista, para desempeñar su encargo, no
necesitará poder constituido en escritura pública, siéndole suficiente
recibirlo por escrito o de palabra; pero cuando haya sido verbal se ha
de ratificar por escrito antes que el negocio concluya.
Artículo 275.- Es libre el comisionista para aceptar o no el encargo
que se le hace por el comitente; pero en caso de rehusarlo, lo avisará
así inmediatamente, o por el correo más próximo al día en que recibió
la comisión, si el comitente no residiere en el mismo lugar.
Artículo 276.- El comisionista que practique alguna gestión en
desempeño del encargo que le hizo el comitente, queda sujeto a
continuarlo hasta su conclusión, entendiéndose que acepta tácitamente
la comisión.
Artículo 277.- Aunque el comisionista rehúse la comisión que se le
confiera, no estará dispensado de practicar las diligencias que sean
de indispensable necesidad para la conservación de los efectos que el
comitente le haya remitido, hasta que éste provea de nuevo encargado,
sin que por practicar tales diligencias se entienda tácitamente
aceptada la comisión.
Artículo 278.- Cuando sin causa legal dejare el comisionista de avisar
que rehúsa la comisión, o de cumplir la expresa o tácitamente
aceptada, será responsable al comitente de todos los daños que por
ello le sobrevengan.
Artículo 279.- El comisionista puede hacer vender los efectos que se
le han consignado, por medio de dos corredores, o dos comerciantes a
falta de éstos, que previamente certifiquen el monto, calidad y precio
de ellos:
I.- Cuando el valor presunto de los efectos que se le han consignado
no pueda cubrir los gastos que haya de desembolsar por el transporte y
recibo de ellos;
II.- Cuando habiéndole avisado el comisionista al comitente que rehúsa
la comisión, éste, después de recibir dicho aviso, no provea de nuevo
encargado que reciba los efectos que hubiere remitido.
El producto líquido de los efectos así vendidos, será depositado a
disposición del comitente en una institución de crédito, si la
hubiere, o en poder de la persona que en su defecto designe la
autoridad judicial.
Artículo 280.- El comisionista debe desempeñar por sí los encargos que
recibe, y no puede delegarlos sin estar autorizado para ello.
Bajo su responsabilidad podrá emplear, en el desempeño de su comisión,
dependientes en operaciones subalternas, que, según costumbre, se
confíen a éstos.
Artículo 281.- En aquellas comisiones cuyo cumplimiento exige
provisión de fondos, no está obligado el comisionista a ejecutarlas,
mientras el comitente no se la haga en cantidad suficiente, y también
podrá suspenderlas cuando se hayan consumido los que tenía recibidos.
Artículo 282.- Cuando el comisionista se comprometa a anticipar fondos
para el desempeño de la comisión, estará obligado a suplirlos, excepto
en el caso de suspensión de pagos o quiebra del comitente.
Artículo 283.- El comisionista, salvo siempre el contrato entre él y
el comitente, podrá desempeñar la comisión tratando en su propio
nombre o en el de su comitente.
Artículo 284.- Cuando el comisionista contrate en nombre propio,
tendrá acción y obligación directamente con las personas con quienes
contrate, sin tener que declarar cuál sea la persona del comitente,
salvo en el caso de seguros.
Artículo 285.- Cuando el comisionista contratare expresamente en
nombre del comitente, no contraerá obligación propia, rigiéndose en
este caso sus derechos y obligaciones como simple mandatario
mercantil, por las disposiciones del derecho común.
Artículo 286.- El comisionista, en el desempeño de su encargo, se
sujetará a las instrucciones recibidas del comitente, y en ningún caso
podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo.
Artículo 287.- En lo no previsto y prescrito expresamente por el
comitente, deberá el comisionista consultarle, siempre que lo permita
la naturaleza del negocio. Si no fuere posible la consulta o estuviere
el comisionista autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que la
prudencia dicte, cuidando del negocio como propio.
Artículo 288.- Si un accidente imprevisto hiciere a juicio del
comisionista, perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas,
podrá suspender el cumplimiento de la comisión, comunicándolo así al
comitente por el medio más rápido posible.
Artículo 289.- En las operaciones hechas por el comisionista, con
violación o con exceso del encargo recibido, además de la
indemnización a favor del comitente de daños y perjuicios, quedará á
opción de éste ratificarlas o dejarlas a cargo del comisionista.
Artículo 290.- El comisionista estará obligado a dar oportunamente
noticia a su comitente, de todos los hechos o circunstancias que
puedan determinarle a revocar o modificar el encargo. Asimismo debe
dársela sin demora, de la ejecución de dicho encargo.
Artículo 29l.- El comisionista deberá observar lo establecido en las
leyes y reglamentos respecto a la negociación que se le hubiere
confiado, y será responsable de los resultados de su contravención ú
omisión. Si los contraviniere en virtud de órdenes expresas del
comitente, las responsabilidades a que haya lugar pesarán sobre ambos.
Artículo 292.- Serán de cuenta del comisionista el quebranto ó
extravío del numerario que tenga en su poder por razón de la comisión;
y de cargo del comitente, siempre que al devolver los fondos sobrantes
el comisionista observase las instrucciones de aquel respecto a la
devolución.
Artículo 293.- El comisionista que habiendo recibido fondos para
evacuar un encargo, les diere distinta inversión, sin perjuicio de la
acción criminal a que hubiere lugar y de la indemnización de daños y
perjuicios, abonará al comitente el capital y su interés legal desde
el día en que lo recibió.
Artículo 294.- Responderá el comisionista de los efectos y mercaderías
que recibiere en los términos y con las condiciones y calidades con
que se le avisare la remesa, a no ser que al encargarse de ellos
hiciere constar por la certificación de dos corredores, ó dos
comerciantes a falta de éstos, las averías ó deterioros que en dichos
efectos hubiere.
Artículo 295.- El comisionista que tuviere en su poder mercaderías o
efectos por cuenta ajena, responderá de su conservación en el estado
en que los recibió. Cesará esta responsabilidad cuando la destrucción
o menoscabo sean debidos a casos fortuitos, fuerza mayor, transcurso
de tiempo o vicio propio de la cosa.
En los casos de pérdida parcial o total por el transcurso de tiempo o
vicio de la cosa, el comisionista estará obligado a acreditar por
medio de la certificación de dos corredores, o en su defecto de dos
comerciantes, el menoscabo de las mercancías, poniéndolo, tan luego
como lo advierta, en conocimiento del comitente.
Artículo 296.- El comisionista que hubiere de remitir efectos a otro
punto, deberá contratar el transporte, cumpliendo las obligaciones que
se imponen al cargador.
Artículo 297.- El comisionista encargado de expedición de efectos
deberá asegurarlos, si tuviere orden para ello, y la provisión de
fondos necesaria, o se hubiere obligado a anticiparlos.
Artículo 298.- Estará obligado el comisionista a rendir, con relación
á sus libros, después de ejecutada la comisión, una cuenta completa y
justificada de su cumplimiento, y a entregar al comitente el saldo de
lo recibido. En caso de morosidad, abonará intereses.
Artículo 299.- Ningún comisionista comprará ni para sí ni para otro lo
que se le hubiere mandado vender, ni venderá lo que se le haya mandado
comprar, sin consentimiento expreso del comitente.
Artículo 300.- Los comisionistas no podrán alterar las marcas de los
efectos que hubieren comprado o vendido por cuenta ajena, ni tener
efectos de una misma especie pertenecientes a distintos dueños, bajo
una misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que designe la
propiedad respectiva de cada comitente.
Artículo 301.- El comisionista no podrá, sin autorización del
comitente, prestar ni vender al fiado o a plazos, pudiendo en estos
casos el comitente exigirle el pago al contado, dejando a favor del
comisionista cualquier interés o ventaja que resulte de dicho crédito
a plazo.
Artículo 302.- Si el comisionista, con la debida autorización,
vendiere á plazo, deberá avisarlo así al comitente participándole los
nombres de los compradores, y no haciéndolo, se entenderá, respecto al
comitente, que las ventas fueron al contado.
Artículo 303.- El accionista que no verificare oportunamente la
cobranza de los créditos, o no usare de los medios legales para
conseguir el pago, será responsable de los perjuicios que causaren su
omisión o tardanza.
Artículo 304.- Salvo pacto en contrario, todo comisionista tiene
derecho a ser remunerado por su trabajo. En caso de no existir
estipulación previa, el monto de la remuneración se regulará por el
uso de la plaza donde se realice la comisión.
Artículo 305.- El comitente está obligado a satisfacer al contado al
comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus
gastos y desembolsos, con el interés comercial desde el día en que los
hubiere hecho.
Artículo 306.- Los efectos que estén real o virtualmente en poder del
comisionista, se entenderán especial y preferentemente obligados al
pago de los derechos de comisión, anticipaciones y gastos que el
comisionista hubiere hecho por cuenta de ellos, y no podrá ser
desposeído de los mismos sin ser antes pagado.
Artículo 307.- Quedando siempre obligado a las resultas de las
gestiones ya practicadas, el comitente podrá en cualquier tiempo
revocar la comisión conferida al comisionista.
La revocación intimada únicamente al comisionista, no puede ser
opuesta a terceros contratantes que no la conociesen, salvo el derecho
del comitente contra el comisionista.
Artículo 308.- Por muerte o inhabilitación del comisionista se
entenderá rescindido el contrato de comisión; pero por muerte o
inhabilitación del comitente no se rescindirá, aunque pueden revocarlo
sus representantes.
CAPITULO II
De los Factores y Dependientes
Artículo 309.- Se reputarán factores los que tengan la dirección de
alguna empresa o establecimiento fabril o comercial, o estén
autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes
a dichos establecimientos o empresas, por cuenta y en nombre de los
propietarios de los mismos.
Se reputarán dependientes los que desempeñen constantemente alguna o
algunas gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del
propietario de éste. Todo comerciante en el ejercicio de su tráfico,
podrá constituir factores y dependientes.
Artículo 310.- Los factores deberán tener la capacidad necesaria para
obligarse, y poder o autorización por escrito de la persona por cuya
cuenta hagan el tráfico.
Artículo 311.- Los factores negociarán y contratarán a nombre de sus
principales, expresándolo así en los documentos que con tal carácter
suscriban, pudiendo también contratar en nombre propio.
Artículo 312.- Solo autorizados por sus principales y en los términos
en que expresamente lo fueren, podrán los factores traficar o
interesarse en negociaciones del mismo género de las que hicieren en
nombre de sus principales.
Artículo 313.- En todos los contratos celebrados por los factores con
tal carácter, quedarán obligados los principales y sus bienes. Si
contrataren en su propio nombre, quedarán obligados directamente.
Artículo 314.- Cuando el factor contrate en nombre propio, pero por
cuenta del principal, la otra parte contratante podrá dirigir su
acción contra el factor o principal.
Artículo 315.- Siempre que los contratos celebrados por los factores
recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o tráfico de que están
encargados, se entenderán hechos por cuenta del principal, aun cuando
el factor no lo haya expresado así al celebrarlos, haya trasgredido
sus facultades o cometido abuso de confianza.
Artículo 316.- Asimismo obligarán al principal los contratos de su
factor, aun siendo ajenos al giro de que esté encargado, siempre que
haya obrado con orden de su principal, o éste los haya aprobado en
términos expresos o por hechos positivos.
Artículo 317.- Las multas en que puede incurrir el factor por
contravención a las leyes en las gestiones propias de su factoría, se
harán efectivas en bienes de su principal.
Artículo 318.- Si el principal interesare al factor en alguna o
algunas operaciones, con respecto a ellas y con relación al principal,
el factor será reputado asociado.
Ni el factor ni el dependiente tendrán este carácter, ni el de socios,
si solo los interesare el principal en las utilidades del giro,
reputándose sueldo dicho interés.
Artículo 319.- Los poderes conferidos a un factor se estimarán en todo
caso subsistentes mientras no le fueren expresamente revocados, o haya
sido enajenado el establecimiento de que estaba encargado.
Artículo 320.- Los actos y contratos ejecutados por el factor serán
válidos respecto de su principal, mientras no llegue a noticia del
factor la revocación del poder o la enajenación del establecimiento o
empresa de que estaba encargado; y con relación a tercero, mientras no
se haya cumplido, en cuanto a la revocación del poder, la inscripción
y publicación de ella.
Artículo 321.- Los actos de los dependientes obligarán a sus
principales en todas las operaciones que éstos les tuvieren
encomendadas.
Artículo 322.- Los dependientes encargados de vender se reputarán
autorizados para cobrar el importe de las ventas y extender los
correspondientes recibos a nombre de los principales, siempre que las
ventas sean en almacén público y al por menor; o siendo al por mayor,
se hayan verificado al contado y el pago se haya hecho en el almacén.
Artículo 323.- Los dependientes viajantes autorizados con cartas ú
otros documentos para gestionar negocios, o hacer operaciones de
tráfico, obligarán a su principal dentro de las atribuciones
expresadas en los documentos que los autoricen.
Artículo 324.- La recepción de mercancías que el dependiente hiciere
por encargo de su principal, se tendrá como hecha por éste.
Artículo 325.- Sólo con autorización de sus principales, podrán los
factores y dependientes delegar en otros los encargos que recibieron
de aquellos.
Artículo 326.- Los principales indemnizarán a los factores y
dependientes de los gastos que hicieren y pérdidas que sufrieren en el
desempeño de su encargo, salvo lo expresamente pactado a este
respecto.
Artículo 327.- Los factores y dependientes serán responsables a sus
principales de cualquier perjuicio que causen a sus intereses por
malicia, negligencia o infracción de las órdenes o instrucciones que
hubieren recibido.
Artículo 328.- Si el contrato entre los principales y sus dependientes
no tuviere tiempo señalado, cualquiera de las partes podrá darlo por
fenecido, avisando con un mes de anticipación. Si se hubiere celebrado
por tiempo fijo, ninguna de las partes contratantes, sin el
consentimiento de la otra, podrá separarse antes del plazo convenido,
bajo pena de indemnización de daños y perjuicios.
Artículo 329.- Los principales llevarán cuenta comprobada a sus
dependientes de su haber y debe.
Artículo 330.- Los principales podrán despedir a sus dependientes
antes del plazo convenido:
I.- Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les hubieren
confiado;
II.- Por hacer alguna operación de comercio sin autorización de su
principal, por cuenta propia;
III.- Por faltar gravemente al respeto y consideración debidos a su
principal o personas de su familia o dependencia.
Artículo 331.- Los dependientes podrán despedirse de sus principales
antes del plazo fijado:
I.- Por falta de cumplimiento, por parte del principal, de cualquiera
de las condiciones concertadas en beneficio del dependiente;
II.- Por malos tratamientos ú ofensas graves, por parte del principal.
TITULO CUARTO
Del Deposito Mercantil
CAPITULO I
Del Depósito Mercantil en General
Artículo 332.- Se estima mercantil el depósito si las cosas
depositadas son objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de una
operación mercantil.
Artículo 333.- Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho
á exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los
términos del contrato, y en su defecto, a los usos de la plaza en que
se constituyó el depósito.
Artículo 334.- El depósito queda constituido mediante la entrega al
depositario de la cosa que constituye su objeto.
Artículo 335.- El depositario está obligado a conservar la cosa,
objeto del depósito, según la reciba, y a devolverla con los
documentos, si los tuviere, cuando el depositario se la pida.
En la conservación del depósito responderá el depositario de los
menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por
su malicia o negligencia.
Artículo 336.- Cuando los depósitos sean de numerario, con
especificación de las monedas que los constituyan, o cuando se
entreguen cerrados y sellados, los aumentos o bajas que su valor
experimente serán de cuenta del depositante.
Los riesgos de dichos depósitos corren a cargo del depositario, siendo
de su cuenta los daños que sufran, si no prueba que ocurrieron por
fuerza mayor o caso fortuito insuperable.
Cuando los depósitos en numerario se constituyan sin especificación de
moneda, o sin cerrar o sellar, el depositario responderá de su
conservación y riesgos, en los términos establecidos por el artículo
anterior.
Artículo 337.- (Se deroga).
Artículo 338.- Siempre que con asentimiento del depositante dispusiese
el depositario de las cosas que fuesen objeto del depósito, ya para sí
o sus negocios, ya para operaciones que aquel le encomendare, cesarán
los derechos y obligaciones propias del depositante y depositario,
surgiendo los del contrato que se celebrare.
Artículo 339.- (Se deroga).
CAPITULO II
De los Almacenes Generales de Depósito
(Se deroga).
Artículo 340.- (Se deroga).
Artículo 341.- (Se deroga).
Artículo 342.- (Se deroga).
Artículo 343.- (Se deroga).
Artículo 344.- (Se deroga).
Artículo 345.- (Se deroga).
Artículo 346.- (Se deroga).
Artículo 347.- (Se deroga).
Artículo 348.- (Se deroga).
Artículo 349.- (Se deroga).
Artículo 350.- (Se deroga).
Artículo 351.- (Se deroga).
Artículo 352.- (Se deroga).
Artículo 353.- (Se deroga).
Artículo 354.- (Se deroga).
Artículo 355.- (Se deroga).
Artículo 356.- (Se deroga)
Artículo 357.- (Se deroga)
TITULO QUINTO
Del Préstamo Mercantil
CAPITULO I
Del Préstamo Mercantil en General
Artículo 358.- Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el
concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a
actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se presume
mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes.
Artículo 359.- Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor
devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley
monetaria vigente en la República al tiempo de hacerse el pago, sin
que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta la especie de
moneda, siendo extranjera, en que se ha de hacer el pago, la
alteración que experimente en valor será en daño o beneficio del
prestador.
En los préstamos de títulos o valores, pagará el deudor devolviendo
otros tantos de la misma clase é idénticas condiciones, o sus
equivalentes, si aquellos se hubiesen extinguido, salvo pacto en
contrario.
Si los préstamos fueren en especie, deberá el deudor devolver, á no
mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad en la misma especie y
calidad, o su equivalente en metálico si se hubiese extinguido la
especie debida.
Artículo 360.- En los préstamos por tiempo indeterminado, no podrá
exigirse al deudor el pago, sino después de los treinta días
siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo
extrajudicial, ante un notario o dos testigos.
Artículo 361.- Toda prestación pactada a favor del acreedor que conste
precisamente por escrito, se reputará interés.
Artículo 362.- Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán
satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés
pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual.
Si el préstamo consistiere en especies, para computar el rédito se
graduará su valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan
en la plaza en que deba hacerse la devolución, el día siguiente al del
vencimiento, o por el que determinen peritos sí la mercadería
estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación.
Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora
será el que los mismos títulos o valores devenguen, o en su defecto el
6 por 100 anual, determinándose el precio de los valores por el que
tengan en la Bolsa, si fueren cotizables, o en caso contrario por el
que tuvieren en la plaza el día siguiente al del vencimiento.
Artículo 363.- Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán
intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.
Artículo 364.- El recibo del capital por el acreedor, sin reservarse
expresamente el derecho a los intereses pactados o debidos, extinguirá
la obligación del deudor respecto a los mismos.
Las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se
imputarán en primer término al pago de intereses por orden de
vencimientos, y después al del capital.
CAPITULO II
De los Préstamos con Garantía o Título de Valores Públicos
(Se deroga).
Artículo 365.- (Se deroga).
Artículo 366.- (Se deroga).
Artículo 367.- (Se deroga).
Artículo 368.- (Se deroga).
Artículo 369.- (Se deroga).
Artículo 370.- (Se deroga).
TITULO SEXTO
De la Compraventa y Permuta Mercantiles, de la Cesión de Créditos
Comerciales y de la Consignación Mercantil
CAPITULO I
De la Compraventa
Artículo 371.- Serán mercantiles las compraventas a las que este
Código les da tal carácter, y todas las que se hagan con el objeto
directo y preferente de traficar.
Artículo 372.- En las compraventas mercantiles se sujetarán los
contratantes a todas las estipulaciones lícitas con que las hubieren
pactado.
Artículo 373.- Las compraventas que se hicieren sobre muestras o
calidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio, se
tendrán por perfeccionadas por el solo consentimiento de las partes.
En caso de desavenencia entre los contratantes, dos comerciantes,
nombrados uno por cada parte, y un tercero para el caso de discordia
nombrado por éstos, resolverán sobre la conformidad o inconformidad de
las mercancías con las muestras o calidades que sirvieron de base al
contrato.
Artículo 374.- Cuando el objeto de las compraventas sea mercancías que
no hayan sido vistas por el comprador, ni puedan clasificarse por
calidad determinadamente conocida en el comercio, el contrato no se
tendrá por perfeccionado, mientras el comprador no las examine y
acepte.
Artículo 375.- Si se ha pactado la entrega de las mercancías en
cantidad y plazos determinados, el comprador no estará obligado a
recibirlos fuera de ellos; pero si aceptare entregas parciales,
quedará consumada la venta en lo que a éstas se refiere.
Artículo 376.- En las compraventas mercantiles, una vez perfeccionado
el contrato, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del
que no cumpliere, la rescisión o cumplimiento del contrato, y la
indemnización, además, de los daños y perjuicios.
Artículo 377.- Una vez perfeccionado el contrato de compraventa, las
pérdidas, daños o menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías
vendidas, serán por cuenta del comprador, si ya le hubieren sido
entregadas real, jurídica o virtualmente; o si no le hubieren sido
entregadas de ninguna de estas maneras, serán por cuenta del vendedor.
En los casos de negligencia, culpa o dolo, además de la acción
criminal que competa contra sus autores, serán éstos responsables de
las pérdidas, daños o menoscabos que por su causa sufrieren las
mercancías.
Artículo 378.- Desde el momento en que el comprador acepte que las
mercancías vendidas quedan a su disposición, se tendrá por
virtualmente recibido de ellas, y el vendedor quedará con los derechos
y obligaciones de un simple depositario.
Artículo 379.- Si no hubiere fijado plazo para su entrega, el vendedor
deberá tener a disposición del comprador las mercancías vendidas,
dentro de las veinticuatro horas siguientes al contrato.
Artículo 380.- El comprador deberá pagar el precio de las mercancías
que se le hayan vendido en los términos y plazos convenidos. A falta
de convenio lo deberá pagar de contado. La demora en el pago del
precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal
sobre la cantidad que adeude.
Artículo 381.- Salvo pacto en contrario, las cantidades que con el
carácter de arras se entreguen en las ventas mercantiles, se reputarán
dadas a cuenta de precio.
Artículo 382.- Los gastos de entrega en las ventas mercantiles, serán:
I.- A cargo del vendedor, todos los que se ocasionen hasta poner las
mercancías pesadas o medidas a disposición del comprador;
II.- Los de su recibo y extracción fuera del lugar de la entrega,
serán por cuenta del comprador.
Artículo 383.- El comprador que dentro de los cinco días de recibir
las mercancías no reclamare al vendedor, por escrito, las faltas de
calidad o cantidad en ellas; o que dentro de treinta días contados
desde que las recibió, no le reclamase por causa de vicios internos de
las mismas, perderá toda acción y derecho a repetir por tales causas
contra el vendedor.
Artículo 384.- El vendedor, salvo pacto en contrario, quedará obligado
en las ventas mercantiles a la evicción y saneamiento.
Artículo 385.- Las ventas mercantiles no se rescindirán por causa de
lesión; pero al perjudicado, además de la acción criminal que le
competa, le asistirá la de daños y perjuicios contra el contratante
que hubiese procedido con fraude o malicia en el contrato o en su
cumplimiento.
Artículo 386.- Mientras que las mercancías vendidas estén en poder del
vendedor, aunque sea en calidad de depósito, éste tendrá preferencia
sobre ellas con respecto a cualquier acreedor, para ser pagado de lo
que se le adeude por cuenta del precio de las mismas.
Artículo 387.- Los depósitos y ventas públicas a que hubiere lugar en
la ejecución de las compraventas mercantiles, se harán por la
autoridad judicial.
CAPITULO II
De las Permutas Mercantiles
Artículo 388.- Las disposiciones relativas al contrato de compraventa,
son aplicables al de permuta mercantil, salva la naturaleza de éste.
CAPITULO III
De las Cesiones de Créditos no Endosables
Artículo 389.- Los créditos mercantiles que no sean al portador ni
endosables, se transferirán por medio de cesión.
Artículo 390.- La cesión producirá sus efectos legales con respecto al
deudor, desde que le sea notificada ante dos testigos.
Artículo 391.- Salvo pacto en contrario, el cedente de un crédito
mercantil responderá tan solo de la legitimidad del crédito y de la
personalidad con que hizo la cesión.
CAPITULO IV
De la Consignación Mercantil
Artículo 392.- La consignación mercantil es el contrato por virtud del
cual, una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y
no la propiedad de uno o varios bienes muebles, a otra persona
denominada consignatario, para que le pague un precio por ello en caso
de venderlos en el término establecido, o se los restituya en caso de
no hacerlo.
Artículo 393.- El contrato consignatorio se regirá por lo siguiente:
I. El consignatario tendrá la obligación de pagar el precio pactado
con el consignante o de devolver el bien, salvo lo dispuesto por el
tercer párrafo, de la fracción VI, de este artículo.
II. El consignante trasmitirá la posesión de los bienes al
consignatario, y en su momento, la propiedad de los mismos al
adquirente; en caso contrario, estará obligado a responder por los
daños y perjuicios causados, así como por el saneamiento en caso de
evicción de los bienes dados en consignación o por los vicios ocultos
respectivos.
III. Las partes contratantes podrán pactar una retribución para el
consignatario que consistirá en una suma determinada de dinero, en un
porcentaje sobre el precio de venta o en algún otro beneficio,
pudiéndose facultar al consignatario para que retenga el porcentaje
establecido en el contrato.
Si el bien objeto del contrato no fue vendido dentro del plazo
pactado, el consignante no estará obligado a retribuir al
consignatario, salvo pacto en contrario.
Cuando se pacte una retribución para el consignatario sin que el bien
o bienes consignados hayan sido vendidos y sin que dicha retribución
haya sido cubierta, se entenderá que lo consignado responde por el
importe pactado; en este caso el consignatario podrá constituir en
prenda dichos bienes hasta en tanto le sea cubierta la retribución,
estándose además a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción
VII de este artículo.
En caso de que el bien consignado sea vendido y habiéndose pactado una
retribución para el consignatario ésta no se haya determinado, se
estará a aquella que generalmente se fije en este tipo de contratos en
la plaza respectiva, tomando en cuenta las características del bien
consignado, su valor de mercado y los gastos erogados por el
consignatario para su conservación.
IV. Una vez verificada la venta del bien dado en consignación, el
consignatorio tendrá dos días hábiles para entregar la ganancia
pactada al consignante, salvo pacto en contrario.
En caso de que el consignatorio retenga el bien o el producto obtenido
de la venta de manera injustificada, salvo pacto en contrario, además
de estar obligado a restituir el bien o pagar el producto obtenido de
la venta, éste deberá pagar al consignante un tres por ciento del
valor de mercado del bien consignado por cada mes o fracción que dure
la retención respectiva, en cuyo caso los riesgos derivados de la
pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza mayor se entenderán
trasmitidos al consignatario.
A fin de poder exigir la restitución del bien consignado o el pago del
producto obtenido de la venta del mismo, en caso de que las partes
hayan celebrado el contrato respectivo por escrito, el mismo traerá
aparejada ejecución en términos de los establecido en la fracción
VIII, del artículo 1391 de este Código.
V. En caso de que los bienes consignados no hayan sido vendidos, el
consignante no podrá disponer de ellos en tanto no se verifique el
término establecido en el contrato para la venta de los mismos.
VI. El consignatario deberá realizar todos los actos tendientes a la
conservación tanto de los bienes consignados como de los derechos
relacionados con los mismos.
Para los anteriores efectos, el consignante deberá proveer de los
fondos necesarios para ello con cuando menos dos días de anticipación
a la realización del acto de conservación respectivo. En caso de que
el consignatario hubiese efectuado alguna erogación para los efectos
de este párrafo, el consignatorio tendrá derecho a que el importe de
la misma le sea reembolsado por el consignante, aplicándose en lo
conducente lo dispuesto en el tercer párrafo, de la fracción III de
este artículo.
Los riesgos del bien se transmiten al consignatorio cuando éste le sea
entregado de manera real por el consignante, con la excepción de la
pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza mayor tratándose de
bienes individualmente designados los cuales correrán a cargo del
consignante.
VII. El consignatario podrá disponer válidamente del bien sólo con el
fin previsto en el contrato. Los efectos consignados no podrán ser
embargados por los acreedores del consignatorio.
El consignatorio debe poner de inmediato a disposición del consignante
los bienes dados en consignación cuando ocurra alguno de los supuestos
previstos en el artículo 394, a efecto de que éste los recoja dentro
de los dos días hábiles siguientes a la notificación respectiva. Si el
consignante no recoge la mercancía dentro del término señalado con
anterioridad, salvo pacto en contrario, estará obligado a cubrir al
consignatario el equivalente al dos por ciento mensual del valor de
mercado del bien de que se trate por concepto de almacenaje por cada
mes o fracción que tarde en recoger el mismo, en cuyo caso, los
riesgos derivados de la pérdida o deterioro por caso fortuito o fuerza
mayor se entenderán transmitidos al consignante.
Artículo 394.- Son causas de terminación del contrato consignatorio:
I. La ejecución total de las obligaciones derivadas del contrato;
II. El vencimiento del plazo pactado;
III. La Muerte de alguno de los contratantes;
IV. El mutuo consentimiento; y,
V. Incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes.
TITULO SEPTIMO
De los Contratos de Seguros
(Se deroga).
CAPITULO I
Del Contrato de Seguros en General
(Se deroga).
Artículo 395.- (Se deroga).
Artículo 396.- (Se deroga).
Artículo 397.- (Se deroga).
CAPITULO II
Del Seguro contra Incendios
(Se deroga).
Artículo 398.- (Se deroga).
Artículo 399.- (Se deroga).
Artículo 400.- (Se deroga).
Artículo 401.- (Se deroga).
Artículo 402.- (Se deroga).
Artículo 403.- (Se deroga).
Artículo 404.- (Se deroga).
Artículo 405.- (Se deroga).
Artículo 406.- (Se deroga).
Artículo 407.- (Se deroga).
Artículo 408.- (Se deroga).
Artículo 409.- (Se deroga).
Artículo 410.- (Se deroga).
Artículo 411.- (Se deroga).
Artículo 412.- (Se deroga).
Artículo 413.- (Se deroga).
Artículo 414.- (Se deroga).
Artículo 415.- (Se deroga).
Artículo 416.- (Se deroga).
Artículo 417.- (Se deroga).
Artículo 418.- (Se deroga).
Artículo 419.- (Se deroga).
Artículo 420.- (Se deroga).
Artículo 421.- (Se deroga).
Artículo 422.- (Se deroga).
Artículo 423.- (Se deroga).
Artículo 424.- (Se deroga).
Artículo 425.- (Se deroga).
CAPITULO III
Del Seguro sobre la Vida
(Se deroga).
Artículo 426.- (Se deroga).
Artículo 427.- (Se deroga).
Artículo 428.- (Se deroga).
Artículo 429.- (Se deroga).
Artículo 430.- (Se deroga).
Artículo 431.- (Se deroga).
Artículo 432.- (Se deroga).
Artículo 433.- (Se deroga).
Artículo 434.- (Se deroga).
Artículo 435.- (Se deroga).
Artículo 436.- (Se deroga).
Artículo 437.- (Se deroga).
Artículo 438.- (Se deroga).
Artículo 439.- (Se deroga).
Artículo 440.- (Se deroga).
Artículo 441.- (Se deroga).
CAPITULO IV
Del Seguro de Transporte Terrestre
(Se deroga).
Artículo 442.- (Se deroga).
Artículo 443.- (Se deroga).
Artículo 444.- (Se deroga).
Artículo 445.- (Se deroga).
Artículo 446.- (Se deroga).
Artículo 447.- (Se deroga).
CAPITULO V
De las Demás Clases de Seguros
(Se deroga).
Artículo 448.- (Se deroga).
TITULO OCTAVO
Del Contrato y Letras de Cambio
CAPITULO I
De la Forma, Plazos y Vencimientos de las Letras de Cambio
(Se deroga).
Artículo 449.- (Se deroga).
Artículo 450.- (Se deroga).
Artículo 451.- (Se deroga).
Artículo 452.- (Se deroga).
Artículo 453.- (Se deroga).
Artículo 454.- (Se deroga).
Artículo 455.- (Se deroga).
Artículo 456.- (Se deroga).
Artículo 457.- (Se deroga).
Artículo 458.- (Se deroga).
Artículo 459.- (Se deroga).
Artículo 460.- (Se deroga).
Artículo 461.- (Se deroga).
Artículo 462.- (Se deroga).
Artículo 463.- (Se deroga).
Artículo 464.- (Se deroga).
Artículo 465.- (Se deroga).
Artículo 466.- (Se deroga).
Artículo 467.- (Se deroga).
Artículo 468.- (Se deroga).
CAPITULO II
De la Provisión
(Se deroga).
Artículo 469.- (Se deroga).
Artículo 470.- (Se deroga).
Artículo 471.- (Se deroga).
Artículo 472.- (Se deroga).
Artículo 473.- (Se deroga).
Artículo 474.- (Se deroga).
Artículo 475.- (Se deroga).
Artículo 476.- (Se deroga).
CAPITULO III
Del Endoso en las Letras de Cambio
(Se deroga).
Artículo 477.- (Se deroga).
Artículo 478.- (Se deroga).
Artículo 479.- (Se deroga).
Artículo 480.- (Se deroga).
Artículo 481.- (Se deroga).
Artículo 482.- (Se deroga).
Artículo 483.- (Se deroga).
CAPITULO IV
De la Presentación de las Letras de Cambio y de su Aceptación
(Se deroga).
Artículo 484.- (Se deroga).
Artículo 485.- (Se deroga).
Artículo 486.- (Se deroga).
Artículo 487.- (Se deroga).
Artículo 488.- (Se deroga).
Artículo 489.- (Se deroga).
Artículo 490.- (Se deroga).
Artículo 491.- (Se deroga).
Artículo 492.- (Se deroga).
Artículo 493.- (Se deroga).
Artículo 494.- (Se deroga).
Artículo 495.- (Se deroga).
CAPITULO V
Del Aval
(Se deroga).
Artículo 496.- (Se deroga).
Artículo 497.- (Se deroga).
Artículo 498.- (Se deroga).
CAPITULO VI
Del Pago
(Se deroga).
Artículo 499.- (Se deroga).
Artículo 500.- (Se deroga).
Artículo 501.- (Se deroga).
Artículo 502.- (Se deroga).
Artículo 503.- (Se deroga).
Artículo 504.- (Se deroga).
Artículo 505.- (Se deroga).
Artículo 506.- (Se deroga).
Artículo 507.- (Se deroga).
Artículo 508.- (Se deroga).
Artículo 509.- (Se deroga).
CAPITULO VII
De los Protestos
(Se deroga).
Artículo 510.- (Se deroga).
Artículo 511.- (Se deroga).
Artículo 512.- (Se deroga).
Artículo 513.- (Se deroga).
Artículo 514.- (Se deroga).
Artículo 515.- (Se deroga).
Artículo 516.- (Se deroga).
Artículo 517.- (Se deroga).
Artículo 518.- (Se deroga).
Artículo 519.- (Se deroga).
CAPITULO VIII
De la Intervención en la Aceptación y Pago
(Se deroga).
Artículo 520.- (Se deroga).
Artículo 521.- (Se deroga).
Artículo 522.- (Se deroga).
Artículo 523.- (Se deroga).
Artículo 524.- (Se deroga).
Artículo 525.- (Se deroga).
Artículo 526.- (Se deroga).
CAPITULO IX
De las Acciones que Competen al Portador de una Letra de Cambio
Artículo 527.- (Se deroga).
Artículo 528.- (Se deroga).
Artículo 529.- (Se deroga).
Artículo 530.- (Se deroga).
Artículo 531.- (Se deroga).
Artículo 532.- (Se deroga).
Artículo 533.- (Se deroga).
Artículo 534.- (Se deroga).
Artículo 535.- (Se deroga).
Artículo 536.- (Se deroga).
CAPITULO X
Del Recambio y Resaca
(Se deroga).
Artículo 537.- (Se deroga).
Artículo 538.- (Se deroga).
Artículo 539.- (Se deroga).
Artículo 540.- (Se deroga).
Artículo 541.- (Se deroga).
Artículo 542.- (Se deroga).
Artículo 543.- (Se deroga).
Artículo 544.- (Se deroga).
TITULO NOVENO
De las Libranzas, Vales, Pagares, Cheques y Carta de Crédito
CAPITULO I
De las Libranzas, Vales y Pagarés
(Se deroga).
Artículo 545.- (Se deroga).
Artículo 546.- (Se deroga).
Artículo 547.- (Se deroga).
Artículo 548.- (Se deroga).
Artículo 549.- (Se deroga).
Artículo 550.- (Se deroga).
Artículo 551.- (Se deroga).
CAPITULO II
De los Cheques
(Se deroga).
Artículo 552.- (Se deroga).
Artículo 553.- (Se deroga).
Artículo 554.- (Se deroga).
Artículo 555.- (Se deroga).
Artículo 556.- (Se deroga).
Artículo 557.- (Se deroga).
Artículo 558.- (Se deroga).
Artículo 559.- (Se deroga).
Artículo 560.- (Se deroga).
Artículo 561.- (Se deroga).
Artículo 562.- (Se deroga).
Artículo 563.- (Se deroga).
CAPITULO III
De las Cartas de Crédito
(Se deroga).
Artículo 564.- (Se deroga).
Artículo 565.- (Se deroga).
Artículo 566.- (Se deroga).
Artículo 567.- (Se deroga).
Artículo 568.- (Se deroga).
Artículo 569.- (Se deroga).
Artículo 570.- (Se deroga).
Artículo 571.- (Se deroga).
Artículo 572.- (Se deroga).
Artículo 573.- (Se deroga).
Artículo 574.- (Se deroga).
Artículo 575.- (Se deroga).
TITULO DECIMO
De los Transportes por Vías Terrestres o Fluviales
CAPITULO I
Del Contrato Mercantil de Transporte Terrestre
Artículo 576.- El contrato de transportes por vías terrestres o
fluviales de todo género se reputará mercantil:
I.- Cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos del
comercio;
II.- Cuando siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador
o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público.
Artículo 577.- El porteador, salvo pacto en contrario, puede estipular
con otro la conducción de las mercancías. En ese caso conservará tal
carácter respecto de la persona con quien haya contratado primero, y
tomará el de cargador con relación a la segunda.
El último porteador tendrá la obligación de entregar la carga al
consignatario.
Artículo 578.- El contrato de transporte es rescindible a voluntad del
cargador, antes o después de comenzarse el viaje, pagando en el primer
caso al porteador la mitad, y en el segundo la totalidad del porte, y
siendo obligación suya recibir los efectos en el punto y en el día en
que la rescisión se verifique. Si no cumpliere con esa obligación, o
no cubriere el porte al contado, el contrato no quedará rescindido.
Artículo 579.- El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes
de emprenderse el viaje, o durante su curso; si sobreviniere algún
suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo, como
declaración de guerra, prohibición de comercio, intercepción de
caminos ú otros acontecimientos análogos.
Artículo 580.- En los casos previstos en el artículo anterior, cada
uno de los interesados perderá los gastos que hubiese hecho, si el
viaje no se ha verificado; y si está en curso, el porteador tendrá
derecho a que se le pague del porte la parte proporcional respectiva
al camino recorrido y la obligación de presentar las mercancías para
su depósito a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea
posible continuarlo, comprobando y recabando la constancia relativa de
hallarse en el estado consignado en la carta de porte, de cuyo hecho
dará conocimiento oportuno al cargador, a cuya disposición deben
quedar.
Artículo 581.- El portador de mercaderías o efectos deberá extender al
cargador una carta de porte, de la que éste podrá pedir una copia. En
dicha carta de porte se expresarán:
I.- El nombre, apellido y domicilio del cargador;
II.- El nombre, apellido y domicilio del porteador;
III.- El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o á cuya
orden vayan dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador
de la misma carta;
IV.- La designación de los efectos, con expresión de su calidad
genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos
en que se contengan;
V.- El precio del transporte;
VI.- La fecha en que se hace la expedición;
VII.- El lugar de la entrega al porteador;
VIII.- El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al
consignatario;
IX.- La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de
retardo, si sobre este punto mediare algún pacto.
Artículo 582.- La carta de porte puede ser a favor del consignatario,
a la orden de este o al portador, debiendo extenderse en libros
talonarios. Los interesados podrán pedir copias de ellas, las que se
expedirán expresando en las mismas su calidad de tales. El portador
legítimo de la carta de porte se subrogará por este solo hecho en las
obligaciones y derechos del cargador.
Artículo 583.- Los títulos legales del contrato entre el cargador y el
porteador serán las cartas de porte, por cuyo contenido se decidirán
las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, sin
admitir más excepciones que la falsedad y error material de su
redacción.
Cumpliendo el contrato se devolverá al porteador la carta de porte que
hubiere expedido, y en virtud del canje de este título por el objeto
porteado se tendrán por canceladas las respectivas obligaciones y
acciones, salvo cuando en el mismo acto se hicieren constar por
escrito en el mismo título las reclamaciones que las partes quisieran
reservarse; excepción hecha de lo que se determina en la frac. III del
art. 595.
En caso de que por extravío u otra causa no pueda el consignatario
devolver en el acto de recibir los géneros, la carta de porte que él
hubiere recibido suscrita por el porteador, deberá darle un recibo de
los objetos entregados, produciendo este recibo los mismos efectos que
la devolución de la carta de porte. Si ésta fuere a la orden o al
portador, el recibo se extenderá con los requisitos que establece el
título respectivo.
Artículo 584.- Cuando se extraviaren las cartas de porte, las
cuestiones que surjan se decidirán por las pruebas que rindan los
interesados, incumbiendo siempre al cargador la relativa a la entrega
de la carga.
