orden jus/ /2015, de …………., por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso


Orden JUS/ /2015, de …………., por la que se establecen las Bases Comunes
que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
La Orden JUS/1901/2013, de 20 de septiembre, estableció las bases
comunes que habían de regir los procesos selectivos para ingreso o
acceso a los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia
Habiéndose producido con posterioridad modificaciones normativas que
afectan a esa Orden, entre ellas, la realizada por la Ley Orgánica
7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y considerando que el
establecimiento de bases comunes permite homogeneizar los procesos
selectivos y contribuye de una manera eficaz a la claridad de los
mismos, se hace necesario actualizarlas y adaptarlas antes de la
publicación de las convocatorias específicas correspondientes a la
Oferta de Empleo Público de 2015.
En las presentes bases se incluyen las normas comunes, sin perjuicio
de las normas específicas de cada convocatoria que serán reguladas en
las correspondientes bases.
En consecuencia se dicta la presente Orden que incluye las normas
comunes que habrán de aplicarse a los procesos selectivos de acceso a
los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia, sin perjuicio de que deban publicarse las bases específicas
de cada una de ellas en el Boletín Oficial del Estado, previo informe
de la Dirección General de la Función Pública en los plazos y
condiciones que establezca el Real Decreto de la Oferta de Empleo
Público correspondiente.
En virtud de lo expuesto, dispongo:
Primera. Objeto y normativa aplicable.
1. El objeto de la presente Orden es el establecimiento de las bases
comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso a
los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia, incluidos en el Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio del Poder Judicial, sin perjuicio de las bases específicas que
determine cada convocatoria.
2. A las convocatorias de los procesos selectivos para ingreso o
acceso a los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia,
derivadas de las Ofertas de Empleo Público, les serán de aplicación el
real decreto que apruebe la Oferta de Empleo Público de que se trate,
las presentes bases comunes, así como lo dispuesto en la propia
convocatoria, además de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del
Poder Judicial; el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, que
aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción profesional del Personal Funcionario al servicio de la
Administración de Justicia; la Ley 30/1992, de 26 noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el resto de la normativa vigente en la materia.
Con carácter supletorio, en lo no previsto en estas bases y en las
convocatorias específicas se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007 de
12 de abril del Estatuto básico del Empleado Público y el resto de la
normativa del Estado sobre Función Pública.
Segunda. Principio de igualdad de trato.
Las convocatorias tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo
público, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y lo previsto en el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el
I Plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración
General del Estado y sus Organismos Autónomos.
Tercera. Descripción de las plazas.
La descripción de las plazas se realizará en las bases específicas de
cada proceso, en los términos que fije el correspondiente Real Decreto
de Oferta de Empleo Público, tanto para las plazas de acceso libre
como para las de acceso por promoción interna.
Las plazas ubicadas en el territorio de una Comunidad Autónoma con
traspasos recibidos se ofertarán por el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de que se trate, salvo renuncia expresa de la
misma, en cuyo caso serán objeto de agrupación. Asimismo, cuando el
número de plazas o el mejor desarrollo de los procesos selectivos lo
aconseje se podrán agrupar vacantes correspondientes a uno o varios
territorios.
Las plazas ofertadas por un ámbito territorial que pudieran quedar sin
cubrir no podrán acumularse a las de otro ámbito territorial
diferente.
Cuarta. Procesos selectivos.
Los procesos selectivos podrán llevarse a cabo a través de los
sistemas de oposición o concurso-oposición. Los procesos de promoción
interna se efectuarán siempre mediante el sistema de
concurso-oposición.
Ambos tipos de proceso contarán con una fase de oposición, que será
eliminatoria y se desarrollará en primer lugar, con los ejercicios,
valoraciones, y puntuaciones que se especificarán en el Anexo I de
cada convocatoria.
Una vez superada la fase de oposición, o el concurso-oposición en su
caso, los procesos selectivos podrán incluir la realización de un
curso teórico práctico o de un periodo de prácticas, de carácter
selectivo, cuya modalidad, contenido, duración y sistema de
calificación se detallará en la convocatoria de que se trate.
En ese caso, durante la realización del curso o periodo de prácticas,
los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prácticas.
