el derecho y la protesta social1 roberto gargarella y maristella svampa no es extraño que el derecho abandone su promesa de igual cons

El derecho y la protesta social1
Roberto Gargarella y Maristella Svampa
No es extraño que el derecho abandone su promesa de igual
consideración y comience a tratar a determinados grupos como
sub-clases. Ello puede producirse, a veces, por el egoísmo de algunos,
otras por enemistades manifiestas y, normalmente, por la mera desidia
de quienes toman decisiones. Por tales medios, las desventajas que
afectan a partes importantes de la población pasan a convertirse en
desventajas jurídicas, que el sistema institucional implícita o
explícitamente acepta.
En dichas circunstancias, por supuesto, las víctimas del derecho no
sólo tienen la facultad sino el deber de ponerse de pie frente a tales
padecimientos, impidiendo que el gobierno se consolide como una
fábrica generadora de indebidas desigualdades. Actuando de ese modo,
los desplazados por el derecho hacen su parte en la tarea conjunta de
mantener a salvo el emprendimiento cooperativo del que formamos parte.
Quienes no sufrimos padecimientos semejantes, mientras tanto,
agraviamos nuestros deberes de civilidad cuando dejamos solos a
aquellos grupos, forzándolos a que se defiendan con las armas que no
tienen y los recursos políticos y económicos de los que carecen.
En esta tarea de responsabilidad colectiva –la de preservar un sistema
de gobierno decente- los jueces pueden jugar un papel extraordinario,
dado el lugar institucional en que fueron situados. En términos
constitucionales, su obligación es la de escuchar a aquellos a quienes
el sistema político excluye o maltrata, y su misión consiste en
brindarles un debido amparo. En tal sentido, los jueces repugnan el
deber que les compete cuando no sólo no asumen su compromiso
constitucional sino que, por el contrario, lo niegan, para convertirse
en verdugos de los mismos a quienes deben resguardo.
Ello es, sin embargo, lo que viene ocurriendo en la Argentina, cuando
los jueces se enfrentan a los líderes de la protesta social y
prestamente arremeten contra ellos, para someterlos a un proceso
judicial, en lugar de apresurarse a escudarlos. Ello es lo que
ocurrió, de modo pionero, en el caso “Alí,” cuando se quiso dar una
sanción ejemplar a quien solicitaba comida frente a un supermercado.
Ello es lo que ocurrió en “Nattera-Gatti” cuando con prepotencia, y
sin cuidado argumentativo alguno, se desplazó el derecho a la protesta
en nombre del derecho al libre tránsito. Ello es lo que ocurrió en un
fallo notable, “Schiffrin,” cuando la Cámara Nacional de Apelación
Penal sugirió que toda expresión cívica más allá del sufragio podía
ser vista como sediciosa.
Casos como el de “Pepino” Fernández, de la Unión de Trabajadores
Desocupados de Gral Mosconi, resultan, en este sentido,
paradigmáticos. “Pepino” ostenta el record de causas judiciales
iniciadas a partir de los cortes: 52 causas federales y 16
provinciales. En abril del presente año, “Pepino” Fernández fue
detenido por orden de la justicia federal en Buenos Aires, en la
puerta del Congreso Nacional, y luego de participar de una reunión con
diputados. Se lo castigó entonces por la interrupción del tránsito,
reduciendo sin mayores contemplaciones ni reflexión la “cuestión
social” a un hecho policial.
“Pepino” Fernández estuvo preso en la cárcel de la ciudad de Salta,
junto con otros tres dirigentes, durante 40 días. Según la abogada
salteña Mara Puntano, pese a que “Pepino” estaba detenido por las
mismas causas y con los mismos antecedentes que los otros 3 detenidos,
la Cámara Federal resolvió otorgarle, sólo a él, excarcelación
condicionada a una caución personal y real. La caución personal exigía
que se comprometiera a no volver a cortar rutas, mientras que la
caución real le exigía pagar $10.000. Fernández respondió diciendo que
no iba a pagar la caución, sino a “esperar en la cárcel hasta que se
haga justicia y no comprometer a nadie con ayuda alguna”. Finalmente,
la Cámara resolvió liberarlo sin caución alguna. El procesamiento, sin
embargo, continúa, pesando sobre su libertad como una permanente
amenaza.
No está demás recordar que la UTD de Mosconi es una de las
organizaciones piqueteras mas destacadas, tanto por su intensa labor
comunitaria como por el desarrollo de emprendimientos productivos. Desde
los primeros cortes de ruta, las acciones de la UTD se encaminaron a
recrear un escenario de vida laboral, perdido luego de la
privatización de YPF, a través de la transformación de los planes
sociales en proyectos productivos. Estos incluyen obra pública
(construcción y refacción de escuelas, erradicación de ranchos y
letrinas, espacios recreativos), huertas comunitarias, ladrilleras,
así como talleres de carpintería y herrería, y una compactadora de
plástico. Representante cabal de este movimiento, “Pepino” Fernández
continúa procesado y no sería extraño que la justicia federal salteña
resuelva su encarcelamiento.
Sin duda, en circunstancias en que el derecho pierde su rumbo y es
apropiado por sólo algunos (quienesquiera sean ellos), no servimos al
mismo obedeciéndolo ciegamente. Lo honramos, mas bien, desafiándolo.
Es asombroso que los esfuerzos de tantos –como los que “Pepino”
notablemente ilustra- sean leídos como levantamientos frente al orden,
en lugar de reconocerse como lo que son, un tributo al derecho que no
todos pagamos conforme a nuestros deberes.
1 Publicado en Página 12, 2003

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