Artículo 585.- La omisión de alguna de las circunstancias requeridas
en el art. 581 no invalidará la carta de porte, ni destruirá su fuerza
probatoria, pudiendo rendir sobre las que faltan las pruebas
relativas.
Artículo 586.- Las cartas de porte o billetes en los casos de
transporte de viajeros por ferrocarriles ú otras empresas sujetas a
tarifas, podrán ser diferentes, unos para las personas y otros para
los equipajes; pero todos contendrán la indicación del porteador, la
fecha de la expedición, los puntos de salida y llegada, el precio, y
en lo tocante a equipajes, el número y peso de los bultos, con las
demás indicaciones que se crean necesarias para su fácil
identificación.
Artículo 587.- En los transportes que se verifiquen por ferrocarriles
ú otras empresas sujetas a tarifas o plazos reglamentarios, bastará
que las cartas de porte o declaraciones de expedición facilitadas por
el cargador se refieran en cuanto al precio, plazos y condiciones
especiales del transporte, a las tarifas y reglamentos cuya aplicación
solicite; y si no determinare tarifas, deberá el porteador aplicar el
precio de las que resulten más baratas, con las condiciones que a
ellas sean inherentes, consignando siempre su expresión o referencia
en la carta de porte que entregue al cargador.
Artículo 588.- El cargador está obligado:
I.- A entregar las mercancías en las condiciones, lugar y tiempo
convenidos;
II.- A dar los documentos necesarios, así fiscales como municipales
para el libre tránsito y pasaje de la carga;
III.- A sufrir los comisos, multas y demás penas que se le impongan
por infracción de las leyes fiscales, y a indemnizar al porteador de
los perjuicios que se le causen por la violación de las mismas.
IV.- A sufrir las pérdidas y averías de las mercancías que procedan de
vicio propio de ellas o de casos fortuitos, salvo lo dispuesto en los
incisos IX y X del art. 590;
V.- A indemnizar al porteador de todos los daños y perjuicios que por
falta de cumplimiento del contrato hubiere sufrido, y de todas las
erogaciones necesarias que para cumplimiento del mismo y fuera de sus
estipulaciones, hubiese hecho en favor del cargador;
VI.- A remitir con oportunidad la carta de porte al consignatario, de
manera que pueda hacer uso de ella al tiempo de llegar la carga a su
final destino.
Artículo 589.- El cargador tiene derecho:
I.- A variar la consignación de las mercancías mientras estuvieren en
camino, si diere con oportunidad la orden respectiva al porteador y le
entregare la carta de porte expedida a favor del primer consignatario;
II.- A variar, dentro de la ruta convenida, el lugar de la entrega de
la carga, dando oportunamente al porteador la orden respectiva,
pagando la totalidad del flete estipulado y canjeando la carta de
porte primitiva por otra, debiendo indicar al porteador el nuevo
consignatario, si lo hubiere.
Artículo 590.- El porteador está obligado:
I.- A recibir las mercancías en el tiempo y lugar convenidos;
II.- A emprender y concluir el viaje dentro del plazo estipulado,
precisamente por el camino que señale el contrato;
III.- A verificar el viaje, desde luego, si no hay término ajustado; y
en el más próximo a la fecha del contrato, si acostumbrare hacerlos
periódicamente;
IV.- A cuidar y conservar las mercancías bajo su exclusiva
responsabilidad, desde que las reciba hasta que las entregue a
satisfacción del consignatario;
V.- A entregar las mercancías al tenedor de la carta de porte o de la
orden respectiva en defecto de ella;
VI.- A pagar, en caso de retardo que le sea imputable, la
indemnización convenida, o si no se ha estipulado, el perjuicio que
haya causado al cargador, deduciéndose en uno y otro caso el monto
respectivo del precio del transporte;
VII.- A entregar las mercancías por peso, cuenta y medida, si así
están consideradas en la carta de porte, a no ser que estén en
barricas, cajones o fardos, pues entonces cumplirá con entregar éstos
sin lesión exterior;
VIII.- A probar que las pérdidas o averías de las mercancías, o el
retardo en el viaje, no han tenido por causa su culpa o negligencia,
si es que alega no tener responsabilidad en esos acontecimientos;
IX.- A pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo, con arreglo
al precio que a juicio de peritos tuvieren las mercancías en el día y
lugar en que debía hacerse la entrega, debiendo en este caso los
peritos atender a las indicaciones de la carta de porte;
X.- Y, en general, a cubrir al cargador o consignatario los daños y
perjuicios que resientan, ya por su culpa, ya porque no se dé
cumplimiento al contrato relativo.
Artículo 591.- El porteador tiene derecho:
I.- A recibir la mitad del porte convenido, si por negligencia o culpa
del cargador no se verificare el viaje;
II.- A percibir la totalidad del porte convenido, si por negligencia o
culpa del cargador no se verificare el viaje, siempre que a virtud del
convenio de transporte hubiere destinado algún vehículo con el
exclusivo objeto de verificar el transporte de las mercancías,
descontándose lo que el porteador hubiese aprovechado por conducción
de otras mercancías en el mismo vehículo;
III.- A rescindir el contrato, si comenzado el viaje impidiere su
continuación un acontecimiento de fuerza mayor;
IV.- A continuar el viaje, removido el obstáculo a que alude el inciso
anterior, si no hiciere uso de la facultad que él consigna, siguiendo
la ruta designada en el contrato; o si no fuere posible, la que sea
más conveniente; y si ésta resultare más dispendiosa y más larga,
podrá exigir el aumento de los costos y el del porte en proporción al
exceso, pero sin cobrar nada por los gastos y tiempo de la detención;
V.- A exigir del cargador la apertura y reconocimiento de los bultos
que contengan las mercancías en el acto de su recepción; y si éste,
previo requerimiento, rehusare ú omitiere tal diligencia, el porteador
quedará libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo;
VI.- A que el consignatario le reciba de la carga averiada las
mercancías que estén ilesas, siempre que separadas de las averiadas no
sufrieren disminución en su valor;
VII.- A retener las mercancías transportadas, mientras no se le pague
el porte;
VIII.- A promover el depósito de las mercancías ante la autoridad
judicial del lugar en que haya de hacerse la entrega, si en él no
encontrare al consignatario, o a quien lo represente, o si hallándolo
rehusare recibirlas, previo siempre el reconocimiento de su estado por
peritos.
Artículo 592.- La responsabilidad del porteador por pérdidas,
desfalcos o averías, se extingue:
I.- Por el recibo de las mercancías sin reclamación;
II.- Por el transcurso de seis meses en las expediciones verificadas
dentro de la República, y el de un año en la que tengan lugar para el
extranjero.
Artículo 593.- El tiempo de la prescripción comenzará a correr, en los
casos de pérdida, desde el día siguiente al fijado para término de
viaje, y en los de avería, después de las veinticuatro horas de la
entrega de las mercancías.
Artículo 594.- Las responsabilidades a que se refiere el artículo
anterior, son las civiles y no las penales, las que seguirán para su
prescripción las reglas establecidas en el Código Penal.
Artículo 595.- El consignatario está obligado:
I.- A recibir las mercancías sin demora, siempre que lo permita su
estado y que tengan las condiciones expresadas en la carta de porte;
II.- Abrir y reconocer los bultos que contengan las mercancías en el
acto de su recepción, cuando lo solicite el porteador. Si el
consignatario rehusare cumplir esta obligación, el porteador quedará
libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo;
III.- A devolver la carta de porte, o a otorgar en su defecto el
recibo a que se refiere el art. 583;
IV.- A pagar al porteador, así el porte como los demás gastos, sin
perjuicio de las reclamaciones que hiciere;
V.- A ejercer, dentro de veinticuatro horas, desde la recepción de las
mercancías los derechos que competan contra el porteador, cualesquiera
que sean, exigiéndole las responsabilidades que haya contraído,
debiendo reportar, en caso de negligencia, los perjuicios que éste
cause;
VI.- A cumplir con las órdenes del cargador, dándole cuenta, sin
pérdida de tiempo, de cuanto ocurra relativo a las mercancías
porteadas.
Artículo 596.- El consignatario tiene derecho:
I.- A que mientras sea tenedor de la carta de porte expedida a su
favor, se le entreguen las mercancías, cualesquiera que sean las
órdenes que en contrario diere el cargador con posterioridad;
II.- A no recibir las mercancías en los casos expresados en este
título, y además cuando su valor no alcance a cubrir los gastos y
desembolsos que deba hacer para su recepción, conservación y venta a
no ser que tenga fondos suficientes del cargador;
III.- A que los anticipos que haya hecho con motivo de la entrega de
la carga, se le reintegren desde luego sin esperar a que se cubran con
su precio;
IV.- A todo lo demás que está prevenido en las prescripciones de este
título.
Artículo 597.- En las empresas de transporte se observarán las
condiciones que registren los reglamentos y anuncios que circulen al
público, en lo que no se oponga a las reglas establecidas en este
capítulo.
Artículo 598.- Las mismas empresas no podrán rehusar recibir pasajeros
o efectos en la administración principal y en las oficinas que con tal
objeto tengan en el tránsito.
Artículo 599.- Si un jefe de estación, un conductor de vehículo
terrestre o un patrón de embarcación, recibe carga o pasajeros fuera
de la administración principal o de las estaciones del tránsito,
obliga por ese hecho a la empresa de transportes, salva la
responsabilidad que ésta pueda exigir a su empleado.
Artículo 600.- Los Empresarios de transportes están obligados:
I.- A publicar en el periódico oficial del Estado, o del Distrito
Federal, y circular sus reglamentos, fijándolos en los parajes
públicos, en la parte más visible de sus oficinas y en cada uno de los
vehículos destinados a la conducción, poniendo los artículos relativos
al reverso de los conocimientos de carga;
II.- A dar a los pasajeros billetes de asiento, y a los cargadores la
carta de porte á que se refiere el art. 58l;
III.- A emprender y concluir el viaje en los días y horas señalados en
los anuncios aunque no estén tomados todos los asientos y falten
efectos para completar la cantidad de carga que sea posible conducir,
llevando ésta el día fijado en el contrato;
IV.- A entregar la carga en los puntos convenidos, tan luego como
llegue a su destino, al que presente el conocimiento respectivo,
siempre que cumpla con las obligaciones que contenga, y á depositarla
en sus almacenes mientras que no haya quien se presente a recibirla;
así como a devolver a los pasajeros, en los momentos de terminar el
viaje, los sacos de noche ó maletas que al tiempo de partir den a los
conductores, si éstos tuvieren el deber de su vigilancia.
Artículo 601.- El cargador está obligado a declarar el contenido de
los bultos que comprenda la carga, si lo exigiere así el administrador
de la empresa o los jefes de las oficinas del tránsito al tiempo de
recibirla para su conducción; sin que en ningún otro caso pueda
compelérsele a esa revelación, de lo que siempre estarán libres los
pasajeros respecto de los sacos de noche y maletas que los billetes de
asiento les permitan llevar.
Artículo 602.- En caso de pérdida imputable a la empresa, el pasajero
o cargador acreditará la entrega y valor de los efectos entregados a
la administración de ella, a sus agentes acreditados o a sus factores.
Artículo 603.- Si los efectos depositados en los almacenes de la
empresa durasen en ellos el término que fijen sus reglamentos, y
dentro de él nadie se presentare a reclamarlos, los pondrán a
disposición de la autoridad judicial del lugar para que venda desde
luego lo bastante a cubrir las responsabilidades que sobre ellos
pesaren con motivo de su conducción, y con el resto se cumplan las
obligaciones impuestas para esos casos por derecho.
Artículo 604.- Si después del plazo a que alude el artículo anterior,
el cargador o su representante se presentaren a exigir la devolución
de las mercancías, quedará libre la empresa de toda responsabilidad y
de toda ulterior contestación, poniendo de manifiesto el certificado
mandado expedir por la autoridad judicial a cuya disposición se hayan
puesto.
TITULO DECIMO PRIMERO
De la Prenda Mercantil
(Se deroga).
Artículo 605.- (Se deroga).
Artículo 606.- (Se deroga).
Artículo 607.- (Se deroga).
Artículo 608.- (Se deroga).
Artículo 609.- (Se deroga).
Artículo 610.- (Se deroga).
Artículo 611.- (Se deroga).
Artículo 612.- (Se deroga).
Artículo 613.- (Se deroga).
Artículo 614.- (Se deroga).
Artículo 615.- (Se deroga).
TITULO DECIMO SEGUNDO
De los Efectos al Portador y de la Falsedad, Robo, Hurto o Extravío de
los Mismos
CAPITULO I
De los Efectos al Portador
(Se deroga).
Artículo 616.- (Se deroga).
Artículo 617.- (Se deroga).
Artículo 618.- (Se deroga).
CAPITULO II
Del robo, hurto o extravío de los documentos de crédito y efectos al
portador
(Se deroga).
Artículo 619.- (Se deroga).
Artículo 620.- (Se deroga).
Artículo 621.- (Se deroga).
Artículo 622.- (Se deroga).
Artículo 623.- (Se deroga).
Artículo 624.- (Se deroga).
Artículo 625.- (Se deroga).
Artículo 626.- (Se deroga).
Artículo 627.- (Se deroga).
Artículo 628.- (Se deroga).
Artículo 629.- (Se deroga).
Artículo 630.- (Se deroga).
Artículo 631.- (Se deroga).
Artículo 632.- (Se deroga).
Artículo 633.- (Se deroga).
Artículo 634.- (Se deroga).
TITULO DECIMO TERCERO
De la Moneda
Artículo 635.- La base de la moneda mercantil es el peso mexicano, y
sobre esta base se harán todas las operaciones de comercio y los
cambios sobre el extranjero.
Artículo 636.- Esta misma base servirá para los contratos hechos en el
Extranjero y que deban cumplirse en la República Mexicana, así como
los giros que se hagan de otros países.
Artículo 637.- Las monedas extranjeras efectivas o convencionales, no
tendrán en la República más valor que el de plaza.
Artículo 638.- Nadie puede ser obligado a recibir moneda extranjera.
Artículo 639.- El papel, billetes de banco y títulos de deuda
extranjeros, no pueden ser objeto de actos mercantiles en la
República, sino considerándolos como simples mercancías; pero podrán
ser objeto de contratos puramente civiles.
TITULO DECIMO CUARTO
De las Instituciones de Crédito
Artículo 640.- Las instituciones de crédito se regirán por una ley
especial, y mientras ésta se expide, ninguna de dichas instituciones
podrá establecerse en la República sin previa autorización de la
Secretaría de Hacienda y sin el contrato respectivo aprobado, en cada
caso, por el Congreso de la Unión.
LIBRO TERCERO
Del Comercio Marítimo
TITULO PRIMERO
De las Embarcaciones
(Se deroga).
Artículo 641.- (Se deroga).
Artículo 642.- (Se deroga).
Artículo 643.- (Se deroga).
Artículo 644.- (Se deroga).
Artículo 645.- (Se deroga).
Artículo 646.- (Se deroga).
Artículo 647.- (Se deroga).
Artículo 648.- (Se deroga).
Artículo 649.- (Se deroga).
Artículo 650.- (Se deroga).
Artículo 651.- (Se deroga).
Artículo 652.- (Se deroga).
Artículo 653.- (Se deroga).
Artículo 654.- (Se deroga).
Artículo 655.- (Se deroga).
Artículo 656.- (Se deroga).
Artículo 657.- (Se deroga).
Artículo 658.- (Se deroga).
Artículo 659.- (Se deroga).
Artículo 660.- (Se deroga).
Artículo 661.- (Se deroga).
Artículo 662.- (Se deroga).
Artículo 663.- (Se deroga).
Artículo 664.- (Se deroga).
Artículo 665.- (Se deroga).
TITULO SEGUNDO
De las Personas que Intervienen en el Comercio Marítimo
CAPITULO I
De los Navieros
(Se deroga).
Artículo 666.- (Se deroga).
Artículo 667.- (Se deroga).
Artículo 668.- (Se deroga).
Artículo 669.- (Se deroga).
Artículo 670.- (Se deroga).
Artículo 671.- (Se deroga).
Artículo 672.- (Se deroga).
Artículo 673.- (Se deroga).
Artículo 674.- (Se deroga).
Artículo 675.- (Se deroga).
Artículo 676.- (Se deroga).
Artículo 677.- (Se deroga).
Artículo 678.- (Se deroga).
Artículo 679.- (Se deroga).
Artículo 680.- (Se deroga).
Artículo 681.- (Se deroga).
Artículo 682.- (Se deroga).
CAPITULO II
De los Capitanes
(Se deroga).
Artículo 683.- (Se deroga).
Artículo 684.- (Se deroga).
Artículo 685.- (Se deroga).
Artículo 686.- (Se deroga).
Artículo 687.- (Se deroga).
Artículo 688.- (Se deroga).
Artículo 689.- (Se deroga).
Artículo 690.- (Se deroga).
Artículo 691.- (Se deroga).
Artículo 692.- (Se deroga).
Artículo 693.- (Se deroga).
Artículo 694.- (Se deroga).
Artículo 695.- (Se deroga).
Artículo 696.- (Se deroga).
Artículo 697.- (Se deroga).
Artículo 698.- (Se deroga).
Artículo 699.- (Se deroga).
CAPITULO III
De los Oficiales y Tripulación del Buque
(Se deroga).
Artículo 700.- (Se deroga).
Artículo 701.- (Se deroga).
Artículo 702.- (Se deroga).
Artículo 703.- (Se deroga).
Artículo 704.- (Se deroga).
Artículo 705.- (Se deroga).
Artículo 706.- (Se deroga).
Artículo 707.- (Se deroga).
Artículo 708.- (Se deroga).
Artículo 709.- (Se deroga).
Artículo 710.- (Se deroga).
Artículo 711.- (Se deroga).
Artículo 712.- (Se deroga).
Artículo 713.- (Se deroga).
Artículo 714.- (Se deroga).
Artículo 715.- (Se deroga).
Artículo 716.- (Se deroga).
Artículo 717.- (Se deroga).
Artículo 718.- (Se deroga).
Artículo 719.- (Se deroga).
Artículo 720.- (Se deroga).
Artículo 721.- (Se deroga).
Artículo 722.- (Se deroga).
Artículo 723.- (Se deroga).
CAPITULO IV
De los Sobrecargos
(Se deroga).
Artículo 724.- (Se deroga).
Artículo 725.- (Se deroga).
Artículo 726.- (Se deroga).
TITULO TERCERO
De los Contratos Especiales del Comercio Marítimo
CAPITULO I
Del Contrato de Fletamento
De las Formas y Efectos del Contrato de Fletamento
(Se deroga).
Artículo 727.- (Se deroga).
Artículo 728.- (Se deroga).
Artículo 729.- (Se deroga).
Artículo 730.- (Se deroga).
Artículo 731.- (Se deroga).
Artículo 732.- (Se deroga).
Artículo 733.- (Se deroga).
Artículo 734.- (Se deroga).
Artículo 735.- (Se deroga).
Artículo 736.- (Se deroga).
Artículo 737.- (Se deroga).
Artículo 738.- (Se deroga).
Artículo 739.- (Se deroga).
Artículo 740.- (Se deroga).
Artículo 741.- (Se deroga).
Artículo 742.- (Se deroga).
Artículo 743.- (Se deroga).
CAPITULO II
De los Derechos y Obligaciones del Fletante
(Se deroga).
Artículo 744.- (Se deroga).
Artículo 745.- (Se deroga).
Artículo 746.- (Se deroga).
Artículo 747.- (Se deroga).
Artículo 748.- (Se deroga).
Artículo 749.- (Se deroga).
Artículo 750.- (Se deroga).
Artículo 751.- (Se deroga).
Artículo 752.- (Se deroga).
Artículo 753.- (Se deroga).
CAPITULO III
De las Obligaciones del Fletador
(Se deroga).
Artículo 754.- (Se deroga).
Artículo 755.- (Se deroga).
Artículo 756.- (Se deroga).
Artículo 757.- (Se deroga).
Artículo 758.- (Se deroga).
Artículo 759.- (Se deroga).
Artículo 760.- (Se deroga).
Artículo 761.- (Se deroga).
Artículo 762.- (Se deroga).
CAPITULO IV
De la Rescisión Total o Parcial del Contrato de Fletamento
Artículo 763.- (Se deroga).
Artículo 764.- (Se deroga).
Artículo 765.- (Se deroga).
Artículo 766.- (Se deroga).
Artículo 767.- (Se deroga).
CAPITULO V
De los Pasajeros en los Viajes por Mar
Artículo 768.- (Se deroga).
Artículo 769.- (Se deroga).
Artículo 770.- (Se deroga).
Artículo 771.- (Se deroga).
Artículo 772.- (Se deroga).
Artículo 773.- (Se deroga).
Artículo 774.- (Se deroga).
Artículo 775.- (Se deroga).
Artículo 776.- (Se deroga).
Artículo 777.- (Se deroga).
Artículo 778.- (Se deroga).
Artículo 779.- (Se deroga).
Artículo 780.- (Se deroga).
CAPITULO VI
Del Conocimiento
(Se deroga).
Artículo 781.- (Se deroga).
Artículo 782.- (Se deroga).
Artículo 783.- (Se deroga).
Artículo 784.- (Se deroga).
Artículo 785.- (Se deroga).
Artículo 786.- (Se deroga).
Artículo 787.- (Se deroga).
Artículo 788.- (Se deroga).
Artículo 789.- (Se deroga).
Artículo 790.- (Se deroga).
Artículo 791.- (Se deroga).
Artículo 792.- (Se deroga).
Artículo 793.- (Se deroga).
CAPITULO VII
Del Contrato a la Gruesa o Préstamo a Riesgo Marítimo
(Se deroga).
Artículo 794.- (Se deroga).
Artículo 795.- (Se deroga).
Artículo 796.- (Se deroga).
Artículo 797.- (Se deroga).
Artículo 798.- (Se deroga).
Artículo 799.- (Se deroga).
Artículo 800.- (Se deroga).
Artículo 801.- (Se deroga).
Artículo 802.- (Se deroga).
Artículo 803.- (Se deroga).
Artículo 804.- (Se deroga).
Artículo 805.- (Se deroga).
Artículo 806.- (Se deroga).
Artículo 807.- (Se deroga).
Artículo 808.- (Se deroga).
Artículo 809.- (Se deroga).
Artículo 810.- (Se deroga).
Artículo 811.- (Se deroga).
CAPITULO VIII
De los Seguros Marítimos.- De la forma de este Contrato
(Se deroga).
Artículo 812.- (Se deroga).
Artículo 813.- (Se deroga).
Artículo 814.- (Se deroga).
Artículo 815.- (Se deroga).
Artículo 816.- (Se deroga).
Artículo 817.- (Se deroga).
CAPITULO IX
De las Cosas que pueden ser Aseguradas y su Evaluación
(Se deroga).
Artículo 818.- (Se deroga).
Artículo 819.- (Se deroga).
Artículo 820.- (Se deroga).
Artículo 821.- (Se deroga).
Artículo 822.- (Se deroga).
Artículo 823.- (Se deroga).
Artículo 824.- (Se deroga).
Artículo 825.- (Se deroga).
Artículo 826.- (Se deroga).
Artículo 827.- (Se deroga).
Artículo 828.- (Se deroga).
Artículo 829.- (Se deroga).
CAPITULO X
Obligaciones entre el Asegurador y Asegurado
(Se deroga).
Artículo 830.- (Se deroga).
Artículo 831.- (Se deroga).
Artículo 832.- (Se deroga).
Artículo 833.- (Se deroga).
Artículo 834.- (Se deroga).
Artículo 835.- (Se deroga).
Artículo 836.- (Se deroga).
Artículo 837.- (Se deroga).
Artículo 838.- (Se deroga).
Artículo 839.- (Se deroga).
Artículo 840.- (Se deroga).
Artículo 841.- (Se deroga).
Artículo 842.- (Se deroga).
Artículo 843.- (Se deroga).
Artículo 844.- (Se deroga).
Artículo 845.- (Se deroga).
Artículo 846.- (Se deroga).
Artículo 847.- (Se deroga).
Artículo 848.- (Se deroga).
Artículo 849.- (Se deroga).
Artículo 850.- (Se deroga).
Artículo 851.- (Se deroga).
Artículo 852.- (Se deroga).
Artículo 853.- (Se deroga).
Artículo 854.- (Se deroga).
Artículo 855.- (Se deroga).
CAPITULO XI
De los Casos en que se Anula, Rescinde o Modifica el Contrato de
Seguro
(Se deroga).
Artículo 856.- (Se deroga).
Artículo 857.- (Se deroga).
Artículo 858.- (Se deroga).
Artículo 859.- (Se deroga).
Artículo 860.- (Se deroga).
Artículo 861.- (Se deroga).
Artículo 862.- (Se deroga).
Artículo 863.- (Se deroga).
CAPITULO XII
Del Abandono de las Cosas Aseguradas
(Se deroga).
Artículo 864.- (Se deroga).
Artículo 865.- (Se deroga).
Artículo 866.- (Se deroga).
Artículo 867.- (Se deroga).
Artículo 868.- (Se deroga).
Artículo 869.- (Se deroga).
Artículo 870.- (Se deroga).
Artículo 871.- (Se deroga).
Artículo 872.- (Se deroga).
Artículo 873.- (Se deroga).
Artículo 874.- (Se deroga).
Artículo 875.- (Se deroga).
Artículo 876.- (Se deroga).
Artículo 877.- (Se deroga).
Artículo 878.- (Se deroga).
Artículo 879.- (Se deroga).
Artículo 880.- (Se deroga).
TITULO CUARTO
De los Riesgos, Daños y Accidentes del Comercio Marítimo
(Se deroga).
CAPITULO I
De las Averías
(Se deroga).
Artículo 881.- (Se deroga).
Artículo 882.- (Se deroga).
Artículo 883.- (Se deroga).
Artículo 884.- (Se deroga).
Artículo 885.- (Se deroga).
Artículo 886.- (Se deroga).
Artículo 887.- (Se deroga).
Artículo 888.- (Se deroga).
Artículo 889.- (Se deroga).
Artículo 890.- (Se deroga).
Artículo 891.- (Se deroga).
Artículo 892.- (Se deroga).
Artículo 893.- (Se deroga).
CAPITULO II
De las Arribadas Forzosas
(Se deroga).
Artículo 894.- (Se deroga).
Artículo 895.- (Se deroga).
Artículo 896.- (Se deroga).
Artículo 897.- (Se deroga).
Artículo 898.- (Se deroga).
Artículo 899.- (Se deroga).
Artículo 900.- (Se deroga).
CAPITULO III
De los Abordajes
(Se deroga).
Artículo 901.- (Se deroga).
Artículo 902.- (Se deroga).
Artículo 903.- (Se deroga).
Artículo 904.- (Se deroga).
Artículo 905.- (Se deroga).
Artículo 906.- (Se deroga).
Artículo 907.- (Se deroga).
Artículo 908.- (Se deroga).
Artículo 909.- (Se deroga).
Artículo 910.- (Se deroga).
Artículo 911.- (Se deroga).
Artículo 912.- (Se deroga).
Artículo 913.- (Se deroga).
Artículo 914.- (Se deroga).
CAPITULO IV
De los Naufragios
(Se deroga).
Artículo 915.- (Se deroga).
Artículo 916.- (Se deroga).
Artículo 917.- (Se deroga).
Artículo 918.- (Se deroga).
Artículo 919.- (Se deroga).
Artículo 920.- (Se deroga).
TITULO QUINTO
De la Justificación y Liquidación de las Averías
CAPITULO I
Disposiciones Comunes a Toda Clase de Averías
(Se deroga).
Artículo 921.- (Se deroga).
Artículo 922.- (Se deroga).
Artículo 923.- (Se deroga).
Artículo 924.- (Se deroga).
Artículo 925.- (Se deroga).
CAPITULO II
De la Liquidación de las Averías Gruesas
(Se deroga).
Artículo 926.- (Se deroga).
Artículo 927.- (Se deroga).
Artículo 928.- (Se deroga).
Artículo 929.- (Se deroga).
Artículo 930.- (Se deroga).
Artículo 931.- (Se deroga).
Artículo 932.- (Se deroga).
Artículo 933.- (Se deroga).
Artículo 934.- (Se deroga).
Artículo 935.- (Se deroga).
Artículo 936.- (Se deroga).
Artículo 937.- (Se deroga).
Artículo 938.- (Se deroga).
Artículo 939.- (Se deroga).
Artículo 940.- (Se deroga).
Artículo 941.- (Se deroga).
Artículo 942.- (Se deroga).
Artículo 943.- (Se deroga).
CAPITULO III
De la Liquidación de las Averías Simples
(Se deroga).
Artículo 944
(Se deroga).
LIBRO CUARTO
TITULO PRIMERO
De las Quiebras
CAPITULO I
Disposiciones Generales
(Se deroga).
Artículo 945.- (Se deroga).
Artículo 946.- (Se deroga).
Artículo 947.- (Se deroga).
Artículo 948.- (Se deroga).
Artículo 949.- (Se deroga).
Artículo 950.- (Se deroga).
Artículo 951.- (Se deroga).
CAPITULO II
De la Clasificación de las Quiebras
(Se deroga).
Artículo 952.- (Se deroga).
Artículo 953.- (Se deroga).
Artículo 954.- (Se deroga).
Artículo 955.- (Se deroga).
Artículo 956.- (Se deroga).
Artículo 957.- (Se deroga).
Artículo 958.- (Se deroga).
Artículo 959.- (Se deroga).
Artículo 960.- (Se deroga).
Artículo 961.- (Se deroga).
CAPITULO III
De los Efectos del Estado de Quiebra
(Se deroga).
Artículo 962.- (Se deroga).
Artículo 963.- (Se deroga).
Artículo 964.- (Se deroga).
Artículo 965.- (Se deroga).
Artículo 966.- (Se deroga).
Artículo 967.- (Se deroga).
Artículo 968.- (Se deroga).
Artículo 969.- (Se deroga).
Artículo 970.- (Se deroga).
Artículo 971.- (Se deroga).
Artículo 972.- (Se deroga).
Artículo 973.- (Se deroga).
Artículo 974.- (Se deroga).
Artículo 975.- (Se deroga).
Artículo 976.- (Se deroga).
Artículo 977.- (Se deroga).
Artículo 978.- (Se deroga).
Artículo 979.- (Se deroga).
Artículo 980.- (Se deroga).
Artículo 981.- (Se deroga).
Artículo 982.- (Se deroga).
Artículo 983.- (Se deroga).
CAPITULO IV
De la Época de la Quiebra
(Se deroga).
Artículo 984.- (Se deroga).
Artículo 985.- (Se deroga).
Artículo 986.- (Se deroga).
Artículo 987.- (Se deroga).
CAPITULO V
Del Convenio de los Quebrados con sus Acreedores
(Se deroga).
Artículo 988.- (Se deroga).
Artículo 989.- (Se deroga).
Artículo 990.- (Se deroga).
Artículo 991.- (Se deroga).
Artículo 992.- (Se deroga).
Artículo 993.- (Se deroga).
Artículo 994.- (Se deroga).
Artículo 995.- (Se deroga).
Artículo 996.- (Se deroga).
Artículo 997.- (Se deroga).
CAPITULO VI
De la Graduación
(Se deroga).
Artículo 998.- (Se deroga).
Artículo 999.- (Se deroga).
Artículo 1000.- (Se deroga).
Artículo 1001.- (Se deroga).
Artículo 1002.- (Se deroga).
Artículo 1003.- (Se deroga).
Artículo 1004.- (Se deroga).
Artículo 1005.- (Se deroga).
Artículo 1006.- (Se deroga).
Artículo 1007.- (Se deroga).
Artículo 1008.- (Se deroga).
CAPITULO VII
De la Rehabilitación
(Se deroga).
Artículo 1009.- (Se deroga).
Artículo 1010.- (Se deroga).
Artículo 1011.- (Se deroga).
Artículo 1012.- (Se deroga).
Artículo 1013.- (Se deroga).
Artículo 1014.- (Se deroga).
Artículo 1015.- (Se deroga).
CAPITULO VIII
Disposiciones Generales Relativas a las Quiebras en las Sociedades
Mercantiles
(Se deroga).
Artículo 1016.- (Se deroga).
Artículo 1017.- (Se deroga).
Artículo 1018.- (Se deroga).
Artículo 1019.- (Se deroga).
Artículo 1020.- (Se deroga).
Artículo 1021.- (Se deroga).
Artículo 1022.- (Se deroga).
Artículo 1023.- (Se deroga).
Artículo 1024.- (Se deroga).
Artículo 1025.- (Se deroga).
CAPITULO IX
De las Quiebras de las Compañías y Empresas de Ferrocarriles y demás
Obras Públicas
(Se deroga).
Artículo 1026.- (Se deroga).
Artículo 1027.- (Se deroga).
Artículo 1028.- (Se deroga).
Artículo 1029.- (Se deroga).
Artículo 1030.- (Se deroga).
Artículo 1031.- (Se deroga).
Artículo 1032.- (Se deroga).
Artículo 1033.- (Se deroga).
Artículo 1034.- (Se deroga).
Artículo 1035.- (Se deroga).
Artículo 1036.- (Se deroga).
Artículo 1037.- (Se deroga).
TITULO SEGUNDO
De las Prescripciones
Artículo 1038.- Las acciones que se deriven de actos comerciales se
prescribirán con arreglo a las disposiciones de este Código.
Artículo 1039.- Los términos fijados para el ejercicio de acciones
procedentes de actos mercantiles, serán fatales, sin que contra ellos
se dé restitución.
Artículo 1040.- En la prescripción mercantil negativa, los plazos
comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser
legalmente ejercitada en juicio.
Artículo 1041.- La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro
cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el
reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento
en que se funde el derecho del acreedor.
Se considerará la prescripción como no interrumpida por la
interpelación judicial, si el actor desistiese de ella o fuese
desestimada su demanda.
Artículo 1042.- Empezará a contarse el nuevo término de la
prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el
día que se haga; en el de renovación desde la fecha del nuevo título;
y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la
obligación, desde que éste hubiere vencido.
Artículo 1043.- En un año se prescribirán:
I.- La acción de los mercaderes por menor por las ventas que hayan
hecho de esa manera al fiado, contándose el tiempo de cada partida
aisladamente desde el día en que se efectuó la venta, salvo el caso de
cuenta corriente que se lleve entre los interesados;
II.- La acción de los dependientes de comercio por sus sueldos,
contándose el tiempo desde el día de su separación;
III.- (Se deroga).
IV.- Las acciones que tengan por objeto exigir la responsabilidad de
los agentes de Bolsa o corredores de comercio por las obligaciones en
que intervengan en razón de su oficio;
V.- (Se deroga).
VI.- Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones o
suministros de efectos o de dinero para construir, reparar, pertrechar
o avituallar los buques o mantener la tripulación;
VII.- (Se deroga).
VIII.- (Se deroga).
Artículo 1044.- (Se deroga).
Artículo 1045.- Se prescribirán en cinco años:
I.- Las acciones derivadas del contrato de Sociedad y de operaciones
sociales por lo que se refiere a derechos y obligaciones de la
Sociedad para con los socios, de los socios para con la Sociedad y de
socios entre sí por razón de la Sociedad;
II.- Las acciones que puedan competir contra los liquidatarios de las
mismas sociedades por razón de su encargo.
Artículo 1046.- La acción para reivindicar la propiedad de un navío
prescribe en diez años, aun cuando el que lo posea carezca de título o
de buena fe.
El capitán de un navío no puede adquirir éste a virtud de la
prescripción.
Artículo 1047.- En todos los casos en que el presente Código no
establezca para la prescripción un plazo más corto, la prescripción
ordinaria en materia comercial se completará por el transcurso de diez
años.
Artículo 1048.- La prescripción en materia mercantil correrá contra
los menores é incapacitados, quedando a salvo los derechos de éstos
para repetir contra sus tutores o curadores.
LIBRO QUINTO
De los Juicios Mercantiles
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPITULO I
Del Procedimiento Especial Mercantil
Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto
ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos
4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales.
Artículo 1050.- Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para
una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza
comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que
del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.
Artículo 1051.- El procedimiento mercantil preferente a todos es el
que libremente convengan las partes con las limitaciones que se
señalan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante
Tribunales o un procedimiento arbitral.
A tal efecto, el tribunal correspondiente hará del conocimiento de las
partes la posibilidad de convenir sobre el procedimiento a seguir para
solución de controversias, conforme a lo establecido en el párrafo
anterior del presente artículo.
La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté ajustado a ley,
pueden ser reclamadas en forma incidental y sin suspensión del
procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo o
sentencia.
El procedimiento convencional ante tribunales se regirá por lo
dispuesto en los artículos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral
por las disposiciones del título cuarto de este libro.
Artículo 1052.- Los tribunales se sujetarán al procedimiento
convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se
hubiere formalizado en escritura pública, póliza ante corredor o ante
el juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se
respeten las formalidades esenciales del procedimiento.
Artículo 1053.- Para su validez, la escritura pública, póliza o
convenio judicial a que se refiere el artículo anterior, deberá
contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda, la
contestación, las pruebas y los alegatos, así como:
I.- El negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento
convenido;
II.- La sustanciación que debe observarse, pudiendo las partes
convenir en excluir algún medio de prueba, siempre que no afecten las
formalidades esenciales del procedimiento;
III.- Los términos que deberán seguirse durante el juicio, cuando se
modifiquen los que la ley establece;
IV.- Los recursos legales a que renuncien, siempre que no se afecten
las formalidades esenciales del procedimiento;
V.- El juez que debe conocer del litigio para el cual se conviene el
procedimiento en los casos en que conforme a este Código pueda
prorrogarse la competencia;
VI.- El convenio también deberá expresar los nombres de los
otorgantes, su capacidad para obligarse, el carácter con que
contraten, sus domicilios y cualquiera otros datos que definan la
especialidad del procedimiento.
En las demás materias, a falta de acuerdo especial u omisión de las
partes en la regulación procesal convenida, se observarán las
disposiciones de este libro.
Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el
procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores
artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un
procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios
mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su
defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de
Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la
institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos
local respectiva.
Artículo 1055.- Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales,
ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier
ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción
de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a
lo siguiente:
I. Todos los ocursos de las partes y actuaciones judiciales deberán
escribirse en idioma español; fácilmente legibles a simple vista, y
deberán estar firmados por los que intervengan en ellos. Cuando alguna
de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella
digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando
éstas circunstancias;
II. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse
con la correspondiente traducción al español;
III. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se
escribirán con letra, y no se emplearán abreviaturas ni se rasparán
las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada
que permita la lectura, salvándose al fin con toda precisión el error
cometido;
IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de
nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o
certificar el acto;
V. Los secretarios cuidarán de que las promociones originales o en
copias sean claramente legibles y de que los expedientes sean
exactamente foliados, al agregarse cada una de las hojas; rubricarán
todas éstas en el centro de los escritos sellándolo en el fondo del
cuaderno, de manera que se abarquen las dos páginas;
VI. Las copias simples de los documentos que se presenten confrontadas
y autorizadas por el Secretario, correrán en los autos, quedando los
originales en el seguro del tribunal, donde podrá verlos la parte
contraria, si lo pidiere;
VII. El secretario dará cuenta al titular del tribunal junto con los
oficios, correspondencia, razones actuariales, promociones o cualquier
escrito con proyecto de acuerdo recaído a dichos actos, a más tardar
dentro del día siguiente al de su presentación, bajo pena de
responsabilidad, conforme a las leyes aplicables. El acuerdo que se
prepare será reservado, y
VIII. Los tribunales podrán ordenar que se subsane toda omisión que
notaren en la substanciación, para el efecto de regularizar el
procedimiento correspondiente.
Artículo 1055 Bis.- Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor
podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario,
especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a esta
Ley, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable,
conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando
los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.
CAPITULO II
De la Capacidad y Personalidad
Artículo 1056.- Todo el que, conforme a la ley esté en el pleno
ejercicio de sus derechos puede comparecer en juicio. Aquellos que no
se hallen en el caso anterior, comparecerán a juicio por medio de sus
representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad
conforme a derecho. Los ausentes e ignorados serán representados como
se previene en el Código Civil Federal.
Artículo 1057.- El juez examinará de oficio la personalidad de las
partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando
tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el
procedimiento y la resolución que se dicte será apelable en el efecto
devolutivo, de tramitación inmediata, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 1126 de este Código.
Artículo 1058.- Por aquel que no estuviere presente en el lugar del
juicio ni tenga representante legítimo, podrá comparecer un gestor
judicial para promover en el interés del actor o del demandado, y
siempre sujetándose a las disposiciones de los artículos relativos del
Código Civil Federal, y gozará de los derechos y facultades de un
mandatario judicial. Si la ratificación de la gestión se da antes de
exhibir la fianza, la exhibición de ésta no será necesaria.
Artículo 1059.- El gestor judicial, antes de ser admitido, debe dar
fianza que garantizará que el interesado pasará por lo que él haga, y
de que pagará lo juzgado y sentenciado. La fianza será calificada por
el tribunal bajo su responsabilidad y se otorgará por el gestor
judicial, comprometiéndose con el dueño del negocio a pagar los daños,
los perjuicios y gastos que se le irroguen a éste por su culpa o
negligencia.
Artículo 1060.- Existirá litisconsorcio, sea activo o sea pasivo,
siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la
misma excepción, para lo cual deberán litigar unidas y bajo una misma
representación.
A este efecto, dentro de tres días, nombrarán un mandatario judicial
quien tendrá las facultades que en el poder se le concedan, necesarias
para la continuación del juicio. En caso de no designar mandatario,
podrán elegir de entre ellas mismas un representante común. Si dentro
del término señalado, no nombraren mandatario judicial ni hicieren la
elección de representante común, o no se pusieren de acuerdo en ella,
el juez nombrará al representante común escogiendo a alguno de los que
hayan sido propuestos; y si nadie lo hubiere sido, a cualquiera de los
interesados.