El curso selectivo o, en su caso, el periodo de prácticas, podrá
desarrollarse en los centros, institutos o servicios de formación
dependientes del Ministerio de Justicia, o de las Comunidades
Autónomas, o en los centros de destino indicados en el artículo 39 del
Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración
de Justicia, situados en el ámbito territorial por el que participó el
aspirante.
Quinta. Programas.
Los Programas que han de regir las pruebas de la fase de oposición,
tanto para el acceso libre como para la promoción interna, serán
elaborados y aprobados por la Comisión de Selección de Personal y se
detallarán en Orden del Ministerio de Justicia que se publicará antes
de las convocatorias, o simultáneamente, indicándose en cada
convocatoria la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que ha sido
publicada. Los Programas de la fase de oposición de la promoción
interna serán en todo caso inferiores en número y/o extensión a los
exigidos para el turno libre.
Sexta. Calendario.
Las pruebas selectivas se desarrollarán de acuerdo con el calendario
que se establezca en cada convocatoria, debiendo concluir la fase de
oposición, en cualquier caso, antes de finalizar el año a que haga
referencia la correspondiente Oferta de Empleo Público, salvo que
concurran causas objetivas que justifiquen la ampliación de este
plazo, apreciadas por el Ministerio de Justicia.
Séptima. Requisitos de los candidatos.
1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los
aspirantes deberán poseer en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera, además de los requisitos
específicos, contenidos en las correspondientes convocatorias, los
siguientes requisitos de participación:
1.
Nacionalidad: Tener la nacionalidad española.
1.2 Edad: Tener dieciséis años de edad, salvo cuando en la
convocatoria se establezca la edad mínima de dieciocho, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 56-3 del estatuto Básico del Empleado
Público, y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
1.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el
título exigido para el ingreso en cada Cuerpo, de acuerdo con lo que
se establecerá en las bases específicas de cada convocatoria. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación. Este requisito
no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones del Derecho de
la Unión Europea.
1.4 Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas del cuerpo al que aspiran.
1.5 Habilitación:
a) No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de
libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la
cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.
b) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas, salvo que
hubiera sido debidamente rehabilitado, ni pertenecer al mismo Cuerpo a
cuyas pruebas selectivas se presenten.
2. Para participar en las procesos de acceso por promoción interna,
los aspirantes deberán reunir todos los requisitos establecidos con
carácter general para el acceso al cuerpo o especialidad de que se
trate; poseer la titulación requerida para el acceso a éste; tener la
condición de funcionario de carrera en el cuerpo de titulación de
acceso inmediatamente inferior al que se pretende acceder y acreditar
en el mismo una antigüedad de, al menos, dos años. Todos estos
requisitos deben reunirse en el día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta la fecha de toma de
posesión.
Octava. Acceso de las personas con discapacidad
1. La Oferta de Empleo Público en la Administración de Justicia,
deberá incluir la reserva de un cupo no inferior al siete por ciento
de las plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, que
cuenten con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
ciento.
Se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual o
superior al 33%, de acuerdo con dispuesto en el artículo 1 del Real
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, a los efectos del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social , los pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los
pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de
jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad.
2. La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la
solicitud de participación en las convocatorias.
3. Los aspirantes con discapacidad, opten o no por el turno de reserva
de discapacitados podrán pedir en el modelo oficial de solicitud, las
adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de las
pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en
el proceso en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto
en la Orden PRE/1022/2006 de 9 de junio.
Las solicitudes de adaptación deberán adjuntar el Dictamen Técnico
Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado y
tipo de discapacidad, acreditando de forma fehaciente la/s
deficiencia/s permanentes que han dado origen al grado de discapacidad
reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la
procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
4. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que
se haya presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios
correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera
superior a la obtenida por los aspirantes del sistema general (libre o
promoción interna), éste será incluido por su orden de puntuación en
el sistema de acceso general.
5 Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden
desiertas, no podrán acumularse a los turnos ordinarios de acceso,
salvo en las convocatorias de promoción interna.
Novena. Solicitudes.
