En TLC Se Define Futuro De EPM En Telecomunicaciones

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En TLC se define futuro de EPM en telecomunicaciones
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http://www.larepublica.com.co/tlc/noticia2_0315.html
Germán Jiménez Morales
Washington-E.U.
De todos los temas que se negocian en el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, el de las telecomunicaciones tiene con los nervios de
punta a Empresas Públicas de Medellín (EPM). Eso es comprensible. Ese
negocio, por sí solo, le aporta el 23 por ciento de los ingresos a
todo el grupo empresarial, el 27 por ciento de la generación de valor,
y el 18 por ciento de sus ganancias netas.
Las inquietudes están muy focalizadas en unos aspectos en los que se
considera que las manifestaciones del Gobierno colombiano no han sido
del todo claras, según explica Juan Diego Vélez Maya, secretario
General de EPM.
Lo primero, es que en Colombia muchas empresas manejan redes de
telecomunicaciones, para atender sus propias necesidades. El peligro
que se ve allí es que se les permita a estas organizaciones conectarse
a la red pública y prestar esos servicios a terceros. Desde la
perspectiva de EPM esto configuraría una forma de competencia desleal
e inequitativa, por no estar sometidas estas firmas ni a las mismas
normas ni cargas tributarias. Por tanto, la propuesta del grupo
empresarial es que únicamente puedan prestar los servicios de
telecomunicaciones las sociedades que se constituyan formalmente con
ese objeto.
El estado de alerta también existe frente a lo que técnicamente se
conoce como la desagregación del bucle. La petición, en cristiano, es
que no se posibilite que quien tenga un capital simplemente venga al
país y alquile toda la infraestructura de telecomunicaciones para
prestar el servicio. El directivo de las Empresas afirma que detrás de
las líneas y postes hay una cuantiosa inversión, que se ha efectuado
para ganar clientes y consolidar el negocio.
“Si bien el tema me parece perverso, sería más grave si yo le digo a
un tercero, como la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que
sea la que defina la tarifa de acceso, porque dentro de esa tarifa
quizás no se reconozcan activos e inversiones que ha realizado el
operador" , señala Vélez Maya.
En consecuencia, lo que se solicita es que sea el mismo dueño de la
infraestructura el que defina los precios que se cobrarían al que
quiera conectarse a la red. > "> El tema está ahí, añade el
funcionario. Se ha dicho que se discutirá posteriormente, que hay
normas internas en el tratado que posibilitan que el Gobierno entre a
esa reglamentación, pero para nosotros no es nada clara la forma como
se abre eso> " .
El tercer punto de inquietud de EPM gira alrededor de los servicios de
información, sobre los que no hay mayores decisiones. Según el
secretario General de las Empresas, "Muchos de los temas de
telecomunicaciones se irán a ese campo de negociación y no estarán
sometidas a las reglas que se fijen en el TLC para los servicios de
telecomunicaciones> "> l Tal riesgo se correría con aspectos como la
transmisión de datos o el manejo de voz por tecnología IP.
Móviles, por fuera
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En diálogo con este diario, el funcionario de EPM señaló que la
organización no desiste de su intención de que la telefonía celular
también entre en el paquete de negociación del TLC, algo a lo que, en
forma sistemática, se han negado los estadounidenses.
Según Vélez Maya, el reporte de los negociadores colombianos es que
prácticamente se han agotado los argumentos y que ahora el asunto sube
a la Mesa de Jefes. De ser así, lo que puede pasar es que esta
petición entre a jugar en el cambalache final, mediante el cual un
país sacrifica algunos sectores, para ganar en otros que considera más
vitales para la economía.>
Si bien estos cuestionamientos responden a la defensa de un negocio,
que en el caso de EPM corresponde también a un patrimonio público, más
allá existen unas implicaciones de carácter social.
Juan Diego Vélez Maya explica que las telecomunicaciones son un
servicio universal basado en contribuciones y subsidios. Eso permite
que los estratos 5 y 6 y los clientes no residenciales paguen tarifas
con un sobreprecio del 20 por ciento, que sirve para soportar el
servicio a precios más módicos para los estratos 1 y 2. Para tal fin
opera un Fondo de Comunicaciones, que dependiendo de la manera como se
negocie el TLC se podría engordar, o debilitar.
Esto último podría ocurrir si se excluyera del tratado lo relacionado
con la telefonía móvil o celular, cuyo número de usuarios llega a 11
millones, frente a los 7,5 millones de aparatos fijos. Si,
adicionalmente, se sacan de ahí todos los servicios de información y
mucho tráfico se empieza a ir por voz IP; si se posibilita que redes
privadas presten servicios de telecomunicaciones a terceros; y si no
se controla el tráfico entrante con los ilegales, el Fondo de
Comunicaciones se iría al traste. Esto es, ya no contaría con los
dineros necesarios para subsidiar, en un 35 y 40 por ciento, las
tarifas de los usuarios de los estratos 1 y 2. ¿O será, se pregunta
Vélez Maya, que en esa misma proporción van a aumentar los precios del
servicio a los estratos más bajos?
Competidores foráneos
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Las firmas de telecomunicaciones le han pedido al Gobierno Nacional
que se exija que quienes quieran venir a prestar este tipo de
servicios tengan una presencia comercial en el país, de manera que se
sometan a las mismas reglas de juego y la competencia sea equitativa
para las partes.
Juan Diego Vélez Maya, secretario General de EPM, explica que el
competidor foráneo tendría que organizar su sociedad y asignarle un
capital, bloqueándose así la posibilidad de que operadores fantasmas
puedan funcionar desde una oficina en Miami. El tema quedó listado
como una medida disconforme y se considera del mayor interés para
Colombia. Según el funcionario, el Gobierno ha dicho en varias
oportunidades que no se va a ceder en este campo.
Esa visión común también se tiene con relación a la petición de que el
tráfico de llamadas entrante al país sea enrutado por los operadores
formalmente establecidos.
Se estima que el tráfico ilegal supera los 100 millones de dólares
anuales, de los cuales Orbitel, firma de larga distancia nacional e
internacional, propiedad en un 50 por ciento de EPM, pierde unos 30
millones de dólares. La idea es que el Gobierno norteamericano se
comprometa a desplegar todas las medidas necesarias para que los
operadores de telecomunicaciones de su país hagan el enrutamiento
mediante operadores habilitados legalmente en Colombia. Esta es otra
medida disconforme y los negociadores, advierte Vélez Maya, han
entendido su capital importancia.
También se ha sido muy insistente en pedirle al Gobierno que no le
entregue a Estados Unidos las empresas de servicios públicos del orden
municipal y departamental, de manera que gocen de libertad para su
operación y para el manejo de las compras públicas, otro de los
botines interesantes en la negociación del TLC. EPM, por sí sola,
maneja un presupuesto anual superior a los 4 billones de pesos.