El representante común que designe el juez tendrá las mismas
facultades como si litigara exclusivamente por su propio derecho,
excepto las de desistirse, transigir y comprometer en árbitros, el que
designen los interesados sólo tendrá estas últimas facultades, si
expresamente le fueren concedidas por los litisconsortes.
Cuando exista litisconsorcio de cualquier clase, el mandatario
nombrado, o en su caso el representante común, sea el designado por
los interesados o por el juez, será el único que puede representar a
los que hayan ejercitado la misma acción u opuesto la misma excepción,
con exclusión de las demás personas.
El fin del representante común o la designación del mandatario por los
que conforman un litisconsorcio es evitar solicitudes múltiples,
contrarias o contradictorias, por lo que tales mandatarios y
representantes serán inmediata y directamente responsables por
negligencia en su actuación y responderán de los daños y perjuicios
que causen a sus poderdantes y representados. El mandatario o el
representante común podrán actuar por medio de apoderado o mandatario
y autorizar personas para oír notificaciones en los términos del
Artículo 1069 de este Código.
Artículo 1061.- Al primer escrito se acompañarán precisamente:
I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre
de otro;
II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el
litigante se presente en juicio en el caso de tener representación
legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame
provenga de habérsele transmitido por otra persona;
III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que
el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca
de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su
expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo,
dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a
su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que
prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la
solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la
copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá
exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del término para contestar la demanda.
Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos,
siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales
y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvieren a su
disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los
documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al
juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden
presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, ordenará al
responsable de la expedición que el documento se expida a costa del
interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas
de apremio que autoriza la ley.
Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas
supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los
requisitos anteriores, no se le recibirán las pruebas documentales que
no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como
tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las
documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el
tribunal y sean recibidas;
IV. Además de lo señalado en la fracción III, con la demanda y
contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan
en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte; y, los que
presentaren después, con violación de este precepto, no le serán
admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes, y
V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple
vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos
referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los
párrafos precedentes para correr traslado a la contraria.
Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de
los escritos en que se oponga la excepción de compensación o se
promueva reconvención o algún incidente.
Artículo 1062.- En el caso de que se demuestre haber solicitado al
protocolo dependencia o archivo público la expedición del documento y
no se expida, el juez ordenará al jefe o director responsable, que lo
expida a costa del solicitante dentro del plazo de tres días y le
informe al juez con apercibimiento en caso de no hacerlo de imposición
de sanción pecuniaria hasta por los importes autorizados por la ley,
que se aplicará en beneficio de la parte perjudicada.
CAPITULO III
De las Formalidades Judiciales
Artículo 1063.- Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a
los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes
especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código
Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de
Procedimientos Civiles local.
Artículo 1064.- Las actuaciones judiciales han de practicarse en días
y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los días
del año, menos los domingos y aquéllos en que no laboren los
tribunales competentes en materia mercantil que conozcan el
procedimiento. Se entienden horas hábiles las que median desde las
siete hasta las diecinueve horas.
Artículo 1065.- El juez puede habilitar los días y horas inhábiles
para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa
urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que
hayan de practicarse.
Artículo 1066.- El Secretario, o quien haga sus veces, hará constar el
día y la hora en que se presente un escrito, dando cuenta con él a más
tardar dentro de veinticuatro horas, bajo sanción de multa hasta por
el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el
lugar en que se ventila el procedimiento, sin perjuicio de las demás
que merezca conforme a las leyes.
Artículo 1067.- Los autos podrán ser consultados por las partes o por
las personas autorizadas para ello permaneciendo siempre dentro del
local del tribunal. La frase dar o correr traslado significa que los
autos quedan a disposición de los interesados y en su caso se
entreguen copias. Las disposiciones de este artículo comprenden al
Ministerio Público.
El tribunal está obligado a expedir a costa del solicitante, sin
demora alguna, copia simple o fotostática de los documentos o
resoluciones que obren en autos, bastando que la parte interesada lo
solicite verbalmente, sin que se requiera decreto judicial, dejando
constancia en autos de su recepción.
Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en
juicio, la parte interesada debe solicitarlo en comparecencia o por
escrito, requiriéndose decreto judicial, y cuando se pidiere copia o
testimonio de parte de un documento o pieza, el contrario tendrá
derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del
mismo documento o pieza. Cuando la parte interesada solicite copia
certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se
dará vista a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el
que las reciba debe dejar en autos razón y constancia de su recibo, en
el que señale las copias que reciba.
Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se
encuentre en archivos o protocolos que no están a disposición del
público, aquél que pretenda lograrlo y carezca de legitimación en el
acto contenido en el documento, requiere de decreto judicial, que no
se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte,
procediéndose incidentalmente, en caso de oposición.
Artículo 1067 Bis.- Para hacer cumplir sus determinaciones el juez
puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que
estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se
ciña al orden que a continuación se señala:
I. Amonestación;
II. Multa hasta de seis mil pesos, monto que se actualizará en
términos del artículo 1253, fracción VI;
III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere
necesaria, y
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas;
Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará
parte al Ministerio Público.
CAPITULO IV
De las Notificaciones
Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de
expedientes se verificarán lo más tarde el día siguiente al en que se
dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez en éstas no
dispusiere otra cosa. En el caso de notificaciones personales, dicho
término se contará a partir de la fecha en que se entregue el
expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo
que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de
este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de
salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el
procedimiento.
Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán:
I. Personales o por cédula;
II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos
lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos
completos de los interesados;
III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto
en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de
los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos
completos de los interesados;
IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de
costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se
precisen por el tribunal;
V. Por correo certificado, y
VI. Por telégrafo certificado.
Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la
primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el
lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se
practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben
designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a
la persona o personas contra quienes promueven.
Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo
las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las
notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea
señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designare
domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo
ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente.
Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a
una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas
para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el
desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte
sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por
inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser
necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no
podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las
personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo,
deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la
profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar
los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha
autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para
la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que
intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo
anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en
perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá
las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.
Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán
responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los
autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil
Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados
podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al
tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.
Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales
de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas
autorizados.
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír
notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad
legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los
párrafos anteriores.
El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este
artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se
reconoce la autorización otorgada.
Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe
ser notificada, la primera notificación se hará publicando la
determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de
circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del
Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser
demandado.
Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo
anterior, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una
institución pública que cuente con registro oficial de personas.
Bastará el informe de una sola autoridad o institución para que
proceda la notificación por edictos.
La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y
el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona
buscada. Esta información no queda comprendida dentro del secreto
fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o instituciones
estén obligadas a observar conforme a las disposiciones que las rige.
Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas
personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las
observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio
que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar
domicilios proporcionados. El juez revisará la información presentada
así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo
conducente.
En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado
domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a
realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no
corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por
edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los
párrafos anteriores.
Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde
se deban practicar las diligencias o notificaciones personales,
seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El
notificador tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio
señalado, y en caso de no existir el mismo o de negativa a recibirlas,
lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las
subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico
judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las
diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se
practicarán en el local del juzgado sin su presencia.
Artículo 1070 Bis.- Las instituciones y autoridades estarán obligadas
a proporcionar la información a que se refiere el artículo 1070 de
este Código, en un plazo no mayor a treinta días hábiles y, en caso de
no hacerlo, la autoridad judicial dictará las medidas de apremio
correspondientes a la persona o funcionario responsables de contestar
los informes, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran
por su incumplimiento, derivadas de la legislación aplicable a los
servidores públicos.
Artículo 1071.- Cuando haya de notificarse o citarse a una persona
residente fuera del lugar del juicio, se hará la notificación o
citación por medio de despacho o exhorto al juez de la población en
que aquélla residiere, los que podrán tramitarse por conducto del
interesado si éste lo pidiere.
El auxilio que se solicite se efectuará únicamente por medio de las
comunicaciones señaladas dirigidas al órgano que deba prestarlo y que
contendrá:
I. La designación del órgano jurisdiccional exhortante;
II. La del lugar o población en que tenga que llevarse a cabo la
actividad solicitada, aunque no se designe la ubicación del tribunal
exhortado;
III. Las actuaciones cuya práctica se interesa, y
IV. El término o plazo en que habrán de practicarse las mismas.
En el caso de que la actuación requerida a otro órgano jurisdiccional,
o a otra autoridad de cualquier índole, de la que debiera enviarse
exhorto, oficio, o mandamiento, se considere de urgente práctica,
podrá formularse la petición por telex, telégrafo, teléfono, remisión
facsimilar o por cualquier otro medio, bajo la fe del Secretario,
quien hará constar la persona con la cual se entendió en la
comunicación, la hora de la misma y la solicitud realizada, con la
obligación de confirmarla en despacho ordinario que habrá de remitirse
el mismo día o al siguiente. Del empleo de los medios de comunicación
indicados se dejará razón en el expediente, así como de las causas
para considerarlo urgente.
En los despachos, exhortos y suplicatorias no se requiere la
legalización de la firma del tribunal que lo expida.
Artículo 1072.- Pueden los tribunales acordar que los exhortos y
despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su
destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de
la diligencia, quien tendrá la obligación de apresurar su
diligenciación por el juez exhortado y devolverlos con lo que se
practicare, si por su conducto se hiciere la devolución.
La parte a cuya instancia se libre el exhorto queda obligada a
satisfacer los gastos que se originen para su cumplimiento.
En la resolución que ordene librar el exhorto podrá designarse, a
instancia de parte, persona o personas para que intervengan en su
diligenciación, con expresión del alcance de su intervención y del
plazo para su comparecencia ante el órgano exhortado, expresando al
juez exhortado si su incomparecencia determina o no la caducidad del
exhorto.
No se exigirá exhibición ante el Juez exhortado de poder alguno a las
personas que intervengan en su diligenciación si aparecen mencionadas
en el exhorto para tal fin.
El tribunal redactará con las inserciones respectivas, el exhorto
dentro del término de tres días, contados a partir del proveído que
ordene su remisión y lo pondrá a disposición del solicitante mediante
el tipo de notificación procedente, que se hará dentro del mismo
plazo, para que a partir del día siguiente al que surta sus efectos
dicha notificación se inicie el término que se haya concedido para su
diligenciación.
Cuando el exhorto adolezca de algún defecto, la parte solicitante
deberá hacerlo saber precisando en que consiste regresándolo al
tribunal dentro de los tres días siguientes a aquel en que lo hubiere
recibido, para su corrección y se proceda como se ordena en el párrafo
anterior. De no hacerse la devolución del exhorto defectuoso en el
término señalado, el plazo para su diligenciación no se interrumpirá.
De igual manera el juez exhortante podrá otorgar plenitud de
jurisdicción al exhortado para el cumplimiento de lo ordenado, y
disponer que para cumplimiento de lo ordenado se practiquen cuantas
diligencias sean necesarias para desahogo de lo solicitado y que se
devuelva directamente al exhortante una vez cumplimentado, salvo que
se designase a una o varias personas su devolución, en cuyo caso se le
entregará a este quien bajo su responsabilidad lo devolverá al
exhortante dentro del término de tres días contados a partir de su
recepción.
El juez exhortante podrá facultar al juez exhortado, para que cuando
el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba
prestar el auxilio, el que lo reciba lo envíe directamente al que
corresponda, si es que le consta cuál sea la jurisdicción competente,
debiendo dar cuenta de dicha circunstancia por oficio al exhortante.
El exhorto deberá cumplimentarse en el tiempo previsto en el mismo. De
no ocurrir así, se recordará por cualquier medio de comunicación de la
urgencia del cumplimiento lo que se podrá hacer de oficio o a
instancia de la parte interesada.
El juez exhortante de oficio o a petición verbal o escrita de
cualquier interesado podrá inquirir del resultado de la diligenciación
al juez exhortado por alguno de los medios señalados en el artículo
1071, dejando constancia en autos de lo que resulte.
Si, a pesar del recuerdo, continuase la misma situación, el tribunal
exhortante lo pondrá en conocimiento directo del Superior inmediato
del que deba cumplimentarlo, rogándole adopte las medidas pertinentes
a fin de obtener el cumplimiento.
Si la parte a quien se le entregue un exhorto para los fines que se
precisan en este artículo no hace la devolución dentro de los tres
días siguientes al plazo que se le hubiere concedido para su
diligenciación, sin justificar impedimento bastante, será sancionada
en los términos que autorice la ley y se dejará de desahogar la
diligencia. Igual sanción se le impondrá cuando la contraparte
manifieste que sin haberse señalado plazo para la diligencia objeto
del exhorto, la misma ya se llevó a cabo, y no se ha devuelto el
exhorto diligenciado, por aquel que lo solicitó y recibió, salvo
prueba en contrario.
Artículo 1073.- La práctica de diligencias en país extranjero para
surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales,
podrán encomendarse a través de los miembros del Servicio Exterior
Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual
dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de
este libro dentro de los límites que permita el derecho internacional.
Los miembros del Servicio Exterior Mexicano podrán solicitar a las
autoridades extranjeras competentes, en los casos en que así proceda,
su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas.
Artículo 1074.- Los exhortos que se remitan al extranjero o que se
reciban de él, salvo lo dispuesto por los tratados o convenciones de
los que México sea parte, se sujetarán a las siguientes disposiciones:
I.- Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones
oficiales escritas que contendrán la petición de realizar las
actuaciones necesarias en el juicio en que se expidan; dichas
comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las
copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos
procedentes según sea el caso;
II.- Los exhortos que provengan del extranjero deberán satisfacer los
requisitos a que se refiere la fracción anterior, sin que se exijan
requisitos de forma adicionales;
III.- Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al
órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial,
por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o
por la autoridad competente del Estado requirente o requerido, según
sea el caso;
IV.- Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos
por conductos oficiales no requerirán legalización y los que se
remitan al extranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por
las leyes del país en donde se deban diligenciar;
V.- Todo exhorto que se reciba del extranjero en idioma distinto del
español, deberá acompañarse de su traducción, a la cual se estará,
salvo deficiencia evidente u objeción de parte;
VI.- Los exhortos que se reciban del extranjero sólo requerirán
homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas,
bienes o derechos; los relativos a notificaciones, recepción de
pruebas y otros asuntos de mero trámite, se diligenciarán sin formar
incidente;
VII.- Los exhortos que se reciban del extranjero serán diligenciados
conforme a las leyes nacionales, pero el tribunal exhortado podrá
conceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la
observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud
del juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta
lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales;
la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya
aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto;
VIII.- Los tribunales que remitan exhortos al extranjero o los reciban
de él, los tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar para
constancia de lo enviado, recibido y actuado.
CAPITULO V
De los Términos Judiciales
Artículo 1075.- Todos los términos judiciales empezarán a correr desde
el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento
o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento.
Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que
se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en
que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o
fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se
practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de
haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de
haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del
Distrito Federal.
Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en
otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos
que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos
kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez,
según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas
climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando
debidamente su determinación en ese sentido.
Artículo 1076.- En ningún término se contarán los días en que no
puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de
excepción que se señalen por la ley.
La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se
decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado
del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la
citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las
siguientes circunstancias:
a).- Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día
siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última
resolución judicial dictada, y
b).- Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando
impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación
para la conclusión del mismo.
Los efectos de la caducidad serán los siguientes:
I. Extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces
las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían
antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos,
mandándose cancelar su inscripción en los Registros Públicos
correspondientes;
II. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de
las excepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se
promoviera. De igual manera las pruebas rendidas en el proceso que se
haya declarado caduco podrán invocarse de oficio, o por las partes, en
el nuevo proceso que se promueva;
III. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones
apeladas;
IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del
mismo, sin comprender la instancia principal, aunque haya quedado en
suspenso por la resolución de aquél, si transcurren sesenta días;
V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso,
pero si en aquéllos que se tramiten en forma independiente aunque
estén relacionados o surjan de los primeros;
VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido
por causa de fuerza mayor y el juez y las partes no pueden actuar; así
como en los casos en que es necesario esperar una resolución de
cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; y
en los demás casos previstos por la ley;
VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos
efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria
se hace en segunda instancia se admitirá reposición, y
VIII. Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la
caducidad del juicio en primera instancia. En la segunda instancia
serán a cargo del apelante, y en los incidentes las pagará el que lo
haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán compensables con las
que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto reconvención,
compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas que
tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes
antes de la presentación de la demanda.
Artículo 1077.- Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos
provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias
interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las
promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan
pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones
planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del
interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas
dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser
claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y
con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito,
condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos
litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren
sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de
ellos.
Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar
como proceda conforme a la ley, dentro de los ocho días siguientes a
aquel en que se hubiere citado para dictarse. Las sentencias
definitivas deben dictarse y mandarse notificar como proceda en
derecho, dentro de los quince días siguientes a aquel en que se
hubiera hecho citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad
de que el tribunal examine documentos voluminosos, al resolver en
sentencia definitiva, podrá disfrutar de un término ampliado de ocho
días más para los dos fines ordenados anteriormente.
Los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar como
proceda, dentro de los tres días siguientes al último trámite, o de la
presentación de la promoción correspondiente.
Los decretos, los autos y las sentencias serán necesariamente
pronunciados y mandados notificar en los plazos de ley.
Artículo 1078.- Una vez concluidos los términos fijados a las partes,
sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y
se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse dentro del
término correspondiente.
Artículo 1079.- Cuando la ley no señale término para la práctica de
algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán
por señalados los siguientes:
I. Ocho días, a juicio del juez, para que dentro de ellos se señalen
fechas de audiencia para la recepción de pruebas, reconocimiento de
firmas, confesión, posiciones, declaraciones, exhibición de
documentos, juicio de peritos y práctica de otras diligencias, a no
ser que por circunstancias especiales, creyere justo el juez ampliar
el término;
II. Nueve días para interponer el recurso de apelación contra
sentencia definitiva, seis días cuando se trate de interlocutoria o
auto de tramitación inmediata, y tres días para apelar preventivamente
la sentencia interlocutoria o auto de tramitación conjunta con la
definitiva, en los términos del artículo 1339 de este Código;
III. Tres días para desahogar la vista que se les dé a las partes en
toda clase de incidentes que no tengan tramitación especial;
IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos y
demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los
convenios judiciales celebrados en ellos;
V. Cinco años para la ejecución de sentencias en juicios ordinarios y
de los convenios judiciales celebrados en ellos, y
VI. Tres días para todos los demás casos.
VII. (Se deroga).
VIII. (Se deroga).
CAPITULO VI
(Se deroga su denominación).
Artículo 1080.- Las audiencias en todos los procedimientos se llevarán
a cabo observando las siguientes reglas:
I. Siempre serán públicas, manteniendo la igualdad entre las partes,
sin hacer concesiones a una de ellas sin que se haga lo mismo con la
otra, evitando disgresiones y reprimiendo con energía las promociones
de las partes que tiendan a suspender o retardar el procedimiento, el
cual debe ser continuado, y en consecuencia resolverán en la misma
cualquier cuestión o incidente que pudieran interrumpirla;
II. El secretario, bajo la vigilancia del juez hará constar el día,
lugar y hora en que principie la audiencia, así como la hora en que
termine;
III. No se permitirá interrupción de la audiencia por persona alguna,
sea de los que intervengan en ella o de terceros ajenos a la misma. El
juez queda facultado para reprimir los hechos de interrupción con la
imposición de la medida de apremio que considere pertinente, además de
ordenar la expulsión con uso de la fuerza pública de aquel o aquellos
que intenten interrumpirla;
IV. Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsión serán
arrestados hasta por un término de seis horas, y que cumplirán en el
lugar que designe el Juez;
V. En los términos expresados en el párrafo anterior, serán corregidos
los terceros ajenos a la controversia, los testigos, peritos o
cualesquiera otros que, como partes, o representándolas, faltaren en
las vistas y actos judiciales, de palabra, o de obra o por escrito, a
la consideración, respeto y obediencia debido a los tribunales, o a
otras personas cuando los hechos no constituyan delito, y
VI. Serán nulos todos los actos judiciales practicados bajo la
intimidación o la fuerza.
Los jueces y magistrados que hubiesen cedido a la intimidación o a la
fuerza, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo
practicado y promoverán al mismo tiempo la formación de causa contra
los culpables.
CAPITULO VII
De las Costas
Artículo 1081.- Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun
cuando se actuare con testigos de asistencia o se practicaren
diligencias fuera del lugar del juicio.
Artículo 1082.- Cada parte será inmediatamente responsable de las
costas que originen las diligencias que promueva, en caso de
condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de
todas las que se hubieren causado, cuando hubiese opuesto excepciones
o recursos frívolos o improcedentes con el propósito de retardar el
procedimiento.
La condenación no comprenderá la remuneración del procurador, ni la
del patrono, sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado
fuere procurador, sólo comprenderá sus honorarios la condenación,
cuando el mismo se haya encargado de la dirección del juicio sin
recurrir al patrocinio de otro abogado.
Artículo 1083.- En los juicios mercantiles no se necesita que los
litigantes se asistan de abogado; pero si lo ocupan y hay condenación
en costas, solo se pagarán al abogado con título.
Artículo 1084.- La condenación en costas se hará cuando así lo
prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con
temeridad o mala fe.
Siempre serán condenados:
I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su
excepción, si se funda en hechos disputados;
II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos
falsos o sobornados;
III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si
no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en
la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la
fracción siguiente;
IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda
conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración
sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de
ambas instancias;
V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o
excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este
tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones,
defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de
las excepciones procesales que sean inoperantes.
Artículo 1085.- Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor
se hubieren declarado.
Artículo 1086.- Presentada la regulación de las costas al juez o
tribunal ante el cual se hubieren causado, se dará vista de ella por
tres días a la parte condenada, para que exprese su conformidad o
inconformidad.
Artículo 1087.- Si nada expusiere dentro del término fijado la parte
condenada, se decidirá el pago. Si en el término referido expresare no
estar conforme, se dará vista de las razones que alegue a la parte que
presentó la regulación, la que dentro de igual término contestará a
las observaciones hechas.
Artículo 1088.- En vista de lo que las partes hubiesen expuesto
conforme al artículo anterior, el juez o tribunal fallarán lo que
estimen justo dentro de tercero día. De esta decisión se admitirán los
recursos que procedieren, según la instancia en que se encontrare el
juicio y según la cantidad que importase la total regulación.
Artículo 1089.- Si los honorarios de los peritos o de cualesquiera
otros funcionarios no sujetos a arancel, fueren impugnados, se oirá a
otros dos individuos de su profesión. No habiéndolos en la población
de la residencia del tribunal o juez que conozca de los autos, podrá
recurrirse a los de los inmediatos.
CAPITULO VIII
De las Competencias y Excepciones Procesales
Artículo 1090.- Toda demanda debe interponerse ante juez competente.
Artículo 1091.- Cuando en el lugar donde se ha de seguir el juicio
hubiere varios jueces competentes, conocerá del negocio el que elija
el actor, salvo lo que dispongan en contrario las leyes orgánicas
aplicables.
Artículo 1092.- Es juez competente aquel a quien los litigantes se
hubieren sometido expresa o tácitamente.
Artículo 1093.- Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien
clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el
caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del
domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de
alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa.
Artículo 1094.- Se entienden sometidos tácitamente:
I. El demandante, por el hecho de ocurrir al juez entablando su
demanda, no solo para ejercitar su acción, sino también para contestar
a la reconvención que se le oponga;
II. El demandado, por contestar la demanda o por reconvenir al actor;
III. El demandado por no interponer dentro del término correspondiente
las excepciones de incompetencia que pudiera hacer valer dentro de los
plazos, estimándose en este caso que hay sumisión a la competencia del
juez que lo emplazó;
IV. El que habiendo promovido una competencia, se desiste de ella;
V. El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere al juicio
en virtud de un incidente.
VI. El que sea llamado a juicio para que le pare perjuicio la
sentencia, el que tendrá calidad de parte, pudiendo ofrecer pruebas,
alegar e interponer toda clase de defensas y recursos, sin que oponga
dentro de los plazos correspondientes, cuestión de competencia alguna.
Artículo 1095.- Ni por sumisión expresa ni por tácita, se puede
prorrogar jurisdicción, sino a juez que la tenga del mismo género que
la que se prorroga.
Artículo 1096.- Es juez competente para conocer de la reconvención,
aquel que conoce de la demanda principal.
Si el valor de la reconvención es inferior a la cuantía de la
competencia del juez que conoce de la demanda principal, en todos los
casos seguirá conociendo este, pero no a la inversa.
Artículo 1097.- El juez o tribunal, que de las actuaciones de la
incompetencia promovida, deduzca que se interpuso sin razón y con el
claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, impondrá una multa
a la parte promovente, que no exceda del equivalente de cien días de
salario mínimo vigente en el lugar en que se desahogue el
procedimiento.
Artículo 1097 Bis.- (Se deroga).
Artículo 1098.- (Se deroga).
Artículo 1099.- No se dará curso a cuestión de competencia ni será
materia de improcedencia de la vía cuando se hagan valer por
comerciantes acciones o procedimientos especiales, en vía civil,
derivada de contratos y actos reglamentados en el derecho común, o
garantías derivadas de ese tipo de convenciones entre las partes, en
que se alegue la necesidad de tramitar el juicio de acuerdo a las
disposiciones mercantiles, debiéndose estar en lo conducente a lo que
dispone el artículo 1090.
Artículo 1100.- Ningún juez puede sostener competencia con su Superior
inmediato, pero sí con otro juez o tribunal que, aunque sea Superior
en su clase, no ejerza jurisdicción sobre él, al igual que con
aquellos de fuero federal, cuando se esté en el caso de jurisdicción
concurrente en los términos de la fracción I-A del artículo 104 de la
Constitución.
Artículo 1101.- Todas las providencias que dicten los jueces para
sostener su competencia, o los tribunales superiores al resolver
dichas cuestiones, deberán ser precisamente fundadas en ley.
Artículo 1102.- Las contiendas sobre competencia sólo podrán
entablarse a instancia de parte.
Artículo 1103.- Los litigantes pueden desistirse de la competencia
antes o después de la remisión de los testimonios de constancias al
Superior, y su desistimiento hará cesar la contienda.
Artículo 1104.- Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere
la naturaleza del juicio, serán preferidos a cualquier otro juez:
I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido
judicialmente de pago;
II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la
obligación.
Artículo 1105.- Si no se ha hecho la designación que autoriza el
artículo 1093, será competente el juez del domicilio del deudor, sea
cual fuere la acción que se ejercite.
Artículo 1106.- Si el deudor tuviere varios domicilios, será preferido
el que elija el acreedor.
Artículo 1107.- A falta de domicilio fijo, será competente el juez del
lugar donde se celebró el contrato, cuando la acción sea personal, y
el de la ubicación de la cosa, cuando la acción sea real.
Artículo 1108.- Si las cosas objeto de la acción real fueren varias y
estuvieren ubicadas en distintos lugares, será juez competente el del
lugar de la ubicación de cualquiera de ellas, adonde primero hubiere
ocurrido el demandante. Lo mismo se observará cuando la cosa estuviere
ubicada en territorio de diversas jurisdicciones.
Artículo 1109.- (Se deroga).
Artículo 1110.- En los casos de ausencia legalmente comprobados, es
juez competente el del último domicilio del ausente, y si se ignora,
el del lugar donde se halle la mayor parte de los bienes.
Artículo 1111.- En todos los casos de jurisdicción voluntaria es
competente el juez del domicilio del que promueve.
Artículo 1112.- Para los actos prejudiciales, es competente el juez
que lo fuere para el negocio principal; si se tratare de providencia
precautoria lo será también, en caso de urgencia, el juez del lugar en
donde se hallen el demandado o la cosa que debe ser asegurada.
Artículo 1113.- Para decretar la cancelación de un registro, cuando la
acción que se entabla no tiene más objeto que éste, es competente el
juez a cuya jurisdicción esté sujeto el oficio a donde aquel se
asentó; pero si la cancelación se pidiere como incidental de otro
juicio o acción, podrá ordenarla el juez que conoció del negocio
principal.
Artículo 1114.- Las cuestiones de competencia podrán promoverse por
inhibitoria o por declinatoria. Cualquiera de las dos que se elija por
el que la haga valer, debe proponerse dentro del término concedido
para contestar la demanda en el juicio en que se intente, cuyos plazos
se iniciarán a partir del día siguiente de la fecha del emplazamiento.
Cuando se trate de dirimir las competencias que se susciten entre los
Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los estados, o entre
los de un estado y los de otro, corresponde decidirla al Poder
Judicial de la Federación, en los términos del artículo 106
constitucional y de las leyes secundarias respectivas.
Tratándose de competencias que se susciten entre los tribunales de un
mismo Estado, se resolverá por el respectivo tribunal de alzada al que
pertenezcan ambos jueces, debiéndose observar las siguientes reglas:
I. La inhibitoria se intentará ante el juez a quien se considere
competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo,
para que remita testimonio de las actuaciones respectivas al Superior,
y el requirente también remita lo actuado por él al mismo tribunal de
alzada para que éste decida la cuestión de competencia;
II. La declinatoria se propondrá ante el juez que se considere
incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio
y remita testimonio de lo actuado al Superior para que éste decida la
cuestión de competencia;
III. Las cuestiones de competencia en ningún caso suspenderán el
procedimiento principal;
IV. En caso de no promoverse cuestión de competencia alguna dentro de
los términos señalados por el que se estime afectado, se considerará
sometido a la del Juez que lo emplazó y perderá todo derecho para
intentarla, y
V. Tampoco se promoverán de oficio; pero el juez que se estime
incompetente puede inhibirse del conocimiento del negocio en los
términos del primer párrafo del Artículo siguiente.
Artículo 1115.- Los tribunales quedan impedidos para declarar de
oficio las cuestiones de competencia, y sólo deberán inhibirse del
conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por razón de
territorio o materia, y siempre y cuando se inhiban en el primer
proveído que se dicte respecto de la demanda principal, o ante la
reconvención por lo que hace a la cuantía.
Cuando dos o más jueces se nieguen a conocer de determinado asunto, la
parte a quien perjudique ocurrirá a su elección dentro del término de
nueve días ante el Superior, al que estén adscritos dichos jueces, a
fin de que se ordene a los que se niegan a conocer, que en el término
de tres días, le envíen los expedientes originales en que se contengan
sus respectivas resoluciones.
Una vez recibidos los autos por el Superior, los pondrá a la vista del
peticionario, o, en su caso, de ambas partes, por el término de tres
días para que ofrezcan pruebas, o aleguen lo que a su interés
convenga. En el caso de que se ofrezcan pruebas y estas sean de
admitirse, se señalará fecha para audiencia la que se celebrará dentro
de los diez días siguientes, y se mandarán preparar para recibirse en
la audiencia las pruebas admitidas, pasando a continuación al período
de alegatos, y citando para oír resolución, la que deberá pronunciarse
y notificarse dentro del término de ocho días, remitiendo los autos al
juez competente.
En el supuesto de no ofrecerse pruebas, y tan sólo se alegare, el
tribunal dictará sentencia y la mandará publicar en el mismo plazo
señalado en el párrafo anterior.
Artículo 1116.- El que promueva la inhibitoria deberá hacerlo dentro
del término señalado para contestar la demanda que se contará a partir
del día siguiente del emplazamiento. Si el juez al que se le haga la
solicitud de inhibitoria la estima procedente, sostendrá su
competencia, y mandará librar oficio requiriendo al Juez que estime
incompetente, para que dentro del término de tres días, remita
testimonio de las actuaciones respectivas al Superior, y el requirente
remitirá sus autos originales al mismo Superior.
Luego que el juez requerido reciba el oficio inhibitorio, dentro del
término de tres días remitirá el testimonio de las actuaciones
correspondientes al Superior señalado en el párrafo anterior, y podrá
manifestarle a este las razones por las que a su vez sostenga su
competencia, o, si por lo contrario, estima procedente la inhibitoria.
Recibidos por el Superior los autos originales del requirente y el
testimonio de constancias del requerido, los pondrá a la vista de las
partes para que éstas dentro del término de tres días ofrezcan pruebas
y aleguen lo que a su interés convenga.
Si las pruebas son de admitirse así lo decretará el tribunal y
señalará fecha para audiencia indiferible que deberá celebrarse dentro
de los diez días siguientes, en las que desahogará las pruebas y
alegatos y dictará en la misma la resolución que corresponda.
En el caso de que las partes sólo aleguen y no ofrezcan pruebas, o las
propuestas no se admitan, el tribunal las citará para oír resolución,
la que se pronunciará y se hará la notificación a los interesados
dentro del término improrrogable de ocho días.
Decidida la competencia, el tribunal lo comunicará a los jueces
contendientes.
En caso de declararse procedente la inhibitoria, siempre tendrán
validez las actuaciones practicadas ante el juez declarado
incompetente, relativas a la demanda y contestación a ésta, así como
la reconvención y su respectiva contestación si las hubiera, y la
contestación a las vistas que se den con la contestación de la demanda
o reconvención, dejando a salvo el derecho de las partes en cuanto a
los recursos pendientes de resolverse sobre dichos puntos, ordenando
al juez del conocimiento que remita los autos originales al juez que
se tenga declarado como competente para que este continúe y concluya
el juicio.
Si la inhibitoria se declara improcedente, el tribunal lo comunicará a
ambos jueces para que el competente continúe y concluya el juicio.
Artículo 1117.- El que promueva la declinatoria deberá hacerlo dentro
del término señalado para contestar la demanda que se contará a partir
del día siguiente del emplazamiento.
La declinatoria de jurisdicción se propondrá ante el Juez pidiéndole
se abstenga del conocimiento del negocio. El juez al admitirla,
ordenará que dentro del término de tres días remita a su superior
testimonio de las actuaciones respectivas haciéndolo saber a los
interesados, para que en su caso comparezcan ante aquel.
Recibido por el superior el testimonio de constancias las pondrá a la
vista de las partes para que estas dentro del término de tres días
ofrezcan pruebas o aleguen lo que a su interés convenga.
Si las pruebas son de admitirse así lo decretará el tribunal mandando
prepararlas y señalará fecha para audiencia indiferible que deberá
celebrarse dentro de los diez días siguientes, en las que se
desahogarán las pruebas y alegatos y dictará en la misma la resolución
que corresponda.
En el caso de que las partes sólo aleguen y no ofrezcan pruebas, o las
propuestas no se admitan, el tribunal citará para oír resolución, la
que se pronunciará dentro del término improrrogable de ocho días.
Decidida la competencia, el tribunal lo comunicará al juez ante quien
se promovió la declinatoria, y en su caso al que se declare
competente.
En caso de declararse procedente la declinatoria, siempre tendrán
validez las actuaciones practicadas ante el juez declarado
incompetente, relativas a la demanda y contestación a ésta, así como
la reconvención y su respectiva contestación si las hubiera, y la
contestación a las vistas que se den con la contestación de la demanda
o reconvención, dejando a salvo el derecho de las partes en cuanto a
los recursos pendientes de resolverse sobre dichos puntos, ordenando
al juez del conocimiento que remita los autos originales al juez que
se tenga declarado como competente para que este continúe y concluya
el juicio.
Si la declinatoria se declara improcedente el tribunal lo comunicará
al juez para que continúe y concluya el juicio.
Artículo 1118.- El litigante que hubiere optado por uno de los dos
medios de promover una incompetencia, no podrá abandonarlo y recurrir
al otro, ni tampoco emplearlos sucesivamente.
En caso de que se declare infundada o improcedente una incompetencia,
se aplicará al que la opuso, una sanción pecuniaria equivalente hasta
de sesenta días de salario mínimo general vigente de la zona
respectiva, en beneficio del colitigante, siempre que se compruebe que
el incidente respectivo fue promovido de mala fe.
Artículo 1119.- Salvo disposición expresa que señale a alguna otra
excepción como procesal, las demás defensas y excepciones que se
opongan serán consideradas como perentorias y se resolverán en la
sentencia definitiva.
Artículo 1120.- La jurisdicción por razón del territorio y materia son
las únicas que se pueden prorrogar, salvo que correspondan al fuero
federal.
Artículo 1121.- La competencia por razón de materia, es prorrogable
con el fin de no dividir la continencia de la causa en aquellos casos
en que existan contratos coaligados o las prestaciones tengan íntima
conexión entre sí, o por los nexos entre las personas que litiguen,
sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven
de la misma causa de pedir. En consecuencia ningún tribunal podrá
abstenerse de conocer de asuntos alegando falta de competencia por
materia cuando se presente alguno de los casos señalados, que podrán
dar lugar a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones
contradictorias.
También será prorrogable el caso en que, conociendo el tribunal
superior de apelación contra auto o interlocutoria, las partes estén
de acuerdo en que conozca de la cuestión principal. El juicio se
seguirá tramitando conforme a las reglas de su clase, prosiguiéndose
este ante el superior.
Artículo 1122.- Son excepciones procesales las siguientes:
I. La incompetencia del juez;
II. La litispendencia;
III. La conexidad de la causa;
IV. La falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de
capacidad en el actor;
V. La falta de cumplimiento del plazo, o de la condición a que esté
sujeta la acción intentada;
VI. La división y la excusión;
VII. La improcedencia de la vía, y
VIII. Las demás al que dieren ese carácter las leyes.
Artículo 1123.- La excepción de litispendencia procede cuando un juez
conoce ya de un juicio en el que hay igualdad entre partes, acciones
deducidas y cosas reclamadas.
El que la oponga debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita
el primer juicio, acompañando copia autorizada de las constancias que
tenga en su poder, o solicitando la inspección de los autos. En este
último supuesto la inspección deberá practicarse por el secretario, en
el caso de que se trate de juzgados radicados en la misma población
dentro del plazo de tres días, a quien de no hacerla en ese término se
le impondrá una multa del equivalente al importe de un día de su
salario.
Si se declara procedente, se remitirán los autos al juzgado que
previno en el conocimiento del negocio, cuando ambos jueces se
encuentren dentro de la jurisdicción del mismo tribunal de apelación
para que se acumulen y se tramiten como uno decidiéndose en una sola
sentencia.
El que oponga la litispendencia por existir un primer juicio ante
juzgado que no se encuentre en la misma población, o que no pertenezca
a la misma jurisdicción de apelación, sólo podrá acreditarla con las
copias autorizadas o certificadas de la demanda y contestación
formuladas en el juicio anterior, que deberá ofrecer y exhibir en la
audiencia incidental de pruebas y alegatos y sentencia. En este caso,
declarada procedente la litispendencia, se dará por concluido el
segundo procedimiento.
Artículo 1124.- Existe conexidad de causas cuando haya:
I. Identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas;
II. Identidad de personas y de cosas, aunque las acciones sean
distintas;
III. Acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas
las personas y las cosas, e
IV. Identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean
distintas.
Artículo 1125.- El que oponga la conexidad debe señalar precisamente
el juzgado donde se tramita el juicio conexo, acompañando copia
autorizada de las constancias que tenga en su poder o solicitando la
inspección de los autos conexos. En este último supuesto, si ambos
juzgados se encuentran en la misma población, la inspección deberá
practicarse por el secretario, dentro del plazo de tres días, a quien
de no hacerla en ese término se le impondrá una multa del equivalente
al importe de un día de su salario.
Cuando la excepción de conexidad sea por relación con un juicio
tramitado en juzgado que no se encuentre en la misma población o que
no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación, sólo podrá
acreditarla con las copias autorizadas o certificadas de la demanda y
contestación formuladas en el juicio anterior, que deberá ofrecer y
exhibir en la audiencia de pruebas. En el caso de pertenecer a la
misma jurisdicción de apelación, declarada procedente la conexidad,
tiene por objeto la remisión de los autos en que se opone, al juzgado
que previno en el conocimiento de la causa conexa, para que se
acumulen ambos juicios y se tramiten como uno, decidiéndose en una
sola sentencia.
Cuando los juzgados que conozcan de los juicios pertenezcan a
tribunales de alzada diferente, no procede la conexidad, ni tampoco
cuando los pleitos están en diversas instancias o se trate de procesos
que se ventilan en el extranjero.
Artículo 1126.- En la excepción de falta de personalidad del actor, o
en la objeción que se haga a la personalidad del que represente al
demandado, cuando se declare fundada una u otra, si fuere subsanable,
el tribunal concederá un plazo no mayor de diez días para que se
subsane. De no hacerse así, cuando se trate de la legitimación al
proceso por el demandado, se continuará el juicio en rebeldía de éste.
Si no se subsanara la del actor, el juez de inmediato sobreseerá el
juicio y devolverá los documentos.
La falta de capacidad del actor obliga al juez a dar por sobreseído el
juicio.
Artículo 1127.- Todas las excepciones procesales que tenga el
demandado debe hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún
caso suspenderán el procedimiento. Si se declara procedente la
litispendencia el efecto será sobreseer en segundo juicio. Salvo
disposición en contrario si se declara procedente la conexidad, su
efecto será la acumulación de autos para evitar se divida la
continencia de la causa con el fin de que se resuelvan los juicios en
una sola sentencia.
Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de
continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se
considere procedente declarando la validez de lo actuado, con la
obligación del juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la
vía que se declare procedente.
Artículo 1128.- En las excepciones de falta de cumplimiento del plazo,
o de la condición a que esté sujeta la obligación, el orden y la
excusión, si se allana la contraria, se declararán procedentes de
plano. De no ser así, dichas excepciones se resolverán de modo
incidental, dando vista a la contraria por el término de tres días, y
si no se ofrecen pruebas deberá dictarse la resolución correspondiente
por el tribunal y notificarse a las partes dentro del término de 8
días, sin que se pueda suspender el procedimiento, y su efecto será
dejar a salvo el derecho para que se haga valer cuando cambien las
circunstancias que afectan su ejercicio.