1. Para participar en los correspondientes procesos selectivos se
deberá cumplimentar el modelo oficial “ Solicitud de admisión a
pruebas selectivas de la Administración de Justicia ( modelo 790-
Código 007 , en cuya parte superior figura “Ministerio de Justicia;
Solicitud de Admisión a pruebas selectivas en Administración de
Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen”, que estará
disponible en castellano y demás lenguas oficiales de las Comunidades
Autónomas, y se podrá descargar gratuitamente de la página web del
Ministerio de Justicia, (www.mjusticia.gob.es) y, en su caso, de las
páginas de las Comunidades Autónomas que oferten plazas.
2. Una vez cumplimentada, la solicitud, dirigida a la Secretaría de
Estado de Justicia, tendrá que ser presentada en el plazo de veinte
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La presentación y pago de la correspondiente tasa, se realizará
alternativamente por cualquiera de los medios siguientes:
a.
Ante el Registro Electrónico del Ministerio de Justicia, a
través de la dirección de Internet que se indique en la Orden de
Convocatoria.
La presentación de solicitudes por esta vía conllevará necesariamente
el pago telemático de la tasa de derechos de examen, según las
instrucciones de la página web correspondiente.
b.
En soporte papel, en cuyo caso el pago de la tasa de derechos de
examen se efectuará en cualquier banco, caja de ahorros o
cooperativa de crédito de las que actúan como entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria.
Para ello será necesario presentar el formulario de solicitud, con sus
tres copias, debidamente cumplimentado en la entidad colaboradora en
la que se realice el ingreso, que deberá hacer constar que se ha
realizado dicho ingreso, mediante validación a través de certificación
mecánica, o en su defecto sello y firma autorizada en el espacio
reservado a estos efectos.
Una vez efectuado el ingreso de la tasa de derechos de examen, el
formulario de solicitud habrá de ser presentado en el Registro General
del Ministerio de Justicia, calle Bolsa nº 8, 28012 Madrid o en los
registros de cualquiera de los órganos y oficinas previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Los opositores que deseen acogerse a la exención de tasas y que, de
acuerdo con lo que se indica en el punto 5 de esta base, deban
presentar documentación adicional junto con su solicitud de
participación, deberán aportar ésta, en soporte papel, junto con la
documentación precisa, presencialmente en los registros
administrativos y oficinas de correos, sin poder hacer uso del sistema
de presentación por vía telemática.
En el supuesto de remitirse las solicitudes a través de las Oficinas
de Correos, estas deberán presentarse en sobre abierto, para ser
fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser
certificadas.
Las solicitudes podrán cursarse también en el extranjero mediante su
presentación en las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante
bancario de haber ingresado los derechos de examen. El ingreso podrá
efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria
a en la cuenta corriente número ES 62 0182 2370 42 0208000060 a nombre
de “Tesoro Público, Cuenta restringida para la recaudación de tasas en
el extranjero”.
El importe de la tasa por derechos de examen se indicará en cada
convocatoria.
3. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la
exclusión del aspirante.
4. La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones que
se detallan en el mismo formulario y que se reproducirán en Anexo de
cada convocatoria.
En el supuesto de que las plazas se oferten por ámbitos territoriales,
los aspirantes sólo podrán solicitar su participación por uno de
dichos ámbitos territoriales expresados en la convocatoria y de
resultar aprobados serán destinados obligatoriamente a algunas de las
vacantes radicadas en el mismo.
Los aspirantes sólo podrán presentar una solicitud por cada uno de los
procesos convocados.
Quienes soliciten participar por el cupo de reserva de discapacitados,
no podrán participar por el sistema general.
5. Únicamente los aspirantes con derecho a exención o reducción de
tasas, acompañarán con la presentación de la solicitud de
participación a las pruebas selectivas la documentación siguiente:
*
Los aspirantes que figuren como demandantes de empleo y deseen
acogerse a la exención de pago de la tasa:
* La declaración jurada y la certificación que se señalan en el punto
6.b de esta base novena.
*
Los aspirantes discapacitados con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento, o pensionistas del R.D. 1414/2006 de 1
de diciembre:
* El certificado acreditativo de su condición de persona con
discapacidad a que se refiere el punto 6 a) de esta base.
* Si además, solicitan adaptación de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas: el dictamen técnico facultativo
acerca de la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano
técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad.
*
Los miembros de familias numerosas, el correspondiente título
actualizado, a que se refiere el punto 6.c de esta base.
*
Las víctimas del terrorismo, definidas en el apartado d) del punto
6 de esta misma Base, copia de la sentencia o la resolución
administrativa por la que se les reconozca tal condición.
El resto de los aspirantes, en esta fase de presentación de la
solicitud de participación en el proceso selectivo, no acompañarán
documentación alguna acreditativa, ni de los requisitos de
participación, ni de los méritos a valorar en la fase de concurso.
6. Exención o reducción de tasas.
Estarán exentos del pago de tasas:
a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33
por ciento, o pensionistas incluidos en el artículo 1 del R.D.
1414/2006, de 1 de diciembre, que deberán acompañar a la solicitud
certificado acreditativo de tal condición, expedido por el Órgano o
Comunidad Autónoma competente.
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la publicación de la
Orden de convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la
exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesionales y que asimismo, carezcan de rentas superiores, en
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, que
deberá también acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados
en el párrafo anterior, se solicitará en las oficinas de los servicios
públicos de empleo. La acreditación de las rentas se realizará
mediante una declaración jurada o promesa escrita del solicitante.
Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.
c) Los miembros de familias numerosas de categoría especial, en los
términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre de
Protección de la Familia Numerosa, tendrán también derecho a una
exención del 100 por ciento del importe de la tasa. Los que fueran de
categoría general disfrutarán de una reducción del 50 por ciento. La
condición de familia numerosa y su categoría se acreditará mediante el
correspondiente título actualizado.
d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, a los efectos
regulados en el presente artículo las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así
lo acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de
resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su
cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de
afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y
fallecidos.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen dentro
del plazo fijado para la presentación de instancias o, en su caso, de
encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante.
La presentación y pago de la tasa de examen en las entidades
colaboradoras a que se hace referencia no podrá en ningún caso suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma de la
solicitud de participación, conforme se indica en el punto 2 de la
base novena.
7. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran
advertirse en la solicitud, podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.
Décima. Admisión de aspirantes.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad
competente, dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos. Dicha resolución que deberá
publicarse de forma simultanea en el “Boletín Oficial del Estado” y en
los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convocan
plazas, contendrá la relación provisional de aspirantes excluidos, con
indicación de las causas de exclusión, e indicará donde se encuentran
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir de la publicación de la Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, para subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión u omisión.
2. Las listas deberán ponerse de manifiesto en todo caso, en la página
web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), en las páginas
web de la Comunidades Autónomas que convoquen plazas, y en el punto de
acceso general del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(www.administración.gob.es).
3. Finalizado el plazo de subsanación, en el caso en que se hubieran
producido modificaciones en las listas, éstas se publicarán en los
mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.
4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión por causa imputable a los aspirantes.
Undécima. Tribunales.
1. Los Tribunales calificadores de cada proceso selectivo serán
nombrados por el Ministerio de Justicia y su nombramiento se hará
público o bien en Anexo de la Orden de convocatoria o será publicado
en el Boletín Oficial del Estado y diarios oficiales de las
Comunidades Autónomas que convoquen plazas dentro del plazo que
transcurra entre la publicación de ésta y los 15 días siguientes de la
finalización del plazo de subsanación de las listas provisionales de
admitidos y excluidos.
2.
Para cada uno de los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos
Generales al Servicio de la Administración de Justicia, se
nombrará un Tribunal Calificador Único que efectuará el proceso
selectivo en todos los ámbitos territoriales fijados en la
convocatoria.
En cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma, donde se convoquen
plazas, el Ministerio de Justicia, a propuesta de los órganos
correspondientes de la Comunidad Autónoma, nombrará uno o varios
Tribunales Delegados.
En las sedes de examen donde no radique el Tribunal Calificador Único
o Tribunal Delegado, el Ministerio de Justicia podrá nombrar
funcionarios de la Administración General del Estado, de la
Administración Autonómica (en ambos casos que presten servicios en el
Ministerio de Justicia u Órgano competente de la Comunidad Autónoma) o
de la Administración de Justicia, para colaborar en el desarrollo de
dichas pruebas bajo la dirección del Tribunal Calificador Único o
Tribunal Delegado, al que representarán, con las competencias de
ejecución material y ordenación administrativa de los distintos
ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribuya.