Artículo 1129.- Salvo la competencia del órgano jurisdiccional, las
demás excepciones procesales y las objeciones aducidas respecto de los
presupuestos procesales se resolverán de modo incidental, dando vista
a la contraria por el término de tres días, y si no se ofrecen pruebas
deberá dictarse la resolución correspondiente por el tribunal y
notificarse a las partes dentro del término de 8 días sin que de modo
alguno se pueda suspender el trámite del juicio.
Artículo 1130.- Si al oponer las excepciones procesales se ofrecen
pruebas, éstas se harán en los escritos respectivos, fijados los
puntos sobre los que versen y de ser admitidas se ordenará su
preparación para que se reciban en una sola audiencia que se fijará
dentro de los ocho días siguientes a que se haya desahogado la vista o
transcurrido el término para hacerlo, audiencia que, no se podrá
diferir bajo ningún supuesto recibiendo las pruebas, oyendo los
alegatos y en el mismo acto se dictará la sentencia interlocutoria que
corresponda sin que el tribunal pueda diferir tal resolución que
dictará en la misma audiencia.
En las excepciones procesales sólo se administran como prueba la
documental y la pericial, salvo en la litispendencia y conexidad,
respecto de las cuales se podrán ofrecer también, la prueba de
inspección de los autos.
Artículo 1131.- La excepción de cosa juzgada, se resolverá en los
términos del artículo 1129 de este código.
CAPITULO IX
De los Impedimentos, Recusaciones y Excusas
Artículo 1132.- Todo magistrado, juez o secretario, se tendrá por
forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes:
I. En negocios en que tenga interés directo o indirecto;
II. En los que interesen de la misma manera a sus parientes
consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados, a las
colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo,
uno y otro inclusive;
III. Cuando tengan pendiente el juez o sus expresados parientes un
pleito semejante al de que se trate;
IV. Siempre que entre el juez y alguno de los interesados haya
relación de intimidad nacida de algún acto religioso o civil,
sancionado y respetado por la costumbre;
V. Ser el juez actualmente socio, arrendatario o dependiente de alguna
de las partes;
VI. Haber sido tutor o curador de alguno de los interesados, o
administrar actualmente sus bienes;
VII. Ser heredero, legatario o donatario de alguna de las partes;
VIII. Ser el juez, o su mujer, o sus hijos, deudores o fiadores de
alguna de las partes;
IX. Haber sido el juez abogado o procurador, perito o testigo en el
negocio de que se trate;
X. Haber conocido del negocio como juez, árbitro o asesor, resolviendo
algún punto que afecte a la sustancia de la cuestión;
XI. Siempre que por cualquier motivo haya externado su opinión antes
del fallo;
XII. Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o
procurador de alguna de las partes, en los mismos grados que expresa
la frac. II de este artículo.
Artículo 1133.- Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber
de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de
las causas expresadas en los artículos 1132 y 1138 de esta ley o
cualquiera otra análoga, aún cuando las partes no los recusen. La
excusa debe expresar concretamente la causa en que se funde.
Sin perjuicio de las providencias que conforme a este Código deben
dictar, tienen la obligación de inhibirse, inmediatamente que se
avoquen al conocimiento de un negocio de que no deben conocer por
impedimento o dentro de las veinticuatro horas siguientes de que
ocurra el hecho que origina el impedimento o de que tenga conocimiento
de él.
Cuando un magistrado o juez se excuse sin causa legítima, cualquiera
de las partes puede acudir en queja ante el órgano competente quien
encontrando injustificada la abstención, podrá imponer la sanción que
corresponda.
Artículo 1134.- Toda recusación se impondrá ante el juez o tribunal
que conozca del negocio, expresándose con toda claridad y precisión la
causa en que se funde, quien remitirá de inmediato testimonio de las
actuaciones respectivas a la autoridad competente para resolver sobre
la recusación.
La recusación debe decirse sin audiencia de la parte contraria, y se
tramita en forma de incidente.
Artículo 1135.- De la recusación de un magistrado que integre un
tribunal colegiado, conocerá el propio tribunal del que forma parte,
aunque el magistrado tenga competencia unitaria en tribunales
colegiados, para tal efecto se integrará de acuerdo con la ley. De un
magistrado unitario, conocerá el presidente del tribunal al que
pertenezca dicho recusado, sea fuero local o federal.
En el incidente de recusación son admisibles todos los medios de
prueba establecidos por este Código y, además, la confesión del
funcionario recusado y la de la parte contraria.
Los magistrados y jueces que conozcan de una recusación son
irrecusables para sólo este efecto.
Artículo 1136.- En los concursos solo podrá hacer uso de la recusación
el representante legítimo de los acreedores en los negocios que
afecten al interés general: en los que afecten al interés particular
de alguno de los acreedores, podrá el interesado hacer uso de la
recusación, pero el juez no quedará inhibido más que en el punto de
que se trate.
Artículo 1137.- Cuando en un negocio intervengan varias personas antes
de haber nombrado representante común, conforme al art. 1060,
sosteniendo una misma acción o derecho, o ligadas en la misma defensa,
se tendrán por una sola para el efecto de la recusación. En este caso
se admitirá la recusación cuando la proponga la mayoría de los
interesados en cantidades: si entre ellos hubiere empate, decidirá la
mayoría de personas, y si aun entre éstas lo hubiere, se desechará la
recusación.
Artículo 1138.- Son justas causas de recusación todas las que
constituyen impedimento, con arreglo al art. 1132, y además las
siguientes;
I.- Seguir algún proceso en que sea juez o árbitro, o arbitrador
alguno de los litigantes.
II.- Haber seguido el juez, su mujer o sus parientes por
consanguinidad o afinidad, en los grados que expresa la fracc. II del
art. 1132, una causa criminal contra alguna de las partes;
III.- Seguir actualmente con alguna de las partes, el juez o las
personas citadas en la fracción anterior, un proceso civil, o no
llevar un año de terminado el que antes hubieren seguido;
IV.- Ser actualmente el juez acreedor, arrendador, comensal o
principal de alguna de las partes;
V.- Ser el juez, su mujer o sus hijos, acreedores o deudores de alguna
de las partes;
VI.- Haber sido el juez administrador de algún establecimiento o
compañía que sea parte en el proceso;
VII.- Haber gestionado en el proceso, haberlo recomendado o
contribuido á los gastos que ocasione;
VIII.- Haber conocido en el negocio en otra instancia, fallando como
juez;
IX.- Asistir a convites que diere o costeare alguno de las litigantes,
después de comenzado el proceso, o tener mucha familiaridad con alguno
de ellos, o vivir con él en su compañía, en una misma casa;
X.- Admitir dádivas o servicios de alguna de las partes;
XI.- Hacer promesas, amenazar o manifestar de otro modo su odio o
afección por alguno de los litigantes.
Artículo 1139.- Las recusaciones pueden interponerse durante el juicio
desde el escrito de la contestación a la demanda hasta la notificación
del auto que abre el juicio a prueba, a menos de cambio en el personal
del juzgado o tribunal. En este caso la recusación será admisible si
se hace dentro de los tres días siguientes a la notificación del
primer auto o decreto proveído por el nuevo personal.
Mientras se decide la recusación, no suspende la jurisdicción del
tribunal o juez, por lo que se continuará con la tramitación del
procedimiento.
Si la recusación se declara fundada, será nulo lo actuado a partir de
la fecha en que se interpuso la recusación.
Artículo 1140.- Declarada procedente la recusación, termina la
jurisdicción del magistrado o juez, o la intervención del secretario
en el negocio de que se trate.
Artículo 1141.- No son recusables los jueces:
I.- En las diligencias de reconocimiento de documentos y en las
relativas a declaraciones que deban servir para preparar el juicio;
II.- Al cumplimentar exhortos;
III.- En las demás diligencias que les encomienden otros jueces o
tribunales;
IV.- En las diligencias de mera ejecución, más sí lo serán en las de
ejecución mixta;
V.- En los demás actos que no radiquen jurisdicción ni importen
conocimiento de causa.
Artículo 1142.- En los tribunales colegiados la recusación relativa a
magistrados que los integren, sólo importa la de los funcionarios
expresamente recusados.
Artículo 1143.- En las diligencias precautorias, en los juicios
ejecutivos y en los procedimientos de apremio, no se dará curso a
ninguna recusación sino practicado el aseguramiento, hecho el embargo
o desembargo en su caso, o expedida y fijada la cédula.
Artículo 1144.- Antes de contestada la demanda o de oponerse las
excepciones procesales, en su caso, no cabe recusación.
Artículo 1145.- Si se declarase inadmisible o no probada la segunda
causa de recusación que se haya interpuesto, no se volverá a admitir
otra recusación con causa, aunque el recusante proteste que la causa
es superveniente o que no había tenido conocimiento de ella.
Artículo 1146.- Los tribunales desecharán de plano toda recusación:
I. Cuando no se presente en tiempo, y
II. Cuando no se funde en alguna de las causas a que se refieren los
artículos 1132 y 1138 de esta ley, o en el caso del artículo anterior.
Artículo 1147.- Cuando se declare improcedente o no probada la causa
de recusación, se impondrá al recusante una sanción pecuniaria a favor
del colitigante, equivalente hasta de treinta días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, si fueren un secretario o
jueces de primera instancia y hasta de sesenta días de dicho salario,
si fuere un magistrado.
Artículo 1148.- Si en la sentencia se declara que procede la
recusación, se comunicará al juzgado correspondiente, para que éste, a
su vez, remita los autos al juez que corresponda. En los de segundo
grado, el magistrado recusado queda separado del conocimiento del
negocio y cuando pertenezca a tribunal colegiado se complementará en
la forma que determine la ley. En todos los casos el funcionario que
declare procedente la recusación de que se trate, también determinará
cual será el tribunal que debe seguir conociendo el asunto y el
término en que deben remitírsele los autos.
Si se declara no ser bastante la causa, se comunicará la resolución al
juzgado de su origen. Si la denegación de recusación fuese de un
magistrado, continuará conociendo del negocio el mismo si se trata de
unitario o la misma sala como antes de la recusación.
Las recusaciones de los secretarios del tribunal superior y de los
juzgados de primera instancia y de paz, se substanciarán ante las
salas o jueces con quienes actúen. Las resoluciones de los jueces de
primera instancia serán apelables en el efecto devolutivo.
Artículo 1149.- Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber
de excusarse por las mismas causas por las que pueden ser recusados, y
deben de señalar expresamente la causa de su excusa.
Artículo 1150.- Cuando un juez o magistrado se excuse sin causa
legítima o no exprese con precisión la misma, cualquiera de las partes
puede acudir en queja ante el presidente del tribunal, quien podrá
imponer una corrección disciplinaria.
CAPITULO X
Medios Preparatorios del Juicio
Artículo 1151.- El juicio podrá prepararse:
I.- Pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de
aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho
relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia;
II.- Pidiendo la exhibición de la cosa mueble, que en su caso haya de
ser objeto de acción real que se trate de entablar;
III.- Pidiendo el comprador al vendedor, o el vendedor al comprador en
el caso de evicción, la exhibición de títulos ú otros documentos que
se refieran a la cosa vendida;
IV.- Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y
cuentas de la sociedad y comunidad, al consocio o condueño que los
tenga en su poder.
V. Pidiendo el examen de testigos, cuando éstos sean de edad avanzada
o se hallen en peligro inminente de perder la vida, o próximos a
ausentarse a un lugar con el cual sean difíciles las comunicaciones y
no sea posible intentar la acción, por depender su ejercicio de un
plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía;
VI. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción,
siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en
alguno de los casos señalados en la fracción anterior;
VII. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se
requieran en un proceso extranjero, y
VIII. Pidiendo el juicio pericial o la inspección judicial cuando el
estado de los bienes, salud de las personas, variaciones de las
condiciones, estado del tiempo, o situaciones parecidas hagan temer al
solicitante la pérdida de un derecho o la necesidad de preservarlo.
Artículo 1152.- Al pedirse la diligencia preparatoria debe expresarse
el motivo porque se solicita y el litigio que se trata de seguir o que
se teme.
Artículo 1153.- El juez puede disponer lo que crea conveniente, ya
para cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia
preparatoria, ya de la urgencia de examinar a los testigos.
Contra la resolución del juez que conceda la diligencia preparatoria
no cabe recurso alguno. Contra la resolución que la deniegue habrá el
de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un juez de primera
instancia, o el de revocación si fuere dictada por juez menor o de
paz.
Artículo 1154. La acción que puede ejercitarse, conforme a las
fracciones II y III del artículo 1151, procede contra cualquier
persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan.
Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de
tres días a aquel contra quien se promueva, para que manifieste lo que
a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga
para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla. En dichos
escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se
recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de ocho
días, y en donde se alegue y se resuelva sobre la exhibición
solicitada. En caso de concederse la exhibición del bien mueble o de
los documentos, el juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a
cabo ésta, con el apercibimiento que considere procedente. La
resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la
que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación inmediata.
Artículo 1155.- Cuando se pida la exhibición de un protocolo o de
cualquier otro documento archivado en oficina pública, si el juez
concede la diligencia preparatoria, mandará que se practique por el
actuario, ejecutor o secretario, acompañado del peticionario, en el
domicilio del notario, corredor o de la oficina respectiva,
dejándoseles a estos, cédula de notificación en la que se transcriba
la orden judicial, para que se realice la inspección, sin que en
ningún caso salgan los originales. De ellos se expedirán copias
certificadas por duplicado, a costa del solicitante, autorizadas por
el notario, corredor o servidor público correspondiente, con la
anotación de haberse extendido por mandamiento judicial, señalando la
fecha del mismo, datos de identificación del procedimiento y fecha de
expedición, de las cuales una se entregará al solicitante, mediante
razón de recibo en autos, y la otra quedará agregada al expediente.
Artículo 1156.- Las diligencias preparatorias a que se refiere la
fracción III del artículo 1151, de encontrarse ajustada la petición
del promovente, así como acreditada su calidad de socio o condueño, se
admitirán de plano, y se ordenará, mediante notificación personal a
aquel contra quien se pide, que exhiba los documentos y cuentas de la
sociedad o comunidad, en el día y hora que al efecto se señale, para
que se reciban por el tribunal, con el apercibimiento que de no
realizarlo se le aplicará alguna de las medidas de apremio que
autoriza la ley.
Artículo 1157.- Las diligencias preparatorias de que se trata en las
fracciones V a VIII del artículo 1151 se practicará con citación de la
parte contraria, a quien se correrá traslado de la solicitud por el
término de tres días, y se aplicarán las reglas establecidas para la
práctica de las pruebas testimonial, pericial o la inspección
judicial, según sean los casos.
Artículo 1158.- El juez podrá utilizar sin limitación de ninguna
especie, toda clase de apercibimientos de los que permite la ley para
hacer cumplir las determinaciones que dicte en toda clase de medios
preparatorios a juicio.
Artículo 1159.- En todos los casos en que las partes interesadas no
comparezcan a los procedimientos de que se trata en este capítulo, se
procederá en su rebeldía, sin necesidad de nueva búsqueda.
Artículo 1160.- Es obligación del tribunal ordenar se expidan copias
certificadas de todo lo actuado en los medios preparatorios a juicio
de que se trate.
Artículo 1161.- Promovido el juicio las partes podrán exhibir las
copias certificadas a que se refiere el artículo anterior, o solicitar
que se agreguen las actuaciones originales de los medios preparatorios
que se hubieren tramitado, para lo cual deberá hacerse la petición
desde el escrito de demanda o contestación y de no hacerse así no se
recibirán dichos originales, al igual que cuando se hubieren
extraviado o destruido.
Artículo 1162.- Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al
deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad, para lo cual
el juez señalará día y hora para la comparecencia. En este caso el
deudor habrá de estar en el lugar del juicio cuando se le haga la
citación, y ésta deberá ser personal, expresándose en la notificación
el nombre y apellidos del promovente, objeto de la diligencia, la
cantidad que se reclame y el origen del adeudo, además de correrle
traslado con copia de la solicitud respectiva, cotejada y sellada.
Artículo 1163.- Si el deudor fuere hallado o no en su domicilio y
debidamente cerciorado el notificador de ser ése, le entregará la
cédula en la que se contenga la transcripción íntegra de la
providencia que se hubiere dictado, al propio interesado, a su
mandatario, al pariente más cercano que se encontrare en la casa, a
sus empleados, a sus domésticos o a cualquier otra persona que viva en
el domicilio del demandado, entregándole también copias del traslado
de la solicitud debidamente selladas y cotejadas.
Artículo 1164.- Si no comparece a la citación, y si se le hubiere
hecho con apercibimiento de ser declarado confeso, así como cumplidos
los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, y la
exhibición del pliego de posiciones que calificadas de legales
acrediten la procedencia de lo solicitado, se le tendrá por confeso en
la certeza de la deuda, y se despachará auto de embargo en su contra,
siguiéndose el juicio conforme marca la ley para los de su clase.
Artículo 1165.- El documento privado que contenga deuda líquida y sea
de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios
preparatorios a juicio, exhibiendo el documento al juez a quien se le
hará saber el origen del adeudo, solicitándole que ordene el
reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo.
Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone
en el domicilio del deudor para que se le requiera que bajo protesta
de decir verdad, haga reconocimiento de su firma, así como del origen
y monto del adeudo, y en el mismo acto se entregue cédula de
notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así
como copia simple cotejada y sellada de la solicitud.
De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se
trate de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o
actos de dominio tratándose de personas morales o del representante
legal, en otros casos, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer
requerimiento alguno, y dejará citatorio para que ese deudor,
mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de
diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio,
la que se practicará después de las seis y hasta las setenta y dos
horas siguientes. También el actuario o ejecutor podrá, sin necesidad
de providencia judicial, trasladarse a otro u otros domicilios en el
que se pueda encontrar el deudor, con la obligación de dejar
constancia de estas circunstancias. Si después de realizadas hasta un
máximo de cinco búsquedas del deudor éste no fuere localizado, se
darán por concluidos los medios preparatorios a juicio, devolviéndose
al interesado los documentos exhibidos y dejando a salvo sus derechos
para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.
Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante, e
intimado dos veces rehúse contestar si es o no es suya la firma, se
tendrá por reconocida, y así lo declarará el juez.
Cuando reconozca la firma, más no el origen o el monto del adeudo, el
actuario o ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia
o dentro de los cinco días siguientes exhiba las pruebas documentales
que acredite su contestación. De no exhibirse, el juez lo tendrá por
cierto en la certeza de la deuda señalada, o por la cantidad que deje
de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca la
firma origen o monto del adeudo.
Cuando el deudor desconozca su firma se dejarán a salvo los derechos
del promovente para que los haga valer en la vía y forma
correspondiente pero de acreditarse la falsedad en que incurrió el
deudor, se dará vista al Ministerio Público.
Lo mismo se hará con el mandatario o representante legal del deudor
que actúe en la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior.
Cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la
deuda, se ordenará la expedición de copias certificadas de todo lo
actuado a favor del promovente y a su costa.
El actor formulará su demanda en vía ejecutiva, ante el mismo juez que
conoció de los medios preparatorios acompañando la copia certificada
como documento fundatorio de su acción, copias simples de éstas y
demás que se requieran para traslado al demandado, y se acumularán los
dos expedientes y en su caso se despachará auto de ejecución.
Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía
ejecutiva como marca la ley para los de su clase.
La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos
efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de
tramitación inmediata.
Artículo 1166.- Puede hacerse el reconocimiento ante notario o
corredor, ya en el momento de su otorgamiento o con posterioridad, de
aquellos documentos que se hubieren firmado sin la presencia de dichos
fedatarios, siempre que lo haga la persona directa obligada, su
representante legítimo o su mandatario con poder bastante.
El notario o corredor harán constar el reconocimiento al pie del
documento mismo, asentando si la persona que lo reconoce es el
obligado directo, o su apoderado y la cláusula relativa del mandato o
el representante legal, señalando también el número de escritura y
fecha de la misma en que se haga constar el reconocimiento.
Los documentos así reconocidos también darán lugar a la vía ejecutiva.
Artículo 1167.- Si es instrumento público o privado reconocido o
contiene cantidad líquida, puede prepararse la acción ejecutiva
siempre que la liquidación pueda hacerse en un término que no excederá
de nueve días.
CAPITULO XI
De las Providencias Precautorias
Artículo 1168.- Las providencias precautorias podrán dictarse:
I. Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra
quien deba entablarse o se haya entablado una demanda;
II. Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe
ejercitarse una acción real;
III. Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere
otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia y se
tema que los oculte o enajene.
Artículo 1169.- Las disposiciones del artículo anterior comprenden, no
solo al deudor, sino también a los tutores, socios y administradores
de bienes ajenos.
Artículo 1170.- Las providencias precautorias establecidas por este
Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después
de iniciado el juicio respectivo: en este segundo caso la providencia
se sustanciará en incidente por cuerda separada, y conocerá de ella el
juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del
negocio.
Artículo 1171.- No pueden dictarse otras providencias precautorias que
las establecidas en este Código, y que exclusivamente consistirán en
el arraigo de la persona en el caso de la frac. I del art. 1168, y en
el secuestro de bienes en los casos de las fracs. II y III del mismo
artículo,
Artículo 1172.- El que pida la providencia precautoria deberá
acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la
medida que solicita.
Artículo 1173.- La prueba puede consistir en documentos o en testigos
idóneos, que serán por lo menos tres.
Artículo 1174.- Si el arraigo de una persona para que conteste en
juicio se pide al tiempo de entablar la demanda, bastará la petición
del actor y el otorgamiento de una fianza que responda de los daños y
perjuicios que se causen al demandado, cuyo monto discrecionalmente
fijará el Juez, para que se haga al demandado la correspondiente
notificación.
Artículo 1175.- En el caso del artículo anterior, la providencia se
reducirá a prevenir al demandado que no se ausente del lugar del
juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y
expensado, para responder a las resultas del juicio.
Artículo 1176.- Si la petición de arraigo se presenta antes de
entablar la demanda, además de la prueba que exige el art. 1172, el
actor deberá dar una fianza a satisfacción del juez de responder de
los daños y perjuicios que se sigan si no se entabla la demanda.
Artículo 1177.- El que quebrantare el arraigo será castigado con la
pena que señala el Código Penal respectivo al delito de desobediencia
a un mandato legítimo de la autoridad pública, sin perjuicio de ser
compelido por los medios de apremio que correspondan a volver al lugar
del juicio. En todo caso, se seguirá éste, según su naturaleza,
conforme a las reglas comunes.
Artículo 1178.- Cuando se solicite el secuestro provisional, se
expresará el valor de la demanda o el de la cosa que se reclama,
designando ésta con toda precisión; y el juez, al decretarlo, fijará
la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia.
Artículo 1179.- Cuando se pida un secuestro provisional sin fundarlo
en título ejecutivo, el actor dará fianza de responder por los daños y
perjuicios que se sigan, ya porque se revoque la providencia, ya
porque, entablada la demanda, sea absuelto el reo.
Artículo 1180.- Si el demandado consigna el valor ú objeto reclamado,
da fianza bastante a juicio del juez o prueba tener bienes raíces
suficientes para responder del éxito de la demanda, no se llevará á
cabo la providencia precautoria, o se levantará la que se hubiere
dictado.
Artículo 1181.- Ni para recibir la información ni para dictar una
providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se
pida.
Artículo 1182.- De toda providencia precautoria queda responsable el
que la pide; por consiguiente, son de su cargo los daños y perjuicios
que se causen.
Artículo 1183.- En la ejecución de las providencias precautorias no se
admitirá excepción alguna, salvo las que se señalan en el artículo
1180.
Artículo 1184.- El aseguramiento de bienes decretado por providencia
precautoria, se regirán por lo dispuesto para los juicios ejecutivos
mercantiles, y en cuanto a la consignación a que se refiere el
artículo 1180 de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la
entidad federativa, a que pertenezca el juez que haya decretado la
precautoria, y en su oscuridad o insuficiencia a lo que resuelva el
juez.
Artículo 1185.- Ejecutada la providencia precautoria antes de ser
entablada la demanda, el que la pidió deberá entablarla dentro de tres
días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se
dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres
días señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo del
artículo 1075.
Artículo 1186.- Si el actor no cumple con lo dispuesto en el artículo
que precede, la providencia precautoria se revocará de oficio, aunque
no lo pida el demandado.
Artículo 1187.- La persona contra quien se haya dictado una
providencia precautoria, puede reclamarla en cualquier tiempo, pero
antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificará
dicha providencia, caso de no haberse ejecutado con su persona o con
su representante legítimo.
Artículo 1188.- Igualmente puede reclamar la providencia precautoria
un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Esta
reclamación se sustanciará por cuaderno separado y conforme a los
artículos siguientes.
Artículo 1189.- Reclamada la providencia en escrito de demanda en el
que se ofrezcan las pruebas por el tercero, el juez correrá traslado
al promovente de la precautoria, y en su caso al deudor para que la
contesten dentro del término de cinco días, debiendo en su caso,
ofrecer las pruebas que pretendan se les reciban. Transcurrido el
plazo para la contestación, al día siguiente en que se venza el
término, el juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido, y
señalará fecha para su desahogo dentro de los quince días siguientes,
mandando preparar las pruebas que así lo ameriten.
Artículo 1190.- En la audiencia a que se refiere el artículo anterior,
se recibirán las pruebas y concluido su desahogo las partes alegarán
verbalmente lo que a su derecho convenga, y el tribunal fallará en la
misma audiencia.
Artículo 1191.- Si atendido el interés del negocio hubiere lugar a la
apelación, ésta se admitirá sólo en el efecto devolutivo y será de
tramitación inmediata. Si la sentencia levanta la providencia
precautoria, no se ejecutará sino previa fianza que dé la parte que
obtuvo. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria. Cuando
la providencia precautoria hubiere sido dictada en segunda instancia,
la sentencia no admitirá recurso alguno.
Artículo 1192.- Cuando la providencia precautoria se dicte por un juez
que no sea el que deba conocer del negocio principal, una vez
ejecutada y resuelta la reclamación, si se hubiere formulado, se
remitirán al juez competente las actuaciones, que en todo caso se
unirán al expediente para que en él obren los efectos que correspondan
conforme a derecho.
Artículo 1193.- Las fianzas de que se trata en este capítulo, se
otorgarán ante el tribunal que haya decretado la providencia
precautoria respectiva.
El fiador, o la compañía de fianzas que otorgue la garantía por
cualquiera de las partes se entiende que renuncia a todos los
beneficios legales, observándose en este caso, lo dispuesto en los
artículos relativos al Código Civil Federal.
CAPITULO XII
Reglas Generales sobre la Prueba
Artículo 1194.- El que afirma está obligado a probar. En consecuencia,
el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones.
Artículo 1195.- El que niega no está obligado a probar, sino en el
caso en que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho.
Artículo 1196.- También está obligado a probar el que niega, cuando al
hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el
colitigante.
Artículo 1197.- Solo los hechos están sujetos a prueba: el derecho lo
estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras: el que las
invoca debe probar la existencia de ellos y que son aplicables al
caso.
Artículo 1198.- Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el
hecho o hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las
razones por los que el oferente considera que demostrarán sus
afirmaciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no
cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose
lo dispuesto en el artículo 1203 de este ordenamiento. En ningún caso
se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho.
Artículo 1199.- El juez recibirá el pleito a prueba en el caso de que
los litigantes lo hayan solicitado, o de que él la estime necesaria.
Artículo 1200.- Cualquiera cuestión que se suscite con ocasión de lo
dispuesto en los dos artículos anteriores, el juez la resolverá de
plano.
Artículo 1201.- Las diligencias de prueba deberán practicarse dentro
del término probatorio; el juez deberá fundar la resolución que
permita su desahogo fuera de dicho término, las cuales deberán
mandarse concluir en los juicios ordinarios dentro de un plazo de
veinte días, y en los juicios especiales y ejecutivos dentro de diez
días, bajo responsabilidad del juez, salvo casos de fuerza mayor.
Artículo 1202.- No obstan a lo dispuesto en el artículo anterior las
reglas que se establecen para la recepción de pruebas en incidentes, o
las documentales de las que la parte que las exhibe manifieste bajo
protesta de decir verdad, que antes no supo de ellas, o habiéndolas
solicitado y hasta requerido por el juez, no las pudo obtener, o las
supervenientes.
Artículo 1203.- Al día siguiente en que termine el período del
ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que
determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo
limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso se
admitirán pruebas contra del derecho o la moral; que se hayan ofrecido
extemporáneamente, sobre hechos no controvertidos o ajenos a la litis;
sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 1198 de este Código.
Contra el auto que admita alguna prueba que contravenga las
prohibiciones señaladas anteriormente o que no reúna los requisitos
del artículo 1198, procede la apelación en efecto devolutivo de
tramitación conjunta con la sentencia definitiva, cuando sea apelable
la sentencia en lo principal. En el mismo efecto devolutivo y de
tramitación conjunta con dicha sentencia, será apelable la
determinación en que se deseche cualquier prueba que ofrezcan las
partes o terceros llamados a juicio, a los que siempre se les
considerará como partes en el mismo.
Artículo 1204.- La citación se hará, lo más tarde, el día anterior á
aquel en que deba recibirse la prueba.
Artículo 1205.- Son admisibles como medios de prueba todos aquellos
elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador
acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán
tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros,
peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial,
fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de
sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de hechos y en general
cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad.
Artículo 1206.- El término de prueba es ordinario o extraordinario. Es
ordinario el que se concede para producir probanzas dentro de la
entidad federativa en que el litigio se sigue. Es extraordinario el
que se otorga para que se reciban pruebas fuera de la misma.
Artículo 1207.- El término ordinario que procede, conforme al artículo
1199, es susceptible de prórroga cuando se solicite dentro del término
de ofrecimiento de pruebas y la contraria manifieste su conformidad, o
se abstenga de oponerse a dicha prórroga dentro del término de tres
días. Dicho término únicamente podrá prorrogarse en los juicios
ordinarios hasta por veinte días y en los juicios ejecutivos o
especiales hasta por diez días. El término extraordinario sólo se
concederá cuando las pruebas se tengan que desahogar en distinta
entidad federativa o fuera del país, y cuando se otorguen las
garantías por cada prueba que se encuentre en dichos supuestos, bajo
las condiciones que dispongan las leyes procesales locales aplicadas
supletoriamente, quedando al arbitrio del juez señalar el plazo que
crea prudente, atendida la distancia de lugar y la calidad de la
prueba. Del término extraordinario no cabe prórroga.
Artículo 1208.- Ni el término ordinario ni el extraordinario, podrán
suspenderse sino de común consentimiento de los interesados, o por
causa muy grave, a juicio del juez y bajo su responsabilidad.
Artículo 1209.- Cuando se otorgue la suspensión, se expresará en el
auto la causa que hubiere para hacerlo.
La suspensión del procedimiento se levantará cuando se haya hecho por
consentimiento de los interesados a petición de cualquiera de ellos,
sin ulterior recurso, sin perjuicio de que dicha suspensión no impida
que corra el término de la caducidad. Cuando se decrete por causa muy
grave a juicio del juez, la suspensión se levantará cuando cese dicha
causa, o éste requiera a las partes para que dentro del plazo de tres
días, manifiesten y acrediten si tal gravedad subsiste. Transcurridos
noventa días naturales de que se haya suspendido por causa grave, de
oficio o cualquiera de las partes podrá solicitar al juez, para que se
compruebe si subsiste la gravedad, y de haberse salvado ésta, se
levantará la suspensión, previa constancia de haberse efectuado el
requerimiento señalado anteriormente, con el fin de que se inicie
cualquier término judicial, incluyendo el de la caducidad.
Artículo 1210.- Las diligencias de prueba practicadas en otros
juzgados, en virtud del requerimiento del juez de los autos, durante
la suspensión del término, surtirán sus efectos mientras el requerido
no tenga aviso para suspenderlas.
CAPITULO XIII
De la Confesión
Artículo 1211.- La confesión puede ser judicial o extrajudicial.
Artículo 1212.- Es judicial la confesión que se hace ante juez
competente, ya al contestar la demanda, ya absolviendo posiciones.
Artículo 1213.- Se considera extrajudicial la confesión que se hace
ante juez incompetente.
Artículo 1214.- Desde los escritos de demanda y contestación a la
demanda y hasta diez días antes de la audiencia de pruebas, se podrá
ofrecer la de confesión, quedando las partes obligadas a declarar,
bajo protesta de decir verdad, cuando así lo exija el contrario.
Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder
especial para absolverlas, o general con cláusula para hacerlo.
Artículo 1215.- Las personas físicas que sean parte en juicio, sólo
están obligadas a absolver posiciones personalmente, cuando así lo
exija el que las articula, y desde el ofrecimiento de la prueba se
señale la necesidad de que la absolución deba realizarse de modo tan
personal, y existan hechos concretos en la demanda y contestación que
justifiquen dicha exigencia, la que será calificada por el tribunal
para así ordenar su recepción. En caso contrario la absolución se hará
por el mandatario o representante legal con facultades suficientes
para absolver posiciones.
Artículo 1216.- El mandatario o representante que comparezca a
absolver posiciones por alguna de las partes, forzosamente será
conocedor de todos los hechos controvertidos propios de su mandante o
representado, y no podrá manifestar desconocer los hechos propios de
aquel por quien absuelve, ni podrá manifestar que ignora la respuesta
o contestar con evasivas, ni mucho menos negarse a contestar o se
abstenga de responder de modo categórico en forma afirmativa o
negativa, pues de hacerlo así se le declarará confeso de las
posiciones que calificadas de legales se le formulen, toda vez que el
tribunal bajo su responsabilidad debe considerar a dicho mandatario o
representante legal, como si se tratara de la misma persona o parte
por la cual absuelva las posiciones. Desde luego que el que comparezca
a absolver posiciones después de contestar afirmativa o negativamente,
podrá agregar lo que a su interés convenga.
Artículo 1217.- Tratándose de personas morales, la absolución de
posiciones siempre se llevará a efecto por apoderado o representante,
con facultades para absolver, sin que se pueda exigir que el desahogo
de la confesional se lleve a cabo por apoderado o representante
específico. En este caso, también será aplicable lo que se ordena en
el artículo anterior.
Artículo 1218.- El cesionario se considera como apoderado del cedente
para los efectos del artículo que precede.
Artículo 1219.- Si el que debe absolver las posiciones no estuviere en
el lugar del juicio, el juez librará el correspondiente exhorto
acompañando, cerrado y sellado, el pliego en que consten las
posiciones, mismas que deben ser previamente calificadas. Del pliego,
el oferente de la prueba, deberá, al ofrecer la confesión, acompañar
copia que, autorizada conforme a la ley con la firma del juez y la del
secretario, quedará en el seguro del juzgado, sin oportunidad de que
pueda ser conocida por el contrario del oferente.
Artículo 1220.- El juez exhortado practicará todas las diligencias que
correspondan conforme a este capítulo, pero no podrá declarar confeso
a ninguno de los litigantes, salvo que el juez exhortante lo autorice
para que haga esa declaración de confeso o en los casos que así lo
permite la ley.
Artículo 1221.- El que articula las preguntas, ya sea la parte misma,
ya su apoderado, tiene derecho de asistir al interrogatorio y de hacer
en el acto las nuevas preguntas que le convengan.
Artículo 1222.- Las posiciones deben articularse en términos precisos;
no han de ser insidiosas; no ha de contener cada una más que un solo
hecho, y éste ha de ser propio del que declara.
Artículo 1223.- Si se presenta pliego de posiciones para el desahogo
de la confesional, éste deberá presentarse cerrado, y guardarse así en
el secreto del tribunal, asentándose la razón respectiva en la misma
cubierta, que rubricará el juez y firmará el secretario. Si no se
exhibe el pliego, deberá estarse a lo dispuesto en el siguiente
artículo.
Artículo 1224.- Si el citado comparece, el juez, en su presencia,
abrirá el pliego, se impondrá de las posiciones, y antes de proceder
al interrogatorio, calificará las preguntas conforme al artículo 1222.
La notificación personal al que deba absolver posiciones se
practicará, por lo menos con dos días de anticipación al señalado para
la audiencia, sin contar el día en que se verifique la diligencia de
notificación, el día siguiente hábil en que surta efectos la misma ni
el señalado para recibir la declaración.
Si la oferente de la prueba decide no presentar pliego de posiciones,
tendrá el derecho de articular posiciones verbales en la audiencia
respectiva, pero en el caso de incomparecencia de la misma, se
castigará con deserción de la confesional.
Contra la calificación de posiciones, procede el recurso de apelación
preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.
Artículo 1225.- Hecha la protesta de decir verdad, el juez procederá
al interrogatorio, asentando literalmente las respuestas, y concluida
la diligencia, la parte absolvente firmará al margen el pliego de
posiciones.
Artículo 1226.- En ningún caso se permitirá que la parte que ha de
absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado,
procurador, ni por otra persona; ni se le dará traslado ni copia de
las posiciones, ni término para que se aconseje; pero si el absolvente
fuere extranjero, podrá ser asistido por un intérprete, si lo pidiere,
en cuyo caso el juez lo nombrará.
Artículo 1227.- Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones
y al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán
separadamente, y en un mismo día, evitando que los que absuelvan
primero se comuniquen con los que han de absolver después.
Artículo 1228.- Las contestaciones deberán ser afirmativas o
negativas, pudiendo agregar el que las dé, las explicaciones que
estime convenientes, o las que el juez le pida.
Artículo 1229.- En el caso de que el declarante se negare a contestar,
el juez le apercibirá en el acto de tenerle por confeso si persiste en
su negativa.
Artículo 1230.- Si las respuestas del que declara fueren evasivas, el
juez le apercibirá igualmente de tenerle por confeso sobre los hechos
respecto de los cuales sus respuestas no fueren categóricas o
terminantes.
Artículo 1231.- La declaración, una vez firmada, no puede variarse ni
en la sustancia ni en la redacción.
Artículo 1232.- El que deba absolver posiciones, será declarado
confeso:
I. Cuando sin justa causa el que deba absolver posiciones se abstenga
de comparecer cuando fue citado para hacerlo, en cuyo caso la
declaración se hará de oficio; siempre y cuando se encuentre exhibido
con anterioridad al desahogo de la prueba el pliego de posiciones;
II. Cuando se niegue a declarar;
III. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o
negativamente.
Artículo 1233.- En el primer caso del artículo anterior, el juez
abrirá el pliego, o hará constar por escrito las posiciones, y las
calificará antes de hacer la declaración.
Artículo 1234.- Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho
a su vez de formularlas en el acto al articulante si hubiere asistido.
El tribunal puede, libremente, interrogar a las partes sobre los
hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la
verdad.
Las partes pedirán en el mismo acto de la declaración que el tribunal
exija al absolvente que aclare algún punto dudoso sobre el cual no se
haya contestado categóricamente, sea de las posiciones formuladas por
las partes, o por el interrogatorio que de oficio se haya realizado, y
en su caso que se declare confeso si se haya en alguno de los casos de
las dos últimas fracciones del artículo 1232.
Artículo 1235.- Cuando la confesión no se haga al absolver las
posiciones, sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del
juicio, no siendo en la presencia judicial, para que ésta quede
perfeccionada, el colitigante deberá pedir la ratificación, y si
existiere negativa injustificada para ratificar dicho escrito que
contenga la confesión, o bien omisión de hacerlo, se acusará la
correspondiente rebeldía, quedando perfecta la confesión.
Artículo 1236.- Las autoridades, las corporaciones oficiales y los
establecimientos que formen parte de la administración pública no
absolverán posiciones en la forma que establecen los artículos
anteriores, salvo lo dispuesto en el artículo 1217, pero la parte
contraria podrá pedir que se les libre oficio, insertando las
posiciones que quiera hacerles para que, por vía de informe, sean
contestadas por la persona que designa, dentro del término que designe
el tribunal, y que no excederá de ocho días con el apercibimiento de
tenerla por confesa si no contestare dentro del término que se le haya
fijado, o si no lo hiciere categóricamente afirmando o negando los
hechos. La declaración de confeso podrá hacerse de oficio o a petición
de parte.
CAPITULO XIV
De los Instrumentos y Documentos
Artículo 1237.- Son instrumentos públicos los que están reputados como
tales en las leyes comunes, y además las pólizas de contratos
mercantiles celebrados con intervención de corredor y autorizados por
éste, conforme a lo dispuesto en el presente Código.
Artículo 1238.- Documento privado es cualquiera otro no comprendido en
lo que dispone el artículo anterior.
Artículo 1239.- Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o
testimonio de parte de un documento o pieza que obre en los archivos
públicos o en los libros de los corredores, el contrario tendrá
derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del
mismo documento.
Artículo 1240.- Los documentos existentes en partido distinto del en
que se siga el juicio, se compulsarán a virtud de exhorto que dirija
el juez de los autos al del lugar en que aquellos se encuentren.
Artículo 1241.- Los documentos privados y la correspondencia
procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía
de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por
admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos
expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los
presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los
originales a quien deba reconocerlos y se le dejará ver todo el
documento, no sólo la firma.
Artículo 1242.- Los documentos privados se presentarán en originales,
y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán
para que se compulse la parte que señalen los interesados.
Artículo 1243.- Si el documento se encuentra en libros o papeles de
casa de comercio o de algún establecimiento industrial, el que pida el
documento o la constancia, deberá fijar con precisión cuál sea, y la
copia testimoniada se tomará en el escritorio del establecimiento, sin
que los directores de él estén obligados a llevar al tribunal los
libros de cuenta, sino sólo a presentar las partidas o documentos
designados.
Artículo 1244.- En el reconocimiento se observará lo dispuesto en los
arts. 1217 a 1219, 1221 y 1287, fracs. I y II.
Artículo 1245.- Solo pueden reconocer un documento privado, el que lo
firma, el que lo manda extender, o el legítimo representante de ellos
con poder o cláusula especial.
Artículo 1246.- Los instrumentos auténticos expedidos por las
autoridades federales, hacen fe en toda la República, sin necesidad de
legalización.