3. Corresponde a los Tribunales Calificadores Únicos la elaboración de
las pruebas que habrán de desarrollarse, la determinación del
calendario de realización de estas y de los criterios de valoración,
así como la resolución de cuantas consultas puedan plantearse por los
distintos Tribunales Delegados.
Los Tribunales Delegados actuarán, en su ámbito territorial, por
delegación del Tribunal Calificador Único, bajo su dependencia y
dirección, a fin de garantizar la igualdad entre todos los aspirantes
a lo largo del proceso selectivo.
El procedimiento de actuación de los Tribunales y su constitución se
ajustará en todo momento a lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal
Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia y en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
demás disposiciones vigentes.
4. Los Tribunales Calificadores Únicos estarán compuestos por un
número impar de vocales, no inferior a cinco, de los cuales uno será
un magistrado o juez, fiscal, Letrado de la Administración de
Justicia, o médico forense, en su caso, que asumirá la presidencia, y
otro un funcionario de carrera del Ministerio de Justicia que actuará
como Secretario. El resto de los vocales, que serán igualmente
funcionarios de carrera, se nombrarán atendiendo al principio de
especialidad y de tal modo que la totalidad de los miembros del
tribunal posean un nivel de titulación igual o superior al exigido
para el ingreso en el cuerpo de que se trate. Los Tribunales Delegados
tendrán idéntica composición, salvo por lo que se refiere a los
funcionarios del Ministerio de Justicia, que, en este caso, serán
funcionarios de la Comunidad Autónoma propuestos directamente por el
órgano competente de ésta. En todo caso, al menos dos de cada cinco
vocales serán propuestos por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre. Por los mismos motivos podrán ser recusados por los
opositores en el plazo de quince días desde su constitución o, si
fuera por causa sobrevenida, en cualquier momento de la tramitación
del proceso selectivo.
5. No podrán formar parte de los tribunales quienes ostenten la
condición de alto cargo, según su respectiva regulación, ni aquellos
que hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
Tampoco formarán parte de los Tribunales, el personal de elección o
designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual, ni el personal laboral.
Cuando así se prevea en las correspondientes convocatorias, los
tribunales podrán disponer la incorporación de asesores especialistas,
que les asistan para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores
colaborarán con los tribunales exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas, y les será de aplicación lo establecido en
los párrafos anteriores de este artículo.
La pertenencia a los Tribunales u Órganos de Selección, será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
6. En la composición de los Tribunales se atenderá a lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 7/2007 y se garantizará la paridad entre
mujeres y hombres, que se tendrá además en cuenta a la hora de nombrar
a los miembros que ostentarán las presidencias y secretarías
7. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, los
Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre ambos sexos.
8. El Tribunal adoptará las medidas precisas para que los aspirantes
con discapacidad gocen de similares condiciones que el resto de los
aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para
las personas con discapacidad que así lo hagan constar en su
solicitud, se establecerán las adaptaciones posibles en tiempos y
medios para su realización.
A tal efecto el Tribunal atenderá a lo dispuesto en la Orden
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos
selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad y podrá requerir informe, y en su caso colaboración, de
los Órganos Técnicos competentes de la Administración General del
Estado o de las Comunidades Autónomas.
9. A efectos de comunicación y demás incidencias, la sede del Tribunal
Calificador Único y de los Tribunales Delegados se determinará en cada
convocatoria.
10. En cada una de las convocatorias, el Tribunal tendrá la categoría
que corresponda al grupo del Cuerpo que se convoque, de acuerdo con lo
recogido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
de indemnizaciones por razón del servicio.
Duodécima. Desarrollo del proceso selectivo. Fase de Oposición.
1. El orden de actuación de los opositores será el que resulte del
sorteo a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado que
quedará recogido en las bases específicas de cada convocatoria
2.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan.
No obstante, si alguna de las aspirantes no pudiera completar el
proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente
acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del
mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas en
los términos que establezcan las convocatorias específicas a éstos
efectos, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el
derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el
Tribunal, y en todo caso la realización de las mismas tendrá lugar
antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el
proceso selectivo.
3. Cuando el proceso selectivo conste de varios ejercicios o pruebas y
estos no tengan lugar en el mismo día, desde la total conclusión de
uno hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales. Una vez comenzado el
proceso selectivo, los anuncios de celebración de los restantes
exámenes se harán públicos con doce horas de antelación, al menos, a
la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se
efectuarán en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es)
y en su caso, de las Comunidades Autónomas.
4. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los
ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban ser
leídos ante el órgano de selección sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a aquellos
opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o
signos que permitan conocer la identidad de los mismos.
5.
El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso
selectivo, la acreditación de la identidad de los aspirantes.
Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes
no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la
convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá proponer su
exclusión a la autoridad competente del Ministerio de Justicia.
6. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, los
Tribunales harán públicas en la página web del Ministerio de Justicia
(www.mjusticia.gob.es) y en las páginas de las Comunidades Autónomas,
las listas de opositores que hayan alcanzado el mínimo establecido en
cada ámbito territorial para superarlo, con indicación de la
puntuación obtenida, y emplazarán a los incluidos en las mismas para
la realización del siguiente ejercicio.
Los opositores que no se hallen incluidos en las respectivas
relaciones tendrán la consideración de no aptos, quedando eliminados
del proceso selectivo.
Finalizados todos los ejercicios de la oposición, y sumadas las
respectivas calificaciones, la relación resultante de aprobados por
ámbitos, ordenados de mayor a menor puntuación total, constituirá la
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición en cada
ámbito territorial.
Decimotercera. Desarrollo del proceso selectivo. Valoración de Méritos
en la fase de concurso.
1. En el caso de que la convocatoria sea por el sistema de
concurso-oposición, finalizada la fase de oposición, los aspirantes
que la hubieran superado dispondrán de un plazo de diez días naturales
para presentar en el Registro General del Ministerio de Justicia,
Calle Bolsa nº 8, 28012 Madrid o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, toda la documentación acreditativa de los
méritos a valorar en la fase de concurso, de acuerdo con lo que se
establezca en cada convocatoria. La no presentación de la
documentación en el plazo señalado supondrá la no valoración al
aspirante de la fase de concurso.
Los opositores que concurran por Comunidades Autónomas con lengua
oficial propia distinta del castellano que opten por acreditar
documentalmente su conocimiento de la misma aportarán también en este
momento la certificación acreditativa correspondiente. En el caso en
que la convocatoria establezca la valoración del conocimiento del
derecho civil foral o especial de las Comunidades Autónomas se
aportará en este momento la certificación acreditativa de estos
conocimientos
La acreditación del tiempo de servicios prestados en la Administración
de Justicia se aportará de oficio por la Administración responsable.
2. El baremo para la valoración de los méritos de la fase de concurso,
será aprobado por el Ministerio de Justicia, en los términos
establecidos en el artículo 10.3 del Reglamento de ingreso, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario
al servicio de la Administración de Justicia, y será publicado en el
Boletín Oficial del Estado antes de la convocatoria, o en Anexo a
ésta.
3. El Tribunal calificador publicará en la página web del Ministerio
de Justicia www.mjusticia.gob.es y en las páginas web de las
Comunidades Autónomas que convocan plazas, la relación de aspirantes
con la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con
indicación de la puntación obtenida en cada apartado del baremo y la
total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a
partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para
efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo el
Tribunal, resueltas en su caso las alegaciones presentadas, publicará
la relación con la valoración definitiva de la fase de concurso.
Decimocuarta. Valoración del conocimiento de las lenguas oficiales,
distintas al castellano, de las Comunidades Autónomas y valoración del
conocimiento del derecho civil, foral o especial propio de las
Comunidades Autónomas que la tengan establecida.
Concluidos los ejercicios obligatorios de cada proceso selectivo y en
su caso, la fase de concurso, los aspirantes comprendidos en la
relación de aprobados que concurran por ámbito territorial con lengua
autonómica propia, distinta del castellano, serán emplazados para la
realización del ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, que
acredite el conocimiento de dicha lengua, si así lo hubieran
solicitado en su instancia. En ese mismo momento, el Tribunal Delegado
correspondiente procederá a la valoración de la documentación
acreditativa del conocimiento del idioma, que se hubiere presentado
oportunamente por los opositores que hayan optado por acreditar
documentalmente el conocimiento del mismo.