Artículo 1247.- Las partes sólo podrán objetar los documentos en
cuanto a su alcance y valor probatorio dentro de los tres días
siguientes al auto admisorio de pruebas, tratándose de los presentados
hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados
en igual término, contado desde el día siguiente a aquel en que surta
efectos la notificación del auto que ordene su admisión. No será
necesario para la objeción a que se refiere el presente artículo la
tramitación incidental de la misma.
Artículo 1248.- Para que haga fe en la República los documentos
públicos extranjeros deberán presentarse legalizados por las
autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes
aplicables.
Artículo 1249. Los documentos que fueren transmitidos
internacionalmente, por conducto oficial, para surtir efectos legales,
no requerirán de legalización.
Tampoco requerirán de legalización, los documentos públicos
extranjeros, cuando se tenga celebrado tratado o acuerdo
interinstitucional con el país de que provengan, y se exima de dicha
legalización.
Artículo 1250.- En caso de que se niegue o se ponga en duda la
autenticidad de un documento, objetándolo o impugnándolo de falso,
podrá pedirse el cotejo de letras y/o firmas. Tratándose de los
documentos exhibidos junto con la demanda, el demandado si pretende
objetarlos o tacharlos de falsedad, deberá oponer la excepción
correspondiente, y ofrecer en ese momento las pruebas que estime
pertinentes, además de la prueba pericial, debiendo darse vista con
dicha excepción a la parte actora, para que manifieste lo que a su
derecho convenga respecto a la pertinencia de la prueba pericial, y
reservándose su admisión para el auto admisorio de pruebas, sin que
haya lugar a la impugnación en la vía incidental. En caso de que no se
ofreciera la pericial, no será necesaria la vista a que se refiere el
presente artículo sino que deberá estarse a lo dispuesto por los
artículos 1379 y 1401 de este Código, según sea el caso.
Tratándose de documentos exhibidos por la parte demandada junto con su
contestación a la demanda, o bien de documentos exhibidos por
cualquiera de las partes con posterioridad a los escritos que fijan la
litis, la impugnación se hará en vía incidental.
Las objeciones a que se refiere el párrafo anterior se podrán realizar
desde el escrito donde se desahogue la vista de excepciones y defensas
y hasta diez días antes de la celebración de la audiencia, tratándose
de los presentados hasta entonces, y respecto de los que se exhiban
con posterioridad, dentro de los tres días siguientes a aquel en que
en su caso, sean admitidos por el tribunal.
Si con la impugnación a que se refieren los dos párrafos anteriores no
se ofreciere la prueba pericial correspondiente o no se cumpliere con
cualquiera de los requisitos necesarios para su admisión a trámite, se
desechará de plano por el juzgador.
Artículo 1250 bis.- En el caso de impugnación y objeción de falsedad
de un documento, además de lo dispuesto en el artículo anterior, se
observará lo dispuesto en las siguientes reglas:
I. La parte que objete la autenticidad de un documento o lo redarguya
de falso, deberá indicar específicamente los motivos y las pruebas;
II. Cuando se impugne la autenticidad de un documento privado, o,
público sin matriz, deberán señalarse los documentos indubitables para
el cotejo, y promover la prueba pericial correspondiente;
III. Sin los requisitos anteriores se tendrá por no objetado ni
redargüido o impugnado el instrumento;
IV. De la impugnación se correrá traslado al colitigante para que en
el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga y
ofrezca pruebas, que se recibirán en audiencia incidental únicamente
en lo relativo a la objeción o impugnación;
V. Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al juez para
conocer y decidir en lo principal la fuerza probatoria del documento
impugnado, sin que pueda hacerse declaración alguna general que afecte
al instrumento y sin perjuicio del procedimiento penal a que hubiera
lugar, y
VI. Si durante la secuela del procedimiento se tramitare diverso
proceso penal sobre la falsedad del documento en cuestión, el
tribunal, sin suspender el juicio y según las circunstancias, podrá
determinar al dictar la sentencia si se reservan los derechos del
impugnador para el caso en que penalmente se demuestre la falsedad o
bien puede subordinar la eficacia ejecutiva de la sentencia a la
prestación de una caución.
Artículo 1250 bis 1.- Tanto para la objeción o impugnación de
documentos sean privados, o públicos que carezcan de matriz,
únicamente se considerarán indubitables para el cotejo:
I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común
acuerdo, debiendo manifestar esa conformidad ante la presencia
judicial;
II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en
juicio a solicitud de parte, por aquél a quien se atribuya la dudosa;
III. Los documentos cuya letra o firma haya sido judicialmente
declarada propia de aquél a quien se atribuye la dudosa;
IV. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como
suya aquel a quien perjudique;
V. Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del
secretario del tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de
comprobar.
Artículo 1251.- En el caso de que alguna de las partes sostenga la
falsedad de un documento que pueda ser de influencia notoria en el
pleito, se observarán las prescripciones relativas del Código de
Procedimientos Penales respectivo.
CAPITULO XV
De la Prueba Pericial
Artículo 1252.- Los peritos deben tener título en la ciencia, arte,
técnica, oficio o industria a que pertenezca la cuestión sobre la que
ha de oírse su parecer, si la ciencia, arte, técnica, oficio o
industria requieren título para su ejercicio.
Si no lo requirieran o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar,
podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas a satisfacción
del juez, aun cuando no tengan título.
La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran
conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o
industria de que se trate, más no en lo relativo a conocimientos
generales que la ley presupone como necesarios en los jueces, por lo
que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por
las partes para ese tipo de conocimientos, o que se encuentren
acreditadas en autos con otras pruebas, o tan sólo se refieran a
simples operaciones aritméticas o similares.
El título de habilitación de corredor público acredita para todos los
efectos la calidad de perito valuador.
Artículo 1253. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del
término de ofrecimiento de pruebas en los siguientes términos:
I. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o
industria sobre la cual deba practicarse la prueba; los puntos sobre
los que versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial,
así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o
industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio
de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos
controvertidos;
II. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez
desechará de plano la prueba en cuestión;
III. En caso de estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá,
quedando obligadas las partes a que sus peritos, dentro del plazo de
tres días, presenten escrito en el que acepten el cargo conferido y
protesten su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el original o
copia certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten
su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el
que se les designa; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que
conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial,
así como que tienen la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre
el particular, quedando obligados a rendir su dictamen dentro de los
diez días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos
de aceptación y protesta del cargo de peritos, salvo que existiera en
autos causa bastante por la que tuviera que modificarse la fecha de
inicio del plazo originalmente concedido. Sin la exhibición de dichos
documentos justificativos de su calidad, no se tendrá por presentado
al perito aceptando el cargo, con la correspondiente sanción para las
partes, sin que sea necesaria la ratificación de dichos dictámenes
ante la presencia judicial;
IV. Cuando se trate de juicios ejecutivos, especiales o cualquier otro
tipo de controversia de trámite específicamente singular, las partes
quedan obligadas a cumplir dentro de los tres días siguientes al
proveído en que se les tengan por designados tales peritos, conforme a
lo ordenado en el párrafo anterior, quedando obligados los peritos, en
estos casos, a rendir su dictamen dentro de los cinco días siguientes
a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo con la misma
salvedad que la que se establece en la fracción anterior;
V. Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos
resulten substancialmente contradictorios, se designará al perito
tercero en discordia tomando en cuenta lo ordenado por el artículo
1255 de este código;
VI. La falta de presentación del escrito del perito designado por la
oferente de la prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a
que se tenga por desierta dicha pericial. Si la contraria no designare
perito, o el perito por ésta designado, no presentare el escrito de
aceptación y protesta del cargo, dará como consecuencia que se tenga a
ésta por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del
oferente. En el supuesto de que el perito designado por alguna de las
partes, que haya aceptado y protestado el cargo conferido, no presente
su dictamen pericial en el término concedido, se entenderá que dicha
parte acepta aquél que se rinda por el perito de la contraria, y la
pericial se desahogará con ese dictamen. Si los peritos de ambas
partes, no rinden su dictamen dentro del término concedido, el juez
designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su
dictamen dentro del plazo señalado en las fracciones III y IV, según
corresponda.
En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el juez
sancionará a los peritos omisos con multa hasta de tres mil pesos y
corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por
inflación este monto expresado en pesos y publicarlo en el Diario
Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año.
Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor
del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última
actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en
cuestión.
VII. Las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de los peritos
que hayan nombrado, así como a presentarlos cuantas veces sea
necesario al juzgado. También quedarán obligadas a presentar el
dictamen pericial dentro del plazo señalado, y de no presentarse, se
tendrá por no rendido el dictamen;
VIII. Las partes en cualquier momento podrán convenir en la
designación de un sólo perito para que rinda su dictamen al cual se
sujetarán, y
IX. También las partes en cualquier momento podrán manifestar su
conformidad con el dictamen del perito de la contraria y hacer
observaciones al mismo, que serán consideradas en la valoración que
realice el juez en su sentencia.
Artículo 1254.- El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará
vista a la contraria por el término de tres días, para que manifieste
sobre la pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación
de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente,
para que los peritos dictaminen, y para que designe perito de su
parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o
industria, en que la haya ofrecido el oferente, así como su cédula
profesional, o en su caso los documentos que justifiquen su capacidad
científica, artística, técnica, etc. requisito sin el cual no se le
tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se refiere
la fracción VI del artículo anterior.
Artículo 1255.- Cuando los dictámenes rendidos resulten
substancialmente contradictorios de tal modo que el juez considere que
no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de
convicción, podrá designar un perito tercero en discordia. A este
perito deberá notificársele para que dentro del plazo de tres días,
presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su
fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional
o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica,
oficio o industria para el que se le designa, manifestando, bajo
protesta de decir verdad, que tiene la capacidad suficiente para
emitir dictamen sobre el particular; así mismo señalará el monto de
sus honorarios, en los términos de la legislación local
correspondiente o, en su defecto, los que determine, mismos que deben
ser autorizados por el juez, y serán cubiertos por ambas partes en
igual proporción.
El perito tercero en discordia rendirá su peritaje en la audiencia de
pruebas o en la fecha en que según las circunstancias del caso señale
el juez, salvo que medie causa justificada no imputable al perito, en
cuyo caso, el juez dictará las providencias necesarias que permitan
obtener el peritaje.
En caso de que el perito tercero en discordia no rinda su peritaje en
el supuesto previsto en el párrafo anterior, dará lugar a que el
tribunal le imponga una sanción pecuniaria a favor de las partes por
el importe de una cantidad igual a la que fijó como honorarios de sus
servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, el
tribunal dictará proveído de ejecución en su contra, además de hacerlo
saber al tribunal pleno, y a la asociación, colegio de profesionistas
o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el
juez, para los efectos correspondientes.
En el supuesto del párrafo anterior, el juez designará otro perito
tercero en discordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para
el desahogo de la prueba en cuestión.
Artículo 1256.- El perito que nombre el juez puede ser recusado dentro
de los cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la
notificación de la aceptación y protesta del cargo por dicho perito a
los litigantes. Son causas de recusación las siguientes:
I. Ser el perito pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del
cuarto grado, de alguna de las partes, sus apoderados, abogados,
autorizados o del juez o sus secretarios, o tener parentesco civil con
alguna de dichas personas;
II. Haber emitido sobre el mismo asunto dictamen, a menos de que se
haya mandado reponer la prueba pericial;
III. Haber prestado servicios como perito a alguno de los litigantes,
salvo el caso de haber sido tercero en discordia, o ser dependiente,
socio, arrendatario o tener negocios de cualquier clase, con alguna de
las personas que se indican en la fracción primera;
IV. Tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro juicio
semejante, o participación en sociedad, establecimiento o empresa con
alguna de las personas que se indican en la fracción primera, y
V. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las
partes, sus representantes, abogados o con cualquier otra persona de
relación familiar cercana a aquéllos.
Propuesta en forma la recusación, el juez mandará se haga saber al
perito recusado, para que el perito en el acto de la notificación si
ésta se entiende con él, manifieste al notificador si es o no
procedente la causa en que aquélla se funde.
Si la reconoce como cierta, el juez lo tendrá por recusado sin más
trámites y en el mismo auto nombrará otro perito. Si el recusado no
fuere hallado al momento de notificarlo, deberá comparecer en el
término de tres días, para manifestar bajo protesta de decir verdad,
si es o no procedente la causa en que se funde la recusación.
Si admite ser procedente en la comparecencia o no se presenta en el
término señalado, el tribunal sin necesidad de rebeldía, de oficio, lo
tendrá por recusado y en el mismo auto designará otro perito.
Cuando el perito niegue la causa de recusación, el juez mandará que
comparezcan las partes a su presencia en el día y hora que señale, con
las pruebas pertinentes. Las partes y el perito únicamente podrán
presentar pruebas en la audiencia que para tal propósito cite el juez.
No compareciendo la parte recusante a la audiencia, se le tendrá por
desistida de la recusación. En caso de inasistencia del perito se le
tendrá por recusado y se designará otro.
Si comparecen todas las partes litigantes, el juez las invitará a que
se pongan de acuerdo sobre la procedencia de la recusación, y en su
caso sobre el nombramiento del perito que haya de reemplazar al
recusado.
Si no se ponen de acuerdo, el juez admitirá las pruebas que sean
procedentes desahogándose en el mismo acto, uniéndose a los autos los
documentos e inmediatamente resolverá lo que estime procedente.
En el caso de declarar procedente la recusación, el juez en la misma
resolución, hará el nombramiento de otro perito, si las partes no lo
designan de común acuerdo.
Cuando se declare fundada alguna causa de recusación a la que se haya
opuesto el perito, el tribunal en la misma resolución condenará al
recusado a pagar dentro del término de tres días, una sanción
pecuniaria equivalente al diez por ciento del importe de los
honorarios que se hubieren autorizado, y su importe se entregará a la
parte recusante.
Asimismo, se consignarán los hechos al Ministerio Público para efectos
de investigación de falsedad en declaraciones judiciales o cualquier
otro delito, además de remitir copia de la resolución al tribunal
pleno, para que se apliquen las sanciones que correspondan.
No habrá recurso alguno contra las resoluciones que se dicten en el
trámite o la decisión de la recusación.
En caso de ser desechada la recusación, se impondrá al recusante una
sanción pecuniaria hasta por el equivalente a ciento veinte días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que se aplicará
en favor del colitigante.
Artículo 1257.- Los jueces podrán designar peritos de entre aquéllos
autorizados como auxiliares de la administración de justicia por la
autoridad local respectiva, o a solicitar que el perito sea propuesto
por colegios, asociaciones o barras de profesionales, artísticas,
técnicas o científicas o de las instituciones de educación superior
públicas o privadas, o las cámaras de industria, comercio, o
confederaciones de cámaras a la que corresponda al objeto del
peritaje.
Cuando el juez solicite que el perito se designe por alguna de las
instituciones señaladas en último término, prevendrá a las mismas que
la nominación del perito que propongan, se realice en un término no
mayor de cinco días, contados a partir de la recepción de la
notificación o mandamiento que expida el juez.
En todos los casos en que se trate únicamente de peritajes sobre el
valor de cualquier clase de bienes y derechos, los mismos se
realizarán por avalúos que practiquen dos corredores públicos o
instituciones de crédito, nombrados por cada una de las partes, y en
caso de diferencias en los montos que arrojen los avalúos, no mayor
del treinta por ciento en relación con el monto mayor, se mediarán
estas diferencias. De ser mayor tal diferencia, se nombrará un perito
tercero en discordia, conforme al artículo 1255 de este código, en lo
conducente.
En el supuesto de que alguna de las partes no exhiba el avalúo a que
se refiere el párrafo anterior, el valor de los bienes y derechos será
el del avalúo que se presente por la parte que lo exhiba, perdiendo su
derecho la contraria para impugnarlo.
Cuando el juez lo estime necesario, podrá designar a algún corredor
público, institución de crédito, al Nacional Monte de Piedad o a
dependencias o entidades públicas que practican avalúos.
En todos los casos en que el tribunal designe a los peritos, los
honorarios de éstos se cubrirán por mitad por ambas partes, y aquélla
que no pague lo que le corresponde será apremiada por resolución que
contenga ejecución y embargo en sus bienes. En el supuesto de que
alguna de las partes no cumpla con su carga procesal de pago de
honorarios al perito designado por el juez, dicha parte incumplida
perderá todo derecho para impugnar el peritaje que se emita por dicho
tercero.
Artículo 1258.- Las partes tendrán derecho a interrogar al o a los
peritos que hayan rendido su dictamen, salvo en los casos de avalúos a
que se refiere el artículo 1257, y a que el juez ordene su
comparecencia en la audiencia que para tal fin se señale, en la que se
interrogará por aquél que la haya solicitado o por todos los
colitigantes que la hayan pedido.
CAPITULO XVI
Del Reconocimiento o Inspección Judicial
Artículo 1259.- El reconocimiento o inspección judicial puede
practicarse á petición de parte o de oficio, si el juez lo cree
necesario.
El reconocimiento se practicará el día, hora y lugar que se señalen.
Las partes, sus representantes o abogados pueden concurrir a la
inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas.
También podrán concurrir a ellas los testigos de identidad o peritos
que fueren necesarios.
Artículo 1260.- Del reconocimiento se levantará una acta, que firmarán
todos los que a él concurran, y en la que se asentarán con exactitud
los puntos que lo hayan provocado, las observaciones de los
interesados, las declaraciones de los peritos, si los hubiere, y todo
lo que el juez creyere conveniente para esclarecer la verdad.
CAPITULO XVII
De la Prueba Testimonial
Artículo 1261.- Todos los que tengan conocimiento de los hechos que
las partes deben de probar, están obligados a declarar como testigos.
Artículo 1262.- Las partes tendrán obligación de presentar sus propios
testigos para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de
notificación. Sin embargo, cuando realmente estuvieren imposibilitadas
para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y
pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación con
apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas o multa
equivalente hasta quince días de salario mínimo general diario vigente
en el Distrito Federal, que aplicará al testigo que no comparezca sin
causa justificada, o que se niegue a declarar.
Artículo 1263.- Para el examen de los testigos no se presentarán
interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y
directamente por las partes, tendrán relación directa con los puntos
controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral. Deberán
estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que en una
sola no se comprenda más de un hecho. El juez debe cuidar de que se
cumplan estas condiciones impidiendo preguntas que las contraríen.
Contra la desestimación de preguntas sólo cabe el recurso de apelación
en el efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la sentencia
definitiva.
Artículo 1264.- La protesta y examen de los testigos se hará en
presencia de las partes que concurrieren. Interrogará el promovente de
la prueba y a continuación los demás litigantes.
Artículo 1265.- Después de tomarle al testigo la protesta de
conducirse con verdad y de advertirle de las penas en que incurren los
testigos falsos, se hará constar el nombre y apellidos, edad, estado,
domicilio y ocupación; si es pariente por consanguinidad o afinidad y
en que grado, de alguno de los litigantes, si es dependiente o
empleado del que lo presente, o tiene con él sociedad o alguna otra
relación de intereses; si tiene interés directo o indirecto en el
pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. A
continuación se procederá al examen.
Artículo 1266.- Sobre los hechos probados por confesión judicial, no
podrá el que los haya confesado rendir prueba de testigos.
Artículo 1267.- A las personas mayores de setenta años y a los
enfermos, podrá el juez, según las circunstancias, recibirles la
declaración en sus casas.
Artículo 1268.- El Presidente de la República, los secretarios de
Estado, los titulares de los organismos públicos descentralizados o
empresas de participación estatal mayoritaria, el Gobernador del Banco
de México, los senadores, diputados, magistrados, jueces, generales
con mando, las primeras autoridades políticas del Distrito Federal, no
están obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al
asunto de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones.
Solamente cuando el tribunal lo juzgue indispensable para la
investigación de la verdad, podrán ser llamados a declarar. En este
caso, y en cualquier otro, se pedirá su declaración por oficio, y en
esta forma lo rendirán.
Artículo 1269.- Cuando el testigo resida fuera de la jurisdicción
territorial del juez que conozca del juicio, deberá el promovente, al
ofrecer la prueba, presentar sus interrogatorios con las copias
respectivas para las otras partes, que dentro de tres días podrán
presentar sus interrogatorios de repreguntas. Para el examen de estos
testigos, se librará exhorto en que se incluirán en pliego cerrado,
las preguntas y repreguntas.
Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de
declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los
declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los
términos que dispone este Código.
Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del
desahogo, que los hechos materia del interrogatorio están relacionados
con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la
autoridad exhortante.
Artículo 1270.- Las partes pueden asistir al acto del interrogatorio
de los testigos, pero no podrán interrumpirlos ni hacerles otras
preguntas o repreguntas que las formuladas en los respectivos
interrogatorios. Solo cuando el testigo deje de contestar á algún
punto, o haya incurrido en contradicción, o se haya expresado con
ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del juez, para que
éste, si lo estima conveniente, exija al testigo las aclaraciones
oportunas.
Artículo 1271.- Los testigos serán examinados separada y
sucesivamente, sin que unos pueden presenciar las declaraciones de los
otros. A este efecto, el juez fijará un sólo día para que se presenten
los testigos que deban declarar conforme a un mismo interrogatorio y
designará el lugar en que deben permanecer hasta la conclusión de la
diligencia. Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos
en un sólo día, la diligencia se suspenderá para continuarla el
siguiente.
La parte contraria al oferente de la prueba decidirá, a su perjuicio
si la prueba testimonial se divide, permitiendo que se examine a un
testigo sin que haya comparecido alguno con el que este relacionado el
examinado.
Artículo 1272.- El juez, al examinar á los testigos, puede hacerles
las preguntas que estime convenientes, siempre que sean relativas a
los hechos contenidos en los interrogatorios.
Cuando el testigo deje de contestar a algún punto o haya incurrido en
contradicción, o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes
llamar la atención del juez para que éste, si lo estima conveniente,
exija al testigo las aclaraciones oportunas.
El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y
a las partes las preguntas que estime conducentes a la investigación
de la verdad respecto a los puntos controvertidos.
Si el testigo no sabe el idioma, rendirá su declaración por medio de
intérprete, que será nombrado por el juez. Si el testigo lo pidiere,
además de asentarse su declaración en castellano, podrá escribirse en
su propio idioma por él o por el intérprete.
Las respuestas del testigo se harán constar en autos en forma que al
mismo tiempo se comprenda el sentido o términos de la pregunta
formulada. Salvo en casos excepcionales, a juicio del juez, en que
permitirá que se escriba textualmente la pregunta y a continuación la
respuesta.
Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el juez
deberá exigirla en todo caso.
Artículo 1273.- Sobre los hechos que han sido objeto de un
interrogatorio, no puede presentarse otro en ninguna instancia del
juicio.
CAPITULO XVIII
De la Fama Pública
Artículo 1274.- Para que la fama pública sea admitida como prueba,
debe tener las condiciones siguientes:
I.- Que se refiera á época anterior al principio del pleito;
II.- Que tenga origen de personas determinadas, que sean o hayan sido
conocidas, honradas, fidedignas, y que no haya tenido ni tengan
interés alguno en el negocio de que se trate;
III.- Que sea uniforme, constante y aceptada por la generalidad de la
población donde se supone acontecido el suceso de que se trate.
IV.- Que no tenga por fundamento las preocupaciones religiosas o
populares, ni las exageraciones de los partidos políticos, sino una
tradición racional o algunos hechos que, aunque indirectamente, la
comprueben.
Artículo 1275.- La fama pública debe probarse con tres o más testigos
que no solo sean mayores de toda excepción, sino que por su edad, por
su inteligencia y por la independencia de su posición social, merezcan
verdaderamente el hombre de fidedignos.
Artículo 1276.- Los testigos no solo deben declarar las personas á
quienes oyeron referir el suceso, sino también las causas probables en
que descanse la creencia de la sociedad.
CAPITULO XIX
De las Presunciones
Artículo 1277.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez
deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro
desconocido: la primera se llama legal, y la segunda humana.
Artículo 1278.- Hay presunción legal:
I.- Cuando la ley la establece expresamente.
II.- Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley.
Artículo 1279.- Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente
probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel.
Artículo 1280.- El que tiene á su favor una presunción legal, solo
está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción.
Artículo 1281.- No se admite prueba contra la presunción legal:
I. Cuando la ley lo prohíbe expresamente;
II. Cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una
acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de
probar.
Artículo 1282.- Contra las demás presunciones legales y contra las
humanas, es admisible la prueba.
Artículo 1283.- Las presunciones humanas no servirán para probar
aquellos actos que, conforme á la ley, deben constar en una forma
especial.
Artículo 1284.- La presunción debe ser grave; esto es, digna de ser
aceptada por personas de buen criterio. Debe también ser precisa; esto
es, que el hecho probado en que se funde, sea parte o antecedente, o
consecuencia del que se quiere probar.
Artículo 1285.- Cuando fueren varias las presunciones con que se
quiere probar un hecho, han de ser, además, concordantes; esto es, no
deben modificarse ni destruirse unas por otras, y deben tener tal
enlace entre sí y con el hecho probado, que no puedan dejar de
considerarse como antecedentes o consecuencias de éste.
Artículo 1286.- Si fueren varios los hechos en que se funde una
presunción, además de las calidades señaladas en el art. 1284, deben
estar de tal manera enlazadas, que aunque produzcan indicios
diferentes, todos tiendan á probar el hecho de que se trate, que por
lo mismo no puede dejar de ser causa o efecto de ellos.
CAPITULO XX
Del Valor de las Pruebas
Artículo 1287.- La confesión judicial hace prueba plena cuando
concurren en ella las circunstancias siguientes:
I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse;
II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;
III. Que sea de hecho propio y concerniente al negocio;
IV. Que se haya hecho conforme á las prescripciones del cap. XIII.
Artículo 1288.- Cuando la confesión judicial haga prueba plena y
afecte á toda la demanda, cesará el juicio ordinario, si el actor lo
pidiere así, y se procederá en la vía ejecutiva.
Artículo 1289.- Para que se consideren plenamente probados los hechos
sobre que versen las posiciones que judicialmente han sido dadas por
absueltas en sentido afirmativo, se requiere;
I. Que el interesado sea capaz de obligarse;
II. Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito;
III. Que la declaración sea legal.
Artículo 1290.- El declarado confeso puede rendir prueba en contrario.
Artículo 1291.- La confesión extrajudicial hará prueba plena si el
juez incompetente ante quien se hizo, era reputado competente por las
dos partes en el acto de la confesión.
Artículo 1292.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque
se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de
éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los
protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o
archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en
que existiere la inconformidad.
Artículo 1293.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto
a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la
acción que en ellos se funde.
Artículo 1294.- Las actuaciones judiciales harán prueba plena.
Artículo 1295.- Para graduar la fuerza probatoria de los libros de los
comerciantes, se observarán las reglas siguientes:
I. Los libros de los comerciantes probarán contra ellos, sin
admitirles prueba en contrario; pero el adversario no podrá aceptar
los asientos que le sean favorables y desechar los que le perjudiquen,
sino que, habiendo aceptado este medio de prueba, quedará sujeto al
resultado que arrojen en su conjunto, tomando en igual consideración
todos los asientos relativos a la cuestión litigiosa;
II. Si en los asientos de los libros llevados por dos comerciantes no
hubiere conformidad, y los del uno se hubieren llevado con todas las
formalidades expresadas en este Código, y los del otro adolecieren de
cualquier defecto o carecieren de los requisitos exigidos por este
mismo Código, los asientos de los libros en regla harán fé contra los
de los defectuosos, a no demostrarse lo contrario por medio de otras
pruebas admisibles en derecho;
III. Si uno de los comerciantes no presentare sus libros o manifestare
no tenerlos, harán fe contra él los de su adversario, llevados con
todas las formalidades legales, a no demostrar que la carencia de
dichos libros procede de fuerza mayor, y salvo siempre la prueba
contra los asientos exhibidos, por otros medios admisibles en juicio;
IV. Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los requisitos
legales y fueren contradictorios, el juez o tribunal juzgará por las
demás probanzas, calificándolas según las reglas generales del
derecho;
V. (Se deroga).
Artículo 1296.- Los documentos privados y la correspondencia
procedentes de uno de los interesados, presentados en juicio por vía
de prueba y no objetados por la parte contraria se tendrán por
admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos
expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los
presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los
originales a quien debe reconocerlos y se les dejará ver todo el
documento, no sólo la firma.
Artículo 1297.- Los documentos simples comprobados por testigos tendrá
el valor que merezcan sus testimonios recibidos conforme á lo
dispuesto en el cap. XVII.
Artículo 1298.- El documento que un litigante presenta, prueba
plenamente en su contra, en todas sus partes, aunque el colitigante no
lo reconozca.
Artículo 1298-A.- Se reconoce como prueba los mensajes de datos. Para
valorar la fuerza probatoria de dichos mensajes, se estimará
primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada,
archivada, comunicada o conservada.
Artículo 1299.- El reconocimiento o inspección judicial hará prueba
plena cuando se haya practicado en objetos que no requieran
conocimientos especiales o científicos.
Artículo 1300.- Los avalúos harán prueba plena.
Artículo 1301.- La fe de los demás juicios periciales, incluso el
cotejo de letras, será calificada por el juez según las
circunstancias.
Artículo 1302.- El valor de la prueba testimonial queda al arbitrio
del juez, quien nunca puede considerar probados los hechos sobre los
cuales ha versado, cuando no haya por lo menos dos testigos en quienes
concurran las siguientes condiciones:
I. Que sean mayores de toda excepción;
II. Que sean uniformes, esto es, que convengan no solo en la
sustancia, sino en los accidentes del acto que refieren, o aun cuando
no convengan en éstos, si no modifican la esencia del hecho;
III. Que declaren de ciencia cierta, esto es, que hayan oído
pronunciar las palabras, presenciando el acto o visto el hecho
material sobre que deponen;
IV. Que den fundada razón de su dicho.
Artículo 1303.- Para valorar las declaraciones de los testigos, el
juez tendrá en consideración las circunstancias siguientes:
I. Que no sean declaradas procedentes las tachas que se hubieren hecho
valer o que el juez de oficio llegue a determinar;
II. Que por su edad, su capacidad y su instrucción, tenga el criterio
necesario para juzgar del acto;
III. Que por su probidad, por la independencia de su posición y por
sus antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;
IV. Que el hecho de que se trate sea susceptible de ser conocido por
medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no
por inducciones ni referencias á otras personas;
V. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias,
ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre las circunstancias
esenciales;
VI. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni
impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no debe
estimarse como fuerza o intimidación.
Artículo 1304.- Un solo testigo hace prueba plena, cuando ambas partes
personalmente y siendo mayores de edad, convengan en pasar por su
dicho.
Artículo 1305.- Las presunciones legales de que trata el art. 1281,
hacen prueba plena.
Artículo 1306.- Los jueces, según la naturaleza de los hechos, la
prueba de ellos, el enlace natural más o menos necesario que existe
entre la verdad conocida y la que se busca, y la aplicación más o
menos exacta que se pueda hacer de los principios consignados en los
arts. 1283 a 1286, apreciarán en justicia el valor de las presunciones
humanas.
CAPITULO XXI
De las Tachas
Artículo 1307.- Dentro de los tres días que sigan a la declaración de
los testigos, podrán las partes tachar a los testigos por causas que
éstos no hayan expresado en sus declaraciones.
Artículo 1308.- Transcurridos dichos tres días, no podrá admitirse
ninguna solicitud sobre tachas.
Artículo 1309.- (Se deroga).
Artículo 1310.- Cuando el testigo tuviere con ambas partes el mismo
parentesco, o desempeñare oficios o tuviere negocios o interés directo
o indirecto en el pleito para con las dos partes, no será tachable.
Artículo 1311.- No es tachable el testigo presentado por ambas partes.
Artículo 1312.- El juez nunca repelará de oficio al testigo. Será
siempre examinado y las tachas que se hagan valer se calificarán en la
sentencia. Cuando las tachas aparezcan de las declaraciones de los
testigos u otras constancias de autos, el juez hará dicha calificación
aunque no se hayan opuesto tachas al testigo.
Artículo 1313.- No es admisible la prueba testimonial para tachar a
los testigos que hayan declarado en el incidente de tachas.
Artículo 1314.- La petición de tachas se hará en forma de incidente y
en los términos para su tramitación.
Artículo 1315.- En las pruebas de tachas se observarán las reglas que
en las comunes.
Artículo 1316.- Transcurrido el término concedido para probar las
tachas, las pruebas de éstas se unirán á los autos, sin necesidad de
gestión de los interesados.
Artículo 1317.- Las tachas deben contraerse únicamente á las personas
de los testigos; los vicios que hubiere en los dichos o en la forma de
las declaraciones, serán objeto del alegato de buena prueba.
Artículo 1318.- En igual plazo que el señalado en el artículo 1307,
podrá alegarse la falsedad de los documentos, observándose las
disposiciones relativas a los incidentes.
Artículo 1319.- Si los documentos se presentan después del término de
ofrecimiento de pruebas, en los casos en que la ley lo permite, o sean
supervenientes, el juez dará vista de ellos a la parte contraria, para
que haga valer sus derechos.
Artículo 1320.- La calificación de las tachas se hará en la sentencia
definitiva.
CAPITULO XXII
De las Sentencias
Artículo 1321.- Las sentencias son definitivas o interlocutorias.
Artículo 1322.- Sentencia definitiva es la que decide el negocio
principal.
Artículo 1323.- Sentencia interlocutoria es la que decide un
incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia.
Artículo 1324.- Toda sentencia debe ser fundada en la ley, y si ni por
el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la
controversia, se atenderá á los principios generales de derecho,
tomando en consideración todas las circunstancias del caso.
Artículo 1325.- La sentencia debe ser clara, y al establecer el
derecho, debe absolver o condenar.
Artículo 1326.- Cuando el actor no probare su acción, será absuelto el
demandado.
Artículo 1327.- La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones
deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda
y en la contestación.
Artículo 1328.- No podrán, bajo ningún pretexto, los jueces ni los
tribunales, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las
cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito.
Artículo 1329.- Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se
hará con la debida separación la declaración correspondiente á cada
uno de ellos.
Artículo 1330.- Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o
perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se
establecerán por lo menos las bases con arreglo á las cuales deba
hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio.
CAPITULO XXIII
De la Aclaración de Sentencia
Artículo 1331.- El recurso de aclaración de sentencia solo procede
respecto de las definitivas.
Artículo 1332.- El juez, al aclarar las cláusulas o palabras
contradictorias, ambiguas u oscuras de la sentencia, no puede variar
la sustancia de ésta.
Artículo 1333.- La interposición del recurso de aclaración de
sentencia, interrumpe el término señalado para la apelación.
CAPITULO XXIV
De la Revocación y Reposición
Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos
pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo
substituya en el conocimiento del negocio.
De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos
que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la
reposición.
Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la
reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días
siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a
impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el
tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de
los tres días siguientes.
De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o
la reposición no habrá ningún recurso.
CAPITULO XXV
De la Apelación
Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para
que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones
del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los
términos que se precisan en los artículos siguientes.
Artículo 1337.- Pueden apelar de una sentencia:
I. El litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún
agravio;
II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha
conseguido la restitución de frutos, la indemnización de daños y
perjuicios, o el pago de las costas, y,
III. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al
notificársele la admisión de ésta, o dentro de los tres días
siguientes a esa notificación. En este caso la adhesión al recurso
sigue la suerte de éste, y
IV. El tercero con interés legítimo, siempre y cuando le perjudique la
resolución.
Artículo 1338.- La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y
en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de
tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso.
Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten
durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios
cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos por concepto de suerte
principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás
accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda,
debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente.
Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por
inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y
publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30
de diciembre de cada año.
Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor
del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última
actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en
cuestión.
Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de
este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos
efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo
en el devolutivo.
Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que
decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia
definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo
dispuesto en el primer párrafo de este artículo.
El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones,
que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto
devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia
definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de
agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que
se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación
que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte
apelante.
Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o
resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere
disposición especial de la ley.
La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado
el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve
días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se
tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto,
interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata
de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días
si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia
definitiva.
Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto,
interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de
tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al
interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se
deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con
la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos
en el artículo 1344 de este Código.
Artículo 1339 Bis.- Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán
apelables.
Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando
por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o
cuando el monto sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de
suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos
previstos en el artículo 1339.
Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo
fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma
condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda
repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone.
Artículo 1342.- Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y
se sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 1344 de este Código.
Artículo 1343.- La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria
cuando la misma no pueda ser recurrida por ningún otro medio ordinario
o extraordinario de impugnación, cualquiera que sea el interés que en
el litigio se verse.
CAPITULO XXVI
Del Trámite de la Apelación
Artículo 1344. En los casos no previstos en el artículo 1345, la parte
que se sienta agraviada por una resolución judicial que sea apelable,
dentro del tercer día siguiente de aquél en que surta efectos su
notificación, deberá hacer saber por escrito su inconformidad apelando
preventivamente ésta sin expresar agravios; de no presentarse el
escrito de inconformidad a que se refiere este párrafo, se tendrá por
precluido el derecho del afectado para hacerlo valer como agravio en
la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva.
Dentro del plazo de nueve días a que se refiere el artículo 1079, el
apelante, ya sea vencedor o vencido, deberá hacer valer también en
escrito por separado los agravios que considere le causaron las
determinaciones que combatió en las apelaciones admitidas en efecto
devolutivo de tramitación preventiva y cuyo trámite se reservó para
hacerlo conjuntamente con la sentencia definitiva, para que el
tribunal que conozca del recurso en contra de ésta última pueda
considerar el resultado de lo ordenado en la resolución recaída en la
apelación preventiva.
Si se trata del vencido o de aquella parte que no obtuvo todo lo que
pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la
apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, deberá
expresar en los agravios en contra de la sentencia que resolvió el
Juicio de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento
de la violación a subsanar.
Tratándose de la parte que obtuvo todo lo que pidió, aún y cuando no
sea necesario que apele en contra de la sentencia definitiva, deberá
expresar los agravios en contra de las resoluciones que fueron motivo
del recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la
sentencia definitiva, manifestando de qué manera trascendería al fondo
del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, a efecto de
que el tribunal de alzada proceda a estudiarlas.
En dichos supuestos se dará vista a la contraria para que en el
término de seis días contesten los agravios.
El tribunal de alzada estudiará en primer término las violaciones
procesales que se hubiesen hecho valer en los recursos de apelación
preventiva y de encontrar violaciones procesales que sean
trascendentes al fondo del Juicio y, sólo en aquellas que requieran
ser reparadas por el juez natural, dejará insubsistente la sentencia
definitiva, regresando los autos originales al juez de origen para que
éste proceda a reponer el procedimiento y dicte nueva sentencia.
De no ser procedentes los agravios de las apelaciones de tramitación
conjunta con la sentencia definitiva o no habiendo sido expresados, o
resultando fundados no sea necesario que la violación procesal sea
reparada por el juez de origen, el tribunal estudiará y resolverá la
procedencia, o no, de los agravios expresados en contra de la
definitiva, resolviendo el recurso con plenitud de jurisdicción.
Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la
ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se
tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan:
I. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda, o de los
medios preparatorios a juicio;
II. Contra el auto que no admite a trámite la reconvención, en
tratándose de juicios ordinarios;
III. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio;
IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre
y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la
apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo.
V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones
por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte
en el incidente;
VI. Contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales;
VII. Contra el auto que tenga por contestada la demanda o
reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos
casos;
VIII. Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento;
IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien
en ejecución de sentencia;
X. La resolución que dicte el juez en el caso previsto en el artículo
1148 de este Código.
Artículo 1345 bis.- En los casos previstos en este Capítulo, la
apelación debe interponerse ante el juez que pronunció la resolución
impugnada en la forma y términos previstos en éste.
Artículo 1345 bis 1.- El litigante al interponer la apelación de
tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause
la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley
establezca un trámite diverso.
Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra
auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis
días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del
plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en
que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones.
Artículo 1345 bis 2.- Interpuesta una apelación, si fuera procedente,
el juez la admitirá sin substanciación alguna, siempre que tratándose
de apelaciones de tramitación inmediata, en el escrito se hayan hecho
valer los agravios respectivos, expresando en su auto si la admite en
ambos efectos o en uno solo.
El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de
apelación respectivo con todas las constancias que obren en el
expediente que se tramitare ante él, si se tratare de la primera
apelación que se haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o
ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación
con las constancias faltantes entre la última admitida y las
subsecuentes, hasta la apelación de que se trate.
De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación,
dará vista con el mismo a la parte apelada, para que en el término de
tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia
interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva.
Artículo 1345 bis 3.- Transcurridos los plazos señalados en el
artículo anterior, sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o
no los agravios, se remitirán al superior, los escritos originales del
apelante y en su caso de la parte apelada y las demás constancias que
se señalan anteriormente, o los autos originales cuando se trate de
apelación en contra de sentencia definitiva, o que deba admitirse en
ambos efectos. El testimonio de apelación que se forme por el juez, se
remitirá a la superioridad que deba conocer del mismo, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha en que precluyó
el término de la parte apelada para contestar agravios, o en su caso
del auto en que se tuvieron por contestados.
El tribunal al recibir el testimonio formará un solo toca o cuaderno,
en el que se vayan tramitando todas las apelaciones que se interpongan
en el juicio de que se trate, el que deberá mantener en el local del
tribunal hasta que concluya el negocio. Una vez terminado el asunto
procederá a su destrucción, guardando solo copias con firma autógrafa
de las resoluciones dictadas.
Artículo 1345 bis 4.- El tribunal, al recibir las constancias que
remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo
y bien admitida, y calificará si se confirma o no el grado en que se
admitió por el inferior. De encontrarla ajustada a derecho, así lo
hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar
sentencia, la que pronunciará y notificará dentro de los términos de
este Código.
En el caso de que se trate de sentencia definitiva y la apelación
proceda en el efecto devolutivo, se dejará en el juzgado copia
certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime
necesarias para ejecutarla, remitiéndose desde luego los autos
originales al tribunal correspondiente.