La puntuación obtenida, tanto del examen como de la documentación
acreditativa, se ajustará según el baremo contenido en cada
convocatoria y solo surtirá efectos para la adjudicación de destinos
en la Comunidad Autónoma correspondiente.
Del mismo modo, y con los mismos efectos, se procederá para la
valoración de los conocimientos del derecho civil foral o especial
propio de las Comunidades Autónomas, en el caso en que esta valoración
estuviese prevista en la convocatoria correspondiente.
Decimoquinta. Acreditación de los requisitos para el nombramiento de
funcionarios.
1. Una vez terminada la fase de oposición o concurso-oposición, los
Tribunales elevarán al órgano competente del Ministerio de Justicia la
relación de aprobados, cuyo número no podrá superar el de plazas
convocadas, con indicación del número obtenido en cada ámbito, DNI,
puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios, y total de todos
los ejercicios obligatorios, y, en su caso, de la fase de concurso.
Junto con esta nota total pero separada de ella y sin sumarse a la
misma figurará, en su caso, la obtenida en la lengua oficial, distinta
al castellano de la Comunidad Autónoma por cuyo ámbito territorial
concurre, y la obtenida por el conocimiento del derecho civil, foral o
especial de esa Comunidad.
2. El órgano competente del Ministerio de Justicia, publicará la lista
de opositores aprobados en el “Boletín Oficial del Estado” y diarios
oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de veinte días naturales, desde la
publicación en el Boletín Oficial del Estado, para la presentación de
la documentación acreditativa, que se detallará en cada convocatoria,
de los requisitos exigidos para su nombramiento como funcionarios.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos
de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar, únicamente,
certificación del ministerio u organismo del que dependan, acreditando
su condición y demás circunstancias requeridas para su nombramiento.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.
En este último caso, o en el supuesto de renuncia de alguno de los
aspirantes, y siempre que el Tribunal hubiera propuesto tantos
aspirantes como plazas convocadas, el Ministerio de Justicia requerirá
a este último relación complementaria de aspirantes que, habiendo
superado todos los ejercicios, sigan a los propuestos hasta completar
el total de plazas convocadas.
En este supuesto los aspirantes incluidos en esta relación
complementaria deberán presentar la documentación acreditativa que se
detalla en esta misma base en el plazo de cinco días hábiles desde su
publicación en la página web del Ministerio de Justicia.
Los opositores afectados, que concurran por algunos de los ámbitos
territoriales que tengan establecida la valoración de lengua oficial
propia y/o derecho Foral serán convocados, en su caso a la realización
de la correspondiente prueba optativa o les será incorporada la
puntuación que corresponda a la acreditación documental que aporten.
Decimosexta. Curso o periodo de prácticas selectivo.
1. En el caso de que la convocatoria incluya la realización de un
curso selectivo o periodo de prácticas, una vez comprobado que todos
los aspirantes reúnen los requisitos exigidos en la Orden de
convocatoria, el Ministerio de Justicia dictará Orden, que se
publicará en la página web del Ministerio de Justicia, y páginas de
las Comunidades Autónomas, nombrando funcionarios en prácticas y
convocando a la realización del curso. En el mismo día en que comience
el curso, en el Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas
competentes publicarán la relación de destinos ofertados y se abrirá
el plazo para formular la correspondiente solicitud que deberá
terminar en todo caso antes del último día del curso.
2. El nombramiento de funcionarios en prácticas habrá de realizarse
necesariamente dentro del ámbito territorial por el que el aspirante
concurre.
3. Corresponde a los centros, institutos, servicios o responsables de
la unidad o centro de destino correspondientes en los que se
desarrolle el curso selectivo o, en su caso, el periodo de prácticas,
la evaluación del aprovechamiento de los aspirantes, que se graduará
según se establezca en la respectiva convocatoria.