La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la
ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria. Cuando se
interponga contra auto o interlocutoria que por su contenido impida la
continuación del procedimiento y la apelación se admita en ambos
efectos, se suspenderá la tramitación del juicio.
Artículo 1345 bis 5.- Se admitirán en un solo efecto las apelaciones
en los casos en que no se halle prevenido expresamente que se admitan
en ambos efectos.
Artículo 1345 bis 6.- Una vez confirmada la admisión y calificación
del grado en que haya sido admitido el recurso por el juez, el
tribunal citará a las partes en el mismo auto para oír sentencia.
Tratándose de apelaciones que no se tengan que resolver junto con las
apelaciones intermedias que deban tramitarse y resolverse junto con
ésta, o bien tratándose de apelaciones de intermedias y definitiva que
se tramiten y resuelvan de manera conjunta, que no excedan en número
de seis, el tribunal contará con un máximo de veinte días para
elaborar el proyecto. Si el número de apelaciones que se tengan que
resolver de manera conjunta exceden de seis, el plazo para dictar la
sentencia se ampliará hasta por diez días más, así como en el caso de
que tengan que examinarse expedientes y/o documentos voluminosos.
Artículo 1345 bis 7. En el caso de que el apelante omitiera expresar
agravios, al interponer el recurso de apelación de tramitación
inmediata ante el juez sin necesidad de acusar rebeldía, declarará
precluido su derecho y quedará firme la resolución. Si no se
interpusiera apelación en contra de la sentencia definitiva, se
entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido
apelados durante el procedimiento y que sean de tramitación conjunta
con la sentencia definitiva, a excepción de lo previsto en el párrafo
cuarto del artículo 1344 de este Código.
(Se deroga el segundo párrafo)
Artículo 1345 bis 8.- De los autos y de las sentencias interlocutorias
de tramitación inmediata, de los que se derive una ejecución que pueda
causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación
proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el
apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos
por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación.
Con vista a lo solicitado el juez deberá resolver, y si la admite en
ambos efectos señalará el monto de la garantía que exhibirá el
apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la
suspensión.
La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser
inferior a seis mil pesos; y será fijada al prudente arbitrio del
juez, cantidad que se actualizará en forma anualizada que deberá regir
a partir del primero de enero de cada año, de acuerdo con el Índice
Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México, o
aquel que lo sustituya. Si no se exhibe la garantía en el plazo
señalado, la apelación sólo se admitirá en efecto devolutivo.
En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el
apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos
efectos, procede el recurso de revocación en los términos previsto en
el Capítulo XXIV de este Código.
CAPITULO XXVII
De la Ejecución de las Sentencias
Artículo 1346.- Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en
primera instancia, o el designado en el compromiso en caso de
procedimiento convencional.
Artículo 1347.- Cuando se pida la ejecución de sentencia o convenio,
si no hay bienes embargados, se procederá al embargo, observándose lo
dispuesto en los arts. 1397, 1400 y 1410 á 1413 de este Libro.
Artículo 1347-A.- Las sentencias y resoluciones dictadas en el
extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las
siguientes condiciones:
I.- Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los
tratados en que México sea parte en materia de exhortos provenientes
del extranjero;
II.- Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una
acción real;
III.- Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para
conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el
derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este
Código. El Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene
competencia cuando exista, en los actos jurídicos de que devenga la
resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento
únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos;
IV.- Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma
personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el
ejercicio de sus defensas;
V.- Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron
dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra;
VI.- Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que
esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en
el cual hubiere prevenido el Tribunal Mexicano o cuando menos que el
exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y
entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las
autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La
misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia
definitiva;
VII.- Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no
sea contraria al orden público en México; y
VIII.- Que llenen los requisitos para ser considerados como
auténticos.
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el juez
podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se
ejecutan sentencias o resoluciones jurisdiccionales extranjeras en
casos análogos.
Artículo 1348.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte
a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su
liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte
condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de
igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será
apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata.
CAPITULO XXVIII
De los Incidentes
Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un
juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo
que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano.
Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada,
sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal.
Artículo 1351.- Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se
tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se
dispone en los siguientes artículos.
Artículo 1352.- Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se
interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos
sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que
en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho
convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo
planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de
quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos
incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que
la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y
desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la
presuncional.
Artículo 1353.- Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los
señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al
promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán
proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las
que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las
partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo
en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho
días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten.
Artículo 1354.- En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y
acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar
la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las
partes dentro de los ocho días siguientes.
Artículo 1355.- Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que
propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o
transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para
oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará
a las partes dentro de los tres días siguientes.
Artículo 1356.- Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán
apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término
al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se
admitirán en efecto suspensivo.
Artículo 1357.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a
los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás
procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite
específicamente señalado para los juicios de su clase.
Artículo 1358.- En los incidentes criminales que surjan en negocios
civiles, se observará lo dispuesto en el Código de Procedimientos
Penales respectivo.
CAPITULO XXIX
De la Acumulación de Autos
Artículo 1359.- La acumulación de autos solo podrá decretarse á
instancia de parte legítima, salvo los casos en que, conforme á la
ley, deba hacerse de oficio.
Artículo 1360.- La acumulación puede pedirse en cualquier estado del
juicio, antes de pronunciarse sentencia, salvo que se trate de
excepciones procesales que deban hacerse valer al contestar la
demanda, o que tratándose del actor bajo protesta de decir verdad
manifieste no conocer, al solicitar la acumulación, no haber conocido
antes de la presentación de su demanda, de la causa de la acumulación.
Artículo 1361.- La acumulación deberá tramitarse en forma de
incidente.
CAPITULO XXX
De las Tercerías
Artículo 1362.- En un juicio seguido por dos o más personas, puede un
tercero presentarse a deducir otra acción distinta de la que se debate
entre aquellos. Este nuevo litigante se llama tercer opositor.
Artículo 1363.- Las tercerías son coadyuvantes o excluyentes. Es
coadyuvante la tercería que auxilia la pretensión del demandante o la
del demandado. Las demás se llaman excluyentes.
Artículo 1364.- Las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en
cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejercite, y
cualquiera que sea el estado en que éste se encuentre, con tal que aún
no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria.
Artículo 1365.- Las tercerías coadyuvantes no producen otro efecto que
el de asociar a quien las interpone con la parte cuyo derecho
coadyuva, a fin de que el juicio continúe según el estado en que se
encuentre, y se sustancíe hasta las ulteriores diligencias con el
tercero y el litigante coadyuvado, teniéndose presente lo prevenido en
el artículo 1060.
Artículo 1366.- La acción que deduce el tercero coadyuvante deberá
juzgarse con lo principal en una misma sentencia.
Artículo 1367.- Las tercerías excluyentes son de dominio o de
preferencia: en el primer caso deben fundarse en el dominio que sobre
los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita alega el
tercero, y en el segundo, en el mejor derecho que éste deduzca para
ser pagado.
Artículo 1368.- Las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del
negocio en que se interponen; se ventilarán por cuerda separada,
conforme a los artículos siguientes, oyendo al demandante y al
demandado en traslado por tres días a cada uno.
Artículo 1369.- Cuando el ejecutado esté conforme con la reclamación
del tercer opositor, solo se seguirá el juicio de tercería entre éste
y el ejecutante.
Artículo 1370.- El opositor deberá fundar su oposición precisamente en
prueba documental. Sin este requisito se desechará desde luego y sin
más trámite.
Artículo 1371.- Evacuando el traslado de que trata el art. 1368, el
juez decidirá si hay méritos para estimar necesaria la tercería, y en
caso afirmativo, a petición de cualquiera de las partes, abrirá una
dilación probatoria de quince días.
Artículo 1372.- Vencido el término de prueba se pasará al periodo de
alegatos por tres días comunes para las partes.
Artículo 1373.- Si la tercería fuere de dominio sobre bienes muebles,
el juicio principal en que se interponga seguirá sus trámites y la
celebración del remate únicamente podrá ser suspendida cuando el
opositor exhiba título suficiente, a juicio del juez, que acredite su
dominio sobre el bien en cuestión, o su derecho respecto de la acción
que se ejercita. Tratándose de inmuebles, el remate sólo se suspenderá
si el tercero exhibe escritura pública o instrumento equivalente,
inscritos en el Registro Público correspondiente.
Artículo 1374.- Si la tercería fuere de preferencia, seguirán los
procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la
realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se
hará, definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho.
Entretanto se decida ésta, se depositará el precio de la venta.
Artículo 1375.- Bastará la interposición de una tercería excluyente,
para que el ejecutante puedan ampliar la ejecución en otros bienes del
deudor, y si éste no los tuviere, para pedir la declaración de
quiebra.
Artículo 1376.- Si la tercería, cualquiera que sea, se interpone ante
un juez de paz o menor, y el interés de ella excede del que la ley
respectivamente somete a la jurisdicción de estos jueces, aquel ante
quien se interponga remitirá lo actuado en el negocio principal y
tercería, al juez que designe el tercer opositor y sea competente para
conocer del negocio que representa mayor interés. El juez designado
correrá traslado de la demanda verbal entablada y decidirá la
tercería, sujetándose en la sustanciación a lo prevenido en los
artículos anteriores.
Artículo 1376 Bis.- A todo opositor que no obtenga sentencia
favorable, se le condenará al pago de gastos y costas a favor del
ejecutante
TITULO SEGUNDO
De los Juicios Ordinarios
Artículo 1377.- Todas las contiendas entre partes que no tengan
señalada tramitación especial en las leyes mercantiles, se ventilarán
en juicio ordinario, siempre que sean susceptibles de apelación.
También se tramitarán en este juicio, a elección del demandado, las
contiendas en las que se oponga la excepción de quita o pago.
Artículo 1378.- En el escrito de demanda el actor deberá mencionar los
documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda,
así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que
posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos
del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y
apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos
en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061.
Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su
contestación dentro del término de quince días.
Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor,
para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de
tres días y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los
hechos, y los documentos relacionados con los hechos de la
contestación de demanda.
Artículo 1379.- Las excepciones que tenga el demandado, cualquiera que
sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y
nunca después, a no ser que fueren supervenientes.
Artículo 1380.- En la contestación a la demanda, en los juicios
ordinarios, deberá proponerse la reconvención en los casos en que
proceda. De la reconvención se dará traslado a la parte contraria para
que la conteste dentro del término de nueve días, y con dicha
contestación se dará vista el reconveniente para los mismos fines que
se indican en el último párrafo del artículo 1378 de este Código.
El juicio principal y la reconvención se discutirán al propio tiempo y
se decidirán en la misma sentencia.
Artículo 1381.- Las excepciones perentorias se opondrán, sustanciarán
y decidirán simultáneamente y en uno con el pleito principal, sin
poderse nunca formar, por razón de ellas, artículo especial en el
juicio.
Artículo 1382.- Contestada la demanda, se mandará recibir el negocio a
prueba, si la exigiere.
Artículo 1383.- Según la naturaleza y calidad del negocio el juez
fijará de oficio o a petición de parte que se abra el mismo a prueba,
no pudiendo exceder de cuarenta días, de los cuales los diez días
primeros serán para ofrecimiento y los treinta siguientes para
desahogo de pruebas. Si el juez señala un término inferior al máximo
que se autoriza, deberá precisar cuántos días completos se destinan
para ofrecimiento y cuántos días completos para el desahogo,
procurando que sea en la misma proporción que se indica anteriormente,
Cuando las pruebas hubieren de practicarse fuera del lugar del juicio,
se recibirán a petición de parte dentro de términos hasta de sesenta y
noventa días naturales, si se tratare de pruebas a desahogarse dentro
de la República Mexicana, o fuera de ella, respectivamente, siempre
que se llenen los siguientes requisitos:
I. Que se solicite durante los diez primeros días del período
probatorio;
II. Que se indiquen los nombres, apellidos y domicilio de las partes o
testigos, que hayan de ser examinados cuando se trate de pruebas
confesional o testimonial, exhibiendo en el mismo acto el pliego de
posiciones o los interrogatorios a testigos; y
III. Que se designen, en caso de ser prueba instrumental, los archivos
públicos o particulares donde se hallen los documentos que hayan que
testimoniarse o presentarse originales.
El juez al calificar la admisibilidad de las pruebas, determinará si
los interrogatorios exhibidos para la confesional o la testimonial
guardan relación con los puntos controvertidos o si los documentos y
los testigos fueron nombrados al demandar o contestar la demanda, y si
no reúnen estos requisitos se desecharán de plano.
De no exhibirse el pliego de posiciones, o los interrogatorios a
testigos con las copias correspondientes de éstos, no se admitirán las
pruebas respectivas.
En el caso de concederse el término extraordinario, el juez por cada
prueba para la que conceda dicho término determinará una cantidad que
el promovente deposite como sanción pecuniaria en caso de no rendirse
alguna de las pruebas que se solicitan se practiquen fuera del lugar
del juicio. En ningún caso las cantidades que se ordenen se depositen
como sanción pecuniaria serán inferiores al equivalente del importe de
sesenta días del salario mínimo diario general vigente en el Distrito
Federal, teniendo el juez la facultad discrecional de señalar importes
mayores al mínimo señalado anteriormente, tomando en cuenta la suerte
principal del juicio y demás circunstancias que considere prudentes.
El que proponga dichas pruebas deberá exhibir las cantidades que fije
el juez, en billete de depósito dentro del término de tres días, y en
caso de no hacerlo así, no se admitirá la prueba.
La prueba para la cual se haya concedido el término extraordinario y
que no se reciba, dará lugar a que el juez haga efectiva la sanción
pecuniaria correspondiente en favor del colitigante.
Las pruebas que deban recibirse fuera del lugar del juicio, se
tramitarán mediante exhorto que se entregue al solicitante, quien por
el hecho de recibirlo no podrá alegar que el mismo no se expidió con
las constancias necesarias, a menos de que lo hagan saber al tribunal
exhortante dentro del término de tres días, para que devolviendo el
exhorto recibido corrija o complete el mismo o lo substituya.
Transcurrido el término extraordinario concedido, que empezará a
contar a partir de la fecha en que surta efectos la notificación a las
partes, según certificación que haga la secretaría, sin que se haga
devolución del exhorto diligenciado, sin causa justificada, se hará
efectiva la sanción pecuniaria y se procederá a condenar en costas.
Artículo 1384.- Dentro del término concedido para ofrecimiento de
pruebas, la parte que pretenda su prórroga pedirá que se le conceda la
misma, y el juez dará vista a la contraria por el término de tres
días, y de acuerdo a lo que alegaren las partes se concederá o
denegará. Si ambas partes estuvieran conformes en la prórroga la misma
se concederá por todo el plazo en que convengan, no pudiendo exceder
del término de noventa días.
Artículo 1385.- Transcurrido el término de pruebas, el juez en todos
los casos en que no se haya concluido el desahogo de las mismas,
mandará concluirlas en los plazos que al efecto se autorizan en este
Código.
Artículo 1386.- Las pruebas deberán desahogarse dentro de los términos
y prórrogas que se autorizan y aquellas que no se logren concluir
serán a perjuicio de las partes, sin que el juez pueda prorrogar los
plazos si la ley no se lo permite.
Artículo 1387.- Para las pruebas documentales y supervenientes se
observará lo que dispone este Código, y en su defecto lo que al efecto
disponga la Ley Procesal de la entidad federativa que corresponda.
Artículo 1388.- Concluido el término probatorio, se pondrán los autos
a la vista de las partes, para que dentro del término común de tres
días produzcan sus alegatos, y transcurrido dicho plazo hayan alegado
o no, el tribunal de oficio, citará para oír sentencia definitiva la
que dictará y notificará dentro del término de quince días.
Artículo 1389.- Pasado que sea el término para alegar, serán citadas
las partes para sentencia.
Artículo 1390.- Dentro de los quince días siguientes a la citación
para sentencia, se pronunciará ésta.
TÍTULO ESPECIAL
Del Juicio Oral Mercantil
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este juicio todas las contiendas
cuya suerte principal sea inferior a la que establece el artículo 1339
para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en
consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de
interposición de la demanda.
Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no
procederá recurso ordinario alguno.
Artículo 1390 Bis 1. No se sustanciarán en este juicio aquellos de
tramitación especial establecidos en el presente Código y en otras
leyes, ni los de cuantía indeterminada.
Artículo 1390 Bis 2.- En el juicio oral mercantil se observarán
especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad,
inmediación, contradicción, continuidad y concentración.
Artículo 1390 Bis 3.- Quienes no puedan hablar, oír, o no hablen el
idioma español, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito
o por medio de un intérprete, que se designará de entre aquellos
autorizados como auxiliares de la administración de justicia o por
colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones
públicas o privadas, relatándose sus preguntas o sus contestaciones en
la audiencia y, si así lo solicitare, permanecerá a su lado durante
toda la audiencia.
En estos casos, a solicitud del intérprete o de la parte, se concederá
el tiempo suficiente para que éste pueda hacer la traducción
respectiva, cuidando, en lo posible, que no se interrumpa la fluidez
del debate.
Los intérpretes, al iniciar su función, serán advertidos de las penas
en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de
traducir o interpretar fielmente lo dicho.
Artículo 1390 Bis 4.- El juez tendrá las más amplias facultades de
dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en
derecho convenga.
Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede hacer uso de las
medidas de apremio que se mencionan en el artículo 1067 Bis, en los
términos que ahí se especifican.
Artículo 1390 Bis 5.- Las diligencias de desahogo de pruebas que deban
verificarse fuera del juzgado, pero dentro de su ámbito de competencia
territorial, deberán ser presididas por el juez, registradas por
personal técnico adscrito al Poder Judicial de la entidad federativa o
del Poder Judicial de la federación, según corresponda, por cualquiera
de los medios referidos en el artículo 1390 Bis-26 del presente título
y certificadas de conformidad con lo dispuesto para el desarrollo de
las audiencias en el juzgado.
Artículo 1390 Bis 6.- La nulidad de una actuación deberá reclamarse en
la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno
derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse
durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia
definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en
cualquier momento.
Artículo 1390 Bis 7.- La recusación del juez será admisible hasta
antes de la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas en la
audiencia preliminar.
Se interpondrá ante el juez, expresándose con claridad y precisión la
causa en que se funde, quien remitirá de inmediato testimonio de las
actuaciones respectivas al Tribunal Superior para su resolución.
Si la recusación se declara fundada, será nulo lo actuado a partir del
momento en que se interpuso la recusación.
Artículo 1390 Bis 8.- En todo lo no previsto regirán las reglas
generales de este Código, en cuanto no se opongan a las disposiciones
del presente Título.
Artículo 1390 Bis 9.- Las promociones de las partes deberán formularse
oralmente durante las audiencias, con excepción de las señaladas en el
artículo 1390 Bis 13 de este Código.
Los tribunales no admitirán promociones frívolas o improcedentes, y
deberán desecharse de plano, debiendo fundamentar y motivar su
decisión.
Artículo 1390 Bis 10.- En el juicio oral únicamente será notificado
personalmente el emplazamiento. Las demás determinaciones se
notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones
no personales.
CAPÍTULO II
Del Procedimiento Oral
SECCIÓN PRIMERA
Fijación de la Litis
Artículo 1390 Bis 11.- La demanda deberá presentarse por escrito y
reunirá los requisitos siguientes:
I. El juez ante el que se promueve;
II. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor y el
domicilio que señale para oír y recibir notificaciones;
III. El nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado
y su domicilio;
IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios;
V. Los hechos en que el actor funde su petición en los cuales
precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con
cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera
proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan
presenciado los hechos relativos.
Asimismo, debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente
con claridad y precisión;
VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar
los preceptos legales o principios jurídicos aplicables;
VII. El valor de lo demandado;
VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en
el juicio, y
IX. La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no
supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando
otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas
circunstancias.
Artículo 1390 Bis 12.- Si la demanda fuere obscura o irregular, o no
cumpliera con alguno de los requisitos que señala el artículo
anterior, el juez señalará, con toda precisión, en qué consisten los
defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte, lo que se
hará por una sola ocasión.
El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez, en un
plazo máximo de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel
en que surta efectos la notificación y, en caso de no hacerlo,
transcurrido el término, el juez la desechará precisando los puntos de
la prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición del
interesado todos los documentos originales y copias simples que se
hayan exhibido, con excepción de la demanda con la que se haya formado
el expediente respectivo.
Artículo 1390 Bis 13.- En los escritos de demanda, contestación,
reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista de
éstas, las partes ofrecerán sus pruebas expresando con toda claridad
cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas,
proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de los testigos que
hubieren mencionado en los escritos señalados al principio de este
párrafo, así como los de sus peritos, y la clase de pericial de que se
trate con el cuestionario a resolver, que deberán rendir durante el
juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el
escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que
no tuvieren en su poder en los términos del artículo 1061 de este
Código.
Si las partes no cumplen con los requisitos anteriores, el juez no
podrá admitir las pruebas aunque se ofrezcan por las partes
posteriormente, salvo que importen pruebas supervenientes en términos
del artículo 1390 bis 49 de este Código.
Artículo 1390 Bis 14.- Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar
al demandado corriéndole traslado con copia de la misma y de los
documentos acompañados, a fin de que dentro del plazo de nueve días
entregue su contestación por escrito.
Artículo 1390 Bis 15.- El emplazamiento se entenderá con el
interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando
cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se
entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las
partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia;
transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y
apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la
diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la
que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera
entendido la actuación.
El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la
diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique,
asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de
ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de
documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación,
así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de
comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del
buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se
entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de
parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con
el interesado.
La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del
interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio
señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el
notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe
ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el
notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la
persona buscada.
Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda
debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los
demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda.
El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento.
Artículo 1390 Bis 16.- Transcurrido el plazo fijado para contestar la
demanda y, en su caso, la reconvención, sin que lo hubiere hecho y sin
que medie petición de parte, se procederá en los términos del artículo
1390 Bis 20.
El juez examinará, escrupulosamente y bajo su más estricta
responsabilidad, si el emplazamiento fue practicado al demandado en
forma legal. Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo
conforme a la ley, mandará reponerlo.
Artículo 1390 Bis 17.- El escrito de contestación se formulará
ajustándose a los términos previstos para la demanda. Las excepciones
que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer
simultáneamente en la contestación y nunca después, salvo las
supervenientes. Del escrito de contestación se dará vista a la parte
actora por el término de 3 días para que desahogue la vista de la
misma.
Artículo 1390 Bis 18.- El demandado, al tiempo de contestar la
demanda, podrá proponer la reconvención. Si se admite por el juez, se
correrá traslado de ésta a la parte actora para que la conteste en un
plazo de nueve días. Del escrito de contestación a la reconvención, se
dará vista a la parte contraria por el término de tres días para que
desahogue la vista de la misma.
Si en la reconvención se reclama, por concepto de suerte principal,
una cantidad superior a la que sea competencia del juicio oral en
términos del artículo 1390 bis, cesará de inmediato el juicio oral
para que se continúe en la vía ordinaria, ante el juez que resulte
competente.
Artículo 1390 Bis 19.- El demandado podrá allanarse a la demanda; en
este caso el juez citará a las partes a la audiencia de juicio, que
tendrá verificativo en un plazo no mayor de diez días, en la que se
dictará la sentencia respectiva.
Artículo 1390 Bis 20.- Desahogada la vista de la contestación a la
demanda y, en su caso, de la contestación a la reconvención, o
transcurridos los plazos para ello, el juez señalará de inmediato la
fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que
deberá fijarse dentro de los diez días siguientes.
SECCIÓN SEGUNDA
De las Audiencias
Artículo 1390 Bis 21.- Es obligación de las partes asistir a las
audiencias del procedimiento, por sí o a través de sus legítimos
representantes, que gocen de las facultades a que se refiere el
párrafo tercero del artículo 1069 de este Código, además de contar con
facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir, en su
caso, el convenio correspondiente.
Artículo 1390 Bis 22.- Las resoluciones judiciales pronunciadas en las
audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad
de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber
estado.
Artículo 1390 Bis 23.- Las audiencias serán presididas por el juez. Se
desarrollarán oralmente en lo relativo a toda intervención de quienes
participen en ella. Serán públicas, siguiendo en lo que les sean
aplicables las reglas del artículo 1080 de este Código y las
disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.
El juez ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el debate y
exigirá el cumplimiento de las formalidades que correspondan y
moderará la discusión, podrá impedir que las alegaciones se desvíen
hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, también podrá limitar el
tiempo y número de veces del uso de la palabra a las partes que
debieren intervenir, interrumpiendo a quienes hicieren uso abusivo de
su derecho.
El juez contará con las más amplias facultades disciplinarias para
mantener el orden durante el debate y durante las audiencias, para lo
cual podrá ejercer el poder de mando de la fuerza pública e imponer
indistintamente las medidas de apremio a que se refiere el artículo
1067 Bis de este Código.
Artículo 1390 Bis 24.- El juez determinará el inicio y la conclusión
de cada una de las etapas de la audiencia, precluyendo los derechos
procesales que debieron ejercitarse en cada una de ellas.
La parte que asista tardíamente a una audiencia se incorporará al
procedimiento en la etapa en que ésta se encuentre, sin perjuicio de
la facultad del juez en materia de conciliación y/o mediación.
Una vez que los testigos, peritos o partes concluyan su intervención,
a petición de ellos podrán ausentarse del recinto oficial cuando el
juez lo autorice.
Artículo 1390 Bis 25.- Durante el desarrollo de las audiencias, de
estimarlo necesario, el juez podrá decretar recesos.
Cuando una audiencia no logre concluirse en la fecha señalada para su
celebración, el juez podrá suspenderla o diferirla, y deberá fijarse,
en el acto, la fecha y hora de su reanudación, salvo que ello
resultare materialmente imposible, y ordenar su reanudación cuando
resulte pertinente.
Artículo 1390 Bis 26.- Para producir fe, las audiencias se registrarán
por medios electrónicos, o cualquier otro idóneo a juicio del juez,
que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la
conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a
quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren derecho a ella.
Al inicio de las audiencias, el secretario del juzgado hará constar
oralmente en el registro a que se hace referencia en el párrafo
anterior la fecha, hora y lugar de realización, el nombre de los
servidores públicos del juzgado, y demás personas que intervendrán.
Las partes y los terceros que intervengan en el desarrollo de las
audiencias deberán rendir previamente protesta de que se conducirán
con verdad. Para tal efecto, el secretario del juzgado les tomará
protesta, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes
declaran con falsedad.
Artículo 1390 Bis 27.- Al terminar las audiencias, se levantará acta
que deberá contener, cuando menos:
I. El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde;
II. El nombre de quienes intervienen y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron estar presentes,
indicándose la causa de la ausencia si se conoce;
III. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia, y
IV. La firma del juez y secretario.
Artículo 1390 Bis 28.- El secretario del juzgado deberá certificar el
medio en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva,
identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las
medidas necesarias para evitar que pueda alterarse.
Artículo 1390 Bis 29.- Se podrá solicitar copia simple o certificada
de las actas o copia en medio electrónico de los registros que obren
en el procedimiento, la que deberá ser certificada en los términos del
artículo anterior a costa del litigante y previo el pago
correspondiente.
Tratándose de copias simples, el juzgado debe expedir sin demora
alguna aquéllas que se le soliciten, bastando que la parte interesada
lo realice verbalmente.
Artículo 1390 Bis 30.- La conservación de los registros estará a cargo
del juzgado que los haya generado, los que deberán contar con el
respaldo necesario, que se certificará en los términos del artículo
1390 Bis 28. Cuando por cualquier causa se dañe el soporte material
del registro afectando su contenido, el juez ordenará reemplazarlo por
una copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere, si no dispone de
ella directamente.
Artículo 1390 Bis 31.- En el tribunal estarán disponibles los
instrumentos y el personal necesarios para que las partes tengan
acceso a los registros del procedimiento, a fin de conocer su
contenido.
SECCIÓN TERCERA
De la Audiencia Preliminar
Artículo 1390 Bis 32.- La audiencia preliminar tiene por objeto:
I. La depuración del procedimiento;
II. La conciliación y/o mediación de las partes por conducto del juez;
III. La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos;
IV. La fijación de acuerdos probatorios;
V. La calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, y
VI. La citación para audiencia de juicio.
Artículo 1390 Bis 33.- La audiencia preliminar se llevará a cabo con o
sin la asistencia de las partes. A quien no acuda sin justa causa
calificada por el juez se le impondrá una sanción, que no podrá ser
inferior a dos mil pesos, ni superior a cinco mil pesos, monto que se
actualizará en los términos del artículo 1253 fracción VI de este
Código.
Artículo 1390 Bis 34.- El juez examinará las cuestiones relativas a la
legitimación procesal y procederá, en su caso, a resolver las
excepciones procesales con el fin de depurar el procedimiento; salvo
las cuestiones de incompetencia, que se tramitarán conforme a la parte
general de este Código.
Artículo 1390 Bis 35.- En caso de que resulten improcedentes las
excepciones procesales, o si no se opone alguna, el juez procurará la
conciliación entre las partes, haciéndoles saber los beneficios de
llegar a un convenio proponiéndoles soluciones. Si los interesados
llegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano si procede
legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. En caso de
desacuerdo, el juez proseguirá con la audiencia.
Las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente
alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, ni
rechazo de las propuestas de conciliación y/o mediación.
Artículo 1390 Bis 36.- Durante la audiencia, las partes podrán
solicitar conjuntamente al juez la fijación de acuerdos sobre hechos
no controvertidos.
Artículo 1390 Bis 37.- El juez podrá formular proposiciones a las
partes para que realicen acuerdos probatorios respecto de aquellas
pruebas ofrecidas a efecto de determinar cuáles resultan innecesarias.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo probatorio, el juez
procederá a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, así
como la forma en que deberán prepararse para su desahogo en la
audiencia de juicio, quedando a cargo de las partes su oportuna
preparación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se declararán
desiertas de oficio las mismas por causas imputables al oferente. Las
pruebas que ofrezcan las partes sólo deberán recibirse cuando estén
permitidas por la ley y se refieran a los puntos cuestionados y se
cumplan con los demás requisitos que se señalan en este Título.
La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo
que deberán presentar a los testigos, peritos y demás, pruebas que les
hayan sido admitidas; y sólo de estimarlo necesario, el juez, en
auxilio del oferente, expedirá los oficios o citaciones y realizará el
nombramiento del perito tercero en discordia, en el entendido de que
serán puestos a disposición de la parte oferente los oficios y
citaciones respectivas, a afecto de que preparen sus pruebas y éstas
se desahoguen en la audiencia de juicio.
En el mismo proveído, el juez fijará fecha para la celebración de la
audiencia de juicio, misma que deberá celebrarse dentro del lapso de
diez a cuarenta días.
SECCIÓN CUARTA
De la Audiencia del Juicio
Artículo 1390 Bis 38.- Abierta la audiencia se procederá al desahogo
de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas en el orden
que el juez estime pertinente. Al efecto, contará con las más amplias
facultades como rector del procedimiento; dejando de recibir las que
no se encuentren preparadas y haciendo efectivo el apercibimiento
realizado al oferente; por lo que la audiencia no se suspenderá ni
diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las
pruebas admitidas, salvo en aquellos casos expresamente determinados
en este Título, por caso fortuito o de fuerza mayor.
En la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a
cada una de las partes para formular sus alegatos.
Enseguida, se declarara el asunto visto y citará las partes para la
continuación de la audiencia dentro del término de diez días
siguientes, en la que se dictará la sentencia correspondiente.
Artículo 1390 Bis 39.- El juez expondrá oralmente y de forma breve,
los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y
leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto seguido quedará a
disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie, por
escrito.
En caso de que en la fecha y hora fijada para esta audiencia no
asistiere al juzgado persona alguna, se dispensará la lectura de la
misma.
CAPÍTULO III
De los Incidentes
Artículo 1390 Bis 40.- Los incidentes que no tengan tramitación
especial sólo podrán promoverse oralmente en las audiencias y no
suspenderán éstas. La parte contraria contestará oralmente en la
audiencia y, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho.
Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su
admisión, el juez ordenará su desahogo en audiencia especial o dentro
de alguna de las audiencias del procedimiento, en la cual escuchará
los alegatos de las partes, en el orden que determine. Enseguida se
dictará la resolución, si fuera posible; en caso contrario, citará a
las partes para dictarla dentro del término de tres días.
Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se
admitan, el juez, sin mayores trámites, dictará la resolución
correspondiente, si fuera posible; en caso contrario, citará a las
partes para dictarla dentro del término de tres días.
Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión
incidental, el juez continuará con el desarrollo de la audiencia, sin
que pueda dictar sentencia definitiva, hasta que se resuelva el
incidente.
CAPÍTULO IV
De las Pruebas
SECCIÓN PRIMERA
Confesional
Artículo 1390 Bis 41.- La prueba confesional en este juicio se
desahogará conforme a las siguientes reglas:
I. El oferente de la prueba podrá pedir que la contraparte se presente
a declarar, conforme a las posiciones que en el acto de la diligencia
se le formulen, pudiendo exhibir el pliego cerrado que las contenga
hasta antes de la audiencia, para los efectos señalados en la fracción
III;
II. Las posiciones serán formuladas en forma oral por el oferente, sin
más limitación de que éstas se refieran a hechos propios del
declarante y que sean objeto del debate. El juez, simultáneamente a su
formulación, calificará las posiciones, declarando improcedentes
aquellas que lo fueren; y,
III. Previo el apercibimiento correspondiente, en caso de que la
persona que deba declarar no asista sin justa causa o no conteste las
preguntas que se le formulen y que sean calificadas de legales, de
oficio se le declarará confeso. Solamente en el primer caso, el juez
procederá a la apertura del pliego para los efectos antes señalados.
SECCIÓN SEGUNDA
Testimonial
Artículo 1390 Bis 42.- Las partes tendrán la obligación de presentar
sus propios testigos, para cuyo efecto se les entregarán las cédulas
de notificación. Sin embargo, cuando realmente estuvieren
imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de
decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación
con el apercibimiento de que, en caso de desobediencia, se les
aplicarán y se les hará comparecer mediante el uso de los medios de
apremio señalados en las fracciones III y IV del artículo 1067 Bis de
este Código.
Cuando la citación deba ser realizada por el juez, ésta se hará
mediante cédula por lo menos con dos días de anticipación al día en
que deban declarar, sin contar el día en que se verifique la
diligencia de notificación, el día siguiente hábil en que surta
efectos la misma, ni el señalado para recibir la declaración. Si el
testigo citado de esta forma no asistiere a rendir su declaración en
la audiencia programada, el juez le hará efectivo el apercibimiento
realizado y reprogramará su desahogo. En este caso, podrá suspenderse
la audiencia.
La prueba se declarará desierta si, aplicados los medios de apremio
señalados en el párrafo anterior, no se logra la presentación de los
testigos. Igualmente, en caso de que el señalamiento del domicilio de
algún testigo resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó su
citación con el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al
oferente una sanción pecuniaria a favor del colitigante hasta por la
cantidad señalada en la fracción II del artículo 1067 Bis de este
Código. El juez despachará de oficio ejecución en contra del
infractor, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere
incurrido, declarándose desierta de oficio la prueba testimonial.
Artículo 1390 Bis 43.- Las partes interrogaran oralmente a los
testigos. Las preguntas estarán concebidas en términos claros y
precisos, limitándose a los hechos o puntos controvertidos objeto de
esta prueba, debiendo el juez impedir preguntas contrarias a estos
requisitos, así como aquellas que resulten ociosas o impertinentes.
Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juez
también puede, de oficio, interrogar ampliamente a los testigos.
SECCIÓN TERCERA
Instrumental
Artículo 1390 Bis 44.- Los registros del juicio oral, cualquiera que
sea el medio, serán instrumentos públicos; harán prueba plena y
acreditarán el modo en que se desarrolló la audiencia o diligencia
correspondiente, la observancia de las formalidades, las personas que
hubieran intervenido, las resoluciones pronunciadas por el juez y los
actos que se llevaron a cabo.
Artículo 1390 Bis 45.- Los documentos que presenten las partes podrán
ser objetados en cuanto su alcance y valor probatorio, durante la
etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar. Los
presentados con posterioridad deberán serlo durante la audiencia en
que se ofrezcan.
La impugnación de falsedad de un documento puede hacerse desde la
contestación de la demanda y hasta la etapa de admisión de pruebas en
la Audiencia Preliminar tratándose de los documentos presentados hasta
entonces; los documentos presentados con posterioridad deberán
impugnarse durante la audiencia en que se admitan.
SECCIÓN CUARTA
Pericial
Artículo 1390 Bis 46.- Si se ofrece la prueba pericial en la demanda o
en la reconvención, la contraparte, al presentar su contestación,
deberá designar el perito de su parte, proporcionando el nombre,
apellidos y domicilio de éste, y proponer la ampliación de otros
puntos y cuestiones, además de los formulados por el oferente, para
que los peritos dictaminen.
En el caso de que la prueba pericial se ofrezca al contestar la
demanda o al contestar la reconvención, la contraria, al presentar el
escrito en el que desahogue la vista de éstas, deberá designar el
perito de su parte en la misma forma que el párrafo anterior.
De estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá en la etapa
correspondiente, quedando obligadas las partes a que sus peritos
dentro del plazo de diez días acepten el cargo y exhiban el dictamen
respectivo, salvo que existiera causa bastante por la que tuviere que
modificarse la fecha de inicio del plazo originalmente concedido.
Artículo 1390 Bis 47.- En caso de que alguno de los peritos de las
partes no acepte el cargo ni exhiba su dictamen dentro del plazo
señalado por el juez, precluirá el derecho para hacerlo y, en
consecuencia, la prueba quedará desahogada con el dictamen que se
tenga por rendido. En el supuesto de que ninguno de los peritos acepte
el cargo ni exhiba su dictamen en el plazo señalado, se declarará
desierta la prueba.
Cuando los dictámenes exhibidos resulten sustancialmente
contradictorios de tal modo que el Juez considere que no es posible
encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá
designar un perito tercero en discordia. A este perito deberá
notificársele para que dentro del plazo de tres días, presente escrito
en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal
desempeño; asimismo señalará el monto de sus honorarios, en los
términos de la legislación local correspondiente o, en su defecto, los
que determine, mismos que deben ser autorizados por el Juez, y serán
cubiertos por ambas partes en igual proporción.
El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente
en la audiencia de juicio, y su incumplimiento dará lugar a que el
juez le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes y de
manera proporcional a cada una de ellas, el importe de una cantidad
igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el
cargo. En el mismo acto, el juez dictará proveído de ejecución en
contra de dicho perito tercero en discordia, además de hacerla saber
al Consejo de la Judicatura Federal o de la entidad federativa de que
se trate, o a la presidencia del tribunal, según corresponda, a la
asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera
propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos
correspondientes, independientemente de las sanciones administrativas
y legales a que haya lugar.
En el supuesto del párrafo anterior, el Juez designará otro perito
tercero en discordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para
el desahogo de la prueba en cuestión.
Artículo 1390 Bis 48.- Los peritos asistirán a la audiencia respectiva
con el fin de exponer verbalmente las conclusiones de sus dictámenes,
a efecto de que se desahogue la prueba con los exhibidos y respondan
las preguntas que el juez o las partes les formulen, debiendo
acreditar, en la misma audiencia y bajo su responsabilidad, su calidad
científica, técnica, artística o industrial para el que fueron
propuestos, con el original o copia certificada de su cédula
profesional o el documento respectivo. En caso de no asistir los
peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su
dictamen y de no presentarse el perito tercero en discordia se le
impondrá una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó
por sus servicios, en favor de las partes, en igual proporción.
SECCIÓN QUINTA
Prueba Superveniente
Artículo 1390 Bis 49.- Después de la demanda y contestación,
reconvención y contestación a la reconvención en su caso, no se
admitirán al actor ni al demandado, respectivamente, otros documentos
que los que se hallen en alguno de los casos siguientes:
I. Ser de fecha posterior a dichos escritos;
II. Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad,
asevere la parte que los presente no haber tenido antes conocimiento
de su existencia;
III. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas
que no sean imputables a la parte interesada.
Cuando alguna de las partes tenga conocimiento de una prueba
documental superveniente, deberá ofrecerla hasta antes de que se
declare visto el asunto y el juez, oyendo previamente a la parte
contraria en la misma audiencia, resolverá lo conducente
Artículo 1390 Bis 50.- La ejecución de los convenios celebrados ante
los Jueces de Proceso Oral y de las resoluciones dictadas por éstos,
se hará en términos del Capítulo XXVII, del Título primero, del Libro
Quinto de este Código.
TITULO TERCERO
De los Juicios Ejecutivos
Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la
demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.
Traen aparejada ejecución:
I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y
la arbitral que sea inapelable, conforme al artículo 1346,
observándose lo dispuesto en el 1348;
II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias
certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos;
III. La confesión judicial del deudor, según el art. 1288;
IV. Los títulos de crédito;
V. (Se deroga)
VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el
importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la
materia;
VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos
de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; y
VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el
carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada
ejecución.
Artículo 1392.- Presentada por el actor su demanda acompañada del
título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en
forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le
embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y
costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito
de persona nombrada por éste.
Artículo 1393.- No encontrándose el deudor a la primera busca en el
inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de
aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso
comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si
no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes,
empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que
viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código
Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos.
Artículo 1394.- La diligencia de embargo se iniciará con el
requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la
que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no
hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la
persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes
suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas,
apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes
pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado.
En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que
se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole
copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia
de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan
por el artículo 1061.
La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que
se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus
derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el
juicio.
El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de
resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el
Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por
el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás
medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos
anteriores.
Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:
I. Las mercancías;
II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;
III. Los demás muebles del deudor;
IV. Los inmuebles;
V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.
Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no
impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que
prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el
juez.
Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el
juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados
con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión
de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con
todos los requisitos legales y administrativos aplicables.
Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma
alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso
del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá
recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda
transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya
trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos
en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante
de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos
bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma
amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del
embargado, si no hubiese operado la transmisión.
Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso
del bien embargado sin previa autorización judicial.
Artículo 1396.- Hecho el embargo, acto continuo se notificará al
deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para
que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos
del artículo 1075 de este Código, comparezca el deudor ante el juzgado
a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer
las excepciones que tuviere para ello.
Artículo 1397.- Si se tratare de sentencia, no se admitirá más
excepción que la de pago si la ejecución se pide dentro de ciento
ochenta días; si ha pasado ese término, pero no más de un año, se
admitirán además las de transacción, compensación y compromiso en
árbitros; y transcurrido más de un año, serán admisibles también la de
novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no
pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, y la de
falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en
virtud de ejecutoria, convenio o juicio constante en autos. Todas
estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser
posteriores á la sentencia, convenio o juicio, y constar por
instrumento público, por documento judicialmente reconocido o por
confesión judicial.
Artículo 1398.- Los términos fijados en el artículo anterior, se
contarán desde la fecha de la sentencia o convenio, a no ser que en
ellos se fije plazo para el cumplimiento de la obligación, en cuyo
caso el término se contará desde el día en que se venció el plazo o
desde que pudo exigirse la última prestación vencida, si se tratare de
prestaciones periódicas.
Artículo 1399. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de
pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá
contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho,
oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo
1403 de este Código, y tratándose de títulos de crédito las del
artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en
el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y
acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones.
Artículo 1400.- Si el demandado dejare de cumplir con lo dispuesto por
el artículo 1061 de este ordenamiento respecto de las documentales en
que funde sus excepciones, el juez dejará de admitirlas, salvo las que
sean supervenientes.
En caso de que el demandado hubiere exhibido las documentales
respectivas, o cumplido con lo que ordena el artículo 1061 de este
ordenamiento, se tendrán por opuestas las excepciones que permite la
ley, con las cuales se dará vista al actor por tres días para que
manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga.
Artículo 1401.- En los escritos de demanda, contestación y desahogo de
vista de ésta, las partes ofrecerán sus pruebas, relacionándolas con
los puntos controvertidos, proporcionando el nombre, apellidos y
domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los escritos
señalados al principio de este artículo; así como los de sus peritos,
y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario que deban
resolver; y todas las demás pruebas que permitan las leyes.
Si los testigos no se hubieren mencionado con sus nombres y apellidos
en los escritos que fijan la litis, el juez no podrá admitirlas aunque
se ofrezcan por las partes posteriormente, salvo que importen
excepción superveniente.
Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez
admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan, de acuerdo con
el Código Federal de Procedimientos Civiles, abriendo el juicio a
desahogo de pruebas, hasta por un término de quince días, dentro de
los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias para su
desahogo, señalando las fechas necesarias para su recepción.
Las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el juez, o
su prórroga si la hubiere decretado, serán bajo la responsabilidad de
éste, quien sin embargo, podrá mandarlas concluir en una sola
audiencia indiferible que se celebrará dentro de los diez días
siguientes.
Artículo 1402.- Si se tratare de cartas de porte, se atenderá a lo que
dispone el art. 583.
Artículo 1403.- Contra cualquier otro documento mercantil que traiga
aparejada ejecución, son admisibles las siguientes excepciones:
I. Falsedad del título o del contrato contenido en él;
II. Fuerza o miedo;
III. Prescripción o caducidad del título;
IV. Falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento de la
firma del ejecutado, en los casos en que ese reconocimiento es
necesario;
V. Incompetencia del juez;
VI. Pago o compensación;
VII. Remisión o quita;
VIII. Oferta de no cobrar o espera.
IX. Novación de contrato;
Las excepciones comprendidas desde la fracción IV a la IX sólo serán
admisibles en juicio ejecutivo, si se fundaren en prueba documental.
Artículo 1404.- En los juicios ejecutivos los incidentes no
suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su
naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días
para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los
escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se
citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en
que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se
dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes
en el acto, o a más tardar el día siguiente.
Artículo 1405.- Si el deudor se allanare a la demanda y solicitare
término de gracia para el pago de lo reclamado, el juez dará vista al
actor para que, dentro de tres días manifieste lo que a su derecho
convenga, debiendo el juez resolver de acuerdo a tales proposiciones
de las partes.
Artículo 1406.- Concluido el término de prueba, se pasará al período
de alegatos, el que será de dos días comunes para las partes.
Artículo 1407.- Presentados los alegatos o transcurrido el término
para hacerlo, previa citación y dentro del término de ocho días, se
pronunciará la sentencia.
Artículo 1407 bis. Para la tramitación de apelaciones, respecto del
Juicio a que se refiere este capítulo, se estará a las reglas
generales que prevé este Código.
I. (Se deroga).
II. (Se deroga).
III. (Se deroga).
IV. (Se deroga).
V. (Se deroga).
Artículo 1408.- Si en la sentencia se declara haber lugar a hacer
trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor, en la
misma sentencia se decidirá también sobre los derechos controvertidos.
Artículo 1409.- Si la sentencia declarase que no procede el juicio
ejecutivo, reservará al actor sus derechos para que los ejercite en la
vía y forma que corresponda.
Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la
venta de los bienes secuestrados, previo avalúo hecho por dos
corredores o peritos y un tercero en caso de discordia, nombrados
aquellos por las partes y éste por el juez.
Artículo 1411.- Presentado el avalúo y notificadas las partes para que
ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma
legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si
fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, en un periódico de
circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el
juicio, rematándose enseguida en pública almoneda y al mejor postor
conforme a derecho.
Artículo 1412.- No habiéndose presentado postor a los bienes, el
acreedor podrá pedir la adjudicación de ellos por el precio que para
subastarlos se les haya fijado en la última almoneda.
Artículo 1412 Bis.- Cuando el monto líquido de la condena fuere
superior al valor de los bienes embargados, previamente valuados en
términos del artículo 1410 de este Código, y del certificado de
gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar
por la adjudicación directa de los bienes que haya en su favor al
valor fijado en el avalúo.
Artículo 1412 Bis 1.- Tratándose del remate y adjudicación de
inmuebles, el juez y el adjudicatario, sin más trámite, otorgarán la
escritura pública correspondiente ante fedatario público.
Artículo 1413.- Las partes, durante el juicio, podrán convenir en que
los bienes embargados se avalúen o vendan en la forma y términos que
ellos acordaren, denunciándolo así oportunamente al juzgado por medio
de un escrito firmado por ellas.
Artículo 1414.- Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los
Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en
las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo
relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a
falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de
Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad
Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las
partes sin perjuicio para ninguna de ellas.
TITULO TERCERO BIS
De los Procedimientos de Ejecución de la Prenda sin Transmisión de
Posesión y del Fideicomiso de Garantía
CAPITULO I
Del procedimiento Extrajudicial de Ejecución de Garantías Otorgadas
mediante Prenda sin Transmisión de Posesión y Fideicomiso de Garantía
Artículo 1414 bis.- Se tramitará en esta vía el pago de los créditos
vencidos y la obtención de la posesión de los bienes objeto de las
garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión o
fideicomiso de garantía, siempre que no existan controversias en
cuanto a la exigibilidad del crédito, la cantidad reclamada y la
entrega de la posesión de los bienes mencionados. Para efectos de lo
anterior, el valor de los bienes podrá determinarse por cualquiera de
los siguientes procedimientos:
I. Por el dictamen que rinda el perito que las partes designen para
tal efecto desde la celebración del contrato o en fecha posterior, o
II. Por cualquier otro procedimiento que acuerden las partes por
escrito.
Al celebrar el contrato las partes deberán establecer las bases para
designar a una persona autorizada, distinta del acreedor, para que
realice el avalúo de los bienes, en caso de que éste no pueda llevarse
a cabo, en términos de lo establecido en las fracciones de este
artículo.
Artículo 1414 bis 1.- El procedimiento se iniciará con el
requerimiento formal de entrega de la posesión de los bienes, que
formule al deudor el fiduciario o el acreedor prendario, según
corresponda, mediante fedatario público.
Una vez entregada la posesión de los bienes al fiduciario o acreedor
prendario, éste tendrá el carácter de depositario judicial hasta en
tanto no se realice lo previsto en el artículo 1414 bis 4.
Artículo 1414 bis 2.- Se dará por concluido el procedimiento
extrajudicial y quedará expedita la vía judicial en los siguientes
casos:
I. Cuando se oponga el deudor a la entrega material de los bienes o al
pago del crédito respectivo, o
II. Cuando no se haya producido el acuerdo a que se refiere el
artículo 1414 bis o éste sea de imposible cumplimiento.
Artículo 1414 bis 3.- Fuera de los casos previstos en el artículo
anterior, el fiduciario o el acreedor prendario podrá obtener la
posesión de los bienes objeto de la garantía, si así se estipuló
expresamente en el contrato respectivo. Este acto deberá llevarse a
cabo ante fedatario público, quien deberá levantar el acta
correspondiente, así como el inventario pormenorizado de los bienes.
Artículo 1414 bis 4.- Una vez entregada la posesión de los bienes se
procederá a la enajenación de éstos, en términos del artículo 1414 bis
17, fracción II.
Artículo 1414 bis 5.- En caso de que el fiduciario o el acreedor
prendario, según corresponda, no pueda obtener la posesión de los
bienes, se seguirá el procedimiento de ejecución forzosa a que se
refiere el siguiente Capítulo de este Código.
Artículo 1414 bis 6.- No será necesario agotar el procedimiento a que
se refieren los artículos anteriores, para iniciar el procedimiento de
ejecución previsto en el Capítulo siguiente.
CAPITULO II
Del Procedimiento Judicial de Ejecución de Garantías Otorgadas
mediante Prenda sin Transmisión de Posesión y Fideicomiso de Garantía
Artículo 1414 bis 7.- Se tramitará de acuerdo a este procedimiento
todo juicio que tenga por objeto el pago de un crédito cierto, líquido
y exigible y la obtención de la posesión material de los bienes que lo
garanticen, siempre que la garantía se haya otorgado mediante prenda
sin transmisión de posesión, o bien, mediante fideicomiso de garantía
en que no se hubiere convenido el procedimiento previsto en el
artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Para que el juicio se siga de acuerdo con las disposiciones de este
Capítulo, es requisito indispensable que el mencionado crédito conste
en documento público o escrito privado, según corresponda, en términos
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que sea
exigible en los términos pactados o conforme con las disposiciones
legales aplicables.
Artículo 1414 bis 8.- Presentado el escrito de demanda, acompañado del
contrato respectivo y la determinación del saldo que formule el
acreedor, y cuando el acreedor sea una institución de crédito,
anexando la certificación de saldo que corresponda, el juez bajo su
más estricta responsabilidad, si encuentra que se reúnen los
requisitos fijados en el artículo anterior, en un plazo no mayor de
dos días, admitirá la misma y dictará auto con efectos de mandamiento
en forma para que el deudor sea requerido de pago y, de no hacerlo, el
propio deudor, el depositario, o quien detente la posesión, haga
entrega de la posesión material al actor o a quien éste designe, de
los bienes objeto de la garantía indicados en el contrato. En este
último caso, el acreedor o quien éste designe, tendrá el carácter de
depositario judicial y deberá informar al juez sobre el lugar en el
que permanecerán los bienes que le han sido entregados, en tanto no
sean vendidos.
En el mismo auto mediante el cual se requiera de pago al deudor, el
juez lo emplazará a juicio, en caso de que no pague o no haga entrega
de la posesión material de los bienes dados en garantía al acreedor,
para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y a
oponer, en su caso, las excepciones que se indican en el artículo 1414
bis 10.
La referida determinación de saldo podrá elaborarse a partir del
último estado de cuenta que, en su caso, el deudor haya recibido y
aceptado, siempre y cuando se haya pactado, o bien el acreedor esté
obligado por disposición de Ley a entregar estados de cuenta al
deudor. Se entenderá que el deudor ha recibido y aceptado este último
estado de cuenta, si no lo objeta por escrito dentro de los 10 días
hábiles siguientes de haberlo recibido o bien efectúa pagos parciales
al acreedor con posterioridad a su recepción.
Artículo 1414 Bis 9.- La diligencia a que se refiere el artículo
anterior, no se suspenderá por ningún motivo y se llevará adelante
hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que
los haga valer como le convenga durante el juicio. A fin de poner en
posesión material de los bienes al demandante, el juzgador apercibirá
al deudor con el uso de los medios de apremio establecidos en el
artículo 1067 bis de este Código.
Si el deudor no hiciera entrega de los bienes en la diligencia
prevista en este artículo, el secretario o actuario, en su caso, hará
constar y dará cuenta de ello al juez, quien procederá a hacer
efectivos los medios de apremio que estime conducentes para lograr el
cumplimiento de su determinación en términos del presente Capítulo.
En caso de que la garantía recaiga sobre una casa habitación,
utilizada como tal por el demandado, éste será designado depositario
de la misma hasta la sentencia, siempre que acepte tal encargo. Cuando
conforme a la sentencia, proceda que el demandado entregue al
demandante la posesión material del inmueble, el juez hará efectivos
los medios de apremio decretados y dictará las medidas conducentes
para lograr el cumplimiento de la sentencia, ajustándose a lo
dispuesto en este artículo.
Artículo 1414 bis 10.- El demandado podrá oponer las excepciones que a
su derecho convenga, pero su trámite se sujetará a las reglas
siguientes:
I. Sólo se tendrán por opuestas las excepciones que se acrediten con
prueba documental, salvo aquéllas que por su naturaleza requieran del
ofrecimiento y desahogo de pruebas distintas a la documental;
II. Si se opone la excepción de falta de personalidad del actor y se
declara procedente, el juez concederá un plazo no mayor de diez días
para que dicha parte subsane los defectos del documento presentado, si
fueran subsanables; igual derecho tendrá el demandado, si se impugna
la personalidad de su representante. Si no se subsana la del actor, el
juez de inmediato sobreseerá el juicio, y si no se subsana la del
demandado, el juicio se seguirá en rebeldía.
III. Si se oponen excepciones consistentes en que el demandado no haya
firmado el documento base de la acción o fundadas en la falsedad del
mismo, serán declaradas improcedentes al dictarse la sentencia, cuando
quede acreditado que el deudor realizó pagos parciales del crédito a
su cargo, o bien, que éste ha mantenido la posesión de los bienes
adquiridos con el producto del crédito. Lo anterior, sin perjuicio de
que la improcedencia de dichas excepciones resulte de diversa causa;
IV. Si se opone la excepción de litispendencia, sólo se admitirá
cuando se exhiban con la contestación, las copias selladas de la
demanda y la contestación a ésta o de las cédulas de emplazamiento del
juicio pendiente, y
V. Si se opone la excepción de improcedencia o error en la vía, el
juez prevendrá al actor para que en un término que no exceda de tres
días hábiles, la corrija.
El juez, bajo su más estricta responsabilidad, revisará la
contestación de la demanda y desechará de plano todas las excepciones
notoriamente improcedentes, o aquéllas respecto de las cuales no se
exhiba prueba documental o no se ofrezcan las pruebas directamente
pertinentes a acreditarlas.
Artículo 1414 bis 11.- El allanamiento que afecte toda la demanda
producirá el efecto de que el asunto pase a sentencia definitiva.
El demandado aun cuando no hubiere contestado en tiempo la demanda,
tendrá en todo tiempo el derecho de ofrecer pruebas, hasta antes de
que se dicte la sentencia correspondiente, y por una sola vez.
Artículo 1414 bis 12.- Tanto en la demanda como en la contestación a
la misma, las partes tienen la obligación de ser claras y precisas. En
esos mismos escritos deberán ofrecer todas sus pruebas relacionándolas
con los hechos que pretendan probar y presentar todos los documentos
respectivos, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
anterior.
Artículo 1414 bis 13.- Siempre que las pruebas ofrecidas sean contra
la moral o el derecho, o no se ajusten a lo dispuesto en los artículos
1414 bis 11 y 1414 bis 12, o bien se refieran a hechos imposibles,
notoriamente inverosímiles o no controvertidos por las partes, el juez
las desechará de plano.
Artículo 1414 bis 14.- El juez resolverá sobre la admisión o
desechamiento de pruebas en el auto que tenga por contestada o no la
demanda. En el mismo auto, el juez dará vista al actor con las
excepciones opuestas por el demandado, por el término de tres días y
señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas
alegatos y sentencia. Esta audiencia deberá celebrarse dentro de los
diez días siguientes a aquél en que haya concluido el plazo fijado
para que el actor desahogue la vista a que se refiere este artículo.
Artículo 1414 bis 15.- La preparación de las pruebas quedará a cargo
de las partes, por lo que deberán presentar a sus testigos, peritos,
documentos públicos y privados, pliego de posiciones y demás pruebas
que les hayan sido admitidas.
Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para
acreditar algún hecho, deberán ofrecerla en los escritos de demanda o
contestación, señalando el nombre y apellidos de sus testigos y de sus
peritos, en su caso, y exhibir copia de los interrogatorios al tenor
de los cuales deban ser examinados los testigos o del cuestionario
para los peritos.
El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes,
para que al verificarse la audiencia puedan formular repreguntas por
escrito o verbalmente.
La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad
que las anteriores.
Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un
perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la
diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un
perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por
separado. La prueba pericial será calificada por el juez según
prudente estimación.
Si llamado un testigo o solicitado un documento que haya sido admitido
como prueba, ésta no se desahoga por causa imputable al oferente, a
más tardar en la audiencia, se declarará desierta, a menos que exista
una causa de fuerza mayor debidamente comprobada.
Artículo 1414 bis 16.- El juez debe presidir la audiencia, ordenar el
desahogo de las pruebas admitidas y preparadas, y dar oportunidad a
las partes para alegar lo que a su derecho convenga, por escrito o
verbalmente, sin necesidad de asentarlo en autos en este último caso.
Acto continuo, el juez dictará sentencia, la que será apelable
únicamente en efecto devolutivo.
Artículo 1414 bis 17.- Obtenido el valor de avalúo de los bienes, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1414 bis, se estará a lo
siguiente:
I. Cuando el valor de los bienes sea igual al monto del adeudo
condenado, quedará liquidado totalmente el crédito respectivo, sin
corresponder en consecuencia acción o derecho alguno a la parte actora
para ejercitar o hacer valer con posterioridad en contra del
demandado, por lo que respecta al contrato base de la acción. En este
caso, el acreedor o el fiduciario, según corresponda, podrá disponer
libremente de los bienes objeto de la garantía;
II. Cuando el valor de los bienes sea menor al monto del adeudo
condenado, el acreedor o fiduciario, según corresponda, podrá disponer
libremente de los bienes objeto de la garantía y conservará las
acciones que en derecho le corresponda, por la diferencia que no le
haya sido cubierta, conforme lo establecen las leyes correspondientes.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los créditos a
la vivienda por un monto inferior a 100,000 Unidades de Inversión
(UDIs), siempre que se haya pagado cuando menos el 50% del saldo
insoluto del crédito. En este caso el valor del bien dado en garantía,
actualizado a UDIs, responderá por el resto del crédito otorgado, sin
corresponder en consecuencia acción o derecho alguno sobre otros
bienes, títulos o derechos que no hayan sido dados en garantía a la
parte actora para ejercitar o hacer valer con posterioridad en contra
del deudor, por lo que respecta al contrato base de la acción.
En ningún caso y bajo ninguna forma se podrá renunciar a este derecho;
III. Cuando el valor de los bienes sea mayor al monto del adeudo
condenado, la parte acreedora o la fiduciaria, según se trate y una
vez deducido el crédito, los intereses y los gastos generados,
entregará al deudor el remanente que corresponda por la venta de los
bienes.
La venta a elección del acreedor o fiduciario se podrá realizar ante
el juez que conozca del juicio o fedatario público, mediante el
procedimiento siguiente:
a) Se notificará personalmente al deudor, conforme a lo señalado en el
Libro Quinto, Capítulo IV, del Título Primero de este Código, el día y
la hora en que se efectuará la venta de los bienes a que se refiere el
inciso siguiente. Dicha notificación deberá realizarse con cinco días
de anticipación a la fecha de la venta;
b) Se publicará en un periódico de la localidad en que se encuentren
los bienes por lo menos con cinco días hábiles de antelación, un aviso
de venta de los mismos, en el que se señale el lugar, día y hora en
que se pretenda realizar la venta, señalando la descripción de los
bienes, así como el precio de la venta, determinado conforme al
artículo 1414 Bis.
En dicha publicación podrán señalarse las fechas en que se realizarán,
en su caso, las ofertas sucesivas de venta de los bienes. Cada semana
en la que no haya sido posible realizar la venta de los bienes, el
valor mínimo de venta de los mismos, se reducirá en un 10%, pudiendo
el acreedor, a su elección, obtener la propiedad plena de los mismos
cuando el precio de dichos bienes esté en alguno de los supuestos a
que se refieren las fracciones I o II de este artículo.
El deudor que desee que se realicen más publicaciones relativas a la
venta de los bienes podrá hacerlo directamente a su costa, y
c) Realizada la venta de los bienes, si el precio de venta de los
mismos fuera superior al monto del adeudo, el acreedor procederá a
entregar el remanente que corresponda al deudor en un plazo no mayor
de cinco días, una vez que se haya deducido el monto del crédito
otorgado, incluyendo intereses y demás gastos incurridos para la
venta, en efectivo, cheque de caja o mediante billete de depósito a
favor del deudor a través del fedatario.
Artículo 1414 bis 18.- En caso de incumplimiento de la parte actora a
lo señalado en la fracción III, inciso c), del artículo anterior, el
juez lo apercibirá con las medidas de apremio establecidas en el
artículo 1414 Bis 9, y le ordenará pagar una pena equivalente a cien y
hasta tres mil veces, el salario mínimo diario general vigente en el
Distrito Federal en las fechas de incumplimiento, por día
transcurrido, mientras subsista el incumplimiento.
Artículo 1414 bis 19.- El acreedor o fiduciario, en tanto no realice
la entrega al deudor del remanente de recursos que proceda en términos
del artículo 1414 Bis 17, fracción III, por la venta de los bienes
objeto de la garantía, cubrirá a éste, por todo el tiempo que dure el
incumplimiento, una tasa de interés equivalente a dos veces el Costo
de Captación a Plazo de pasivos denominados en moneda nacional (CCP),
que mensualmente da a conocer el Banco de México, mediante
publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 1414 bis 20.- En los procedimientos que se ventilen conforme
a lo señalado en este Capítulo, no se admitirán incidentes y las
resoluciones que se dicten podrán ser apeladas sólo en efecto
devolutivo, por lo que en ningún caso podrá suspenderse el
procedimiento, salvo lo previsto en el último párrafo del artículo
1414 bis 10.
En todo lo no previsto en este Capítulo serán aplicables las
disposiciones contenidas en el Título III del Libro V, de este Código.
TITULO CUARTO
Del Arbitraje Comercial
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1415.- Las disposiciones del presente título se aplicarán al
arbitraje comercial nacional, y al internacional cuando el lugar del
arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo lo dispuesto en
los tratados internacionales de que México sea parte o en otras leyes
que establezcan un procedimiento distinto o dispongan que determinadas
controversias no sean susceptibles de arbitraje.
Lo dispuesto en los artículos 1424, 1425, 1461, 1462 y 1463, se
aplicará aún cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del
territorio nacional.
Artículo 1416.- Para los efectos del presente título se entenderá por:
I.- Acuerdo de arbitraje, el acuerdo por el que las partes deciden
someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o
puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación
jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá
adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato
o la forma de un acuerdo independiente;
II.- Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral de carácter
comercial, con independencia de que sea o no una institución arbitral
permanente ante la que se lleve a cabo;
III.- Arbitraje internacional, aquél en el que:
a) Las partes al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje,
tengan sus establecimientos en países diferentes; o
b) El lugar de arbitraje, determinado en el acuerdo de arbitraje o con
arreglo al misma, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de
las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el
objeto del litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera
del país en el que las partes tienen su establecimiento.
Para los efectos de esta fracción, si alguna de las partes tienen más
de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una
relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje; y si una parte no
tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia
habitual;
IV.- Costas, los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje
y demás expensan realizadas por los árbitros; costo de la asesoría
pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal
arbitral; gastos de viaje y otras expensas realizadas por los
testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal arbitral; costo
de representación y asistencia legal de la parte vencedora si se
reclamó dicho costo durante el procedimiento arbitral y sólo en la
medida en que el tribunal arbitral decida que el monto es razonable; y
honorarios y gastos de la institución que haya designado a los
árbitros;
V.- Tribunal arbitral, el árbitro o árbitros designados para decidir
una controversia.
Artículo 1417.- Cuando una disposición del presente título:
I.- Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un
asunto, esa facultad entrañará la de autorizar a un tercero, incluida
una Institución, a que adopte la decisión de que se trate, excepto en
los casos previstos en el artículo 1445;
II.- Se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán
comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de
arbitraje a que dicho acuerdo, en su caso, remita;
III.- Se refiera a una demanda, se aplicará también a una
reconvención, y cuando se refiera a una contestación se aplicará
asimismo a la contestación a esa reconvención, excepto en los casos
previstos en la fracción I del artículo 1441 y el inciso a) de la
fracción II del artículo 1449. Lo anterior, sin perjuicio de la
decisión de los árbitros sobre su competencia para conocer de la
demanda y de la reconvención.
Artículo 1418.- En materia de notificación y cómputo de plazos se
estará a lo siguiente:
I.- Salvo acuerdo en contrario de las partes:
a) Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido
entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en
su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal; en el
supuesto de que no se obtenga después de una indagación razonable la
ubicación de alguno de esos lugares, se considerará recibida toda
comunicación escrita enviada al último establecimiento, residencia
habitual o domicilio postal conocido del destinatario, por carta
certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de
entrega;
b) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya
realizado tal entrega.
II.- Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las
comunicaciones habidas en un procedimiento judicial.
Artículo 1419.- Para los fines del cómputo de plazos establecidos en
el presente título, dichos plazos comenzarán a correr desde el día
siguiente a aquél en que se reciba una notificación, nota,
comunicación o propuesta. Si el último día de ese plazo es feriado
oficial o no laborable en el lugar de residencia o establecimiento de
los negocios del destinatario, dicho plazo se prorrogará hasta el
primer día laborable siguiente. Los demás días feriados oficiales o no
laborables que ocurran durante el transcurso del plazo se incluirán en
el cómputo del plazo.
Artículo 1420.- Si una parte prosigue el arbitraje sabiendo que no se
ha cumplido alguna disposición del presente título de la que las
partes puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y
no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora justificada o,
si se prevé un plazo para hacerlo y no lo hace, se entenderá
renunciado su derecho a impugnar.
Artículo 1421.- Salvo disposición en contrario, en los asuntos que se
rijan por el presente título, no se requerirá intervención judicial.
Artículo 1422.- Cuando se requiera la intervención judicial será
competente para conocer el juez de primera instancia federal o del
orden común del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje.
Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio
nacional, conocerá del reconocimiento y de la ejecución del laudo el
juez de primera instancia federal o del orden común competente, del
domicilio del ejecutado o, en su defecto, el de la ubicación de los
bienes.
CAPITULO II
Acuerdo de Arbitraje
Artículo 1423.- El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y
consignarse en documento firmado por las partes o en un intercambio de
cartas, télex, telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación
que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de
demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea
afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha
en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria,
constituirá acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por
escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del
contrato.
Artículo 1424.- El juez al que se someta un litigio sobre un asunto
que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al
arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, a
menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de
ejecución imposible.
Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se
podrá no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y
dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez.
Sin menoscabo de lo que establece el primer párrafo de este artículo,
cuando un residente en el extranjero se hubiese sujetado expresamente
al arbitraje e intentara un litigio individual o colectivo, el juez
remitirá a las partes al arbitraje. Si el juez negase el
reconocimiento del laudo arbitral en los términos del artículo 1462 de
este Código, quedarán a salvo los derechos de la parte actora para
promover la acción procedente.
Artículo 1425.- Aun cuando exista un acuerdo de arbitraje las partes
podrán, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su
transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares
provisionales.
CAPITULO III
Composición del Tribunal Arbitral
Artículo 1426.- Las partes podrán determinar libremente el número de
árbitros. A falta de tal acuerdo, será un solo árbitro.
Artículo 1427.- Para el nombramiento de árbitros se estará a lo
siguiente:
I.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una
persona no será obstáculo para que actúe como árbitro.
II.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones IV y V del
presente artículo, las partes podrán acordar libremente el
procedimiento para el nombramiento de los árbitros.
III.- A falta de tal acuerdo:
a) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no logran ponerse
de acuerdo sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a
petición de cualquiera de las partes, por el juez;
b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro,
y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero; si una parte
no nombra al árbitro dentro de los treinta días del recibo de un
requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros
no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los
treinta días siguientes contados a partir de su nombramiento, la
designación será hecha, a petición de cualquiera de las partes, por el
juez;
IV.- Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las
partes, una de ellas no actúe conforme a lo estipulado en dicho
procedimiento, o las partes o dos árbitros no puedan llegar a un
acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o bien, un tercero,
incluida una Institución, no cumpla alguna función que se le confiera
en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al
juez que adopte las medidas necesarias, a menos que en el acuerdo
sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para
conseguirlo, y
V.- Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas al juez en las
fracciones III o IV del presente artículo, será inapelable. Al nombrar
un árbitro, el juez tendrá debidamente en cuenta las condiciones
requeridas para un árbitro estipuladas en el acuerdo entre las partes
y tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un
árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro único o del
tercer árbitro, tomará en cuenta asimismo, la conveniencia de nombrar
un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.
Artículo 1428.- La persona a quien se comunique su posible
nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que
puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o
independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y
durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales
circunstancias a las partes, a menos que ya se hubiera hecho de su
conocimiento.
Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den
lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o
independencia, o si no posee las cualidades convenidas por las partes.
Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo
nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido
conocimiento después de efectuada la designación.
Artículo 1429.- Las partes podrán acordar libremente el procedimiento
de recusación de los árbitros.
A falta de acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al
tribunal arbitral, dentro de los quince días siguientes a aquél en que
tenga conocimiento de su constitución o de circunstancias que den
lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad del árbitro o
su independencia, o si no posee las cualidades convenidas, un escrito
en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que el
árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la
recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre ésta.
Si no prosperase la recusación incoada en los términos del párrafo
anterior, la parte recusante podrá pedir al juez, dentro de los
treinta días siguientes de notificada la decisión por la que se
rechaza la recusación, resuelva sobre su procedencia, decisión que
será inapelable. Mientras esa petición esté pendiente, el tribunal
arbitral, incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las
actuaciones arbitrales y dictar un laudo.
Artículo 1430.- Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o por
disposición legal para ejercer sus funciones o por otros motivos no
las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si
renuncia o si las partes acuerdan su remoción. Si existe desacuerdo,
cualquiera de las partes podrá solicitar al juez dé por terminado el
encargo, decisión que será inapelable.
Artículo 1431.- Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo
dispuesto en los artículos 1429 o 1430, renuncia, remoción por acuerdo
de las partes o terminación de su encargo por cualquier otra causa, se
procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo
procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir.
CAPITULO IV
Competencia del Tribunal Arbitral
Artículo 1432.- El tribunal arbitral estará facultado para decidir
sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a
la existencia o validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, la
cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará
como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del
contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo un
contrato, no entrañará por ese solo hecho la nulidad de la cláusula
compromisoria.
La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a
más tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no
se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan
designado a un árbitro o participado en su designación. La excepción
basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato, deberá
oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales
la materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral
podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada
con posterioridad si considera justificada la demora.
El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace
referencia en el párrafo anterior, desde luego o en el laudo sobre el
fondo del asunto. Si antes de emitir laudo sobre el fondo, el tribunal
arbitral se declara competente, cualquiera de las partes dentro de los
treinta días siguientes a aquél en que se le notifique esta decisión,
podrá solicitar al juez resuelva en definitiva; resolución que será
inapelable. Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal
arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar laudo.
Artículo 1433.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal
arbitral podrá, a petición de una de ellas, ordenar la adopción de las
providencias precautorias necesarias respecto del objeto de litigio.
El tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una
garantía suficiente en relación con esas medidas.
CAPITULO V
Sustanciación de las Actuaciones Arbitrales
Artículo 1434.- Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a
cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.
Artículo 1435.- Con sujeción a las disposiciones del presente título,
las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se
haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.
A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo
dispuesto por el presente título, dirigir el arbitraje del modo que
considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral
incluye la de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las
pruebas.
Artículo 1436.- Las partes podrán determinar libremente el lugar del
arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal
arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendiendo las
circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal
arbitral podrá salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en
cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones
entre sus miembros, oír a las partes, a los testigos, o a los peritos,
o para examinar mercancías u otros bienes o documentos.
Artículo 1437.- Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las
actuaciones arbitrales con respecto a una determinada controversia, se
iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el
requerimiento de someter esa controversia al arbitraje.
Artículo 1438.- Las partes podrán acordar libremente el idioma o los
idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta
de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el o los idiomas que
hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta
determinación será aplicable, salvo pacto en contrario, a todos los
escritos de las partes, a todas las audiencias y a cualquier laudo,
decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral.
El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental
vaya acompañada de una traducción a uno de los idiomas convenidos por
las partes o determinados por el tribunal arbitral.
Artículo 1439.- Dentro del plazo convenido por las partes o del
determinado por el tribunal arbitral, el actor deberá expresar los
hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y las
prestaciones que reclama; y el demandado deberá referirse a todo lo
planteado en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra
cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban
necesariamente contener. Las partes aportarán, al formular sus
alegatos, todos los documentos que consideran pertinentes con que
cuenten o harán referencia a los documentos u otras pruebas que vayan
a presentar.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, éstas podrán modificar o
ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral
considere improcedente la alteración de que se trate en razón de la
demora con que se haya hecho.
Artículo 1440.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal
arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación
de pruebas o de alegatos orales, o si las actuaciones se substanciarán
sobre la base de documentos y demás pruebas. Si las partes no hubiesen
acordado la no celebración de audiencias, el tribunal arbitral
celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a
petición de una de las partes.
Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la
celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral
para examinar mercancías u otros bienes o documentos.
De todas las declaraciones, documentos probatorios, peritajes o demás
información que una de las partes suministre al tribunal arbitral se
dará traslado a la otra parte.
Artículo 1441.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin
invocar causa justificada:
I.- El actor no presente su demanda con arreglo al primer párrafo del
artículo 1439, el tribunal arbitral dará por terminadas las
actuaciones.
II.- El demandado no presente su contestación con arreglo a lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 1439, el tribunal arbitral
continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere por sí
misma como una aceptación de lo alegado por el actor, y
III.- Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente
pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las
actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que
disponga.
Artículo 1442.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal
arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre
materias concretas y solicitar a cualquiera de las partes que
proporcione al perito toda la información pertinente, o le presente
para su inspección o le proporcione acceso a todos los documentos,
mercancías u otros bienes pertinentes.
Artículo 1443.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una
parte lo solicite o el tribunal arbitral lo considere necesario, el
perito, después de la presentación de su dictamen escrito u oral,
deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán
oportunidad de formular preguntas y presentar peritos para que
informen sobre los puntos controvertidos.
Artículo 1444.- El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la
aprobación de éste, podrá solicitar la asistencia del juez para el
desahogo de pruebas.
CAPITULO VI
Pronunciamiento del Laudo y Terminación de las Actuaciones
Artículo 1445.- El tribunal arbitral decidirá el litigio de
conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Se
entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de
un país determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario,
al derecho sustantivo de ese país y no a sus normas de conflicto de
leyes.
Si las partes no indicaren la ley que debe regir el fondo de litigio,
el tribunal arbitral, tomando en cuenta las características y
conexiones del caso, determinará el derecho aplicable.
El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o en
conciencia, sólo si las partes le han autorizado expresamente a
hacerlo.
En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las
estipulaciones del convenio y tendrá en cuenta los usos mercantiles
aplicables al caso.
Artículo 1446.- En las actuaciones arbitrales en que hubiere más de un
árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se adoptará, salvo
acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos. Sin embargo,
el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si
así lo autorizan las partes o todos los miembros del tribunal
arbitral.
Artículo 1447.- Si durante las actuaciones arbitrales, las partes
llegaren a una transacción que resuelva el litigio, el tribunal
arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden ambas
partes y el tribunal arbitral no se opone, hará constar la transacción
en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes.
Dicho laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1448.
Este laudo tendrá la misma naturaleza y efectos que cualquier otro
dictado sobre el fondo del litigio.
Artículo 1448.- El laudo se dictará por escrito y será firmado por el
o los árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro,
bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal
arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de
una o más firmas.
El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las
partes hayan convenido otra cosa o se trate de un laudo pronunciado en
los términos convenidos por las partes conforme al artículo 1447.
Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del
arbitraje determinado de conformidad con el primer párrafo del
artículo 1436. El laudo se considerará dictado en ese lugar.
Después de dictado el laudo, el tribunal arbitral lo notificará a cada
una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los
árbitros de conformidad con el párrafo del presente artículo.
Artículo 1449.- Las actuaciones del tribunal arbitral terminan por:
I.- Laudo definitivo, y
II.- Orden del tribunal arbitral cuando:
a) El actor retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a
ello y el tribunal arbitral reconozca su legítimo interés en obtener
una solución definitiva de litigio;
b) Las partes acuerdan dar por terminadas las actuaciones; y
c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las
actuaciones resultaría innecesaria o imposible.
El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las
actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en los artículos 1450, 1451
y 1459.
Artículo 1450.- Dentro de los treinta días siguientes a la
notificación del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro
plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, pedir al
tribunal arbitral:
I.- Corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia,
tipográfico o de naturaleza similar.
El tribunal arbitral podrá corregir cualquiera de los errores
mencionados por su propia iniciativa dentro de los treinta días
siguientes a la fecha del laudo;
II.- Si así lo acuerdan las partes, dé una interpretación sobre un
punto o una parte concreta de laudo. Si el tribunal arbitral lo estima
justificado, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro
de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud. Dicha
interpretación formará parte del laudo.
Artículo 1451.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de
los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de
las partes, con notificación a la otra parte, podrá solicitar al
tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de
reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales pero omitidas
en el laudo. Si el tribunal arbitral lo estima justificado, dictará el
laudo adicional dentro de sesenta días.
El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo para
efectuar una corrección, dar una interpretación o dictar un laudo
adicional, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior o en el
artículo 1450.
En las correcciones o interpretaciones del laudo o en los laudos
adicionales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1448.
CAPITULO VII
De las Costas
Artículo 1452.- Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea
directamente o por referencia a un reglamento de arbitraje, reglas
relativas a las costas del arbitraje. A falta de acuerdo entre las
partes, se aplicarán las disposiciones del presente capítulo.
Artículo 1453.- El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del
arbitraje.
Artículo 1454.- Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto
razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del
tema, el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras
circunstancias pertinentes del caso.
Los honorarios de cada árbitro, se indicarán por separado y los fijará
el propio tribunal arbitral.
Cuando una parte lo pida y el juez consienta en desempeñar esta
función, el tribunal arbitral fijará sus honorarios solamente tras
consultar al juez, el cual podrá hacer al tribunal arbitral las
observaciones que considere apropiadas respecto de los honorarios.
Artículo 1455.- Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, las costas
del arbitraje serán a cargo de la parte vencida. Sin embargo, el
tribunal arbitral podrá prorratear los elementos de estas costas entre
las partes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta
las circunstancias del caso.
Respecto del costo de representación y de asistencia legal, el
tribunal arbitral decidirá, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, qué parte deberá pagar dicho costo o podrá prorratearlo entre
las partes si decide que es lo razonable.
Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del
procedimiento arbitral o un laudo en los términos convenidos por las
partes, fijará las costas del arbitraje en el texto de esa orden o
laudo.
El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la
interpretación, rectificación o por completar su laudo.
Artículo 1456.- Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá
requerir a cada una de las partes que deposite una suma igual, por
concepto de anticipo de honorarios del tribunal arbitral, gastos de
viaje y demás expensas de los árbitros, y del costo de asesoría
paricial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal
arbitral.
En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir
depósitos adicionales de las partes.
Cuando una parte lo solicite y el juez consienta en desempeñar esa
función, el tribunal arbitral fijará el monto de los depósitos o
depósitos adicionales sólo después de consultar al juez, que podrá
formular al tribunal arbitral todas las observaciones que estime
apropiadas relativas al monto de tales depósitos y depósitos
adicionales.
Si transcurridos treinta días desde la comunicación del requerimiento
del tribunal arbitral los depósitos requeridos no se han abonado en su
totalidad, el tribunal arbitral informará de este hecho a las partes a
fin de que cada una de ellas haga el pago requerido. Si este no se
efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o la
conclusión del procedimiento de arbitraje.
Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes
un estado de cuenta de los depósitos recibidos y les reembolsará todo
saldo no utilizado.
CAPITULO VIII
De la Nulidad del Laudo
Artículo 1457.- Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el
juez competente cuando.
I.- La parte que intente la acción pruebe que:
a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por
alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la
ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a
ese respecto en virtud de la legislación mexicana;
b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de
las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra
razón, hacer valer sus derechos;
c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo
de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se
refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de
las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o
d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no
se ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho
acuerdo estuviera en conflicto con una disposición del presente título
de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho
acuerdo, que no se ajustaron al presente título; o
II.- El juez compruebe que según la legislación mexicana, el objeto de
la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es
contrario al orden público.
Artículo 1458.- La petición de nulidad deberá formularse dentro de un
plazo de tres meses contado a partir de la fecha de la notificación
del laudo o, si la petición se ha hecho con arreglo a los artículos
1450 y 1451 desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por
el tribunal arbitral.