4. Los aspirantes que no superen el curso, o en su caso, periodo de
prácticas, de carácter selectivo que se indique en cada convocatoria,
en los términos legalmente previstos, podrán repetirlo en el siguiente
al que se incorporarán con la nueva promoción. Si tampoco superaran
este curso perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de
carrera, mediante resolución motivada de la autoridad convocante.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Estatuto Básico
del Empleado Público, si antes del nombramiento o toma de posesión
como funcionario en prácticas, alguno de los aspirantes renunciara a
su plaza, y siempre que el Tribunal Calificador hubiera propuesto
tantos aspirantes como plazas convocadas, el Ministerio de Justicia
requerirá a este último, por una sola vez, relación complementaria de
aspirantes que, habiendo superado todos los ejercicios, sigan a los
propuestos, hasta completar el total de plazas convocadas.
En el último supuesto los aspirantes incluidos en esta relación
complementaria, previo examen o valoración del idioma autonómico, si
procediera, serán nombrados funcionarios en prácticas y convocados a
la realización del curso selectivo en la siguiente convocatoria,
ordinaria o extraordinaria, que se celebre.
Lo dispuesto en este apartado 5 no será de aplicación ante la posible
renuncia, a su vez, de alguno de los opositores de la relación
complementaria o de los que, por causa justificada sean convocados a
la realización de un curso selectivo posterior al que corresponda a la
propia convocatoria ordinaria.
Decimoséptima. Superación del proceso selectivo. Nombramiento de
funcionarios de carrera. Destinos.
Cuando la convocatoria incluya la superación de un curso selectivo o
periodo de prácticas, se incorporará la calificación que corresponda
al mismo para establecer la relación final de aspirantes que han
superado el proceso selectivo cuyo número no podrá superar al de
plazas ofertadas.
Cuando la convocatoria no prevea curso o periodo de prácticas
selectivo , finalizada las fase de oposición, o concurso-oposición en
su caso, e incorporada la puntuación correspondiente a la evaluación
de los conocimientos de idioma autonómico y/ o derecho foral a que se
refiere la base decimocuarta, el Ministerio de Justicia y Comunidades
Autónomas competentes ofertarán los destinos disponibles en el mismo
momento en que , como se dispone en la base Decimoquinta 2, se
publique en el “Boletín Oficial del Estado” la relación de aprobados,
cuyo número no podrá exceder al de plazas convocadas, y se abra el
plazo para la presentación de la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos para el nombramiento de funcionarios. Junto con
esta documentación acreditativa los aspirantes habrán de solicitar
destino.
En este caso si alguno de los aspirantes renunciara al nombramiento, y
siempre que el tribunal hubiera propuesto tantos aspirantes como
plazas convocadas, el Ministerio de Justicia requerirá a este último
relación complementaria de aspirantes que habiendo superado todos los
ejercicios sigan a los propuestos hasta alcanzar el total de plazas
convocadas.
En este supuesto los nuevos aspirantes incluidos en esta relación
complementaria deberán presentar la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento en el
plazo de cinco días hábiles desde la publicación en la página web del
Ministerio de Justicia.
En uno u otro caso, verificado que todos los aspirantes hayan
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados
funcionarios de carrera, con indicación del destino adjudicado,
mediante Orden del Ministerio de Justicia que se publicará en el
“Boletín Oficial del Estado” y en los diarios oficiales de las
Comunidades Autónomas que convocan plazas.
La adjudicación de destinos, habrá de realizarse necesariamente dentro
del ámbito territorial por el que el aspirante concurrió, de acuerdo
con el orden de puntuación obtenido en dicho ámbito, a cuyos efectos
se habrá tenido en cuenta en su caso la puntuación que corresponda al
aspirante en los ejercicios optativos, y la preferencia de los
opositores, excepto lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo a personas con
discapacidad.
Decimoctava. Términos y Plazos.
Todos los términos y plazos establecidos en las convocatorias se
contarán en todo caso, a partir de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado, cuando no sea posible su publicación simultánea
con los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas.
Disposición derogatoria. Queda derogada la Orden JUS/1901/2013, de 20
de septiembre por la que se establecen las bases comunes que regirán
los procesos selectivos para ingreso o acceso en los Cuerpos o Escalas
de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”
Madrid, ……… de………… de 2015
EL MINISTRO DE JUSTICIA
P.D. (ORDEN JUS/696/2015 de 16 de abril
LA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA
Fdo. Carmen Sanchez Cortés Martín
SR. DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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MINISTERIO
DE JUSTICIA

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