Artículo 1459.- El juez, cuando se le solicite la anulación de un
laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda
y así lo solicite una de las partes, por el plazo que determine a fin
de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones
arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del
tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de la nulidad.
Artículo 1460.- Se Deroga.
CAPITULO IX
Reconocimiento y Ejecución de Laudos
Artículo 1461.- Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que
haya sido dictado, será reconocido como vinculante y, después de la
presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de
conformidad con las disposiciones de este capítulo.
La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el
original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del
mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refieren los
artículos 1416 fracción I y 1423 o copia certificada del mismo. Si el
laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo
invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos
documentos, hecha por perito oficial.
Artículo 1462.- Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución
de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se hubiere
dictado, cuando:
I.- La parte contra la cual de invoca el laudo, pruebe ante el juez
competente del país en que se pide en reconocimiento o la ejecución
que:
a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por
alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la
ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere iniciado a
este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el
laudo;
b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de
las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra
razón, hacer valer sus derechos;
c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo
de arbitraje. No obstante, sin las disposiciones del laudo que se
refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de
las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las
primeras;
d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no
se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de
tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del país donde se efectuó el
arbitraje; o
e) El laudo no sea aún obligatorio para las partes o hubiere sido
anulado o suspendido por el juez del país en que, o conforme a cuyo
derecho, hubiere sido dictado ese laudo; o
II.- El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto
de la controversia no es susceptible de arbitraje; o que el
reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al orden
público.
Artículo 1463.- Si solicitó a un juez del país en que, o conforme a su
derecho, fue dictado el laudo, su nulidad o suspensión, el juez al que
se solicita el reconocimiento o la ejecución de laudo podrá, si lo
considera procedente, aplazar su decisión y a instancia de la parte
que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también
ordenar a la otra parte que otorgue garantías suficientes.
CAPÍTULO X
De la Intervención Judicial en la Transacción Comercial y el Arbitraje
Artículo 1464.- Cuando una parte solicite la remisión al arbitraje en
los términos del artículo 1424, se observará lo siguiente:
I. La solicitud deberá hacerse en el primer escrito sobre la sustancia
del asunto que presente el solicitante.
II. El juez, previa vista a las demás partes, resolverá de inmediato.
III. Si el juez ordena remitir al arbitraje, ordenará también
suspender el procedimiento.
IV. Una vez que el asunto se haya resuelto finalmente en el arbitraje,
a petición de cualquiera de las partes, el juez dará por terminado el
juicio.
V. Si se resuelve la nulidad del acuerdo de arbitraje, la
incompetencia del Tribunal Arbitral o de cualquier modo el asunto no
se termina, en todo o en parte, en el arbitraje, a petición de
cualquiera de las partes, y previa audiencia de todos los interesados,
se levantará la suspensión a que se refiere la fracción III de este
artículo.
VI. Contra la resolución que decida sobre la remisión al arbitraje no
procederá recurso alguno.
Artículo 1465.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, la
suspensión del procedimiento judicial y la remisión al arbitraje se
harán de inmediato. Sólo se denegará la remisión al arbitraje:
a) Si en el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al
arbitraje se demuestra por medio de resolución firme, sea en forma de
sentencia o laudo arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo de
arbitraje, o
b) Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo
de arbitraje son notorias desde el desahogo de la vista dada con la
solicitud de remisión al arbitraje. Al tomar esta determinación el
juez deberá observar un criterio riguroso.
Artículo 1466.- Se tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria
conforme a los artículos 530 a 532 y 534 a 537 del Código Federal de
Procedimientos Civiles:
I. La solicitud de designación de árbitros o la adopción de medidas
previstas en las fracciones III y IV del artículo 1427 de este Código.
II. La solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas prevista en
el artículo 1444 de este Código.
III. La consulta sobre los honorarios del Tribunal Arbitral prevista
en el artículo 1454 de este Código.
Artículo 1467.- Salvo que en las circunstancias del caso sea
inconveniente, al designar árbitro o árbitros o adoptar las medidas a
que se refiere el artículo anterior, se observará lo siguiente:
I. El juez deberá oír previamente a las partes, a cuyo efecto podrá,
si lo estima conveniente, citarlas a una junta para oír sus opiniones.
II. El juez deberá previamente consultar con una o varias
instituciones arbitrales, colegio de corredores públicos, cámaras de
comercio o industria designadas a su criterio, los nombres de los
árbitros disponibles.
III. Salvo acuerdo en contrario de las partes o que el juez determine
discrecionalmente que el uso del sistema de lista no es apropiado para
el caso, el juez observará lo siguiente:
a) Enviará a todas las partes una lista idéntica de tres nombres por
lo menos;
b) Dentro de los 10 días siguientes a la recepción de esta lista, cada
una de las partes podrá devolverla al juez, tras haber suprimido el
nombre o los nombres que le merecen objeción y enumerado los nombres
restantes de la lista en el orden de su preferencia. Si una parte no
hace comentarios, se entenderá que presta su conformidad a la lista
remitida por el juez;
c) Transcurrido el plazo mencionado, el juez nombrará al árbitro o
árbitros de entre las personas aprobadas en las listas devueltas y de
conformidad con el orden de preferencia indicado por las partes, y
d) Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento según el
sistema de lista, el juez ejercerá su discreción para nombrar al
árbitro o árbitros.
IV. Antes de hacer la designación, el juez pedirá al árbitro o
árbitros designados, que hagan las declaraciones previstas en el
acuerdo de arbitraje y en el artículo 1428.
Artículo 1468.- Contra la resolución del juez no procederá recurso
alguno, salvo el derecho de las partes a recusar al árbitro o
árbitros, en los términos del acuerdo de arbitraje o, en su defecto,
las disposiciones del artículo 1429.
Artículo 1469.- Salvo que en las circunstancias del caso sea
inconveniente, la asistencia en el desahogo de pruebas se dará previa
audiencia de todas las partes en el arbitraje.
Artículo 1470.- Se tramitarán conforme al procedimiento previsto en
los artículos 1472 a 1476:
I. La resolución sobre recusación de un árbitro a que se refiere el
tercer párrafo del artículo 1429.
II. La resolución sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuando
se determina en una resolución que no sea un laudo sobre el fondo del
asunto, conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 1432.
III. La adopción de las medidas cautelares provisionales a que se
refiere el artículo 1425.
IV. El reconocimiento y ejecución de medidas cautelares ordenadas por
un Tribunal Arbitral.
V. La nulidad de transacciones comerciales y laudos arbitrales.
Artículo 1471.- Para el reconocimiento y ejecución de los laudos a que
se refieren los artículos 1461 a 1463 de este Código, no se requiere
de homologación. Salvo cuando se solicite el reconocimiento y
ejecución como defensa en un juicio u otro procedimiento, el
reconocimiento y ejecución se promoverán en el juicio especial a que
se refieren los artículos 1472 a 1476.
Artículo 1472.- El juicio especial sobre transacciones comerciales y
arbitraje, a que se refieren los artículos 1470 y 1471, se tramitará
conforme a los siguientes artículos.
Artículo 1473.- Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar a las
demandadas, otorgándoles un término de quince días para contestar.
Artículo 1474.- Transcurrido el término para contestar la demanda, sin
necesidad de acuse de rebeldía, si las partes no promovieren pruebas
ni el juez las estimare necesarias, se citará, para dentro de los tres
días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará
concurran o no las partes.
Artículo 1475.- Si se promoviere prueba o el juez la estimare
necesaria previo a la celebración de la audiencia, se abrirá una
dilación probatoria de diez días.
Artículo 1476.- Celebrada la audiencia el juez citará a las partes
para oír sentencia. Las resoluciones intermedias dictadas en este
juicio especial y la sentencia que lo resuelva no serán recurribles.
Artículo 1477.- Los juicios especiales que versen sobre nulidad o
reconocimiento y ejecución de laudos comerciales podrán acumularse.
Para que proceda la acumulación, es necesario que no se haya celebrado
la audiencia de alegatos. La acumulación se hará en favor del juez que
haya prevenido. La acumulación no procede respecto de procesos que se
ventilen en jurisdicciones territoriales diversas o en el extranjero,
ni entre tribunales federales y los de los estados. La acumulación se
tramitará conforme a los artículos 73 a 75 del Código Federal de
Procedimientos Civiles. La resolución que resuelva sobre la
acumulación es irrecurrible.
Artículo 1478.- El juez gozará de plena discreción en la adopción de
las medidas cautelares provisionales a que se refiere el artículo
1425.
Artículo 1479.- Toda medida cautelar ordenada por un Tribunal Arbitral
se reconocerá como vinculante y, salvo que el Tribunal Arbitral
disponga otra cosa, será ejecutada al ser solicitada tal ejecución
ante el juez competente, cualquiera que sea el estado en donde haya
sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en el artículo 1480.
La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o la ejecución
de una medida cautelar informará sin demora al juez de toda
revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida.
El juez ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de
una medida cautelar podrá, si lo considera oportuno, exigir de la
parte solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el Tribunal
Arbitral no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa
garantía sea necesaria para proteger los derechos de terceros.
Artículo 1480.- Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de
una medida cautelar únicamente:
I. Si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida, al
juez le consta que:
a) Dicha denegación está justificada por alguno de los motivos
enunciados en los incisos a), b), c) o d) de la fracción I del
artículo 1462, o
b) No se ha cumplido la decisión del Tribunal Arbitral sobre la
prestación de la garantía que corresponda a la medida cautelar
otorgada por el Tribunal Arbitral, o
c) La medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el Tribunal
Arbitral o, en caso de que esté facultado para hacerlo, por un
tribunal del estado en donde se tramite el procedimiento de arbitraje
o conforme a cuyo derecho dicha medida se otorgó, o
II. Si el Juez resuelve que:
a) La medida cautelar es incompatible con las facultades que se le
confieren, a menos que el mismo juez decida reformular la medida para
ajustarla a sus propias facultades y procedimientos a efectos de
poderla ejecutar sin modificar su contenido, o bien que
b) Alguno de los motivos de denegación enunciados en la fracción II
del artículo 1462 es aplicable al reconocimiento o a la ejecución de
la medida cautelar.
Toda determinación a la que llegue el juez respecto de cualquier
motivo enunciado en la fracción I del presente artículo será
únicamente aplicable para los fines de la solicitud de reconocimiento
y ejecución de la medida cautelar. El juez al que se solicite el
reconocimiento o la ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de
dicho cometido, una revisión del contenido de la medida cautelar.
De toda medida cautelar queda responsable el que la pide, así como el
Tribunal Arbitral que la dicta, por consiguiente son de su cargo los
daños y perjuicios que se causen.
Artículo 1481.- (Se deroga).
Artículo 1482.- (Se deroga).
Artículo 1483.- (Se deroga).
Artículo 1484.- (Se deroga).
Artículo 1485.- (Se deroga).
Artículo 1486.- (Se deroga).
Artículo 1487.- (Se deroga).
Artículo 1488.- (Se deroga).
Artículo 1489.- (Se deroga).
Artículo 1490.- (Se deroga).
Artículo 1491.- (Se deroga).
Artículo 1492.- (Se deroga).
Artículo 1493.- (Se deroga).
Artículo 1494.- (Se deroga).
Artículo 1495.- (Se deroga).
Artículo 1496.- (Se deroga).
Artículo 1497.- (Se deroga).
Artículo 1498.- (Se deroga).
Artículo 1499.- (Se deroga).
Artículo 1500.- (Se deroga).
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Este Código comenzará a regir el día 1o. de Enero
de 1890.
Artículo Segundo.- La sustanciación de los negocios pendientes se
sujetará a este Código en el estado que ella se encuentre el expresado
día; pero si los términos que nuevamente se señalan para algún acto
judicial fuesen menores que los que estuvieren ya concedidos, se
observará lo dispuesto en la legislación anterior.
Artículo Tercero.- Los recursos que estén ya legalmente interpuestos,
serán admitidos aunque no deban serlo conforme a este Código; pero se
sustanciará sujetándose a las reglas que él establece para los de su
clase, o en su defecto a las establecidas en el Código de Comercio de
20 de Abril de 1884.
Artículo Cuarto.- Quedan derogados dicho Código de Comercio de 20 de
Abril de 1884 y las leyes mercantiles preexistentes y relativas a las
materias que en este Código se tratan.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Palacio de Gobierno Nacional en México, a 15 de Septiembre de 1889.-
Porfirio Díaz.- Al C. Lic. Joaquín Baranda, Secretario de Estado y del
Despacho de Justicia e Instrucción Pública.
Y lo comunico a ud. para los fines consiguientes.
Libertad y Constitución. México, Septiembre 15 de 1889.- J. Baranda.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
LEY de Navegación.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1994
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se abrogan:
I. La Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, y sus
reformas;
II. La Ley Sobre Disposiciones Especiales para el Servicio de
Cabotaje, interior del Puerto y Fluvial de la República, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 1929; y
III. La Ley de Subvenciones a la Marina Mercante Nacional, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1930.
TERCERO.- Se derogan:
I. La Ley de Navegación y Comercio Marítimos, excepto los artículos
222 al 232 y 234 al 250;
II. Los artículos 1o., fracciones I a IV 169 a 305, 543 a 545 y 547 a
554 de la Ley de Vías Generales de Comunicación;
III. Los artículos 19, en lo que se oponga a la presente ley, 21,
fracciones XIII y XVI a XVIII, 641 a 944, 1043, fracciones III, V, VII
y VIII, y 1044 del Código de Comercio; y
IV. Todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en esta ley.
CUARTO.- En tanto no sean expedidos los reglamentos de la presente
ley, se continuarán aplicando los vigentes a la fecha, en lo que no se
opongan a la misma.
QUINTO.- Las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas con
anterioridad a la fecha de expedición de la presente ley, continuarán
en vigor hasta el término de su vigencia, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley de Puertos.
SEXTO.- Las solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones, que
se encuentren en proceso de trámite al entrar en vigor la presente
ley, quedarán sujetas al régimen y condiciones previstos en la misma.
México, D.F., a 18 de diciembre de 1993.- Dip. Cuauhtémoc López
Sánchez, Presidente.- Sen. Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip.
Sergio González Santa Cruz, Secretario.- Sen. Antonio Melgar Aranda,
Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.-
Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; del Código de
Comercio; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y del
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996
ARTÍCULO TERCERO.- SE REFORMAN los siguientes artículos 1o.; 2o.;
1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1063; 1072;
1075; 1076; 1077; 1079, fracciones I a VI; 1080; 1082; 1090; 1094,
fracciones II y III; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103;
1111; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123;
1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132, primer párrafo;
1133; 1134; 1135; 1139; 1140; 1144; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150;
1151, fracciones I y V; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158;
1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1174; 1183;
1184; 1185; 1186; 1189; 1190; 1193; 1198; 1201; 1202; 1203; 1205;
1207; 1214; 1215; 1216; 1217; 1219; 1220; 1232, fracción I; 1234;
1236; 1241; 1242; 1243; 1247; 1250; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256;
1257; 1258; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1268; 1269; 1271; 1303,
fracción I; 1307; 1310; 1312; 1314; 1318; 1319; 1334; 1335; 1336;
1337, fracción II; 1339, fracción II; 1343; 1344; 1345; 1348; 1349;
1350; 1351; 1352; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1360; 1361; 1372;
1377; 1378; 1380, primer párrafo; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388;
1391, fracciones IV, V y VI; 1392; 1393; 1394; 1399; 1400; 1401; 1403,
último párrafo; 1404; 1405; 1406 y 1414, así como la denominación de
los Capítulos XXIV y XXVI del Título Primero del Libro Quinto; SE
ADICIONAN una cuarta y quinta fracciones al artículo 1061; un segundo,
tercero y cuarto párrafos al artículo 1067; un segundo párrafo con
seis fracciones al artículo 1068; un tercero, cuarto, quinto, sexto y
séptimo párrafos al artículo 1069; un segundo párrafo al artículo
1070; un segundo párrafo con cuatro fracciones y un tercer y cuarto
párrafos al artículo 1071; una quinta fracción al artículo 1084; una
fracción sexta al artículo 1094; una quinta, sexta, séptima y octava
fracciones al artículo 1151; un segundo párrafo al artículo 1209; un
segundo párrafo al artículo 1249; un segundo, tercero y cuarto
párrafos al artículo 1259; un segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto
párrafos al artículo 1272; una fracción tercera al artículo 1337; una
fracción octava al artículo 1391; un primero y segundo párrafos al
artículo 1394, así como el nombre al Capítulo VIII del Título Primero
del Libro Quinto, y SE DEROGAN las fracciones séptima y octava del
artículo 1079, y el artículo 1309, del Código de Comercio, para quedar
como sigue:
..........
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las reformas previstas en los artículos 1o. y 3o., del
presente decreto, entrarán en vigor sesenta días después de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación y no serán
aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco serán
aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos
contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.
SEGUNDO.- La reforma prevista en el artículo segundo entrará en vigor
al mismo tiempo que la legislación respectiva del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal que regule el funcionamiento del Fondo
de Administración de Justicia para el Distrito Federal.
TERCERO.- La reforma prevista en el artículo cuarto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación y será aplicable a fideicomisos que se celebren con
posterioridad a dicha entrada en vigor, y sin que estos fideicomisos
puedan ser instrumentos para novar créditos contraídos con
anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.
CUARTO.- Las reformas previstas en el artículo quinto entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 29 de abril de 1996.- Sen. Miguel Alemán Velasco,
Presidente.- Dip. Ma. Claudia Esqueda Llanes, Presidente.- Sen. Raúl
Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Jesús Carlos Hernández Martínez,
Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintiún días del mes de mayo del año de mil
novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.-
El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
del Código de Comercio y de la Ley de Instituciones de Crédito.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2000
ARTICULO SEGUNDO.- Se ADICIONAN las siguientes disposiciones al Código
de Comercio: una fracción XXIV al artículo 75, con lo cual la actual
fracción XXIV se recorrerá para ser XXV; Título Tercero bis, Capítulo
I; artículos 1414 bis, 1414 bis 1, 1414 bis 2, 1414 bis 3, 1414 bis 4,
1414 bis 5, 1414 bis 6, y Capítulo II, artículos 1414 bis 7, 1414 bis
8, 1414 bis 9, 1414 bis 10, 1414 bis 11, 1414 bis 12, 1414 bis 13,
1414 bis 14, 1414 bis 15, 1414 bis 16, 1414 bis 17, 1414 bis 18, 1414
bis 19 y 1414 bis 20, del Libro Quinto; se REFORMA la fracción XXV del
artículo 75 y los artículos 1091, 1093, 1097, 1104 y 1105; y se
DEROGAN los artículos 1097 bis, 1098 y 1109, para quedar como sigue:
..........
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto
en el Artículo Transitorio siguiente.
SEGUNDO.- Los fideicomisos de garantía constituidos con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, seguirán sujetos a
las disposiciones que les resulten aplicables al momento de su
contratación.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes que cuenten con facultades
para ello conforme al contrato constitutivo de esos fideicomisos,
podrán convenir que los mismos se sujeten a las disposiciones de esta
Ley.
México, D.F., a 29 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bolio,
Presidente.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.-
Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, Secretario.- Sen. Raúl Juárez
Valencia, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil.-
Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000
ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 18, 20, 21 párrafo
primero, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 49, 80 y 1205, y se
adicionan los artículos 20 bis, 21 bis, 21 bis 1, 30 bis, 30 bis 1 y
32 bis 1298-A; el Título II que se denominará "Del Comercio
Electrónico", que comprenderá los artículos 89 a 94, y se modifica la
denominación del Libro Segundo del Código de Comercio, disposiciones
todas del referido Código de Comercio, para quedar como sigue:
..........
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los nueve días
siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las menciones que en otras disposiciones de carácter federal
se hagan al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y
para toda la República en Materia Federal, se entenderán referidas al
Código Civil Federal.
Las presentes reformas no implican modificación alguna a las
disposiciones legales aplicables en materia civil para el Distrito
Federal, por lo que siguen vigentes para el ámbito local de dicha
entidad todas y cada una de las disposiciones del Código Civil para el
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia
Federal, vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Tercero.- La operación automatizada del Registro Público de Comercio
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto deberá iniciarse a más
tardar el 30 de noviembre del año 2000.
Para tal efecto, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
proporcionará a cada uno de los responsables de las oficinas del
Registro Público de Comercio, a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto y a más tardar el 31 de agosto del año 2000, el
programa informático del sistema registral automatizado a que se
refiere el presente Decreto, la asistencia y capacitación técnica, así
como las estrategias para su instrumentación, de conformidad con los
convenios correspondientes.
Cuarto.- En tanto se expide el Reglamento correspondiente, seguirán
aplicándose los capítulos I a IV y VII del Título II del Reglamento
del Registro Público de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de enero de 1979, en lo que no se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto.
Quinto.- La captura del acervo histórico del Registro Público de
Comercio deberá concluirse, en términos de los convenios de
coordinación previstos en el artículo 18 del Código de Comercio a que
se refiere el presente Decreto, a más tardar el 31 de diciembre de
2004.
Reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 13 de junio de 2003.
Sexto.- La Secretaría, en coordinación con los gobiernos estatales,
determinará los procedimientos de recepción de los registros de los
actos mercantiles que hasta la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto efectuaban los oficios de hipotecas y los jueces de primera
instancia del orden común, así como los mecanismos de integración a
las bases de datos central y a las ubicadas en las entidades
federativas. Dicha recepción deberá efectuarse en un plazo máximo de
ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Séptimo.- Las solicitudes de inscripción de actos mercantiles en el
Registro Público de Comercio y los medios de defensa iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se
substanciarán y resolverán, hasta su total conclusión, conforme a las
disposiciones que les fueron aplicables al momento de iniciarse o
interponerse.
Octavo.- La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la
Federación los lineamientos y formatos a que se refieren los artículos
18 y 20, que se reforman por virtud del presente Decreto, en un plazo
máximo de noventa días, contados a partir de la fecha de su entrada en
vigor.
México, D.F., a 29 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bolio,
Presidente.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.-
Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, Secretario.- Sen. Raúl Juárez
Valencia, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil.-
Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforma el Título Sexto del Libro Segundo del
Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2000
ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la denominación del Título Sexto del
Libro Segundo del Código de Comercio, se adiciona un Capítulo IV al
Título Sexto del Libro Segundo del Código de Comercio y se adicionan
las disposiciones que se indican a los artículos 392, 393 y 394 del
Código de Comercio para quedar como sigue:
..........
ARTICULO TRANSITORIO
ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
México, D.F., a 11 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bolio,
Presidente.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.-
Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, Secretario.- Sen. Raúl Juárez
Valencia, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil.-
Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
DECRETO por el que se modifica el artículo quinto transitorio del
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, publicado el 29 de mayo de 2000.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003
ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo Quinto transitorio del decreto
que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones del Código Civil para el
Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia
Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de
Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 29 de Mayo de 2000 para quedar
como sigue:
..........
TRANSITORIO
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 29 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre,
Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adela
Cerezo Bautista, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés,
Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los diez días del mes de junio de dos mil tres.-
Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
del Código de Comercio, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la
Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 1054, 1063, 1070 primer
párrafo, 1373, 1391 fracción II, 1393, 1401 tercer párrafo, 1414, 1414
Bis 7 primer párrafo, 1414 Bis 8 primer párrafo, 1414 Bis 17
fracciones I, II, 1414 Bis 18 y 1414 Bis 19; y se adicionan el
artículo 1055 Bis, el segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos del
1070, 1070 Bis, 1376 Bis, los tres últimos párrafos del 1395, 1412 Bis
y 1412 Bis 1, y la fracción III del 1414 Bis 17, todos del Código de
Comercio, para quedar como sigue:
..........
ARTÍCULO TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Las disposiciones de este Decreto no serán aplicables a los créditos
contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo,
ni aun tratándose de novación o reestructuración de créditos.
México, D.F., a 24 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre,
Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. de
las Nieves García Fernández, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos
Cortés, Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los doce días del mes de junio de dos mil tres.-
Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código de Comercio en Materia de Firma Electrónica.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de
2003
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113 y 114. Se adicionan los artículos 89 bis, 90 bis, 91
bis, 93 bis. Se adicionan los Capítulos Primero, Segundo, Tercero y
Cuarto al Título Segundo, denominado del Comercio Electrónico,
correspondiente al Libro Segundo, todos del Código de Comercio, para
quedar de la siguiente manera:
..........
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto comenzará su vigencia 90 días después de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Dentro del plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor
del presente Decreto, el Ejecutivo emitirá las reglas generales a que
se refieren las presentes disposiciones.
TERCERO. En lo que se refiere al artículo 102, dentro de los doce
meses siguientes a la entrada en vigor de las reglas generales a que
se refiere el artículo anterior, el plazo de 45 días a que se refiere
el mismo, será de 90 días.
CUARTO. Por lo que se refiere al artículo 106, el Banco de México, en
el ámbito de su competencia, regulará y coordinará a la autoridad
registradora central, registradora y certificadora, de las
instituciones financieras y de las empresas mencionadas que presten
servicios de certificación.
México, D.F., a 8 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre,
Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adela
Cerezo Bautista, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés,
Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil
tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
DECRETO por el que se adiciona el artículo 6 bis al Código de
Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2005
ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 6 bis al Código de Comercio
para quedar como sigue:
..........
TRANSITORIO
UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 30 de noviembre de 2004.- Dip. Manlio Fabio Beltrones
Rivera, Presidente.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos,
Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Sara I.
Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veinte días del mes de enero de dos mil
cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
DECRETO por el que se adiciona el segundo párrafo de la fracción III
del artículo 12 del Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2006
Artículo Único. Se adiciona el segundo párrafo de la fracción III del
artículo 12 del Código de Comercio, para quedar como sigue:
..........
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 13 de diciembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz
Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.-
Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos
Cortés, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil
seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforma el Artículo 1056 del Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006
Artículo Único. Se reforma el Artículo 1056 del Código de Comercio,
para quedar como sigue:
..........
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 16 de marzo de 2006.- Dip. Marcela González Salas P.,
Presidenta.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia
Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Micaela Aguilar González,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veinte días del mes de abril de dos mil seis.-
Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman las fracciones V y VI del Artículo 1068
del Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006
Artículo Único.- Se reforman las fracciones V y VI del artículo 1068
del Código de Comercio, para quedar como sigue:
..........
TRANSITORIO
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 16 de marzo de 2006.- Dip. Marcela González Salas P.,
Presidenta.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia
Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Micaela Aguilar González,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veinte días del mes de abril de dos mil seis.-
Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la
Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2006
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 75 fracción X del Código de
Comercio, para quedar como sigue:
..........
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Los sujetos a los que hace referencia el artículo 65 Bis,
tendrán un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto, para dar cumplimiento a lo dispuesto
por el tercer párrafo del citado precepto.
Tercero.- La Secretaría de Economía deberá emitir la Norma Oficial
Mexicana a que se refiere el presente Decreto, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
Cuarto.- Las casas de empeño que estén operando a la fecha de entrada
en vigor de este decreto, cuentan con un plazo de seis meses contados
a partir de la publicación de la Norma Oficial Mexicana a que se
refiere el artículo anterior, para obtener el registro del contrato
correspondiente ante la Procuraduría.
México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P.,
Presidenta.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos
Morales Torres, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los treinta días del mes de mayo de dos mil seis.-
Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2008
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos 1054, 1057, 1058, 1063,
1069, 1079, 1154, 1165 último párrafo, 1191, 1193, 1203, 1223, 1224,
1232, fracción I, 1235, 1247, 1250, 1253, fracciones III, IV, VI y
VII, 1254, 1255, 1263, 1336, 1337 fracción III, 1338, 1339, 1340,
1342, 1344, 1345, 1348, 1378, 1396, 1414, y se adicionan los artículos
1250 bis, 1250 bis 1, 1337 fracción IV, 1345 bis, 1345 bis 1, 1345 bis
2, 1345 bis 3, 1345 bis 4, 1345 bis 5, 1345 bis 6, 1345 bis 7, 1345
bis 8 y 1407 bis, todo del Código de Comercio, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,
en el entendido que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma, se
tramitarán con las reglas anteriores a la misma.
México, D.F., a 11 de marzo de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda,
Presidente.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Gabino Cué
Monteagudo, Secretario.- Dip. Esmeralda Cardenas Sanchez, Secretaria.-
Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a diez de abril de dos mil ocho.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforma la fracción III del artículo 1347-A del
Código de Comercio y la fracción III del artículo 571 del Código
Federal de Procedimientos Civiles.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de
2008
PRIMERO.- Se reforma la fracción III de artículo 1347-A del Código de
Comercio, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La ejecución de las sentencias, laudos y resoluciones
dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto,
se sujetarán a las disposiciones vigentes al momento de haberse
iniciado el procedimiento respectivo.
México, D.F., a 4 de diciembre de 2008.- Sen. Gustavo Madero Muñoz,
Presidente.- Dip. César Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen.
Adrian Rivera Perez, Secretario.- Dip. Santiago Gustavo Pedro Cortés,
Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veintidós de diciembre de dos mil ocho.- Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de
2008
Artículo Único.- Se reforman los artículos 1054; 1154; 1165, último
párrafo; 1253, fracción VI, segundo párrafo y la fracción VII; 1339;
1340; 1344; 1345 bis 1, párrafo segundo; 1345 bis 4, párrafo segundo;
1345 bis 7, párrafo primero; 1399; 1407 bis, primer párrafo; se
adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 1345 y
se derogan, el segundo párrafo, del artículo 1345 bis 7 y las
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 1407 bis del Código de
Comercio, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El presente Decreto no será aplicable a los asuntos cuya
demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de
la reforma al Código de Comercio publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de abril de 2008.
México, D.F., a 2 de diciembre de 2008.- Dip. César Horacio Duarte
Jáquez, Presidente.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.-
Dip. Margarita Arenas Guzmán, Secretaria.- Sen. Claudia Sofía Corichi
García, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veintidós de diciembre de dos mil ocho.- Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones del Código de
Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2009
Artículo Primero. Se reforman los artículos 19, 21, fracciones V, VII
y XII, del Código de Comercio, para quedar como sigue:
……….
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez,
Presidente.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip.
Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen. Claudia Sofía
Corichi García, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veintiocho de mayo de dos mil nueve.- Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforma el artículo 1069 del Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2009
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del Artículo 1069 del
Código de Comercio, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 23 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez,
Presidente.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip.
Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Sen. Gabino Cué Monteagudo,
Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil nueve.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforma el artículo 1350 del Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2009
Artículo Único. Se reforma el Artículo 1350 del Código de Comercio,
para quedar como sigue:
………..
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 23 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez,
Presidente.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip.
Maria del Carmen Pinete Vargas, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca
Castellanos, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil nueve.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y del Código de
Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2009
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en su
orden los actuales, al artículo 1051 del Código de Comercio, para
quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez,
Presidente.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip.
Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca
Castellanos, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil nueve.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de
2009
Artículo Único. Se reforman los artículos 21, fracción IV y XIX; 21
bis 1; 30 bis, segundo párrafo; 30 bis 1; 31, primer párrafo y se
adiciona, una fracción XX al artículo 21, una fracción III al artículo
21 bis, un segundo párrafo al artículo 22, un cuarto párrafo al
artículo 30 y una "Sección Única" denominada "Del Registro Único de
Garantías Mobiliarias" con los artículos 32 bis 1, 32 bis 2, 32 bis 3,
32 bis 4, 32 bis 5, 32 bis 6, 32 bis 7, 32 bis 8 y 32 bis 9, al
Capítulo II del Título Segundo del Libro Primero, todos del Código de
Comercio, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Registro Único de Garantías Mobiliarias a que se refiere
la Sección Única del Capítulo II del Título Segundo del Libro Primero
del Código de Comercio, deberá iniciar operaciones a más tardar dentro
del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, con
apego a las normas reglamentarias que se expidan al efecto.
Tercero. Hasta en tanto inicie operaciones el Registro Único de
Garantías Mobiliarias, no será exigible ninguna inscripción a través
del mismo.
México, D.F., a 15 de abril de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz,
Presidente.- Dip. César Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen.
Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Jacinto Gomez
Pasillas, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil nueve.- Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011
Artículo Único.- Se reforman los artículos 1464 a 1480, que comprenden
el Capítulo X, "De la Intervención Judicial en la Transacción
Comercial y el Arbitraje"; se adicionan los artículos 1067 Bis; 1339
Bis; y un Título Especial, que se denominará "Del Juicio Oral
Mercantil", que comprende los artículos 1390 Bis a 1390 Bis 49, y se
derogan los artículos 1460 y 1463, segundo párrafo del Código de
Comercio; para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a excepción de
lo relativo al Título Especial relativo al “Juicio Oral Mercantil”,
que entrará en vigor al año siguiente de dicha publicación.
Segundo.- Las instancias judiciales realizarán las acciones necesarias
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1390
Bis 3 del presente Código, para lo cual podrán celebrar convenios de
colaboración con instituciones públicas y privadas a fin de poder
contar con el servicio de interpretación y traducción a que se refiere
la disposición.
Tercero.- Las erogaciones que se deriven de la entrada en vigor de la
presente reforma, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para
ese efecto para los tribunales superiores de justicia de los estados,
del Distrito Federal y al Poder Judicial de la Federación por la
Cámara de Diputados, los congresos de las entidades federativas y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en sus respectivos
presupuestos.
Cuarto.- Los procedimientos de nulidad a que se refiere el artículo
1460 vigente, que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de
la presente reforma, seguirán su procedimiento conforme a lo dispuesto
en el mismo.
Quinto.- Los procedimientos de reconocimiento o ejecución a que se
refiere el artículo 1463 vigente, que hayan sido solicitados antes de
la entrada en vigor de la presente reforma, seguirán su procedimiento
conforme a lo dispuesto en el mismo.
México, D.F., a 3 de noviembre de 2010.- Dip. Jorge Carlos Ramirez
Marin, Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.-
Dip. Maria Dolores del Rio Sanchez, Secretaria.- Sen. Martha Leticia
Sosa Govea, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veinticuatro de enero de dos mil once.- Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José
Francisco Blake Mora.- Rúbrica.
DECRETO por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1424 del
Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011
Artículo Único.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1424 del
Código de Comercio, para quedar como sigue:
……….
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D. F., a 28 de abril de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones
Rivera, Presidente.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.-
Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. María de Jesús
Aguirre Maldonado, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a tres de junio de dos mil once.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José
Francisco Blake Mora.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman los artículos 1080 y 1255 del Código de
Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2011
Artículo Único.- Se reforman los artículos 1080, fracción I; 1255,
segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo, pasando el actual a
ser cuarto al artículo 1255 del Código de Comercio, para quedar como
sigue:
……….
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D. F., a 6 de abril de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones
Rivera, Presidente.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.-
Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Heron Escobar Garcia,
Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a ocho de junio de dos mil once.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José
Francisco Blake Mora.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforma el artículo 1411 del Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de
2011
Artículo Único.- Se reforma el artículo 1411 del Código de Comercio,
para quedar como sigue:
………
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 20 de septiembre de 2011.- Sen. Jose Gonzalez Morfin,
Presidente.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. Cleominio
Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario.-
Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a doce de octubre de dos mil once.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José
Francisco Blake Mora.- Rúbrica.
DECRETO por el que se deroga la fracción V del artículo 1391 del
Código de Comercio.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de
2011
ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la fracción V del artículo 1391 del Código
de Comercio, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 15 de noviembre de 2011.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor,
Presidente.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Heron
Escobar Garcia, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a nueve de diciembre de dos mil once.- Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales
mercantiles.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012
ARTÍCULO ÚNICO.- se REFORMAN: el segundo párrafo de la fracción VI del
artículo 1253; el primero y cuarto (actualmente segundo) párrafos del
artículo 1339; el primer párrafo del artículo 1340; el primero y
segundo párrafos del artículo 1390 Bis; el artículo 1390 Bis 1; el
artículo 1390 Bis 6; el primero y segundo párrafos del artículo 1390
Bis 7, recorriéndose el actual segundo para quedar como tercero; el
artículo 1390 Bis 8; el artículo 1390 Bis 9; el primero y segundo
párrafos del artículo 1390 Bis 13; el primer párrafo del artículo 1390
Bis 18; el primer párrafo del artículo 1390 Bis 20; primero y tercer
párrafo del artículo 1390 Bis 23; el primer párrafo del artículo 1390
Bis 26; la fracción V del artículo 1390 Bis 32; el artículo 1390 Bis
34; el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 37; el primero y segundo
párrafos del artículo 1390 Bis 38; el primer párrafo del artículo 1390
Bis 39; el primer párrafo, las fracciones I, II y III del artículo
1390 Bis 41; el primero y segundo párrafos del artículo 1390 Bis 42;
el artículo 1390 Bis 43; el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 45;
el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1390 Bis 46; el
primero y tercer del artículo 1390 Bis 47; el artículo 1390 Bis 48; el
último párrafo del artículo 1390 Bis 49; primero, segundo y tercer
párrafos del artículo 1414 Bis 9 y la fracción II del artículo 1467;
se ADICIONAN: un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 1253; un
nuevo segundo y tercer párrafos al artículo 1339, recorriéndose los
actuales segundo a séptimo para quedar cuarto a noveno; un tercer
párrafo al artículo 1390 Bis 7; un segundo párrafo del artículo 1390
Bis 9; un segundo párrafo del artículo 1390 Bis 18; un tercer párrafo
al artículo 1390 Bis 40, recorriéndose el actual tercero para quedar
como cuarto; un segundo párrafo al artículo 1390 Bis 42, recorriéndose
el actual segundo para quedar como tercero; un artículo 1390 Bis 50;
un segundo y tercero artículos transitorios y se DEROGAN el segundo
párrafo del artículo 1340; el tercer párrafo del artículo 1390 Bis; el
segundo párrafo del artículo 1390 Bis 20; el tercer párrafo del
artículo 1390 Bis 38, recorriéndose el actual cuarto al tercero; las
fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 1414 Bis 9, todos
del Código de Comercio, para quedar como sigue:
………..
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor por lo que hace a las
reformas a los artículos 1253, 1339, 1340, 1414 Bis y 1467, a partir
del primero de enero del año dos mil doce.
SEGUNDO.- La reforma de los demás artículos entrará en vigor el
veintisiete de enero del año dos mil doce.
TERCERO.- A efecto de que las Legislaturas de las Entidades
Federativas y la Cámara de Diputados del Congreso General resuelvan
sobre las previsiones presupuestales para la infraestructura y la
capacitación necesarias para su correcta implementación, los poderes
judiciales de las entidades federativas tendrán hasta el primero de
julio del año dos mil trece, como plazo máximo, para hacer efectiva la
entrada en vigor de las disposiciones relativas al juicio oral
mercantil. Al poner en práctica dichas disposiciones, deberán emitir
previamente una declaratoria que se publicará en los órganos de
difusión oficiales, en la que se señale expresamente la fecha
correspondiente.
México, D.F., a 15 de diciembre de 2011.- Sen. Jose Gonzalez Morfin,
Presidente.- Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. Renan
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Laura Arizmendi Campos,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a seis de enero de dos mil doce.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro
Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
206 de 205

  • CAPÍTULO V SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH
  • UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SUKLADNO ČL 20 ST 1
  • NUMERO (XX) EN LA CIUDAD DE DEPARTAMENTO
  • COMMONWEALTH OF VIRGINIA COUNTY OF HENRICO DEPARTMENT OF FINANCE
  • BLAD 43 LOGOOCW BIJ BRIEF VAN 3 MEI JL
  • APPENDIX 1 WALSALL CHILDREN’S SERVICES RIGHT CHILD RIGHT PLACE
  • SALES REPRESENTATIVE INTERNAL ACCOUNT MANAGER (IAM) (SUPPLIES)
  • OPEN OFFERTEVRAAG VOOR DE LEVERING VAN CONTRASTMIDDELEN AAN DE
  • VERLENGING VAN DE ZITTINGSDUUR VAN GEMEENTERADEN IN GEMEENTEN WAARVOOR
  • TOELICHTING DIT FORMULIER WORDT GEBRUIKT INDIEN ÉÉN OF
  • PROVEEDOR DIRECCIÓN TELEF FAX EMAIL WEB EDICIONES AKAL SA
  • DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ ZAGREB TRG
  • SERBIAN NETWORK OF MOBILITY CENTRES BRIDGE HEAD ORGANISATION MECHANICAL
  • MELDING VAN VOORGENOMEN HUWELIJK AANSTAANDE ECHTGENO(O)T(E) 1 BSN (INDIEN
  • DE PLAATS VAN DE MENS IN DE EVOLUERENDE KOSMOS
  • MELDERSCODE ………………… TRANSACTIENUMMER ……………… PAGINA … VAN …
  • V LOGO VAN DE SCHOOL ERKLARING VAN TOESTEMMING ONDERGETEKENDE
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 – PROJEKT UMOWY NUMER POSTĘPOWANIA
  • SPORTVERENIGING K RACHT & VRIENDSCHAP INSCHRIJFFORMULIER OUDERKINDGYM ACHTERNAAM KIND
  • AANMELDFORMULIER NIEUWE LEERLING GEGEVENS KIND ACHTERNAAM ROEPNAAM VOORNAMEN GEBOORTEDATUM
  • 41 LAMPIRAN C SKEP REKTOR NOMOR SKEP 139
  • SIB 24 GUNADARMA COLLECTION LITERATURE – MOHAMAD SAEFUDIN CATATAN
  • LAS CUATRO PARTES LITÚRGICAS DE LA VIGILIA PASCUAL POR
  • PAGE 15 TABEL 3 TABLE 3 VERKLAARDE ONKRUID
  • EPARANÁ PROGRAMAÇÃO DA 3ª SEMANA PERÍODO DE 16 A
  • CARA PENGISIAN FORM A FORM 1 DAFTAR NAMA ADMIN
  • VERZOEK OP BASIS VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
  • CONCERTI 2009 – 2010 8° CONCERTO AUDITORIUM RAI ARTURO
  • ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO KLASA 0220409038 URBROJ 21701050150901 RIJEKA 17 OŽUJKA
  • OBČINA DOBREPOLJE VIDEM 35 1312 VIDEM – DOBREPOLJE KI